Declaración Pública:PRESIÓN POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN VOTACIÓN DE CRUZ GRANDE SE INICIA ETAPA DE JUDICIALIZACIÓN DEL PROYECTO.
Nuevamente, el Ejecutivo decide hipotecar el ecosistema de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt -declarada por la Unesco como uno de los treinta y cinco Hot Spot a nivel mundial-, las Áreas Marinas Islas Choros-Damas, las Áreas Marinas de Extracción de Recursos Bentónicos y toda la inversión pública y privada que se ha efectuado en el sector turístico y pesquero artesanal en el borde costero de la comuna de La Higuera. Si hace unos años la amenaza provino de tres proyectos termoeléctricos, entre ellos uno de la CAP, hoy la misma empresa proyecta el Puerto Cruz Grande cual, a pesar de las objeciones que realizaran servicios como Sernapesca y Conaf, fue aprobado por los Seremis luego de una fuerte presión política para que esto ocurriera.
El viernes 30 de Enero se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, que aprobó la entrega de la Resolución Ambiental del Puerto Cruz Grande de la CAP, a pesar de que cuatro Adendas no pudieron dar respuesta a las observaciones de Conaf, Sernapesca, la Subsecretaria Nacional de Pesca, Salud y Obras Públicas. Con esto se demuestra nuevamente, como en el caso Termoeléctricas, que la Institucionalidad Medio Ambiental se ha diseñado de forma tal que sea ineficiente a su función de protección del ecosistema y que, en lugar de ello, sea un servicio a disposición del empresariado y vulnerable a las manipulaciones y presiones políticas.
Así, el arduo trabajo realizado por los organismos técnicos convocados por la misma Institucionalidad Medio Ambiental para la evaluación de los proyectos, queda anulado por las decisiones políticas del ejecutivo que, en la instancia final y decisiva, presiona a sus Seremis a votar fuera de todo el argumento técnico ambiental otorgado por los Servicios. Es así como, una evaluación que debiera basarse en principios técnicos, termina convirtiéndose en una decisión política que depende de las presiones ejercidas por el gobierno de turno, sobre sus Secretarios Regionales. Hoy, los Seremis votaban a favor de Cruz Grande o eran destituidos. Sólo la Secretaria Ministerial de Agricultura no cedió a las presiones políticas y optó por una votación consecuente a lo que le dictaminaba su servicio con más competencia en la zona afectada a saber, Conaf.
Tras esta votación, la sociedad civil y MODEMA inician la etapa de judicialización de Cruz Grande, dejando en evidencia que la función que debiera cumplir la Institucionalidad Medio Ambiental, sólo es alcanzada a través de la judicialización de los proyectos, consolidando esta práctica en los procesos de aprobación de proyectosindustriales, al convertirse en la única herramienta a disposición de la sociedad civil, para la protección efectiva del ecosistema incluida la calidad de vida de sus habitantes. La Institucionalidad Medio Ambiental ya no puede ser protegida, ni siquiera rescatada, sólo una transformación y un accionar efectivo y al margen de presiones políticas y empresariales, podría restaurar la confianza ciudadana en una Institucionalidad que, hasta ahora, sólo ha operado en favor de la industrialización a toda costa.
La judicialización de proyectos industriales por parte de la ciudadanía no persigue detener el desarrollo económico del país sino, por el contrario, indicar al Estado que la reactivación económica se lleva a cabo con política pública planificada, que considere criterios medioambientales, culturales y económicos. Sustentar la reactivación económica en la acción libre del empresariado, significa delegar la conducción del país en este sector. Hoy más que nunca, se evidencia la necesidad de iniciar la reactivación económica planificada desde el sector público, con una eficiente Planificación Territorial, única y vinculante que dará certeza a la inversión privada y, aún más importante, a la ciudadanía.