Informe de Defensoría del Pueblo Destaca Abusos Relacionados al Poyecto Llurimagua de ENAMI -C0DELCO (English below)
Tras los devastadores hallazgos de la Contraloría General del Estado sobre la concesión minera de Llurimagua, anteriormente conocida como Junín, la Defensoría del Pueblo del Ecuador acaba de publicar un informe de 88 páginas sobre los abusos a los derechos humanos y de la naturaleza relacionados con el proyecto ubicado en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
El informe señala el conjunto de violaciones cometidas por las instituciones del estado y las compañías mineras durante su operación. El arresto irregular del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, el asalto violento con cientos de policías y militares y la ocupación forzada de la comunidad entre otros.
El proyecto minero está siendo desarrollado por ENAMI, empresa estatal minera de Ecuador y la estatal de cobre, CODELCO de Chile, empresa que hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. Las actividades mineras hechas al margen del control o supervisión de las entidades gubernamentales, las violaciones a la ley, mas de una decena, han sido ... Leer más



Un examen especial, elaborado por la Contraloría General del Estado, determinó 12 irregularidades en el Proyecto Minero Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacaachi. Este proyecto está a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami), Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y entidades relacionadas.
Durante el periodo analizado entre el primero de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, Enami y la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco) no constituyeron una empresa de economía mixta, por lo que no existe un documento que avale las actividades realizadas.
Esta situación ocasionó que no se establezcan derechos, competencias y obligaciones entre las partes. Tampoco se cuenta con información sobre características del yacimiento que permita conocer, identificar y cuantificar los tipos de minerales de la zona.
Esta observación recién fue solventada ayer cuando representantes de las dos empresas mineras, y el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, firmaron la constitución de una Sociedad Anónima, donde la Enami tiene el 51% y Codelco del 49%.
Una votación que rechaza la actividad minera en algunas áreas y la victoria de candidatos que se oponen a las minas en las elecciones locales en Ecuador provocaron la ira de algunos funcionarios del gobierno, quienes tienen grandes planes para desarrollar comercialmente los recursos de oro y cobre del país.
El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, se encuentra en Chile en estos momentos para impulsar el Foro por el Progreso (PROSUR). Pero no es lo único que tiene previsto en su agenda, ni lo único que pretende agilitar.
Una nueva dificultad tendrá que enfrentar Codelco para poder concretar el proyecto Llurimagua, iniciativa que la minera impulsa en Ecuador de la mano de la estatal de ese país Enami EP. Esto, luego de un negativo informe previo presentado por la Contraloría de esa nación.
Varias irregularidades se evidenciaron ayer durante la lectura del informe borrador con resultados preliminares del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado al proyecto minero Llurimagua, que se encuentra a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami-EP). La investigación se realizó durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.
Este sábado y domingo pasado, 12 y 13 de enero, campesinos y campesinas de varias comunidades aledañas al proyecto minero Llurimagua en Intag finalmente se hartaron, y bloquearon el acceso funcionarios de la empresa estatal minera del Ecuador, ENAMI, y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes son los encargados de socializar con las comunidades un estudio de impacto ambiental excepcionalmente defectuoso.
Veinte años después de iniciada la resistencia frente a la explotación minera en su territorio, las comunidades de Intag, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, vuelven a unirse en contra de un proyecto que amenaza a este valle y sus zonas aledañas. Esta vez, la lucha es en contra del