03 de Agosto de 2012
De esta manera rompería el impedimento del uso de ese químico, que está prohibido por la Ley 7.722 que regula la actividad minera en Mendoza.
La Dirección de Minería confirmó que recibió el nuevo proyecto de la empresa y anticipó que se «está estudiando». Aunque la minera anunció que pretende explotar la mina en Uspallata pero procesarla en la provincia de San Juan, desde allí informaron que aún no hay pedidos al respecto.
La minera San Jorge SA presentó el lunes ante la Dirección de Minería de la provincia una «actualización» del proyecto que había sido rechazado por los legisladores locales el 24 de agosto de 2011, cuando el entonces candidato y actual gobernador Francisco Pérez pidió que se bochara la declaración de impacto ambiental.
Desde la Dirección de Minería confirmaron que las modificaciones habían ingresado al organismo y que «están estudiando» el documento.
En tanto, el secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni, dijo a Diario UNO que «nos estamos tomando 30 días para analizar los pasos a seguir con el planteo de ese proyecto porque hay que ver desde lo legal qué se necesita para cumplir con la normativa».
Las modificaciones
La canadiense Coro Mining Corp –en Mendoza lleva el nombre de Minera San Jorge SA– publicó el 30 de julio último en su web esta novedad, en la que planea realizar la extracción y procesamiento del cobre de Uspallata en conjunto con San Juan y ese mismo día llevó el documento a Minería.
Las «actualizaciones», como las llama la empresa, incluyen sacar la materia prima de Mendoza y procesarla en una planta en San Juan «para la producción de hasta 25.000 toneladas anuales de cobre (…) Las regalías aplicables se pagarán a la provincia de Mendoza», aclara la empresa.
Otro de los cambios es poner en funcionamiento una línea de ferrocarril para transportar el mineral desde la cantera de San Jorge en Uspallata hasta la planta ubicada en San Juan.
El proceso se centra ahora sólo en la extracción de cobre y no de oro, como estaba planteado en el proyecto inicial, que fue rechazado el año pasado.
La empresa asegura que los aspectos de la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada por el gobierno de Celso Jaque pero rechazada por la Legislatura «no se han modificado y se mantendrá en suspenso hasta el momento en que el proyecto sea capaz de continuar».
Asimismo, la minera asegura que «confía en que el proyecto de lixiviación puede ser ejecutado de una manera ambientalmente responsable para el beneficio económico y social duradero de las provincias de Mendoza y San Juan. Además, tiene el potencial de más de satisfacer el consumo actual de la Argentina de cobre, y por lo tanto podría ser desarrollado de acuerdo con la política del país de reducir las importaciones».
Más que una modificación
Paula Ferreira, vocera de la Asamblea Popular por el Agua, aseguró que los ambientalistas consideran que «esto es un proyecto nuevo» pero que «la minera lo ha presentado como una actualización para no pasar todo el proceso de evaluación previa que requiere y así mantener lo que el Ejecutivo les aprobó antes, lo mismo que luego rechazó la Legislatura».
En el mismo sentido se manifestó Marcelo Giraud, quien integró la comisión que evaluó el proyecto inicial: «Si pretenden una aprobación que presenten un proyecto nuevo porque el anterior fue rechazado y que se haga una evaluación ambiental desde cero, porque es muy distinto lo que presentan ahora».
Esperan que se ratifique la ley
El proyecto inicial de San Jorge fue rechazado en plena vigencia de la Ley 7.722, que contempla, entre otros puntos, que debe haber una ratificación legislativa de un proyecto y no sólo su aprobación por parte del Ejecutivo.
Esta norma destinada a preservar los recursos hídricos del uso de sustancias tóxicas (como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio) en la actividad minera metalífera fue aprobada en junio de 2007.
Desde entonces, numerosas empresas del rubro presentaron reclamos de inconstitucionalidad contra la norma. En el Poder Judicial está hoy la decisión de dar lugar a estos reclamos.
Por ello, los ambientalistas preparan acciones este mes en defensa de la plena vigencia de la ley.
«La lucha más importante es ratificar la constitucionalidad de la Ley 7.722. Por eso queremos unir la celebración del rechazo del proyecto San Jorge –el 24 de agosto del año pasado– con un reclamo por la ratificación de la ley. En vistas a esto, haremos una marcha desde Vicente Zapata y Costanera hasta el Poder Judicial el 24 de este mes (…) Queremos hacer toda la presión posible porque todos los mendocinos quieren la vigencia de esa ley», afirmó Ferreira.
No hay propuesta concreta de San Jorge en San Juan
Aunque la minera anunció que pretende explotar la mina en Uspallata pero procesarla en la provincia vecina, desde allí informaron que aún no hay pedidos al respecto.
Edición Impresa: jueves, 02 de agosto de 2012
La confirmada intención de la Minera San Jorge (Coro Mining) de extraer cobre en la localidad lasherina de Uspallata para trasladarlo y procesarlo en San Juan, aún no tiene pedido concreto en aquella provincia.
Así lo aseguró el ministro sanjuanino de Minería, Felipe Saavedra quien, además, informó que llegado el momento, el gobierno de José Luis Gioja «hará saber de qué manera se entablará la relación con la empresa».
El pasado 30 de julio, Coro Mining, empresa canadiense que ha visto frustradas sus intenciones de explotar cobre y oro en Mendoza con su proyecto San Jorge, informó que entregó al gobierno local una actualización del estudio de impacto ambiental «aprobado», cuyos resultados habían sido divulgados en marzo de este año.
Según la minera, el proyecto comprende operaciones en rocas de canteras de Mendoza, junto con una planta de procesamiento ubicada en San Juan, para producir hasta 25.000 toneladas anuales de cobre en cátodos.
La propuesta, de acuerdo con el comunicado divulgado por la firma, describe ese impacto además del funcionamiento de una línea de ferrocarril de 22 kilómetros para transportar el mineral desde la cantera en Uspallata hasta «una planta de extracción por solventes/electro-obtención, ubicada en San Juan». Sobre esto, Saavedra negó la existencia de autorización de aquel gobierno.
Las autoridades mendocinas, en tanto, acusaron recibo de la actualización propuesta pero desde los distintos estamentos aseguraron que «se está estudiando» el proyecto. Carlos Molina, director de Minería provincial, explicó que la evaluación de la propuesta implica una etapa legal y otra técnica y que, para ello, trabaja en conjunto con su par de Protección Ambiental.
Efectivamente, el secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni, señaló que en esa cartera esperan hacer todas las evaluaciones necesarias para corroborar si el impacto ambiental es el adecuado para su autorización. «Queremos saber de qué se trata porque no hay mucha más información», señaló el funcionario, aunque aclaró que el gobernador (Francisco Pérez) ha pedido ser «estrictos con la normativa vigente».
Desde San Jorge en tanto, plantearon garantías para el cuidado ambiental. «La compañía confía en que el proyecto de lixiviación SJBP (San Jorge Bi Provincial) puede ser ejecutado de manera ambientalmente responsable para el beneficio económico y social de Mendoza y San Juan», señalaron al tiempo que adelantaron un aspecto económico de su proyecto, que le otorgaría cierto valor agregado.
«Tiene el potencial de satisfacer el consumo actual de cobre en la Argentina y podría ser desarrollado de acuerdo con la política del país de reducir las importaciones», destacaron desde la firma. Agregaron que en San Juan, el proyecto se ubica a unos 2.600 metros de altura y, al no estar en los picos andinos más altos, «no se afectará la reciente legislación argentina diseñada para proteger glaciares».
Cuestión de regalías
Un tema que podría generar controversia, si Mendoza termina aprobando esta iniciativa, es el de las regalías. En el comunicado se destaca que el proyecto puede ser operado cumpliendo con las leyes y reglamentos de ambas provincias y que las regalías aplicables se pagarán a Mendoza.
Sobre esto, Molina aclaró que, si la decisión final es positiva, las regalías quedarán en Mendoza, porque la mina está en la provincia.
Efectivamente, la Ley 24.196, que promociona esta actividad, indica que las provincias «no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído». Roberto Zenobi, presidente de la cámara de Empresarios Mineros, planteó dudas. «No se sabe qué hará San Juan», dijo el dirigente empresarial, aduciendo que por permitir la explotación en su territorio, «podría pedir parte de ese porcentaje».
El sanjuanino Saavedra prefirió esperar. «Cuando nos presenten la propuesta concreta, veremos qué hacemos con el tema» afirmó. Igualmente, Zenobi cuestionó la situación que le toca a Mendoza a partir de esta forzada propuesta.
«Con este resultado, se confirma que Mendoza pierde un gran negocio», dijo Zenobi, para concluir que «se pierde la oportunidad de estimular el Compre Mendocino para el proyecto y, en vez de atraer, se aleja a los inversores».