Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.
