– Investigación revela lo perjudicial que sería para los “intereses” del gobierno que se haga pública la información.
Conflictos como el surgido en la comunidad de Cañaris, en Lambayeque, podrían ser resueltos de hacerse pública la Base de Datos de Pueblos Indígenas que trabajó el Viceministerio de Interculturalidad. Un informe elaborado por INFOS y publicado por La República da cuenta de los intereses que se tejen en torno a la publicación de ésta y que explicarían su demora en difundirla.
Wilfredo Ardito Vega
Catedrático universitario. Activista de derechos humanos. Master en Derecho Internacional de los DH y Doctor en Derecho.
Hace unos días, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros para recordarle un importante detalle sobre el conflicto de Cañaris: que los habitantes de esta región son indígenas y que como tales tienen derecho a ser consultados previamente sobre las actividades mineras en su territorio.
– ¿Se puede dialogar con alguien que no te escucha y que no coloca en acta lo que pides con insistencia?
Los representantes de las comunidades de Lambayeque que se oponen a la realización del proyecto minero Cañariaco se declararon en “permanente movilización y resistencia” porque consideran que el Gobierno “obvió” sus demandas en la mesa de diálogo llevada a cabo el día anterior en Ferreñafe.
Por Wilfredo Ardito Vega*
Hace unos días, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros para recordarle un importante detalle sobre el conflicto de Cañaris: que los habitantes de esta región son indígenas y que como tales tienen derecho a ser consultados previamente sobre las actividades mineras en su territorio.
Efectivamente, los cañaris son un pueblo cuya identidad se remonta a tiempos prehispánicos. De hecho, estuvieron entre quienes se aliaron con los españoles, para enfrentar al adversario común: los incas. Actualmente, hablan una versión particular de quechua y están asentados en la fría sierra de Lambayeque.
Cuando Ollanta Humala prometió y luego promulgó la Ley de Consulta Previa no tenía ni idea del tremendo lío en que se estaba metiendo. A casi un mes de la primera consulta y con conflictos como el de Cañaris asomándose por la ventana, el gobierno debería decidir qué peruanos pertenecen a una comunidad indígena y cuáles no. La que se viene.
Marco Sifuentes.
Centenares de tacneños se congregaron ayer 29 en la plaza de la Mujer para participar de la denominada acción cívica y movilización «por la vida, por el diálogo y por la dignidad» en rechazo al inicio de operaciones del proyecto Pucamarca de la empresa minera Minsur. Durante la marcha de protesta la población exigió la implementación de una consulta popular.
Con una multitudinaria movilización, que fue convocada por los integrantes de la mesa de trabajo de la provincia de Tacna, la población tacneña mostró su rotundo rechazo al inicio de operaciones del proyecto Pucamarca de la empresa Minsur y exigió al gobierno central la conformación de una mesa de diálogo.
– Un nuevo elemento de análisis aporta el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL). El proyecto Cañariaco no puede ejecutarse sin el consentimiento de las comunidades afectadas por que el proyecto implica el desplazamiento de éstas, situación especial sobre la que existe obligatoriedad del consentimiento.
COMANDO UNITARIO DE LUCHA – CUL CAJAMARCA
DE UNA Y MIL FORMAS DECIMOS: NO A LA EXPANSION DE MINERA EN CABECERAS DE CUENCAS
¡NO A LA MINERIA DE TAJO ABIERTO CON CIANURO Y MERCURIO!
¡CONGA DEBE PARALIZAR SUS ACTIVIDADES Y RETIRARSE AHORA MISMO!
El gobierno y la empresa minera Yanacocha vienen mintiéndole al país, dicen que Conga se ha paralizado y que la economía regional se halla quebrada debido a que rechazamos la imposición del proyecto minero.
José De Echave C.
Al principio los mensajes intentaban ser más matizados y elaborados: “en algunos movimientos de protesta contra la minería habría presencia de ex terroristas”, se decía. Poco a poco el mensaje se fue generalizando: “hay un complot en el país contra la minería encabezado por grupos terroristas”.
De la sospecha y la hipótesis se ha pasado directo y sin escalas a la afirmación y lo que es más peligroso a la generalización. Ahora se pretende pasar el mensaje-contrabando de “todos son terroristas”.
Ayer en la mañana, la pobladora cajamarquina Máxima Acuña, conocida por mantener un litigio de tierras con la empresa Yanacocha, denunció que decenas de policías la agredieron junto a su familia en un intento de desalojo. Asimismo, afirmó que la policía desmanteló el campamento de los “Guardianes de las Lagunas”.
Máxima Acuña vive frente a la Laguna Azul -uno de los cuerpos de agua que sería afectado por el proyecto minero Conga- y se resiste a entregar las tierras que ocupa a la empresa minera Yanacocha.
Los efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES) desmantelaron el campamento de los Guardianes de las Lagunas, ronderos que acampan en la zona del proyecto minero en señal de protesta, y que no se encontraban en el lugar en esos momentos pues de madrugada, se fueron a Celendín, desde donde debían llegar otros comuneros para reemplazarlos.