Escribe: Martín Llatas P.
El escenario geográfico del debate en torno a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se encuentra en la Cuenca Hidrográfica Quilca-Vitor-Chilli, región de Arequipa. Dicha cuenca se inscribe en la Red Hidrográfica del Pacífico. Una de las cosas importantes a considerar es que durante la época seca, en éste ámbito geográfico, el recurso hídrico es mucho más precioso en comparación a la época de lluvias.
Según información de Peru Top y de la Superintendencia del Mercado de Valores, en el año 2010 se identificaron 25 grupos económicos en la minería metálica. De este total, 12 estaban bajo control de familias peruanas y 13 con capital extranjero. La participación del capital extranjero era preponderante, ya que controlaba el 64.1% de los ingresos y el 63.9% de las utilidades del sector. De su lado, los grupos nacionales explicaron el 35.9% y el 36.1% de los ingresos y utilidades registrados ese año.
La información proviene del libro “Grupos Económicos y Bonanza Minera en el Perú”, de Víctor Torres Cuzcano (Ediciones Cooperacción), que se presentará esta semana. Se trata del análisis de los 5 grupos mineros nacionales más importantes –Buenaventura, Brescia, Volcan, Hochschild y Milpo–, con énfasis en el periodo de la extraordinaria bonanza de precios que comenzó en el 2003 y continúa hasta la fecha.
La Coordinadora por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) publicó recientemente el informe “Empresas domiciliadas en países ratificantes del Convenio 169-OIT operando en territorios de pueblos indígenas en Perú: El caso de la empresa española Repsol”.
El informe, elaborado por Yaizha Campanario y Pedro García, denuncia la actuación de la empresa española Repsol que incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) frente al pueblo Caquinte.
Destaca que más allá de la responsabilidad social y corporativa que la empresas publicita tener, los Estados firmantes de tratados como el Convenio 169 OIT tienen la obligación de hacer cumplir este instrumento a las empresas registradas en su territorio, aunque operen en el extranjero.
El libro relata ciertas prácticas de Repsol que trasgrede acuerdos internacionales referentes a los territorios indígenas y que afectan de manera irreversible a comunidades indígenas de Perú.
– Serán los días 9 y 24 de noviembre. Entre los acuerdos suscritos en asamblea figura también la construcción de una casa para los denominados ´guardianes de las lagunas`.
Los frentes de defensa de la provincia de Celendín reunidos en el distrito de Huasmín anunciaron el reinicio de las acciones en defensa de sus territorios comprendidos en el área del proyecto minero Conga, en Cajamarca.
Bajo estrictas medidas, ante el temor de la presencia de infiltrados, los más de trescientos pobladores procedentes de 37 caseríos y centros poblados acordaron marchar el próximo 9 de noviembre con destino a las lagunas Azul y El Perol.
En estos días, ha sido puesto en el tapete la frase «zonas grises» cuyo objetivo apunta a sensibilizar, concientizar o hacer creer a la población que es posible hacer minería en las llamadas «zonas grises». Pero ¿Cuáles serían esas zonas grises? Y ¿Dónde están ubicadas? Para sus inventores que no son más que los interesados en que las actividades mineras se desarrollen sí o sí, las «zonas grises» serían aquellas zonas libres de asentamientos humanos, de población ganadera y de vegetación y, estarían principalmente en las zonas alto-andinas, es decir en zonas de jalca y puna. Ha esta visión de las transnacionales mineras y de sus técnicos le hace el juego esta otra, que al parecer también surge de los allegados a las mineras: la de la «zonificación económica y ecológica» y «ordenamiento territorial».
– En Lima provincias y Huánuco por contaminación ambiental provocada por la minera Raura; en La Libertad, por incumplimiento de medidas del Gobierno para la formalización de la minería informal y, en Puno, por formalización de minería artesanal.
La Defensoría del Pueblo, en su último Reporte correspondiente al mes de septiembre, registró siete nuevos conflictos sociales, tres de ellos de indole socioambiental, y ciento diecisiete acciones colectivas de protesta a nivel nacional.
De los siete nuevos conflictos sociales identificados, dos de ellos se ubican en la región Apurímac y otros dos en la región Puno; los tres restantes se sitúan en las regiones de La Libertad, Lima Provincias y Lambayeque.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la empresa Generadora Eléctrica Molloco suscribirán hoy el contrato de concesión para el desarrollo de la central hidroeléctrica Molloco.
El proceso de concesión estuvo a cargo del Comité de Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos (Pro Conectividad) de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
Eduardo Gudynas
Se ha difundido ampliamente la idea que los extractivismos son un tipo de industrias. Desde el Banco Mundial a varias organizaciones ciudadanas, pasando por economistas y políticos, se habla de los extractivismos como si fueran una industria. Esa es una postura equivocada.
En sentido estricto, por un lado está la apropiación de bienes primarios, y por otro lado, las fases industriales que desembocan en bienes manufacturados.
El gobierno prepara algunos dispositivos para controlar el combustible que ingresa a Madre de Dios y que se desvía a la producción ilegal de oro, informó hoy el asesor de la alta dirección del Ministerio del Ambiente (Minam), Ernesto Raez.
Al respecto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) determinará la demanda real de combustible en Madre de Dios, a fin de controlar el exceso.
– Medida debe regir para cuenca del río Inambari, sectores Guacamayo, La Pampa, Huepetuhe y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
A raíz de la devastación que ocasiona la minería ilegal e informal en Madre de Dios y que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) solicitó al presidente Ollanta Humala Tasso declarar el “Estado de Emergencia Ambiental” en diferentes puntos de la región.
El pedido lo hizo a través de una carta en la que expresa su preocupación por el daño causado contra fuentes de agua y la biodiversidad y que generan condiciones para el surgimiento de actividades ilícitas como la explotación de mujeres, niños y jóvenes.