El décimo cuarto Observatorio de Conflictos Mineros criticó hoy al gobierno de Perú por haber aprobado un paquete de normas económicas, que «apunta a debilitar regulaciones ambientales» establecidas en los últimos años para responder a la conflictividad social en el país.   En su reporte del primer semestre del 2014, el Observatorio indicó que el paquete económico «tiene un peligroso aroma a los decretos legislativos del gobierno aprista (del expresidente Alan García 2006-2011), que estuvieron en la base de la movilización indígena y el trágico conflicto de Bagua».   El gobierno de García intentó promover las inversiones privadas «a como dé lugar» y aprobó un conjunto de medidas que afectaban directamente los derechos de los pueblos indígenas, recordó el Observatorio, formado por las organizaciones no gubernamentales CooperAcción, Grufides y Fedepaz. Sigue leyendo →

Las nuevas medidas del gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera generarían nuevos escenarios de conflictos sociales en Perú, a pesar que los últimos reportes registran un descenso de éstos, advirtió el martes un colectivo de organizaciones ambientalistas.

«La aprobación del paquete económico ambiental ha hecho saltar todas las alarmas en materia de protección ambiental y derechos de pueblos indígenas», indicó el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros que vigila el impacto social de los proyectos en Perú, país que acogerá en diciembre a la 20 cumbre mundial del medio ambiente (COP 20).

José de Echave, ex viceministro del Ambiente al inicio del actual gobierno y representante de la ONG CooperAcción, dijo que las medidas «apuntan a debilitar las regulaciones ambientales que se había intentado construir con mucho esfuerzo, precisamente como respuesta a la creciente conflictividad social que el país ha vivido en los últimos años».

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Mediante la resolución Nº 009-2014-GR-CUSCO/DRTPE-OZTPEPAA, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de las Provincias Altoandinas, del Gobierno Regional de Cusco, se ratifica en las sanciones impuestas a la compañía Minera Antapaccay S.A., filial de Glencore Xstrata, por el despido de 35 trabajadores por haber fundado su sindicato.

Cabe resaltar que el descargo presentado por Walter Renán Fuentes Dongo, en representación de la empresa minera fue declarado improcedente; y la multa asciende a S/. 13,376 nuevos soles por infracción al orden sociolaboral.

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Organizaciones civiles alemanes han calificado como “una señal equivocada” un acuerdo minero que firmará el país europeo con Perú en los próximos días. Para este, el presidente de la República, Ollanta Humala, emprendió hoy un viaje a tierras teutonas.   Humala tiene planeado reunirse con la canciller alemana, Ángela Merkel. En la cita, ambos firmarían el acuerdo de ‘Extracción de Materias Primas, Industrialización y Transferencia de Tecnología’.   Ese futuro pacto ha alertado a un grupo de ciudadanos alemanes, por los efectos colaterales que generaría. Sigue leyendo →

El caso Doe Run Perú SRL servirá para enseñar en las facultades de Derecho cómo se engaña de manera eficiente a un país subdesarrollado. Ira Rennert, empresario norteamericano billetudo, poco escrupuloso y propenso a contaminar el ambiente, se adjudicó en 1997 –mediante una cadena de empresas ubicadas en paraísos financieros– las acciones de una sociedad propietaria del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza.

Le compró las acciones al Estado peruano con un préstamo que terminó debiendo Doe Run Perú SRL. Aumentó el capital de esta con una transferencia que entró al banco peruano por la mañana y regresó al banco norteamericano por la tarde del mismo día. Violentó todas las normas ambientales, no obstante que el Estado le extendió una y otra vez el plazo para cumplir el PAMA. Por último, dejó de pagarle a todos sus acreedores. Había invertido en total US$ 2 millones de su bolsillo y se había llevado algunos cientos de millones de la sociedad. El asunto terminó en Indecopi.

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Por más formal que sea una mina, es muy difícil controlar el impacto que genera sobre el ambiente, los ecosistemas y las comunidades que viven cerca a sus instalaciones. A 40 kilómetros de la ciudad de Cajamarca se encuentra la mina Yanacocha, la explotación de oro más grande de Sudamérica. Esta minera cuenta con dos diques, uno en el Río Grande y otro en el Río Rejo, los cuales fueron construidos originalmente para controlar los sedimentos producidos por los relaves de la mina. Actualmente, los diques sirven como reservorios de agua para las temporadas secas, permitiendo regar los campos de cultivo de la zona.

Existen evidencias [aquí y aquí] de que los ríos cercanos a la mina —que, a su vez, son afluentes de otros ríos más importantes como el Jequetepeque— presentan niveles elevados de ciertos metales pesados como el cadmio (Cd), arsénico (As) y plomo (Pb), los cuales podrían acumularse en los productos alimenticios de la zona y poner en riesgo la salud de los pobladores. El problema es que nadie ha estimado ese riesgo.

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La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú (ONDS-PCM) reportó 41 conflictos sociales en junio, la mayoría vinculados a las actividades mineras e hidrocarburíferas, según informó hoy en Lima. La minería tiene el mayor número de conflictos (17), seguido por la actividad idrocarburífera (6).

Esta entidad pública presentó el informe Willaqniki en el que explicó que el 41 % de los conflictos sociales está relacionado con el uso de los recursos naturales y las industrias extractivas.

Así, la minería tiene el mayor número de conflictos (17), seguido por la actividad hidrocarburífera (6).

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