Máxima Acuña, quien recientemente obtubera el premio Goldman por su defensa del medio ambiente, denunció que su vivienda ha sido objeto de disparos de armas de fuego y responsabilizó de ese hecho a la empresa minera Yanacocha a la que acusó de haberla amenazado de muerte para obligarla a abandonar su propiedad, ubicada en terreno adyacente al proyecto Conga. “Quiero decir que si cualquier cosa me pasa responsable será la empresa Newmont Buenaventura”, manifestó en declaraciones al programa ‘Cuarto Poder’.
Acuña, quien esta semana fue galardonada con el premio Goldman (considerado el premio Nobel ambiental por su defensa del ecosistema de su localidad) negó categóricamente ser una invasora de terrenos.
Por el contrario, manifestó que solo está defendiendo sus derechos.
Newmont Mining Corp., la segunda mayor minera de oro del mundo, ha decidido abandonar el emblemático proyecto Conga, luego de más de 6 años de rechazo por parte de la comunidad de Cajamarca. La minera con sede en Colorado hizo el anuncio en su declaración anual con la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC). “Bajo el entorno social y político actual, la Compañía no espera poder desarrollar Conga en un futuro inmediato”, dijo Gary Goldberg, CEO de Newmont.
Máxima Acuña de Chaupe, la menuda campesina cajamarquina que se agigantó en defensa de su tierra y se negó a venderla a la sociedad minera Newmont-Buenaventura, porque se dio cuenta de que el dinero se acaba pero que la tierra y el agua le sobrevivirán a ella y a sus descendientes, es hoy una de los 6 héroes medioambientales del mundo que la fundación norteamericana Goldman ha premiado este año.
Ante las últimas operaciones mineras que han causado contaminación ambiental en la región de Arequipa, los alcaldes de las provincias de Caylloma y Castilla, emitieron un pronunciamiento para exigir a las autoridades del Gobierno Central y Regional, mayor fiscalización y hacer cumplir las normas ambientales.
Treinta comuneros llegaron desde Apurímac a comienzos de marzo y se han instalado en los exteriores de la Defensoría del Pueblo para reclamar un diálogo con la empresa.
El último reporte de tendencias de inversión minera en exploraciones a nivel mundial (SNL Metals & Mining) señala que durante el 2015 hubo una caída de -19% de las inversiones globales respecto al 2014, con lo cual se produce una reducción por cuarto año consecutivo. Este nivel de inversión es el más bajo en los últimos seis años. De hecho, el retroceso de la inversión mundial en exploraciones ha sido abrupto desde el 2012 con una caída acumulada de -55% (ver gráfico).
En el tercer día de paralización acordado por las 42 comunidades de la zona de influencia minera del proyecto Las Bambas, las vías de comunicación que dan al distrito de Chalhuahuacho y al campamento minero permanecen bloqueadas.
El día de ayer, en la Comunidad Dewira, las 42 comunidades de la zona de influencia directa de la mina Las Bambas, acordaron iniciar un paro indefinido en respaldo de sus compañeros que se encuentran en Lima en huelga de hambre. Estas comunidades apoyan la agenda levantada por el grupo de comuneros que se encuentran en Lima hace más de un mes y que, hasta la fecha no habrían sido escuchado por las autoridades. Las demandas principales de estas comunidades son: nulidad de convenios y contratos, consulta previa y participación en los beneficios de la mina.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sostuvo, en un análisis preliminar, que se derramaron 2,000 metros cúbicos de relaves, el doble de que estimó Buenaventura inicialmente. Asimismo, advirtió que investigarán si la empresa cumplió con las labores de prevención correspondientes.
Ante la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, quienes representan a las víctimas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba resolvió acumular en un solo proceso (acumular el Expediente No. 201-2013 al Expediente No. 30-2011) las dos investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos policiales, entre ellos dos generales, como responsables de los actos de tortura y secuestro agravado que sufrieron 28 campesinos que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco por afectar sus derechos fundamentales.