Estudio halló que del 2008 al 2014 se arrojan residuos industriales líquidos que contaminan el agua subterránea. Especialista advierte que en 50 años se podrá recuperar.
La investigación titulada “Determinación de la afectación a la disponibilidad de agua en torno a la mina Yanacocha, Cajamarca”, permitió descubrir que la minera Yanacocha, la empresa que explota la mina de oro más grande de Latinoamérica, podría estar afectando el medioambiente.

PUEDES VER: Yanacocha anuncia su retiro de Conga en el año 2020

Este estudio realizado por el especialista en Sistemas de Información Geográfica del Gobierno Regional Cajamarca, Carlos Cerdán Moreno, encontró una grave consecuencia del arrojo de agua residual industrial por parte de la minera.

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Foto referencial de vía en provincia de Cotabambas

El pasado viernes 14 de octubre estalló nuevamente el conflicto  en torno a la mina Las Bambas. Un grupo de personas de comunidades campesinas de la zona tomó la carretera por donde transitan los camiones que transportan los concentrados de cobre y molibdeno. La policía intentó desalojarlos, la gente se resistió y el enfrentamiento terminó con el inaceptable saldo de un muerto y varios heridos.

El reclamo de estas comunidades es que la empresa asuma el impacto ambiental que ocasiona el transporte minero, pero además que se les pague por las tierras que ocupa la carretera y que son de propiedad comunal.

Dejaremos, el tema del impacto ambiental para más adelante para centrarnos en el tema de propiedad de las tierras.  Antes de convertirse en carretera, en la zona existía una vía tipo trocha, que unía algunas comunidades del lugar. Luego, desde hace algunos años, la empresa llegó a acuerdos con las comunidades para el uso de esa vía, durante la construcción de la mina. Terminada esa fase, correspondería la reposición de las tierras a sus propietarios. Sin embargo, ello nunca ocurrió.  Sobre esa trocha se estableció, sin consulta ni conocimiento de la población, una carretera que en algunos  tramos ha sido clasificada como vía vecinal y en otros como vía regional, ambas partes de la Red Vial Nacional.  En términos prácticos, parte de los territorios comunales han sido despojados para convertirse en una vía de dominio público, carretera que pertenece al Estado y está destinada al uso de todas las personas.

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RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para plantear lo siguiente:

    Lamentamos que la conflictividad social por la actividad minero extractiva en el Perú, haya cobrado una nueva víctima, Quintino Cereceda Huiza, a cuya familia alcanzamos nuestras condolencias. Es la primera víctima acontecida en el gobierno del presidente Kuczynski, antes de cumplir el tercer mes de asumir su mandato.
    De otro lado, y sin bien en el pasado el rol del Ministerio del Interior ha sido diferente, respaldamos la respuesta del Ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien a través de un pronunciamiento ha señalado que se va realizar una investigación profunda de los hechos y la intervención de los miembros de la policía, luego de conocerse que la víctima falleció por impacto de un proyectil de arma de fuego.
    Exigimos que las autoridades competentes incluyan en las investigaciones a la empresa minera MMG, pues como ha manifestado el Ministro Basombrío, participó con su maquinaría en la intervención  policial ocurrida el día de ayer, que no fue consultada con las instancias competentes.

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Al menos una persona murió el viernes en una región andina de Perú tras un choque entre la policía y pobladores que bloqueaban una carretera de acceso a la mina de cobre Las Bambas, una de los mayores del país, de la firma MMG Ltd, una filial de la china Minmetals. Las pobladores protestan por la gran cantidad de polvo y el ruido que producen los camiones que transportan concentrados de cobre de la mina.

Hace un año, manifestaciones similares contra Las Bambas, situada en la región de Apurimac, hace un año dejaron tres fallecidos.

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Foto referencial
Observaotrio de Conflictos Mineros Peru
14 de octubre de 2016

El día de hoy, viernes 14 de octubre, se viene produciendo un enfrentamiento entre la policía y miembros  de las comunidades de Pumamarca, Choqeqa, Allahua del distrito de Tambobamba y Qehuira del distrito de Challhuahuacho en la carretera por donde transitan los camiones que trasladan concentrados de la empresa Las Bambas. Estos comuneros habrían  bloqueado la carretera  exigiendo que el estado y la empresa minera las Bambas SAC  atiendan sus reclamos que consistirían en la afectación que sufren por el polvo que produce el tránsito de vehículos de la empresa minera y la utilización sin permiso de terrenos comunales para el establecimiento de la carretera. Al promediar la una de la tarde los comuneros venían sosteniendo una reunión en la misma carretera  en jurisdicción de la comunidad de Choqeqa cuando la policía nacional procedió a despejar la vía produciéndose un enfrentamiento que tendría según testigos como víctima mortal al señor Quintino Cereceda Huillca de la comunidad de Choqeqa y varios heridos.

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Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña, pone sobre la mesa el tema del machismo y su empleo como estrategia de hostigamiento por parte del poder minero. Advierte que situación podría llegar al feminicidio.

Hace algunas semanas se denunció que Máxima Acuña, agricultora y defensora ambiental, había sido agredida nuevamente por personal de la minera Yanacocha. Luego de hacer la denuncia pública a través de los medios de comunicación, salió un video que muestra la agresión de la cual Acuña fue víctima. 

Especialistas han identificado que las mineras suelen utilizar como estrategia de apropiación de los territorios el dividir a la comunidad, premiando a los que están a favor de su proyecto, para luego proceder a comprarles el terreno.

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Documento pone de manifiesto los alcances e impactos que pueden tener las actividades extractivas del desarrollo en la vida de las personas, especialmente, en los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, sobre todo cuando se vulneran derechos fundamentales.

Desarrollo sí, pero no a expensas de los derechos fundamentales. Esta es la premisa fundamental del informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo», el cual fue, presentado en el Congreso de la República.

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Servindi, 12 de octubre, 2016.- Los Estados tienen un conjunto de obligaciones específicas que cumplir cuando se realizan actividades extractivas en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, sostiene el abogado peruano Juan Carlos Ruiz Molleda.

En un artículo publicado en el portal del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) el experto constitucionalista resume conclusiones esenciales a los que responde un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en diciembre de 2015.

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Un reciente informe de CooperAcción “Gobernanza del agua en zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo”, pone en evidencia que la minería no usa el 1% del agua en Perú como lo afirma los organismos del Estado y las empresas, ya que el cálculo es de hace más de tres décadas, cuando la minería representaba el 12% del total de las exportaciones. «Hay un lobby que ha permitido cambios en las leyes, lo que muestra el poder que ejerce el lobby minero en Perú para controlar el proceso de adjudicación del agua que emplean. Son las empresas las que deciden sobre qué indicadores se les va a fiscalizar, son las empresas las que gobiernan a través de las normativas» señala el informe.

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Este jueves 13 de octubre de 2016, se realizará en Lima el XII Foro Latinoamericano sobre Industrias Extractivas “La herencia económica e institucional del superciclo y la nueva agenda”, organizado por la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas.

Las exposiciones principales estarán a cargo de José De Echave, investigador de CooperAcción, y de Eduardo Ballón, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana. Y como en otras oportunidades, se contará con la intervención de panelistas expertos de otras organizaciones de sociedad civil que también conforman la red, de los países de Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y México, quienes desarrollarán el marco de análisis y propuestas, aportando al diálogo sobre la nueva agenda a plantear desde la sociedad civil latinoamericana.

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