Un tema que no ha estado muy presente en los informes sobre el sector minero es el de la evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales. En una coyuntura en que se ha confirmado el inicio de una huelga nacional de la Federación Minera a partir del 19 de julio, es oportuno revisar algunas cifras.

Según información del propio Ministerio de Energía y Minas, actualmente 173,615 personas trabajan en el sector minero, de las cuales 60,915 (35%) tienen una relación laboral directa con las empresas mineras y 112,650 (65%) son contratistas.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, luego de alcanzar un pico en el número de trabajadores el año 2013 (214,122), la cifra cayó el año siguiente (27,513 puestos menos) y luego de una ligera recuperación volvió a retroceder en 2016 y se ha movido ligeramente en lo que va del año 2017.

Nueve regiones (Arequipa, La Libertad, Junín, Pasco, Lima, Cajamarca, Apurímac, Ancash, Moquegua) concentran el 75.95% del empleo directo en minería. En la zona sur del país está el 46.07% de la fuerza laboral minera; mientras que en el centro y en el norte, el 29.16% y el 24.77% respectivamente.

En los últimos años, las cifras en cuanto al número de huelgas y las horas-hombre perdidas, han ido fluctuando, pero en términos generales se puede afirmar que el sector minero no se ha caracterizado por paralizaciones crecientes en los últimos tiempos. El primer gráfico nos muestra una retrospectiva de largo plazo, en la que se puede apreciar en primer lugar, una caída importante en buena parte de la década del 90; luego un ligero repunte en el número de huelgas a mediados de la década pasada y, finalmente, un descenso importante en los dos últimos años.

En cuanto al número de horas-hombre perdidas, indicador que muestra con mayor precisión la intensidad y duración de las huelgas, en los últimos años se nota un descenso entre el 2008 y 2010, luego una reactivación el año 2011 y en el último año una caída significativa. Pese a ello, las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que el sector de explotación de minas y canteras registró el mayor número de huelgas a nivel nacional el año pasado.

No se conocen estadísticas oficiales del número de huelgas en lo que va del presente año. Sin embargo, cabe notar que en los primeros meses se han producido paralizaciones en importantes empresas mineras: es el caso de la huelga en Cerro Verde, que duró 21 días en el mes de marzo y la de Southern que, durante dos semanas, paralizó las operaciones de Cuajone y Toquepala.

En la mayoría de casos, las demandas de los trabajadores han girado en torno a temas de seguridad laboral y/o exigencias económicas por el menor reparto de utilidades registrado en los últimos años como consecuencia de los menores precios de los minerales. Habrá que estar atentos a la evolución futura de la problemática laboral en la minería peruana.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/737-la-evolucion-del-empleo-minero-y-los-conflictos-por-temas-laborales

El próximo 4 de julio, en la ciudad de Ica, se realizará la audiencia final del caso del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca y varios otros dirigentes sociales de esa provincia de Cusco.

Como se sabe, el largo proceso judicial es consecuencia del paro provincial de mayo de 2012, que en su momento fue convocado por las principales organizaciones sociales de la zona y liderado por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE).

Luego de varios días de paralización y enfrentamientos, el gobierno de entonces declaró el Estado de Emergencia. Inmediatamente, se ordenó la detención de varios dirigentes sociales y del alcalde Mollohuanca, que fueron trasladados, en un primer momento a la ciudad del Cusco y posteriormente a Ica, lugar donde se ha llevado todos estos años el proceso judicial, imputándoles los delitos de atentado contra la seguridad pública, entorpecimiento de los servicios y disturbios.

El arresto del alcalde de Espinar desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Bajo fuerte presión y buscando crear mejores condiciones para superar la tensión y los enfrentamientos en toda la provincia de Espinar, el gobierno de Humala tomó la decisión de excarcelar a Mollohuanca e instalar una nueva Mesa de Diálogo. El alcalde de Espinar jugó un rol determinante para bajar la tensión que se vivía y enrumbar en conflicto a un proceso de diálogo.

Lo cierto es que ya han pasado cinco años y no sólo no ha sido resuelto el proceso judicial en contra de los dirigentes, sino que lo más grave es que la agenda que motivó el paro sigue sin ser atendida y menos aún solucionada. ¿Qué pedía la población de Espinar en ese momento? En primer lugar, la solución inmediata de los problemas de contaminación de aire, suelo y agua, demandando mitigación, remediación, reubicación e indemnización por daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua en varias zonas de la provincia; una auditoría ambiental internacional por el cierre de las operaciones del proyecto Tintaya y el inicio de la nueva mina de Antapaccay y; el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

Lamentablemente, pasado todo este tiempo, las autoridades del Estado peruano aún continúan discutiendo sobre el origen de la contaminación por metales pesados, sin considerar que se ha comprobado que la población tiene en sus cuerpos, metales tóxicos que ponen en grave riesgo su salud por exposición crónica. Peor aún, como se ha reportado en estudios oficiales, hasta la fecha no se ha implementado políticas de salud ambiental en Espinar para corregir ese grave problema.

Cabe recordar que en el 2010 se estudió la exposición puntual a cuatro metales altamente tóxicos en la población de los distritos de Espinar y Alto Tejada. Dicho estudio reveló que todas las personas muestreadas tenían niveles detectables en sus cuerpos de arsénico, mercurio, plomo, cadmio.

Esta situación de incertidumbre y el hecho que se oculte información gravitante para la vida y salud de la población, fue uno de los factores que desencadenó la protesta de mayo de 2012. Hay que subrayar que los resultados de este estudio sólo fueron hechos públicos y entregados a la población entre fines de 2012 y el segundo trimestre de 2013. Posteriormente se realizó un segundo estudio de exposición puntual en el distrito de Espinar (enero 2013), aunque en esta ocasión se excluyó a la mayoría de comunidades previamente evaluadas.

El caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de abril de 2016, se llevó una audiencia pública en la ciudad de Washington, donde los propios representantes de la población y sus asesores, sustentaron la grave situación de contaminación y la falta de respuesta del Estado peruano. En dicha audiencia, la comisionada Esmeralda Arosemena solicitó al Estado peruano que se revise la situación jurídica de las tres personas detenidas por reclamar contaminación e hizo un llamado a solucionar los problemas de contaminación.

Hace unos meses, a través de un pronunciamiento, pobladores afectados por metales pesados exigieron una vez más la atención que esperan desde el año 2010 y 2013 cuando se confirmó la grave situación en la que se encontraban 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancané.

Los planes elaborados por las autoridades del sector Salud no han tenido mayor viabilidad pues no cuentan con presupuestos, ni con el soporte institucional necesario, lo que expresa la falta de voluntad política de las autoridades competentes para implementarlos. Por ejemplo, hasta la fecha no se brinda atención especializada a personas que sufren exposición crónica a metales pesados.

En paralelo, el ex alcalde Mollohuanca y los otros dirigentes de Espinar han enfrentado cinco años de investigaciones y constantes dilaciones del proceso. Todo el proceso se ha seguido en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, bajo el argumento que no existían garantías para los fiscales. La Fiscalía ha modificado en más de cuatro ocasiones la acusación y la tipificación de los supuestos delitos.

El hecho de que el proceso no haya retornado al distrito judicial del Cusco, ha limitado el legítimo derecho de defensa de los dirigentes. La Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Mientras que los dirigentes encausados asistirán a escuchar los alegatos finales del proceso, la población en Espinar sigue esperando respuestas a los graves problemas de contaminación y los impactos en la salud. En todos estos años y pese a la indiferencia de las autoridades, han demostrado una voluntad de diálogo y han hecho todos los esfuerzos para encontrar salidas dialogadas y pacíficas al conflicto.

Se espera que este duro capítulo en la historia de Espinar se comience a cerrar en Ica y que sobre todo las demandas que estuvieron a la base del conflicto del año 2012, sean finalmente atendidas por las autoridades.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/736-oscar-mollohuanca-y-los-dirigentes-de-espinar

Aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI.

Declaratoria de emergencia se publicará el viernes. Vecinos de Simón Bolívar (Pasco) protestan en afueras del Minsa por efectos de minería en la salud de los niños.

La ministra de Salud, Patricia García, exhortó a los ciudadanos del distrito de Simón Bolívar, región Pasco, a levantar la medida de protesta que acatan desde hace una semana en los exteriores de la sede de dicha cartera, en Jesús María, debido a la contaminación originada por actividades mineras en su localidad.

La alta funcionaria explicó que el viernes 23 de junio se publicará la declaratoria de emergencia sanitaria en Simón Bolívar y Chaupimarca y tendrá una duración de 90 días. «Nos permitirá implementar algunas acciones para una población de unas 6,000 personas, que son los niños menores de 12 años y las gestantes, con la idea de darles atención integral, manejar el tema de la exposición a los metales pesados y el monitoreo ambiental», dijo en una entrevista con RPP Noticias.

Acciones. García Funegra señaló que desde octubre pasado el Ministerio de Salud (Minsa) ha llevado a cabo campañas de salud en esas zonas relacionadas directamente con la actividad minera. «Tenemos financiamiento para el plan integral de salud», comentó.

Según la Defensoría del Pueblo, los estudios de la determinación de plomo en la sangre de las poblaciones de Paragsha, Quiulacocha y Champamarca, realizados entre los años 1996 y 2005, revelan que el 84% de los niños menores de 10 años y el 61.5% de mujeres gestantes presentan un nivel de concentración de plomo en la sangre por encima de los límites permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

MINERÍA. Procesos finalizados de Consulta Previa en minería según Ministerio de Cultura. De acuerdo al portal del Ministerio de Cultura, en algunas regiones del Perú ya se finalizaron los procesos de Consulta Previa en relación a proyectos mineros.

Un ejemplo es el proyecto de exploración minera Puquiopata que propone el desarrollo de actividades mineras de exploración minera en una extensión de 645.9797 ha., ubicado en el distrito de Coronel Castañeda (Ayacucho) mediante la implementación de 20 plataformas de perforación diamantina y la realización de un sondaje de perforación diamantina por cada plataforma.

“Es importante indicar que el área del proyecto se encuentra dentro del área superficial de la comunidad campesina de Sauricay, ubicada en el distrito de Coronel Castañeda en la región de Ayacucho, a una altitud de 4 708 msnm; en la cuenca del río Ocoña”, mencionó el Ministerio de Cultura.

Tras realizar las reuniones con las poblaciones, el pasado 21 de marzo de este año, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió la Resolución Directoral N° 233-2017- MEM- DGM con la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de la Compañía Minera Ares S.A.C., en el Proyecto Minero “Puquiopata”.

“En la resolución se expresó que el proceso de consulta previa del Proyecto Minero “Puquiopata” cumplió con las etapas de publicidad, información y evaluación interna. Al respecto, conviene precisar que en la etapa de evaluación interna, desarrollada el 20 de diciembre del año 2016 mediante Asamblea General Extraordinaria celebrada en la comunidad campesina de Sauricay, los comuneros suscribieron un acta en la que manifestaron estar de acuerdo con que el Ministerio de Energía y Minas autorice el inicio de actividades exploración minera del proyecto “Puquiopata”, con 10 plataformas de perforación por un período de 6 meses”, recordó la entidad ministerial.

Un segundo caso es la Consulta Previa para el Proyecto de exploración minera Apumayo el cual propone el desarrollo de actividades mineras en una extensión de 1084.75 hectáreas para el área efectiva de uso minero (102 plataformas de perforación), en la zona de Chaviña (Ayacucho) y que se encuentra dentro del área superficial de las comunidades campesinas de Para y Chaviña, identificadas como parte de los pueblos quechuas.

De esta manera, tras realizar las diversas etapas, el pasado 10 de enero de este año la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió la Resolución Directoral N° 0010-2017-MEM/DGM, mediante la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de la compañía Apumayo para su proyecto minero.

“La referida resolución, expresa que bajo los principios de buena fe, flexibilidad, transparencia ausencia de coacción o condicionamiento al debido proceso, se ha informado adecuadamente a las comunidades, garantizando en todo momento que los derechos colectivos de las comunidades campesinas de Para y Chaviña serán protegidos; dando cumplimiento a la normatividad vigente, el Convenio 169 de la OIT, Ley N° 29785, D.S. N° 001-2012-MC”, detalló Cultura.

Otro caso es el proyecto de exploración minera Corcapunta que se encuentra dentro del área superficial de las comunidades campesinas de Huacyon y Llacllin (identificadas como parte de los pueblos quechuas) y propone el desarrollo de actividades mineras en una extensión de 215,6422 hectáreas para el área efectiva de uso minero (20 plataformas de perforación), ubicadas en el distrito de Llacllin (Áncash).

A inicios de este año, el MEM publicó la Resolución Directoral N° 0041-2017- MEM/DGM en la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de Anglo American para el Proyecto Minero “Corcapunta”.

“Recordemos que la comunidad campesina de Huacyon, en la etapa de evaluación interna, expresó el acuerdo para que el Ministerio de Energía y Minas autorice el inicio de actividades de exploración. Asimismo, en el numeral 7.4 del referido informe señala que la comunidad Campesina de Llacllin solo participó en las etapas de publicidad e informativa del proceso de consulta”, precisó.

El dato

La consulta previa se lleva adelante en siete etapas: La identificación de la medida a consultar (1), la identificación de los pueblos indígenas u originarios (2), la publicidad (3), la información (4), la evaluación interna (5), el diálogo (6) y la decisión (7).

La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas (Ley 29785) fue promulgada en setiembre del 2011 y su reglamento data de abril del 2012.

Fuente:http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/procesos-finalizados-de-consulta-previa-en-mineria-segun-ministerio-de-cultura/

Pobladores de Cerro de Pasco en Perú han llegado a Lima para exigir a las autoridades atender a sus hijos quienes están contaminados con plomo producto de la minería.

Pobladores de Cerro de Pasco llegaron hasta la capital peruana, Lima, y se encadenaron en las puertas del Ministerio de Salud para exigir ayuda para sus hijos, quienes se han visto afectados por el plomo que dejan los relaves mineros.

Ellos llevan 8 días encadenados en las puertas del ministerio esperando una solución a este problema.

Ellos exigen a las autoridades la creación de un hospital en Cerro de Pasco para que se puedan tratar a sus niños quienes son los más perjudicados con esta contaminación producto de la minería.

Producto de esto, los pobladores de Cerro de Pasco se dieron con la mala noticia que uno de sus niños se encuentra gravemente enfermo al ser internado en un hospital en Lima.

Para ellos, las mineras no han sido buenos vecinos ya que en los años que vienen explotando sus tierras no han realizado actividades de responsabilidad social.

Los pobladores de Cerro de Pasco han anunciado que no regresarán a su ciudad hasta que la Ministerio no les dé una solución a sus problemas.

Fuente:http://www.hispantv.com/noticias/peru/345206/protesta-contaminacion-mineria-plomo

SOBRE CASO TÍA MARÍA

• Texto escrito por José Lapa Romero fue presentado en Arequipa, Cusco, Puno y Lima
• Autor aborda otros factores más allá del modelo económico hegemónico que el Estado y Southern Cooper pretenden implantar en este valle agrícola

“Lo que los ojos no ven” aborda el tema del capital minero, hegemonía, represión estatal y movimiento social en el Valle de Tambo entre marzo y mayo del 2015. Este periodo de tiempo se refiere sobre el conflicto de Tía María en la región Arequipa.

El autor, el sociólogo José Lapa Romero, estuvo en el lugar de los hechos y pudo presenciar los enfrentamientos que provocaron la muerte de cuatro personas en la provincia de Islay en el año 2015. Además de esta experiencia personal, el libro también narra la lucha por la agricultura y la vida en el Valle de Tambo, los factores que dieron origen, así como las consecuencias que este conflicto trajo a la población.

Respecto al factor económico el libro detalla el modo de vida de más de 20 mil familias que se dedican a la agricultura en el Valle de Tambo. Por otro lado, está el factor del interés privado empresarial, en este caso, promovido por la empresa quien intenta imponer en le lugar –junto al Estado- una supuesta reactivación de la economía, por medio de la minería.

Como consecuencia de ello, el autor, José Lapa Romero refiere en su obra el proceso de articulación desde las organizaciones sociales hasta los representantes políticos, a consecuencia del proyecto minero.

De igual modo, Lapa Romero remarca cómo es que el Estado siempre ha dependido de la minería, ya que una gran parte del presupuesto nacional es solventado por el aporte minero; es esta dependencia económica la que también genera una subordinación política.

“Lamentablemente el gobierno siempre tendrá prioridad en la inversión privada, que es más rentable que la agricultura. Esta prioridad muchas veces trastoca y violenta derechos fundamentales de la persona. El Valle de Tambo cuenta con un desarrollo agrícola que no es de subsistencia, porque se exportan productos a Bolivia y Venezuela, además seguirá siendo una despensa de seguridad alimentaria de Arequipa y el sur del país”, resaltó.

Algunos comentarios

La articulación de una economía campesina próspera se impuso contra cualquier intento de destruirla. La reproducción social y la dinámica social se mostraron muy fuertes e indestructibles. A pesar del intento de quebrar la lucha permanentemente y desprestigiarla, la protesta social se hizo cada vez más intensa.

“Este libro muestra la prepotencia de la empresa. La minería corrompe a los medios, corrompe a las organizaciones. Este libro es una herramienta para la lucha del pueblo”, indica el ingeniero Otto Hito, líder del Valle de Tambo.

Por su parte, Oscar Mollohuanca, exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), señala que las estrategias de empoderamiento del capitalismo minero extractivo parecen ser las mismas que se viven en el Cusco con la empresa Xtrata Tintaya.

“Este libro tiene una mirada distinta de lo que comúnmente leemos de los conflictos sociales. Nos da un enfoque de cómo es el juego de poder, las contradicciones económicas, sociales, políticas. Aquí se señala de manera muy clara la hegemonía del poder agrario, frente a la hegemonía del poder minero capitalista transnacional, sus estrategias, sus aliados y como se va construyendo toda esta complejidad de relación contradictoria que termina en lucha”, refiere Mollohuanca.

Sobre el autor

José Antonio Lapa Romero es Sociólogo e investigador social, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado libros de poesía, ha escrito artículos de opinión. Entre sus recientes materiales de investigación destacan: “Hegemonía, dominación y conflicto social minero en mayo del 2012: El Caso de Espinar de la región Cusco” (2015) y “Hegemonía, dominación y conflicto social minero en el valle de Tambo de marzo a mayo del 2015: El Caso de Tía María en la región Arequipa.”

EN I CONGRESO DE SALUD AMBIENTAL

Organizaciones de la Sociedad Civil y entidades del Gobierno Regional de Junín decidieron organizar y convocar al I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana con el fin de generar importantes aportes para la implementación de la Ordenanza Regional (141-2012 GRJ/CR) que prioriza la atención especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental en Junín.

Luego de constatar que las condiciones ambientales para la vida de las personas y comunidades se encuentran en proceso de deterioro –y con serias repercusiones en la salud de la población- se hace necesario abordar este tema desde un dialogo con las poblaciones afectadas. Especialmente con aquellas de mayor potencial para nuestro futuro: los niños y las madres gestantes.

Se espera que este evento, basado en el enfoque de la relación: salud, ambiente y desarrollo de la región, sea un espacio de apertura al diálogo, generación de alianzas estratégicas e intercambio de conocimientos entre autoridades, profesionales, expertos, ciudadanos y personas afectadas por la contaminación ambiental.

Desde hace 5 años se espera que la Gerencia de Desarrollo Social honre el compromiso de implementar esta ordenanza, en articulación con los otros sectores del Gobierno Regional y el liderazgo de la Dirección Regional de Salud de Junín.

Con esta norma regional se establecería un nuevo modelo de salud para el desarrollo humano y sostenible de la región, luego que se declare “de interés y necesidad pública regional”, la atención prioritaria especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, en la Provincia de Yauli y otras afectadas de la Región Junín.

No obstante, las demandas de la población también apuntan al Gobierno nacional, para que presten toda su atención a la evolución de los niveles de contaminación y la atención de salud para las personas que se consideran afectadas por la contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya.

Es por ello que, este primer Congreso regional tiene como objetivo construir estrategias de corresponsabilidad multisectorial para lograr un sistema integrado y eficiente de la salud regional. Esto contempla un mayor acceso a los servicios de atención sanitaria por parte de la población afectada por la contaminación ambiental.

Además, se pretende sensibilizar a los asistentes sobre los impactos de los condicionantes ambientales y sociales regionales en la salud de las personas, valorando la necesidad de la promoción y prevención de la salud.

Otro de los resultados esperados en este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana, es recoger las ponencias y opiniones de expositores expertos para una futura publicación que recoja toda la problemática y propuestas de solución sobre la afectación de la salud humana a causa de la contaminación por metales pesados.

Fuente:http://muqui.org/comunicaciones/noticias/item/597-sociedad-civil-reune-a-expertos-y-autoridades-para-resolver-atencion-de-afectados-por-contaminacion-en-junin

Protestan en sede del Minsa. Alcalde Zumel Trujillo revela que los niños de Simón Bolívar sufren de neoplasias, leucemia y anemia.

Un numeroso grupo de pobladores del distrito de Simón Bolívar, ubicado en la región Pasco, que llegaron hace seis días a Lima se encadenó ayer en los exteriores del Ministerio de Salud (Minsa) para denunciar la contaminación ambiental que sufren las familias de esa localidad, a causa de los desechos tóxicos que vierten las empresas mineras.

PELIGRO. El alcalde de la citada comuna, Zumel Trujillo Bravo, señaló que hasta el momento existen más de dos mil niños que están afectados por los metales pesados, entre ellos existen casos de neoplasias, leucemia, anemia y desnutrición infantil. También dijo que el agua que bebe la población está contaminada.

“Este problema sucede en el ámbito de la provincia de Pasco, donde hay cúmulos de metales y relaves mineros”, añadió el burgomaestre.

PLAN DE SALUD. Mediante un comunicado, el Minsa señaló que se ha reunido con las autoridades de Cerro de Pasco y los sectores vinculados al problema de la minería para establecer varios acuerdos, entre ellos emitir un decreto donde se declare en emergencia sanitaria la zona afectada. Asimismo, se propuso el plan de salud integral del 2017 al 2021, a fin de atender las demandas de esta población afectada por las actividades mineras.

Conflicto

La Defensoría del Pueblo indicó que este problema se presenta como un conflicto social desde el 2012.

Fuente:http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-de-pasco-denuncian-contaminacion-minera-y-reclaman-apoyo-756969/