Se confirma que el poderoso grupo suizo Glencore tiene la proyección de consolidar su presencia en el Perú y estaría por lograr la mayoría de acciones de la empresa Volcan S.A., la principal productora de zinc del país.

Todo indica que Glencore pasaría a controlar el 66% de Volcan, luego de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 48.18% de las acciones A (las que tienen derecho a voto) que controla una parte de los herederos del ex hombre fuerte de la empresa, Roberto Letts Colmenares.

De concretarse toda la operación, Glencore ampliaría su presencia en el Perú y se consolidaría como uno de los principales grupos mineros. Hasta el momento, Glencore controla las operaciones de Antapaccay, Perubar, Los Quenuales (unidades de Iscaycruz, Yauliyacu, Trevali) y Antamina (37.75%).

No hay que olvidar que Glencore tuvo que desprenderse del mega proyecto de Las Bambas -luego de absorber a la empresa Xstrata el año 2013-, por exigencia del Ministerio de Comercio de China, que quería evitar que la empresa suiza ejerza el control de la extracción y comercialización mundial de metales como el cobre y zinc. Finalmente, el proyecto de Las Bambas fue adquirido por la empresa china Minmetals.

Habrá que ver los efectos que puede provocar el control mayoritario de Volcan por parte de Glencore. Como se sabe, las principales operaciones de Volcan se concentran actualmente en la sierra central del país, entre los departamentos de Junín, Pasco y Lima y tiene varios planes de expansión no solo en esa zona del país.

Dicho sea de paso, según un informe elaborado por el grupo de periodismo de investigación Convoca, Volcan es la empresa que más ha incumplido las normas ambientales en el Perú (60 sanciones). En el mismo terreno, el desempeño de Glencore también deja mucho que desear: según el mismo informe de Convoca, sus empresas Los Quenuales, Perubar y Antamina, acumulan 48 sanciones.

Hablando de sanciones, la empresa Perubar, a mediados de año, interpuso una demanda de amparo en El Callao contra el Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para que le devuelva todo el dinero a la empresa por el Aporte por Regulación. ¿Qué es el Aporte por Regulación (APR) y cómo se origina? La Ley 27332 (del año 2000) estableció el APR como una contribución de los sectores para los organismos reguladores de los servicios públicos. En la medida que el OEFA asumió la fiscalización ambiental del sector minero, las empresas deben pagar el denominado aporte. Todos los administrados del OEFA están obligados a asumir los gastos que genera la fiscalización de su respectiva actividad.

De prosperar esta demanda, el OEFA tendría que devolverle a Perubar nada menos que la suma de 120 millones de soles. Este tipo de demandas, buscan asfixiar económicamente al organismo que precisamente se encarga de evaluar y fiscalizar el desempeño de ambiental de las empresas. Como se puede apreciar, los antecedentes de Volcan y de empresas del grupo Glencore, no son los mejores.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/780-glencore-compra-volcan-y-se-consolida-como-una-de-las-empresas-mas-grandes-y-mas-sancionadas

El avance de la deforestación por minería aurífera se agrava en el sur de la Amazonía del Perú, con énfasis en la zona de La Pampa, en el departamento de Madre de Dios.

En los últimos dos años ha surgido otra zona crítica en la región: el Alto Río Malinowski, ubicada en la cuenca alta del río de este nombre, aguas arriba de La Pampa.

Las nuevas imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP, por sigla en inglés). muestran el rápido avance de la deforestación en dos sectores de la cuenca alta del río Malinowski. En total, se detectó, entre 2015 y 2017, la pérdida de 1,570 hectáreas (2.150 campos de fútbol) dentro de la zona de amortiguamiento del parque nacional Bahuaja Sonene.

Alto Malinowski, sector A

El sector A ha experimentado la rápida deforestación de 285 hectáreas durante los últimos dos años. En las fotos se ve el cambio entre 2015 y 2017. Asimismo, la presencia de campamentos mineros activos. No existen concesiones mineras en este sector, por lo tanto es un caso de minería ilegal.

Alto Malinowski, sector B

El sector B ha sufrido la deforestación de 1.285 hectáreas durante los últimos tres años. La Imagen 71b muestra el cambio entre 2014 y 2017.

Fuente:https://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-amazonia-peru-deforestacion-mineria-75874.

Extraen mineral usando explosivos y otros productos químicos generando una grave contaminación. Refieren que ya hay presencia de cianuro.

Contumazá- El fin de semana se reunió la población, en un aproximado de 500 personas, así como representantes de instituciones sociales de base, rondas campesinas y autoridades, para reclamar por la minería ilegal que viene realizando trabajos de extracción de mineral, usando explosivos y otros productos químicos generando una severa contaminación.

Ello sucede en la cabecera de cuenca del agua de consumo de las provincias de Contumazá y Gran Chimú, en las regiones Cajamarca y La Libertad, respectivamente.

Según el detalle ofrecido por las autoridades que ya han inspeccionado el sector, la Policía y Ministerio Publico, refieren que ya hay presencia de cianuro.

En esta reunión cita también estuvieron presentes los propietarios de los terrenos en donde se ubican los yacimientos mineros, y la Asociación de Criadores de Vicuñas, cuya propietaria, Irma Zegarra Silva, alega que ya tiene su licencia y autorización del Gobierno Central.

Sin embargo, Zegarra no cuenta con la licencia social, utilizando explosivos, causando daños irreversibles e incluso profundizando y cambiando el ciclo del agua que cada vez va mermando su caudal y es la única fuente de recurso hídrico de estas dos provincia.

Representantes de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Subprefectura, Ministerio Publico, rondas campesinas, el burgomaestre de Cascas (Gran Chimú) y población en su conjunto, solicitan a las autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca y del Gobierno Central, así como del Ministerio del Ambiente, tomar cartas en el asunto.

Demandan una solución urgente a este problema que es muy delicado para estas dos provincias de Gran Chimú y Contumazá, con la presencia de esta minería irresponsable en cabecera de cuenca.

Las poblaciones de las dos provincias se están preparando para próximos enfrentamientos, para tratar de desalojar en forma inmediata a esta minería que está causando graves daños al medio ambiente y a la calidad del agua de consumo humano.

Fuente:https://panoramacajamarquino.com/2017/10/30/mineria-ilegal-causa-danos-al-agua-que-consumen-en-gran-chimu-y-contumaza/

Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.

Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/647-rio-blanco-ilegalmente

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llegó al Perú para reunirse con organizaciones defensoras de los derechos humanos (DD.HH.) y con representantes del gobierno. Organizaciones sociales como Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus de trabajo Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH, pueblos indígenas, entre otras estuvieron presentes para dar a conocer su punto de vista por el accionar del Estado en materia de Derechos Humanos, conflictos socio ambientales y actividades extractivas, entre

“Gobierno nacional prioriza la inversión, en especial de corporaciones transnacionales, ello, por encima de los derechos de las personas, en especial de los pueblos indígenas”, afirmó Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Resaltó que se está afectando gravemente el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y que se ha subordinado los derechos de las personas a intereses económicos.

“Hay más de 800 casos de defensores y defensoras criminalizados en todo el país por la protesta social. Se les aplican penas de hasta 20 años o más, a quienes actúan en defensa de sus derechos ante la falta de justicia del Estado”, dieron a conocer los miembros del Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH. Finalmente, señalaron que existe un uso abusivo de la fuerza en los conflictos sociales que trae como consecuencia heridos y fallecidos en las protestas.

Por su parte Ketty Marcelo, representante de ONAMIAP, comentó que se requiere el reconocimiento de los Pueblos Indígenas. “No tenemos una verdadera institucionalidad indígena”. Agregó “que la Consulta Previa se vende como avances del Estado Peruano, pero no se aplica el consentimiento, y se incumple con los acuerdos que se toman”.

Miembros Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas indicaron sobre la Consulta Previa en minería sólo se consulta la medida de autorización de inicio de actividad de exploración o explotación, lo que no representa una decisión sobre temas centrales que determinan la realización o no de un proyecto. Es necesario ajustar las normas al Convenio 169 y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, afirmaron que, bajo la premisa de desaceleración económica, se ha facilitado la desregulación ambiental, limitando el rol fiscalizador del Organismo de Evaluación Ambiental (OEFA) y reduciendo los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y con ello la rigurosidad de las autorizaciones que se otorgan.

El alto comisionado de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, comentó que en la afectación respecto de derechos que sufren grupos poblacionales debe intervenir el Estado buscando una sociedad más comprensiva e inclusiva.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/648-abuso-fuerza-conflictos

Siete periodistas peruanos que investigaban problemas ambientales supuestamente generados por una minera privada en el departamento sureño de Arequipa fueron detenidos y maltratados por la policía, denunciaron ayer organismos gremiales. Los periodistas, según la publicación online “El Búho”, de Arequipa, fueron liberados después de varias horas de amenazas de muerte, acusaciones y maltratos que incluyeron el despejo de sus camáras fotográficas. La Federación Periodistas del Perú (FPP) rechazó en un comunicado la “actitud amedrantadora e intimidatoria” de la policía y le exigió al ministro del Interior, Carlos Basombrío, “una investigación sumaria y una pronta aclaración”.

Por su parte, la policía expidió un comunicado en el que da cuenta de la detención de 56 personas supuestamente vinculadas a la minería ilegal, entre los que al parecer incluye a los periodistas, que trabajan para diversos medios de ese departamento andino sureño.

Según la FPP, los hechos se desataron la noche del jueves, cuando los reporteros Julio Revilla, Martín Ramos, Walter Porras, Carlos Zúñiga, Jesús Fernández, Gian Carlos Aragón y Jorge Gómez retornaban de una inspección al campamento Chila Paula, en donde supuestante la minera Buenaventura desarrolla trabajos sin cuidados ambientales.

“Los periodistas (que habían llegado a la zona por solicitud de los pobladores) fueron alcanzados por un capitán que los maltrató y amenazó de muerte, incluso rastrillando su armamento y ordenando al personal policial a su cargo que cumpliera con la orden”, afirma el documento.

En su respuesta, la Policía aseguró que en el Chila Paula no hay actividad de Buenaventura, una de las mineras más poderosas del Perú, y que por tanto quienes estaban en el lugar son sospechosos de práctica minera ilegal.

En los últimos años, periodistas, activistas y campesinos peruanos han denunciado que sectores de la policía trabajan en la práctica como vigilantes de mineras como Buenaventura, que supuestamente pagan por ese servicio.

La FPP, cuya denuncia fue respaldada por el Colegio de Periodistas del Perú, hizo un llamado a la comunidad a estar alerta ante hechos “que demuestran que los hombres de prensa extán expuestos a acciones condenables cuando denuncian actos de corrupción y demuestran actos de mal actuar de algunas autoridades policiales y de la minería abusiva”.

Fuente:http://noalamina.org/uncategorized/item/37759-detienen-a-periodistas-peruanos-que-investigaban-a-minera

Abrigo. Hoja de coca. Trago. los consejos se acumulan en la estación de autobuses. Cualquier recomendación es insuficiente para subir del nivel del mar a 4.338 metros. La presión contrae la cabeza. El frío anula los movimientos. La falta de oxígeno oprime los pulmones. Todo junto forma el soroche: un mal de altura bien conocido entre los peruanos. En Cerro de Pasco, en el centro del país andino, lo aluden a menudo. Sobre todo, al visitante. Algo que no suele suceder: pocos recaen aquí por gusto.

El amanecer sorprende en un pico montañoso donde el sol quema y el viento araña. Su núcleo urbano se despereza entre mototaxis, cafés filtrados en restaurantes lúgubres y algunos vendedores ambulantes forrados de alpaca. Como en una ciudad amurallada, las calles terminan en una verja cubierta de tierra y escombros. Al otro lado, un gigantesco agujero horadado por camiones que serpentean por imbricados caminos. El Tajo, lo llaman. Así, con mayúscula. Es la mina que ha hecho famoso este enclave de 70.000 almas. La más alta del mundo a cielo abierto y de dimensiones descomunales: dos kilómetros de largo por uno de ancho y 400 metros de profundidad. Su descubrimiento ha marcado la existencia del lugar. Y, como en cualquier historia inconclusa, aún no sabemos si para bien o para mal.

Hasta ahora, las empresas encargadas de hurgar en la zona vivieron con la comodidad del apoderado. En esta montaña, como en el Potosí boliviano, el destino tenía el color del oro, la plata y los otros minerales como el zinc o el cobre, que se extraían con solo rascar. La riqueza envolvió una tierra pobre y conjuró a su población a la dependencia del subsuelo. El desarrollo era tan goloso que incluso se planteó el traslado de todo el término municipal a 15 kilómetros de distancia para continuar mordisqueando la calzada. La moneda estaba en el aire.

Y sigue allí. Todo permanece en duda: incluso los 2,3 millones de soles (593.000 euros) que firmaron para comprar los edificios colindantes y construir otros nuevos. Mientras, una población envejecida y aquejada de los problemas que da la extracción de metales se enfrenta a un nuevo futuro: los niños crecen con tóxicos en la sangre y las compañías responsables rebañan los restos antes de dejar la región.

La laguna, que antes reflejaba las nubes, ahora luce verde, expele un hedor nauseabundo y está plagada de carteles que ahuyentan al visitante con grandes exclamaciones. Un dilema que está reformando el tejido social y cambiando alguna de las codiciosas mentalidades que ascendieron a este enclave.

Plata en el bolsillo o plomo en el organismo. Y no hablamos en lenguaje narco.

En el marco del Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” que se realizará día viernes 20 de noviembre desde las 5:30 pm. en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura, se presentará la problemática del Proyecto Río Blanco. Participan de este panel los representantes de las Comunidades y Rondas Campesinas de Huancabamba y Ayabaca, para hacer pública su denuncia sobre la presencia ilegal de la empresa Minera Río Blanco en sus localidades.

La empresa Minera Rio Blanco Copper S.A., subsidiaria de la empresa minera china Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, que está a cargo del proyecto Minero Río Blanco, no cuenta hasta la fecha con las autorizaciones de las asambleas comunales de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas de Huancabamba ni de Yanta de Ayabaca, para realizar actividad minera alguna en tierras de su propiedad. Por el contrario, dicha empresa se ha comportado de manera arbitraria con las comunidades. «Los dirigentes de la zona de influencia han sido perseguidos y se les ha criminalizado por defender las nacientes de agua de los páramos en Piura», afirmó Rubén Jiménez Carrión, presidente de las Rondas campesinas de Ayabaca. Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, además, pagó una reparación civil por el secuestro y tortura de comuneros.

Los dirigentes de las comunidades y rondas campesinas, también, se pronunciarán en torno al proyecto de Proyecto de Ley N° 1910/2017-CR del congresista piurano de la bancada de Fuerza popular Luis López, que busca facilitar la titulación de tierras en Piura, que en el fondo no buscaría favorecer a las comunidades, sino que estaría aprovechando el nuevo marco legal para eliminar las garantías a las tierras comunales, y favorecer con ello intereses económicos, como el de la minería.

El nuevo marco normativo con las Leyes 30230 y 30327, los Decretos Legislativos 1192 y 1333, y el proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso, perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura y de infraestructura, el acceso a propiedad de la tierra con el saneamiento físico legal, incluso convocado a través del recientemente creado APIP a las Asambleas Comunales para tomar decisiones sobre disposición de tierras, afectando la autonomía comunitaria. Ya las comunidades de Piura han emitido un pronunciamiento donde advierten del daño que puede causarle a la propiedad de sus tierras.