Cajamarca, el martes 06 de marzo 2018.

PELIGRO. Empresa que explota fosfatos en Bayóvar persiste en contaminación pese a sanciones administrativas por la OEFA. Comunidad campesina y gremios advierten paralizar labores mineras. Exigen respeto a parámetros ambientales.

Los integrantes de la comunidad de San Martín de Sechura denunciaron una presunta contaminación por parte de la empresa Miski Mayo, quien viene explotando los fosfatos de Bayóvar en la caleta de Puerto Rico, de dicha provincia.  Asesor legal de la comunidad campesina San Martín, Calixto Sandoval, dijo que debido a este problema la fauna silvestre y marina se ve afectada.

Según el asesor legal de la comunidad campesina, Calixto Sandoval Chunga, la empresa minera vendría violando el estudio de impacto ambiental, ya que en dicho documento se comprometió a embarcar los fosfatos en un estado húmedo, de tal manera que con los vientos la polución no caiga al mar y tampoco a las viviendas cercanas. No obstante, el dirigente aseguró que los fosfatos son embarcados en horas de la tarde, ocasionando un daño a la fauna silvestre y marina.

“Los animales tienen que migrar a otras zonas y otros simplemente mueren. Además, la flora como los arbustos que servían de refugio de los animales del desierto ya no existen y pronto todo ello quedará sumergida en una gran laguna de relaves mineros”, advirtió el abogado.

Por otro lado, dijo que Miski Mayo se comprometió a construir unas pozas para arrojar sus relaves, de esa manera no lanzarlos a tajo abierto; sin embargo, a la fecha esto no se cumple.

REVISIÓN DE CONTRATO

Ante esta situación, el representante de la comunidad campesina exigió al Ministerio de Energía y Minas la revisión y renegociación del contrato firmado por la compañía minera, ya que –según él– habrían indicios de favoritismo.

Sandoval Chunga explicó que actualmente Miski Mayo viene cancelando la suma 0.30 céntimos por tonelada de fosfato; sin embargo, la empresa Fosfatos de Pacífico, quien también explota recursos minerales, compra a 1.50 dólares la tonelada.

“Con esto nos queda totalmente claro que el Gobierno central está favoreciendo a esta empresa porque prácticamente nos está robando nuestros recursos naturales”, subrayó el representante.

SUPERVISIÓN

Asimismo, Sandoval Chunga exigió a los representantes del Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas hacer una supervisión, porque la empresa estaría realizando una sobreexplotación de los recursos minerales.

Según explicó, en el contrato la compañía se comprometió a trabajar 12 horas; no obstante, a la fecha labora las 24 horas del día. “A dónde va el dinero de los recursos que se están sobreexplotando”, puntualizó Sandoval.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/39257-denuncian-contaminacion-de-minera-miski-mayo-en-sechura

Protestan por contaminación. El pasado 13 de febrero, ciudadanos de Moquegua marcharon en protesta por la mala calidad del agua en la región, pues documentos oficiales demuestran que la misma está contaminada con metales tóxicos.

El dirigente de la Federación Agraria y Campesina de Moquegua (FACAREMOQ), Lucio Flores, denunció que diversos informes oficiales muestran esta situación, pero que no han sido dados a conocer a la población.

En efecto, en el documento “Resumen de resultados de análisis: contaminación de agua a nivel de la región Moquegua”, elaborado por la FACAREMOQ y por el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, se muestran resultados de monitoreos de la Dirección Regional de Salud de Moquegua (DRSM) en 2016 que encontraron metales como aluminio, manganeso, cadmio, plomo y selenio en diversos puntos en la red de agua potable.

Así mismo, el documento cita informes técnicos de la misma entidad realizados en 2014, que señalan que al ingreso a la Planta de Tratamiento Chen Chen la concentración de aluminio, hierro y boro, sobrepasa los estándares de calidad ambiental.

El citado documento muestra también resultados de informes de la Autoridad Local del Agua en los años 2014 y 2015 que muestran alta presencia de boro, aluminio y manganeso en agua superficial en los ríos Moquegua y Millune.

El documento reúne resultados de análisis de calidad de agua a lo largo de los últimos 10 años en toda la región de Moquegua.

Como se sabe, en Moquegua operan diversas empresas mineras, tales como Aruntani, Southern Perú, entre otras. El informe también reseña las diversas multas por contaminación ambiental impuestas por el OEFA a estas empresas en años recientes.

Cabe indicar que el documento también muestra elevada contaminación por coliformes y otros elementos de origen biológico en diversos ríos de la región.

AL respecto, el dirigente declaró que “hemos presentado denuncias penales, pero sin embargo no ha habido respuestas”. En declaraciones al Observatorio de Conflictos Mineros, señaló que “Hemos solicitado que se declare en emergencia la salud humana, los recursos hídricos y el medio ambiente en Moquegua”.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/02/22/documentos-oficiales-comprueban-contaminacion-por-metales-toxicos-en-moquegua/

Hernan Pahucará e Hilda Monago, Los padres de dos niñas que presentan síntomas de intoxicación grave,  llegaron a Lima para buscar la atención urgente de las menores, quienes se encuentran internadas en el Instituto Nacional del Niño. Ellos fueron parte de la delegación, que, en junio del 2017, se encadenaron a las rejas del Ministerio de Salud solicitando atención prioritaria para niños en Pasco. Sin embargo, casi un año después afirman que sus condiciones no cambiaron.

La familia vive en el distrito 30 de agosto, su casa está ubicada frente las instalaciones de la minera Millpo en Pasco.  Hernan Pahucará afirma que fue en el contacto con el agua del río Huallaga, donde ellos lavan la ropa y las niñas juegan, que se intoxicaron. “Hubo un derrame de relaves mineros al río en el 2016 y no se previno a la gente que nos podíamos enfermar, declaró.

Las pequeñas de iniciales M. y L., que tienen 11 y 13 años, fueron evaluadas por CENSOPAS en el 2012 y se les detecto niveles de plomo por encima de los Límites Máximos Permisibles.  Ya en esa época presentaron los primeros síntomas como agotamiento y problemas de concentración en la escuela. Este año los síntomas se han agravado al punto que empezaron a sangrar por la nariz y por la boca. Los padres alarmados las trajeron a Lima para que sean tratadas de forma urgente. Al respecto, el médico ambientalista Fernando Osores afirma que cuando ocurre sangrado se trata de una intoxicación crónica que puede traer daños irreversibles al cerebro o al sistema nervioso.

Hernán Pahucará asevera que “nos están dando medicamentos para calmar el sangrado, la ha revisado la psicóloga y nos ha dicho que hay muchas deficiencias, pero no están tratando el problema mayor de la intoxicación”. La madre de las pequeñas afirma que no tienen las condiciones económicas para quedarse en Lima y que no pueden regresar a Pasco ante el eminente riesgo que corren las niñas.

Red Muqui llamó la atención sobre la intoxicación de niños en Pasco el año pasado, El informe de atención médica de salud en habitantes de Cerro de Pasco y La Oroya y Situación de pasivos ambientales de San Mateo dio a conocer que los menores evaluados presentaban hasta cuatro tipos de metales tóxicos en la sangre: plomo, cadmio, mercurio y arsénico, este último considerado como cancerígeno.  Fernando Osores declaró que uno de los problemas que tiene en Ministerio de salud para tratar este tipo de casos es que no cuenta con los profesionales adecuados ni con una política de atención integral de salud para afectados por metales tóxicos.

Por su parte, el congresista Oracio Pacori  afirmó que desde su despacho se está trabajando un Proyecto de Ley para realizar un Registro Nacional de Afectados en la Salud por metales pesados «. Afirmó que»no existen políticas públicas desde el Estado que permita responder permanentemente la recuperación y restablecimiento de salud de las personas afectadas».

Comento que al no saber  cuantas personas están afectadas en su salud por metales pesados no se puede actuar de forma oportuna ni brindar la atención especializada que deberían tener. «lo único que sabemos es que otra vez son los pobres y en situación de exclusión y no existe una estrategia integral para mejorar sus condiciones de vida», concluyó.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/694-intoxicacion

20 de febrero. Al promediar las 9 de la mañana, comuneras y comuneros de Huano Huano, Espinar, realizaron un plantón para exigirle a la trasnacional Glencore, responsable de los proyectos mineros, cumpla sus compromisos de inversión de proyectos y beneficios para la comunidad.

‘La empresa minera ha venido incumpliendo una serie de compromisos con la comunidad, el proyecto Coroccohuayco ya va avanzando y no hay formalización de acuerdos de beneficios para Huano Huano’, manifestó para DHSF, Elías Hancco Pallani, presidente de la Comunidad de Huano Huano.

Glencore inició, en octubre, el proceso de realización de talleres in­formativos en el marco de la elaboración del MEIA del Proyecto Minero Antapaccay Expanción Tintaya – integración Coroccohuayco, a pesar de la resistencia de algunas comunidad, la nueva extensión del proyecto habría sido aceptada por otros con algunas condiciones y compromisos, sin embargo la empresa no los viene cumpliendo.

‘Estamos en un plantón de forma pacífica, nosotros siempre hemos promovido conversaciones con representantes de la empresa minera, ya hemos tenido conversaciones antes, sin embargo no existe voluntad de parte de la empresa de atender nuestros pedidos’ puntualizó Hancco.

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/espinar-nueva-protesta-contra-proyecto-minero-coroccohuayco/

Cuando una persona natural quiere postular a un puesto laboral, un requisito indispensable es acreditar que cuenta con antecedentes de ninguna naturaleza. Y a todo el mundo le parece normal porque nadie quiere contratar a una persona que tenga una mala trayectoria y que genere riesgos en la actividad del cargo.

Ayer, siguiendo el proceso de adjudicación de Michiquillay, uno de los proyectos de inversión más importantes para nuestro país, me surgía la interrogante de por qué a las personas jurídicas o empresas, no se les exige este mismo requisito mínimo. Y es que en la lista de concursantes, se encontraban varias impresentables con muchos antecedentes ambientales y sociales, y hasta con deudas con el Estado.  Lo más sobrecogedor vino luego, cuando se anunció que la ganadora era nada menos que Southern Perú, una de las empresas más cuestionadas que existe no solo en el país, sino a nivel mundial. Veamos un poco de sus antecedentes, o debo decir ¿prontuario?

Southern Copper Corporation Peru, SPCC por sus siglas, es creada en 1952.  En 1999 el Grupo México adquirió la empresa Asarco, propietaria del 54.2% de las acciones, con lo cual la firma mexicana tomó control de las operaciones mineras de SPCC en Perú. A pesar de los nuevos propietarios, la empresa no cambió el nombre por estrategia. A inicios del segundo trimestre de 2005, SPCC se fusionó con Minera México y subsidiarias. Así SPCC lleva más de 60 años operando en el Perú.

La empresa Southern Perú Copper Corporation siempre ha actuado en el sur del país. Tiene las operaciones de Toquepala y Cuajone –ambas de tajo abierto–, donde se extrae cobre, plata, molibdeno y oro, y un complejo metalúrgico en Ilo. Además, participa en tres exploraciones mineras, entre ellas Tía María.

Un inacabable pasivo ambiental

Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves. Al menos el Valle de Ilo quedó contaminado producto de sus emisiones toxicas realizadas[1].

Según fuentes de la propia empresa, desde 1960 hasta 1996 vertieron 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía tacneña de Ite. 36 años  de contaminación que no han podido revertir.

En 1996 inicia las operaciones del proyecto “Los Chancas”, en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac. Dicho proyecto genera una serie de impactos en el anexo de Quichque y las comunidades vecinas. Construyeron carreteras de acceso destruyendo tierras de cultivo y debilitando suelos lo cual provocó, durante las lluvias, derrumbes y deslizamientos que terminaron sepultaron al colegio primario, la capilla y viviendas de pobladores del anexo  Quichque. A estos impactos se suma el provocado por la instalación de motobombas en los puquiales para llevar agua a las maquinarias de perforación, contaminando el agua que riega los pastos naturales.  Aunque la empresa ofreció reparación de los daños, nunca cumplió; en el 2001, el alcalde de Tapairihua, solicitó ante el Juzgado Mixto de Abancay una medida cautelar que disponga la suspensión de los trabajos de exploración, cautelar que a pesar de ser concedida no ha podido ser ejecutada por diversas razones. La población sigue denunciando afectación hasta el momento.

En el 2011 empiezan a anunciar la ejecución del proyecto Tía María en la provincia de Islay- Arequipa.  El proyecto pretende procesar óxidos de cobre. Unops (organismo de Naciones Unidas) al revisar el EIA del proyecto hizo 138 observaciones, que indicaban entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo), a pesar de lo cual pretendían operar.

El año 2013, el departamento de Ambiente y Ecología de la Municipalidad Provincial de Ilo detectó un sobre índice de contaminación por dióxido de azufre (SO) en la fundición de Ilo. El nivel de SO llegó hasta 190 ug/m (microgramos por metro cúbico) en la zona donde se ubica la fundición de Southern (el límite máximo permisible es 80 ug/m3). En su defensa SPCC no se acogió a la norma del 2008, que fijaba como límite máximo 80 ug/m3, dado a que dicha norma no se había reglamentado.

En el año 2014, el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) sancionó a la empresa SPCC con 204 UIT por 16 hechos imputados, relacionados con el mal manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, elevado número de partículas gaseosas emitidas, entre otros[2].

En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de dos años y seis meses para Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú, y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a dicha empresa, por el presunto delito de contaminación ambiental, al haber emitido emisiones que superaban los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar.

En enero de este año, pobladores de Moquegua se movilizaron, denunciando que esta empresa sigue contaminando con sus operaciones el río Torata -en el cual realiza descargas de agua, señalando que se han detectado altas concentraciones de metales tóxicos, por lo que pidieron investigación del hecho.

En este recuento solo mencionamos los antecedentes de la Shouthern Perú, sin embargo no debemos dejar por fuera los gravísimos antecedentes de esta corporación en otras partes del mundo.  Es importante conocer que el Grupo México, principal propietaria de la Southern, tiene antecedentes gravísimos de contaminación como la explosión en la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila en México, que dejó sepultados a 65 mineros, hecho ocurrido en el 2006.  O el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista, en el 2014, considerado como el hecho más grave de contaminación en la historia de México.  Además el  Grupo México ha pagado en 2015 una multa por 23 millones 565,938 pesos mexicanos, como consecuencia de más de  50 irregularidades en contra del marco normativo ambiental.

Un pasivo social que no es solo Tía María

Tal vez el conflicto más conocido en el que se vio envuelta esta empresa es el del proyecto Tía María- Arequipa, el cual ha dejado hasta la fecha un grave saldo: cinco muertos y varias decenas de heridos; sin embargo los antecedentes de conflictividad de esta empresa se pueden encontrar en varios lugares, donde se denuncian similares patrones de comportamiento que evidencian una mala práctica de relacionamiento con las comunidades locales, lo que ha llevado a una profunda desconfianza en la misma.

Denuncias por adquisición de tierras de manera abusiva, ofreciendo precios arbitrariosbajo amenaza de acogerse a la Ley de servidumbre minera; incumplimiento de ofrecimientos relacionados con Responsabilidad Social; empleo deficiente de los  lugareños, que denuncian que los han hecho trabajar jornadas completas sin pagarles el salario correspondiente, y el mal trato de los funcionarios de dicha corporación respecto a las poblaciones, a las cuales como en el caso de Tía María, llegaron a acusar de “terroristas antimineros”, son parte del pasivo social de Southern en el Perú.

Ni sus propios funcionarios han podido negar este hecho y han terminado aceptándolo como una suerte de “desaciertos”. Carlos Aranda, gerente técnico de Southern, textualmente asiente diciendo, “cuando hicimos el trabajo la primera vez no hicimos las cosas bien. Seamos honestos: la población nos veía como muy soberbios”.

Por estos temas, algunos de sus proyectos han quedado suspendidos y es posible que no puedan retomarse.  Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa manifiesta de manera decidida, que “la desconfianza por la contaminación histórica y el mal manejo con la población” es lo que evita que esta empresa sea aceptada.

Michiquillay no es un paseo entre las rosas

Con todos estos antecedentes, esta empresa es la ganadora de la licitación para la ejecución del proyecto Michiquillay ¿No debiera preocupar esto? ¿Los antecedentes de un actor que va a intervenir no solo en un tema estratégico sino en una zona compleja del país no debieran contar para el Estado?

Los componentes que se empiezan a conjugar en este caso son severamente peligrosos: proyecto con problemas de licencia social y con una comunidad dividida y polarizada; una empresa con los peores antecedentes de desempeño; y un Estado minusválido para prevenir y abordar conflictos.

Cajamarca no es un centro de conflictos porque la gente sea violenta, Cajamarca se ha convertido en un campo de batalla porque además de otros factores, tenemos la mala fortuna de que el Estado le abre las puertas a las empresas más cuestionables no solo del país sino del mundo, ignorando sus pésimos antecedentes.  Ya teníamos suficiente con Yanacocha, Tantahuatay, oThaoe Resources. Y ahora tendremos que cargar con Southern Perú.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/southern-cuando-los-malos-antecedentes-no-importan

Esta mañana, ProInversión informó que la Compañía Minera Southern Copper Corporation ganó la buena pro del megaproyecto de cobre Michiquillay, ubicado en Cajamarca. Se trata de uno de los proyectos mineros más grandes impulsados en los últimos años, con una inversión aproximada de US$2,000 millones. Pese a ello, de las 10 empresas calificadas, únicamente dos presentaron sus propuestas técnicas y económicas: la ganadora Southern y Milpo.

La propuesta presentada por Southern, del Grupo México, incluye un precio de transferencia de US$ 400 millones y una regalía contractual del 3%.

Larga es la historia del proyecto Michiquillay, que fue devuelto al Estado en el 2014 por Anglo American, empresa que había estimado una producción de 200 mil toneladas de cobre por año. Ello abrió un proceso de adjudicación, el mismo que tuvo que ser postergado en diciembre pasado, en medio de la crisis política que casi desembocó en la vacancia presidencial.

Para el Gobierno de PPK, “destrabar” Michiquillay es uno de sus grandes objetivos económicos, pues estima que su ejecución podría aportar hasta medio punto de crecimiento del PBI en los próximos años. Estas proyecciones pueden estar sobredimensionadas y, además, cabe señalar que el proyecto aún debe culminar su etapa de exploración y luego elaborar su estudio de impacto ambiental, de manera que el impacto económico no se vería antes de tres o cuatro años.

Más aún cuando el proyecto tiene problemas de falta de licencia social entre las comunidades de la zona. En diciembre, ciudadanos de La Encañada y Namora realizaron protestas en contra de la licitación del megaproyecto minero, y líderes regionales ya anunciaron su rechazo al mismo.

Los antecedentes de Southern

Lo que llama la atención es que la empresa ganadora, Southern Perú, sigue envuelta en uno de los mayores conflictos socioambientales de la última década: el caso de Tía María, en Arequipa. El proyecto, también cuprífero, ha tenido que ser suspendido hasta en dos oportunidades (en 2011 y 2015) ante el masivo rechazo de la población local. En este largo conflicto ha sido evidente el mal relacionamiento de la empresa con las comunidades locales, lo que ha llevado a una profunda desconfianza contra la minera. Pese a ello, Southern insiste en sacar adelante el proyecto Tía María y en la actualidad viene desarrollando una intensa campaña publicitaria en varios medios de comunicación.

La empresa también carga con denuncias por mal manejo ambiental en sus operaciones en Moquegua y Tacna. Cabe recordar que hace poco más de un año, Southern fue sancionada por el OEFA por violar normas ambientales en Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna) y la Fundición y Refinería de Ilo con una multa de 82 millones de soles. Además, recientemente se conoció que el río Torata -en el cual la empresa realiza descargas de agua- tiene concentraciones de metales tóxicos por encima de los límites permisibles, ante lo cual la población viene pidiendo una investigación.

¿Podrá una empresa con estos antecedentes llevar a cabo un proyecto de la magnitud de Michiquillay en Cajamarca? Apenas han transcurrido seis años desde que debió suspenderse el proyecto Conga, ubicado muy cerca de Michiquillay, por la oposición firme de la población que teme por el impacto sobre sus fuentes de agua. ¿Habrán aprendido las empresas de los errores del pasado reciente?.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/southern-llega-a-cajamarca-con-el-proyecto-michiquillay/

La semana pasada, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció, con bombos y platillos, que el Perú era el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial. Pero ni siquiera hizo mención al número de conflictos mineros que existen en el país: 78 según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (publicado en enero).

En la misma línea de presentar al sector minero como repotenciado, el último domingo, la revista Semana Económica (SE) publicó un artículo titulado «En sacos distintos» en el que concluye que este 2018, los conflictos sociales no serán mineros porque las empresas «han aprendido de sus errores pasados».

Partiendo del caso del paro agrario y la protesta de los productores de papa, los autores (Rafael Aste y Alvaro Roncal) sostienen que «este conflicto responde a la pérdida de legitimidad del gobierno y no al discurso socioambiental que impulsó los conflictos durante el boom minero pasado».

Según SE, las mineras «se han protegido por una sofisticación» de sus estrategias: «relacionamiento con stakeholders y autoridades locales, difusión de información ambiental sobre sus proyectos y desarrollo de emprendimientos autosostenibles en la economía local».

¿Qué tan cierto es esto? Para responder a esta pregunta, consultamos con José de Echave, director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). Para este experto, «hay una suerte de sobredimensionamiento» cuando se afirma que los conflictos no afectarán a la minería este año.

«Las estrategias que dicen estar aplicando no son nuevas. Se han venido usando desde hace bastante tiempo y no veo motivo por el que ahora sí estén funcionando. Por el contrario, lo que veo es poco aprendizaje. Por ejemplo, con las declaratorias de estados de emergencia en el corredor minero», dice de Echave a LaMula.pe.

Recordemos que en su último informe, el OCM explicó la reducción de la conflictividad social en zonas mineras a los menores precios internacionales de los metales, a la coyuntura política, marcada por denuncias de megacorrupción, y a la proximidad de las elecciones regionales y municipales.

De Echave precisa que en los últimos dos o tres años, las empresas decidieron invertir menos por lo que la presión en los territorios se redujo. «La conflictividad social está relacionada a la presión que hacen las empresas en sus intentos de avanzar con sus proyectos, pese a que no cuentan con la aceptación social. Pero ahora la situación ha cambiado, los precios se han recuperado», señala.

«Ahora está comenzando a haber una ebullición por avanzar con las inversiones mineras sin que hayan solucionado sus problemas. Van a insistir con lo mismo y se van a encontrar con un rechazo, milagrosamente la situación no va a cambiar en Tía María«, afirma de Echave.

En este sentido, el exviceministro de Gestión Ambiental precisó que se deben diferenciar los conflictos mineros, no todos tienen las mismas características.

«Hay una visión plana de la conflictividad, estos señores [los empresarios mineros y sus voceros] piensan que los conflictos son iguales, ese es un error tremendo. Tenemos conflictos de rechazo y otros de convivencia: no es lo mismo Las Bambas que Tía María: en el primero la gente acepta el proyecto, pero reclama mayores beneficios y condiciones, en cambio en el otro los agricultores lo rechazan porque se sienten amenazados», afirma el experto.

Además, explica de Echave, la conflictividad no solo debe medirse por números, sino por intensidad y «este año podríamos tener un rebote de conflictos mineros». Contrario a lo que sostiene SE, el economista cree que el 2018 va a ser un año complicado por los conflictos mineros. Desde el OCM, estima que «con los actuales precios, varios proyectos se van a reactivar como Río Blanco, Kañaris y otros en Cajamarca». «Las empresas van a querer avanzar con sus inversiones sin haber resulto problemas sociales anteriores», dice.

«Construir un discurso de que los conflictos han bajado como consecuencia de la implementación de nuevas estrategias de las empresas mineras no se condice con la realidad», afirma el experto en conflictos mineros.

¿Cómo le irá a las empresas mineras en la gestión de los conflictos sociales provocados por sus proyectos? Veremos si de verdad han aprendido la lección o si siguen repitiendo los errores del pasado.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/02/13/conflictos-sociales-mineros-socioambientales-peru-empresas-mineras-lecciones-2018/jorgepaucar/

Así se encuentran los ciudadanos del Valle del Tambo (Arequipa) ante los anuncios de la empresa Southern Perú, que aseguró que conseguiría la licencia de construcción para su polémico proyecto Tía María en el primer semestre de este año. Frente a ello, este viernes 16 de febrero se realizará una movilización en la localidad de Cocachacra, según informó la presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada y Mejía, Marilú Marroquín.

Según la empresa y el Gobierno, los proyectos sociales financiados por la minera en la zona en los últimos meses habrían debilitado la oposición a Tía María. Esta semana, el viceministro de minas, Ricardo Labó, indicó que la empresa ha hecho todo el año pasado esfuerzos para poder relacionarse nuevamente con la zona y esto estaría dando “sus primeros frutos’”. “Este acercamiento con la población es un proceso de mediano a largo alcance, pero creo que este año vamos a tener noticias sobre mejores relaciones que las del año pasado” lo que permitiría “avanzar” con el proyecto minero, aseguró el funcionario.

Southern, de capitales mexicanos, ha venido implementando en la zona el programa denominado “Valle Unido” de relacionamiento comunitario, en el que ha realizado campañas de educación, salud, de apoyo a los agricultores, entre otras. Sin embargo, según información de la prensa local, dicho proyecto no ha tenido mayores impactos en la posición de la ciudadanía y se mantiene un “rechazo contundente” al proyecto minero. Periodistas de Arequipa encontraron en días recientes que la mayor parte de la población local no conoce este programa y mantiene su oposición a Tía María.

“Ofenden al pueblo cuando piensan que pueden comprar su apoyo con una jarrita de plástico, dos tarritos de pintura, una bolsita de úrea”, declaró Augusto Paredes Torres, secretario de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

Las acciones de la empresa también han buscado el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa. El pasado viernes, por ejemplo, la compañía minera entregó a las autoridades regionales el expediente técnico para la construcción del nuevo Centro de Salud de Cocachacra.

Persecución a líderes

Tras casi tres años de las protestas de 2015, la Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes sociales de la zona. La acusación fiscal utiliza la figura de “Asociación Ilícita para Delinquir”, lo que preocupa porque sería la primera vez que se aplica este tipo penal en el marco de una protesta.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco, afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia”, asegura. Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay.

Como se recuerda, este polémico proyecto ha tenido que ser suspendido en dos oportunidades, en 2011 y 2015, ante la fuerte resistencia de la población que teme que se vean afectadas la provisión de agua y las actividades agrícolas.

Fuente: www.conflictosmineros.org.pe

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Se sostiene, también, que personas “sin representatividad y acompañados de la empresa están presentando firmas a entidades del estado con el fin de demandar dialogo”, sin embargo, esta no es la postura de las comunidades, cuyos líderes estuvieron en Lima en setiembre del año pasado en el Congreso de la República donde presentaron sus preocupaciones sobre el Proyecto Río Blanco y reafirmaron su compromiso por la defensa de los frágiles ecosistemas de Piura como son los páramos.

En enero, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), en esa época, Alfredo Thorne, declaró a la prensa que el Gobierno buscará dar un impulso adicional a la economía peruana y para eso se reactivará el proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura y otros seis en el interior del país. Los ronderos le recordaron al ministro «la empresa no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos terrenos es ilegal». En reciente carta dirigida a las rondas campesinas de Ayabaca, el Ministerio de energía y minas ha confirmado que la empresa no cuenta con ninguna autorización para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba.

Finalmente, los ronderos aseveran: «Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre este caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor solo puede ser el Estado que el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad”, dice el comunicado.

Fuente: http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/687-ronderos-ayabaca