Venezuela

Científicos venezolanos vigilarán uso del mercurio en actividades mineras

Científicos venezolanos crearon la Red Venezolana de Investigaciones en Mercurio con la finalidad de velar por la regularización del uso de este metal en la explotación minera, asi lo informó Francisco Durán, integrante de la Red.

 

La creación de esta asociación de investigadores es para la vigilancia y la investigación del mercurio, «por las consecuencias económicas, sociales y para la salud» que genera este en la actividad minera, indicó Durán durante su participación en el programa En la bulla transmitido por RNV Informativa.

Esta red busca colocar a la disposición del Estado venezolano y de la población minera, toda la experiencia de sus 54 investigadores adscritos en todas las áreas del conocimiento.

El también profesor de matemática y física, recordó que el uso del mercurio en la minería es algo ancestral, por lo que pretenden a través de la red educar y concienciar a la familia minera para que vaya eliminando el uso de este material tóxico.

«Sabemos que el daño del mercurio es irreversible, pero con la educación estaremos disminuyendo y eliminando su uso», acotó el científico.

Con la utilización del metal rojo, la población minera debe comprender que representa un grave daño para la salud y para el ambiente. Adicionalmente afecta la relación producción-ganancia, pues con el uso de mercurio se recupera apenas 40% del oro presente, mientras que con los otros procesos alternativos se puede recuperar hasta el 90% del material aurífero.

En febrero de 2006, el Presidente de la República, Nicolás Maduro decretó una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, ubicada en el estado Bolívar, específicamente al sur del río Orinoco, Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, como una de las medidas económicas para recuperar la economía venezolana por la caída de los precios del petróleo.

Fuente:http://www.panorama.com.ve/ciudad/Cientificos-venezolanos-vigilaran-uso-del-mercurio-en-actividades-mineras-20180417-0053.html

Venezuela

Devastación minera es rechazada por la iglesia venezolana

José Ángel Divasson, Monseñor Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho y presidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam) expresó la preocupación de la Iglesia venezolana y del mundo ante la depredación y devastación ambiental en el país producto de las actividades mineras sin control.

Divasson indicó que “la Iglesia en Venezuela junto con la de nuestro continente y de todo el mundo, se siente preocupada por la depredación de la naturaleza y el descuido y exclusión de los pobladores de las zonas devastadas”.

Durante la rueda de prensa realizada por la Conferencia Episcopal también  activistas en defensa del medio ambiente expresaron su preocupación.

María Elena Febres indicó que “más allá de las declaraciones utópicas, la apertura de concesiones sumado a la presencia de personas y grupos dedicados a la minería ilegal han multiplicado los escenarios de explotación minera en amplias regiones y en muchos casos en condiciones de auténtica devastación”.

Remarcó Febres que la “comunicación oficial de los proyectos presentados como solución de problemas nacionales e impulso del desarrollo, no se ha visto acompañada por notificaciones concretas de su desempeño real”.

Minerva Vitti, del Centro Gumilla apuntó que las diferentes organizaciones indígenas han denunciado en reiteradas oportunidades “antes las autoridades competentes frecuentes atropellos a sus derechos, pero de ordinario han recibido como respuesta el silencio y represalias”.

Héctor Escandel, de la Red Eclesial Panamazónica (Repam- Puerto Ayacucho) explicó que “nosotros tenemos que ir es en contra de la imposición de ese modelo depredador, que en este caso tiene un apellido extractivista, pero extractivista es todo, todo lo que nosotros hacemos es extraer de la naturaleza, lo cuestionable es como se extrae y para que.

Para Escandel en la actualidad Venezuela se encuentra en un camino de un “modelo de desarrollo depredador priorizando una economía que no es una economía para los seres humanos, que genere bienestar, es una economía para la acumulación, que genera riqueza, que genera exclusión, que genera pobreza, ese modelo económico es el que hay que desmontar”.

Fuente:http://acn.com.ve/devastacion-minera-rechazada-iglesia/

Venezuela

Comunidad indígena de Sifontes denuncia violencia minera y presiones del gobierno para apropiarse de sus territorios

Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

Pueblos indígenas del municipio Gran Sabana se solidarizaron con la comunidad de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes, quienes exigen el reconocimiento y respeto al territorio pemón. A su vez reiteran que no habrá ningún tipo de negociación para la actividad minera en la zona, ante las presunciones de que el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, tenga intereses mineros en la zona y por eso pretende negociar.

Jorge Pérez, concejal de Gran Sabana, señaló que tienen información de que este martes acudirán representantes del gobierno regional hasta San Luis de Morichal, por cuanto reiteró: “las tierras indígenas no se negocian”.

Solicitan también una investigación a funcionarios de seguridad por contar con presuntas maquinarias en El Chiguao, en el municipio Angostura.

El pueblo de San Luis de Morichal ha intensificado sus denuncias contra la violencia a manos de bandas criminales dedicadas a la minería ilegal. Se han referido al menos de dos asesinatos, sobre los que acusan a grupos armados autodenominados sindicatos.

El caso más reciente es el de la desaparición de Oscar Meya, hermano del capitán Omar Meya. El hecho habría ocurrido el 13 de marzo cuando fue secuestrado, según las denuncias del consejo de caciques del pueblo pemón. También acusan de la desaparición de Domingo Cabrera, el pasado 30 de julio de 2017, a los mal llamados sindicatos, los cuales estarían vinculados con cuerpos de seguridad.

La violencia minera al sur del estado Bolívar es de vieja data, con enfrentamientos entre bandas y otros con organismos de seguridad, que a su vez han sido cómplices en el fortalecimiento de estos grupos irregulares. Los resultados: muertes violentas y menos control de la minería ilegal.

Con la creación del Arco Minero del Orinoco, el problema recrudeció, pues con ello llegan denuncias de operaciones de limpieza de las minas para ser entregadas a trasnacionales a las que se les otorgó las concesiones para la exploración y explotación minera. Los casos más recientes han sido la masacre de Tumeremo en marzo de 2016, y la de la mina Cicapra en febrero de este año.

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/63477-comunidad-indigena-de-sifontes-denuncia-violencia-minera-y-presiones-del-gobierno-para-apropiarse-de-sus-territorios

Venezuela

Explotación, deforestación y muerte en el Arco Minero de Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro entregó, en 2016, concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados para la explotación legal de coltán, oro y diamante.
•    En este territorio que se superpone a cinco parques nacionales conviven mafias, mineros ilegales, traficantes de drogas junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, así como militares y exintegrantes de las FARC.
En el 2016, el gobierno de Nicolás Maduro entregó concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados que abarcan una parte de la región norte del Estado de Bolívar y de Amazonas, al sur del río Orinoco. En este territorio, denominado precisamente el Arco Minero del Orinoco —o Arco Minero de Venezuela— empresas nacionales y extranjeras pueden hoy  explotar legalmente coltán, oro y diamante.
Con esta decisión, el gobierno venezolano le abrió las puertas al desarrollo de la minería en un 12 % del territorio nacional, con  la esperanza de que esta actividad  sustituya al petróleo y se convierta en una nueva fuente de ingresos para el Estado.
Desde el inicio, ambientalistas y científicos se opusieron a esta decisión. Para este grupo el gobierno venezolano no  cumplió con realizar un estudio de impacto ambiental del Arco Minero de Venezuela ni la consulta previa a los pueblos indígenas, como manda la Constitución.
Otra razón en contra ha sido el impacto ambiental negativo que las actividades extractivas en el Arco Minero de Venezuela ocasionarían en las cuatro secciones de Bolívar que forman parte de esta zona minera, pues todas ellas se superponen con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente.
Luego de entregar las concesiones, el gobierno creó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, prohibiendo el uso del mercurio y aseguró que los recursos obtenidos serían usados para recuperar zonas afectadas por estas actividades, y que la explotación en el Arco Minero de Venezuela se haría respetando a las personas y al medio ambiente. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
1.- ¿Cómo funciona el Arco Minero de Venezuela?
En ciudad Bolívar, existen mafias carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Sin embargo  gobierno señala que tiene el control absoluto de la seguridad ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.
Pero la explotación en el Arco Minero de Venezuela comenzó hace casi treinta años, cuando llegaron mineros ilegales desde Brasil a principios de los años 90. La deforestación que han causado por su afán de extraer oro ha sido tremenda, explican los expertos que han estudiado los efectos de la minería en esta zona, pues para conseguir el metal se utilizan motores que extraen agua de los ríos para erosionar el suelo hasta abrir una bulla, es decir, un hoyo de varios metros de profundidad y de ancho. El fango que extraen lo someten al mercurio para conseguir las pepitas de oro. Y así van abriendo estos agujeros que luego quedan contaminados por este metal pesado.
El gobierno venezolano insiste en que ha minimizado la presencia de los ilegales en favor de lo que considera la “pequeña minería”, que corresponde a informales que se han legalizado por alguno de los seis planes oficiales aplicados.
Mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han denunciado que aún son extorsionados por bandas ilegales que controlan las zonas mineras y también por algunos miembros de las fuerzas armadas. Aseguran que ha habido persecución de los militares en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, que según el diputado oficialista Diosdado Cabello se realiza “para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.
Las Claritas es el nombre de una de estas zonas —situada en el estado de Bolivar— que es invadida diariamente por mineros ilegales. Estos llegan de todos lados y entre ellos se ven muchos rostros indígenas. Las Claritas actualmente está controlado por grupos armados ilegales llamados “pranes”.
Aunque Amazonas no está oficialmente en el plan nacional de minería y aunque está fuera del Arco Minero de Venezuela, el Estado ya ha sido ocupado por entre 10 000 y 12 000 mineros ilegales. Cifra que está aumentando porque la ocupación de las grandes empresas y del ejército en las áreas ricas en minerales de Bolívar, los obliga a buscar otros espacios, explica Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas.
2.- Los bosques que se pierden
De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela.
Uno de ellos es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que abarca 30 000 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por extensos bosques, mesetas aplanadas y acantilados fantásticos, y es el hogar de jaguares (Panthera onca), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla), además de que alberga la cascada de agua más alta del mundo, el Salto del Ángel.
La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca (3 800 000 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5 134 000 hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní (que abarca 96 000 kilómetros cuadrados). Los ecologistas están especialmente preocupados pues significa la eliminación de la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.
3.- La presencia de los indígenas
En el Estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas, que se han se han visto empujadas a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al Arco Minero de Venezuela, impulsadas en gran medida por el índice de inflación. Los hombres trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante.Las mujeres indígenas también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución.
Uno de los puntos más criticados por quienes se oponen a la minería es que las comunidades indígenas dentro del Arco Minero de Venezuela no han sido consultadas sobre el desarrollo de esta actividad en sus territorios. No se les ha preguntado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte.
Algunas ONG del estado Bolívar denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.
El ejército tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas, y también realiza casi todo el trabajo relacionado con el paso de contrabando de oro de Venezuela a otros países, explica Brian Clark, líder indígena en Jobochirima, una comunidad cerca de Las Claritas.
En el borde suroeste del Arco Minero, cerca de la frontera entre los Estados de Bolívar y Amazonas, se encuentra Ikabarú. Las zonas indígenas habitadas alrededor del pueblo están llenas de minas de oro ilegales. En septiembre de 2017, Lisa Henrito, responsable de seguridad indígena de esta zona, observaba cómo eran invadidas las tierras indígenas por buscadores de oro ilegales armados. Se vio obligada a crear una red de defensa indígena local para desplazar por la fuerza a 170 mineros.
Henrito sostiene que las fuerzas militares del Estado suelen ser cómplices de los proyectos de minería ilegales en su región. Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas e indígena, dice que 20 comunidades indígenas ya se están viendo afectadas de forma negativa por la minería en su Estado.
4.- Entre el Ejército y los remanentes de las FARC
La proximidad del Arco Minero de Venezuela y del estado de Amazonas con Colombia, complica aún más las cosas. Se ha registrado la presencia de guerrilleros colombianos en estas tierras venezolanas. Integrantes de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y grupos disidentes de las FARC están en el Estado de Bolívar y no solo les interesa la minería de oro, también del coltán, que  pasan de contrabando a Colombia.
Las poblaciones indígenas, sin embargo, no se llevan bien con las guerrillas. Los guerrilleros colombianos han amenazado repetidamente al grupo indígena, sostienen varias fuentes, para que mantenga bajo el precio del coltán.
La riqueza del Arco Minero de Venezuela ha convertido a esta área en un centro de conflictos, donde convergen mineros ilegales, militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de unos estimados, pero no confirmados $100 mil millones en minerales ocultos.
Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales reclaman una porción de las zonas de oro, coltán, cobre y diamantes, pero no están solas, los militares también han solicitado lo mismo.
Cuando Maduro lanzó el Arco Minero de Venezuela el año pasado, también creó una Zona Económica Militar para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, mientras aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región.
Los ataques de las fuerzas militares venezolanas no son, según el diputado del estado Bolívar, Américo de Grazia, conducidos principalmente para destruir redes del crimen organizado, sino para eliminar pandillas que no están haciendo negocios con el ejército y la Guardia Nacional.
Según de Grazia, la mayoría de la minería venezolana se lleva a cabo por grupos armados ilegales, que controlan un gran número de pequeños mineros. El diputado también dice que el oro “legal” que las compañías estatales dicen producir no es realmente explotado por ellos, sino más bien por minas y mineros ilegales.
Algunas minas son operadas directamente por el ejército, y una parte de la producción va al banco central de Venezuela.
Se estima que alrededor del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, pero las actividades delictivas relacionadas van más allá de la minería. Varias personas involucradas en operaciones mineras venezolanas, tanto legales como ilegales, confirman que la mayor parte del oro producido en el país es contrabandeado a través de Colombia y las islas del Caribe, una operación que señalan es manejada por el ejército venezolano.

5.-Vivir bajo amenaza

La región de Guayana —que incluye a los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, en Venezuela— concentra parques nacionales y territorios indígenas ancestrales, pero también es el centro de actividades ilegales como la extracción de diamantes, coltán, oro y madera. Las mismas que traen consigo pago de sobornos a algunos militares y policías, cupos o vacunas que se entregan a grupos criminales, además de la presencia del narcotráfico.
En ese contexto, los defensores ambientales y quienes se enfrentan a la ilegalidad son víctimas constantes de amenazas y ataques.
Uno de ellos es Alejandro José Lanz Muñoz, presidente fundador del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), una ONG dedicada a la divulgación y denuncia socioambiental. Lanz, también exmilitar de inteligencia, recibe mensajes acompañados de amenazas e insultos, le dicen que se cuide, que deje de denunciar, que piense en su familia. En una ocasión mientras participaba de una inspección junto a un militar en actividad, fue interceptado por mineros ilegales y soldados.
Al funcionario castrense lo hirieron de un disparo y a Lanz lo subieron a una lancha y lo golpearon.
En septiembre pasado, la ONG que dirige fue atacada y a uno de sus automóviles le cortaron los frenos, lo que provocó un accidente en el que casi muere uno de sus hijos. “No salgo de noche, cambio las rutas para llegar a cada lugar, confirmó reuniones minutos antes, apago los teléfonos por horas”, confiesa Lanz.
Otra persona que se ha enfrentado a la corrupción es el Mayor General Clíver Alcalá Cordones, quien fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas en Guayana (REDI-Guayana), entre septiembre de 2012 y julio de 2013. Llegó para combatir la minería ilegal, pero se encontró con una red de complicidad entre militares e ilegales. “Quien intentase poner orden, iba a entrar en conflicto con los ilegales”, declaró a Mongabay Latam. El general, ahora retirado, forma parte de la plataforma Marea Socialista que se opone a la concesión del Arco Minero de Venezuela.
El 22 de septiembre de 2017 fue detenido el periodista holandés Bram Ebus en La Parguaza, estado Bolívar, mientras realizaba una investigación sobre las minas de coltán. Fue trasladado por la Guardia Nacional hasta su sede en Caicara del Orinoco, donde  fue retenido por unas horas mientras era interrogado junto a su chofer. A principios de mes había publicado el reportaje Arc of Desperation, sobre los efectos de la explotación minera en los bosques húmedos de Venezuela. Días después fue nuevamente detenido en su hotel de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes indagaron sobre su labor periodística, dijo Ebus a Mongabay Latam.
Varios cuerpos fueron encontrados en las bullas de la selva durante los últimos años. La más conocida fue la Masacre de Tumeremo, una matanza de 17 mineros cometida por una banda que disputaba el control de las minas. Los cuerpos fueron hallados enterrados en minas improvisadas.
También se reportó el asesinato de otros 11 mineros por enfrentamientos entre personas que controlan los yacimientos ilegales y militares que trataban de encontrar a los responsables de la masacre anterior.
Para el gobierno de Nicolás Maduro, el Arco Minero de Venezuela se presentaba como una alternativa económica para el país, pero lo que se presenta hasta ahora es una combinación de ilegalidad, destrucción de biodiversidad y muerte.
Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2018/02/explotacion-deforestacion-y-muerte-en.html
Venezuela

La apuesta minera contra el Escudo Guyanés

En Venezuela, la zona delimitada como parte del Arco Minero coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería.

Durante tres meses, el periodista Bram Ebus recorrió esta zona, ubicada en su mayoría en el estado de Bolívar, Venezuela. Un escenario donde confluyen varios males del vecino país: los grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas y mineros infectados de malaria.

El fuerte ruido de los generadores acompaña el trabajo duro de los mineros ilegales, a solamente un kilómetro del pueblo de El Callao. Cubiertos de lodo, se deslizan en los fosos mineros donde hacen un barrido de oro, más hoyos o saquean grandes cantidades de lodo con oro que será procesado con mercurio. Lo último lo hacen las máquinas vibrantes del generador instaladas al lado de la mina. En ese mismo lugar, solía haber un bosque, pero muchas capas de vegetación han sido devastadas para hacer lugar a la minería.

“Si hay una razón para no avanzar con el Arco Minero es el ambiente”, de acuerdo con Edgar Yerena, un biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas. “Es una muy mala idea. Es la peor idea. No hay peor uso, en mi opinión, para el Escudo Guayanés”.

En Venezuela, el Escudo Guayanés coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería. “Desde una perspectiva ecológica, [el área] funciona como un sistema diferente al resto del país. Es muy delicado porque los suelos generados están muy lixiviados y muy lavados. Tiene pocos nutrientes, es muy arenoso y la recuperación ambiental de cualquier impacto en el Escudo Guayanés es muy lento, si no irreversible”, explica Yerena.

Las observaciones de Yerena están respaldadas por otro especialista ambiental venezolano. “Los suelos son muy finos y cuando son removidos será muy difícil restaurar”, asevera Juan Carlos Sánchez, ganador del Premio Nobel de Paz en 2007 y experto en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. El laureado también advierte que en los bosques del Escudo Guayanés funciona un hábitat para especies endémicas que se verán severamente impactadas. Hay 9.411 especies de flora, de los cuales 2.136 son endémicas.

No es posible la coexistencia entre la minería y los bosques en el Escudo Guayanés, dice Sánchez. “Todas las tierras dedicadas a la minería y en particular a la minería de superficie serán un terreno donde los bosques resultan sacrificados porque requiere la remoción de grandes cantidades de tierra. Este sacrificio de los bosques representa una pérdida irreparable del capital natural”.

Cerca del 75 por ciento del territorio en Bolívar está ambientalmente protegido, pero no contra el Arco Minero. Las tierras exuberantes están declaradas como parques nacionales, monumentos naturales, zonas protegidas, reservas forestales. El parque nacional Canaima incluso ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio mundial. Todo esto parece no importar. Las reservas forestales sufrirán especialmente las consecuencias inmediatas de la extracción mineral en el Arco Minero.

Adicionalmente, el impacto en las fuentes de agua traerá repercusiones negativas. Bolívar opera básicamente como una fábrica de agua para el país al poseer la undécima reserva más grande de agua en el mundo. Por ejemplo, la represa Guri, en la cuenca del río Caroní, genera energía hidroeléctrica para 65 por ciento del país gracias, siendo el principal proveedor de energía de Venezuela.

Según Yerena, su productividad puede verse perjudicada: “La minería daña la calidad del agua. El tema del potencial hidroeléctrico en Guayana no solo depende de la cantidad, sino también de la calidad del agua, que depende del poco sedimento que arrastre el río”. Mala suerte, el Caroní que bordea la región minera se ha sedimentado, y el impacto ambiental puede ser irreversible.

Expertos explican que, a largo plazo, los daños ambientales pueden no sopesar las ganancias del sector de las que el país nunca se benefició económicamente. Yerena añade: “El estado venezolano tiene una historia de no saber cómo administrar la minería. ¿Por qué sabrían cómo hacerlo ahora?”.

El desconocimiento también representa un problema para los movimientos de justicia ambiental que tienen poca investigación adelantada para argumentar. “Es complicado porque hasta ahora, la defensa se ha basado en el concepto del proyecto y la forma en cómo han intentado implementarlo”, explica Yerena. “Pero aún no hay una evaluación ambiental estratégica, y debería haber información pública para que la academia y el sector ambiental pudiesen revisar adecuadamente. Hasta ahora, solo hemos fraccionado información extraoficial muy puntual. No hay mecanismos claros para obtener información oficial por personas curiosas por saber qué ocurre con el proyecto”.

Dos riesgos de la minería que aún no se discuten en Venezuela son la deforestación y la contaminación por mercurio. “Como yo lo interpreto, según la normativa ambiental venezolana, no debería estar pasando. Esto se fundamenta en la ilegalidad de que todo el proyecto no ha emprendido un estudio sobre la evaluación ambiental”, dice Yerena.

Alexander Luzardo, exsenador que redactó los estándares ambientales en la actual constitución de Venezuela, duda de que hacer minería valga la pena a cambio de beneficios económicos. Y es que nunca ha habido una prueba certificada de que el país posea las cantidades de oro y de coltán tan grandes como las que dice tener.

El ahora profesor dice que puede tratarse de un mito, una estrategia para desarrollar proyectos que facilitan el lavado de dinero. “La creación de empresas fantasmas, sin ninguna experiencia, sin conocimiento, se prestan al juego de la elevación [mercado de especulación] y al lavado de dinero”, afirma. “La minería es vinculada a negocios ilícitos y a actividades financieras ilegales ligadas al lavado de dinero”. Según él, estas compañías comprarán y comerciarán minerales extraídos ilegalmente, o tratarán de especular y vender su proyecto al mejor postor.

El “show de buenas noticias” del gobierno sobre depósitos minerales enormes es, según Luzardo, una oferta engañosa para el país. “Es la lotería de la minería. Apostarlo siempre a todo: ‘Tenemos las reservas más grandes del mundo’”, dice riendo. La distracción de la crisis económica y política ignora asuntos más importantes que están en riesgo. “No es sobre el trabajo, ni la educación, la organización o la diversificación energética y tampoco sobre asumir grandes riesgos”, ironiza.

Su nombre, el Arco Minero, resulta molesto para Luzardo. Argumenta que el término es un reduccionismo lingüístico. “Uno reduce todo al Arco Minero”, explica. “Ya con el nombre se cede el territorio [a la minería]”. Plantea que un Arco de Diversidad encajaría mejor y haría más justicia, en papel, a las áreas protegidas ambientales.

De acuerdo con Luzardo, todavía hay esperanza. El profesor refiere a una decisión de la Asamblea Nacional que anuló el decreto del Arco Minero el 14 de junio de 2016. “No se puede legalizar un crimen ambiental”, gruñe el profesor, pero el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce la decisión del Parlamento ni ninguna otra acción de la marginada Asamblea Nacional desde el 11 de enero de 2017.

Mientras tanto, continúa la crisis política y económica de Venezuela, llevando a más venezolanos desesperados y desempleados a poblar las zonas mineras. Ellos continúan cavando en lodo valioso de El Callao y de muchas otras áreas en el sur del país. Por ahora, a la oposición política contra el Arco Minero no le quedan armas legales. La deforestación acelerada y una frontera minera expandida son consecuencias innegables de la crisis en el país, que luce muy lejos de llegar a su fin.

* Este reportaje se produjo gracias a una alianza entre Infoamazonía y el Correo del Caroní con financiación del Pulitzer Center. En Colombia cuenta con el apoyo de DeJusticia y Amazon Conservation Team.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-apuesta-minera-contra-el-escudo-guyanes-articulo-734137

Venezuela

Arco Minero- Impuesto a la explotación minera será establecido por el Presidente –

La Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero deja en manos del presidente de la República la fijación del impuesto que cobrará el país por las actividades de explotación minera, según señala el instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y publicado en la Gaceta Oficial N° 41.310 con fecha 29 de diciembre de 2017.

El artículo 2 de la Ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro en septiembre, señala que “los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial (…) se gravarán con base a lo dispuesto por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Detalla algunos criterios para establecer la alícuota de Impuesto sobre la Renta, entre ellos la capacidad de producción y procesamiento. Adicionalmente, señala que las empresas tendrán que destinar el monto correspondiente al pago del ISLR a la inversión de bienes de capital, adquisición de nuevas tecnologías, ampliación o mejoras y equipamiento del parque industrial, a la diversificación productiva e incremento de empleo, a la ampliación y desarrollo de la infraestructura empresarial, a la constitución de sociedades mercantiles o adquisición de acciones, así como a programas en materia de adecuación tecnológica de la pequeña minería».

Por otra parte, se determina que el Impuesto sobre la Renta “que se genere con ocasión de la venta del oro en el exterior autorizada por el Banco Central de Venezuela, se determinará y pagará en moneda extranjera o su equivalente en oro”.

El gobierno de Nicolás Maduro impulsa desde 2010 el llamado Arco Minero, una zona económica especial de unos 111.846 kilómetros cuadrados, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, rico en oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Fuente:http://globovision.com/article/impuesto-a-la-explotacion-minera-sera-establecido-por-el-presidente

Venezuela

Militarización y minería en Venezuela

Venezuela está haciendo una apuesta peligrosa. El país, devastado por la corrupción, apuesta por la minería a gran escala para salvar el día. Con la economía aún en caída libre y una tasa de inflación de 2.300 por ciento esperada este año, familias enteras están huyendo de sus comunidades en el norte urbano y emigrando a las remotas regiones mineras del sur en busca de salvación financiera, o al menos un salario digno.

Los afortunados obtendrán los beneficios de la minería, lo que algunos críticos llaman el “robo legalizado” de la extracción de recursos naturales, aunque los riesgos son extremadamente altos.

El decreto minero anunciado por el presidente Nicolás Maduro en 2016 abrió el Arco Minero de Orinoco para exploración y explotación; es una zona escarpada, en gran parte boscosa que cubre 112,000 kilómetros cuadrados, gran parte de ella parte de la Amazonía.

Según los informes, la región, ubicada al sur del río Orinoco, es rica en los minerales más buscados del mundo, pero también está plagada de conflictos, alimentada por militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de un ejército estimado, pero no certificado. $ 100 mil millones en minerales ocultos.

Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales recientemente creadas, en su mayoría sin mucha experiencia en minería, han estado haciendo fila para obtener una porción del pastel: oro, coltán, cobre, diamantes y mucho más, pero no están solos en la región: los militares también ha apostado un reclamo.

Cuando Maduro lanzó el Arco Minero el año pasado, también creó una “Zona Económica Militar” para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, al tiempo que aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región minera.

Las corporaciones privadas que quieren explotar minas en Venezuela están obligadas por ley a formar empresas conjuntas con empresas estatales, muchas de las cuales se crearon recientemente. Una de las nuevas compañías es la llamada Compañía de Minería Militar Anónima, denominada CAMIMPEG.

Esta tendencia no es nada nuevo para Venezuela. Las empresas y el ejército suelen estar estrechamente vinculados, con personal militar activo o jubilado de alto rango que presta servicios en alrededor del 30 por ciento de las juntas públicas conocidas de las empresas. Fue el difunto presidente socialista Hugo Chávez quien primero otorgó una autoridad significativa sobre el ejército nacional, por lo que hoy puede operar con un alto nivel de impunidad en todo el país.

Pero eso no significa que a los lugareños les guste o confíe en los militares. En El Callao, por ejemplo, una ciudad dominada por la minería, los soldados mantienen una fuerte presencia visual, pero muchos mantienen sus rostros escondidos detrás de capuchas y bandanas.

“Se cubren la cara si [vienen] de la región ellos mismos, para no ser reconocidos. Los soldados han sido asesinados antes “, explica un propietario de una tienda de comercio de oro local.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/38243-militarizacion-y-mineria-en-venezuela

Venezuela

Maduro: El 2018 debe ser el año de expansión de la actividad minera

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que en el año 2018 será de expansión para actividad minera por lo que firmó autorizaciones para impulsar el trabajo minero en un total de 23 comunidades del estado Bolívar.

Estas son las Comunidaes: Apanao, Bloque El Callao, Guasipati-El Callao, Sifontes Nortes, El Foco, El Triunfo, Gran Corazón de Jesús, Guaniamo, Ojalata 1, Ojalata 2, Increíble 12, Increíble 16 y 17, Increíble 4, Nuevo Callao, Nuevo Zupano, Río Carichapo, San Miguel La Ceiba, San Pollo, Guaitó y Yuruari.

A su vez, el jefe de Estado instó al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, producir no menos de 2 millones de dólares en oro.

«El Oro se convierte en riqueza e inversión para nuestro pueblo, por eso estamos reorganizando e impulsando el motor minero. La meta es producir no menos de 2 mil millones de dólares en el año 2018».

Fuente:http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/176033/maduro–el-2018-debe-ser-el-ano-de-expansion-de-la-actividad-minera.html

Venezuela

Corrupción y daño ambiental se han acentuado en el Arco Minero del Orinoco

Los periodistas Edgar López y Julett Pineda, autores del trabajo Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro, dieron a conocer durante el Foro Guayana Sustentable, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello de la región, que la corrupción y el daño ambiental se han acentuado con el Arco Minero.
López aseguró que en los pueblos mineros hay una mafia que controla el negocio del oro y que los militares que están en los alrededores de las zonas mineras no entran al lugar, reseñó Correo del Caroní.

Destacó que, a pesar de las promesas del gobierno, no hay garantía de una minería ecológica, pues los trabajadores continúan usando mercurio a pesar de su prohibición, lo que ha incidido en el aumento de la tasa de mortalidad.

Por su parte, Pineda hizo referencia a las 150 empresas con las que se firmarían los convenios para la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco, de las cuales solo se conocen 13, entre ellas Gold Reserve, trasnacional que se alió con el Estado para crear dos empresas de maletín que no tienen oficina pero que se llevan la mayor parte del Arco Minero.

Monitoreos de la NASA determinaron que 200 hectáreas de bosque se perdieron entre diciembre de 2016 y abril de 2017. La deforestación y la contaminación por uso de mercurio se ha extendido hasta el Parque Nacional Canaima, pese a que es un área de protección.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/38046-corrupcion-y-dano-ambiental-se-han-acentuado-en-el-arco-minero-del-orinoco
Venezuela

Explotación y minería en la Amazonia venezolana

Al sur del río Orinoco, en un área mayor que el territorio de Bulgaria, Liberia o Cuba, están las mayores riquezas minerales de Venezuela. Minerales como oro y diamante descansan en las entrañas del Macizo de Guayanés por millones de años. Es allí donde queda el cinturón de Orinoco, en la frontera de Venezuela con Brasil, donde viven los Yanomami y que representa el mayor territorio indígena cubierto por bosques en todo el mundo.

Como la mayoría de los pueblos indígenas del continente, los Yanomami probablemente migraron por el Estrecho de Bering entre Asia y América unos 15.000 años atrás, siguiendo lentamente hacia América del Sur. Con más de 9,6 millones de hectáreas, el territorio Yanomami en Brasil es el doble del tamaño de Suiza. En Venezuela, los Yanomami viven en la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, de 8,2 millones de hectáreas.

El pontífice de la conferencia La caída del cielo – Palabras de un shaman Yanomami. El profesor adjunto de Antropología en la Universidad Federal de Santa Catarina – UFSC José Antonio Kelly Luciani habló recientemente sobre la cuestión de los Yanomami. Al analizar la obra del chamán Kopenawa, él dice que «el autor revela en su libro una inclinación propiamente filosófica de cuestionamiento continuo sobre la vida y el cosmos Yanomami, los motivos de sus antepasados, la sociabilidad de los espíritus, etc., así como la vida y las motivaciones de los blancos, particularmente informado por su experiencia del interés incesante de los blancos por la tierra de los indios, por los minerales y por las mercancías «.

Lo que amenaza su soberanía en los días actuales es la acción de garimpeiros, que trabajan ilegalmente transmitiendo enfermedades mortales como la malaria y contaminando los ríos y los bosques con mercurio. Los ganaderos están invadiendo y deforestando la frontera este de sus tierras. La salud Yanomami está debilitada y los servicios médicos esenciales no llegan a ellos, especialmente en Venezuela.

Para empeorar, en febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó ese territorio como la Zona Nacional de Desarrollo Estratégico del mineral del Orinoco, una idea que Hugo Chávez, su antecesor en ejercicio, anunció al país en 2011. La iniciativa de Maduro viene como un intento desesperado de llenar las arcas de la nación.

La riqueza insuficientemente explotada de los depósitos minerales es el incentivo ofrecido a los inversores nacionales y extranjeros, que se apresuraron a crear empresas para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado. Para financiar el proyecto de minería a gran escala, el gobierno venezolano afirmó haber convocado a 150 empresas venezolanas y extranjeras, pero sólo 16 firmaron acuerdos y cuatro joint ventures fueron creadas, de las cuales sólo una tiene presencia visible en la parte oriental del país.

Los más afectados son los pueblos indígenas que desde los tiempos ancestrales ocupan el territorio interpuesto, así como los ecosistemas de interés global, ya que el Orinoco hace parte de la Amazonia. El proyecto progresa sin los estudios de impacto ambiental y sociocultural correspondientes. Hasta el momento, la región se ha reducido a una promesa impracticable del gobierno de reinvertir el beneficio de la minería en dividendos para los sectores más pobres de la población.

En una región cercana a Orinoco, el gobierno brasileño recientemente amenazó con adoptar una postura semejante al venezolano. Fue por poco que la Reserva Nacional de Cobre y Asociados – Renca, en la selva amazónica, no se convirtió en blanco de la explotación de las mineras. Con la reacción de ambientalistas y de la comunidad internacional tras la liberación de la actividad en el área, el presidente Michel Temer precisó volver atrás y anunció la extinción total del decreto que preveía la apertura del área para la entrada de empresas mineras.

Fuente:http://www.ihu.unisinos.br/572304-explotacion-y-mineria-en-la-amazonia-venezolana