Luis Gárate 08/06/2020

Imagen: Andina

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha confirmado que autorizó la reanudación del 91% de las operaciones de la gran minería, en el marco del proceso de reactivación económica en medio de la pandemia desatada por el COVID-19.

Según el Minem, cuentan con autorización para el reiniciode actividades un total de 41 titulares que operan 61 unidades mineras correspondientes a la gran minería y dos proyectos declarados de interés nacional.Las compañías habrían cumplido con presentar sus planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, en base al protocolo sanitario emitido por el sector.

Se estima que la reanudación de las operaciones autorizadas durante la fase 1, dinamizará el 87% del producto bruto interno (PBI) de la minería metálica, que representa un total de 101,000 empleos directos a nivel nacional.[1]

Asimismo, también se habría previsto la reanudación de las actividades de la mediana, pequeña y minería artesanal para la fase 2 que se inició el 5 de junio. Según el MINEM, estas operaciones permitirán que el sector alcance un nivel de producción cercano al que tenía antes de la emergencia sanitaria declarada por el brote de la COVID-19.

Cabe preguntarnos si realmente estos protocolos sanitarios aprobados son adecuados para la prevención del contagio, el cuidado y la atención a los casos positivos. Como lo han advertido diversos especialistas como la laboralista Nelly Ledesma y Leonidas Wiener, los protocolos de las empresas mineras tendrían serios vacíos y deficiencias respecto a la situación de los trabajadores y en relación a las comunidades aledañas a los campamentos mineros [2].

Recordemos que hasta el momento habría alrededor de 800 contagiados entre los trabajadores mineros, cifra que no estaría contando a los posibles infectados de empresas contratistas o intermediarias con las que operan las mineras. Asimismo, siguen habiendo denuncias de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros (FNTMMSP) respecto a diversas unidades mineras que estarían paralizando labores frente a casos de contagios y por las medidas inadecuadas para el retorno de labores; es el caso de Shougang en Marcona y unidades de Buenaventura en Arequipa.

No cabe duda que la paralización de actividades productivas, incluida la minería, ha afectado la economía. Sin embargo, esto ha pasado en casi todos los países. En nuestro país, la crisis nos está mostrando nuevamente la falta de responsabilidad de los grupos empresariales a la hora de reiniciar las labores,que descuidan las condiciones de seguridad y exponen asus trabajadores.

Si la gran minería que trabaja, supuestamente, en condiciones óptimas y con estándares internacionales viene reportando casos positivos, habría que preocuparse por lo que pueda pasar con la mediana y pequeña minería y, por supuesto, con la minería artesanal que desarrolla sus actividades muchas veces en lugares bastante alejados y en condiciones de extrema precariedad.

Las cifras de contagiados en el sector minero no dejan mentir. Si consideramos que el número general de contagios a nivel nacional está creciendo a cifras que bordean los 5 o 6 mil diarios, es un derecho de la ciudadanía demandar una mayor transparencia y vigilancia en el diseño, aplicación y fiscalización de los protocolos de seguridad y salud de todos los sectores económicos. La reactivación económica y el regreso a operaciones del sector minero no pueden darse a costa de la salud e incluso la vida de los trabajadores.

[1]https://andina.pe/agencia/noticia-peru-viabiliza-reanudacion-del-91-las-operaciones-de-gran-mineria-800240.aspx
[2] http://cooperaccion.org.pe/el-protocolo-ausente/

REDACCIÓN: ASAM AREQUIPA 08 JUNIO 2020
Los pobladores y dirigentes del Valle de Tambo en la provincia arequipeña de Islay, anuncian sostener reuniones virtuales para los próximos días, con la finalidad de acordar medidas de rechazo al proyecto minero “Tía María” de Southern.

Así lo informó, el vocero de la sociedad civil del mencionado Valle, Miguel Meza, quien en comunicación con Pachamama Radio, indicó que las posibles acciones se tomarán debido a que el Consejo de Minería continúa empeñado a autorizar la licencia de construcción del proyecto minero en mención.

Dijo además población se levantó hasta en tres oportunidades con huelgas rechazando el proyecto minero, pese a ello, las autoridades del sector Energía y Minas continúan imponiendo a raja tabla la construcción de dicho propósito.

Cabe recordar que el Consejo de Minería, mediante Resolución N° 527-2019-MINEM/CM del 29 de octubre del 2019, declaró infundado el recurso de revisión formulado por el Gobierno Regional de Arequipa contra la Resolución N° 328-2019-MEM-DGM/V.
https://pachamamaradio.org/nacional/139-arequipa/9841-arequipa-un-sector-de-pobladores-del-valle-de-tambo-reiniciarian-protestas-contra-tia-maria

Imagen: PCM
03/06/2020
Desde que se inició la emergencia sanitaria, los principales gremios empresariales han venido desarrollando una sistemática campaña de presión al gobierno, en primer lugar para que la paralización de las actividades no los afecte y luego, sobre todo en las últimas semanas, para flexibilizar al máximo los protocolos y las regulaciones necesarias para enfrentar los riesgos que plantea la pandemia.

Como se recuerda, al inicio de la emergencia sanitaria, la Confiep, a través de su presidenta, María Isabel León, ejerció una fuerte presión para que la minería no paralice sus actividades: “uno no puede pensar que los campamentos mineros se van a detener durante quince días porque paralizarían la actividad minera”, declaró la señora León en varios medios de comunicación. Finalmente, logró su objetivo y la minería siguió operando, con los resultados que ya conocemos en cuanto al número creciente de contagios.

Hace un par de semanas nuevamente la presidenta de la Confiep desplegó sus “argumentos”: los protocolos de seguridad que pretende establecer el Gobierno para la reactivación económica cuentan con un exceso de requisitos y parecen hechos “para un país europeo”. En una sola frase, el pensamiento puro y duro del empresariado peruano en todo su esplendor.

La propia Sociedad Nacional de Minería ha apuntado a lo mismo. Su director ejecutivo, Pablo de la Flor, ha señalado que el principal cuello de botella para el reinicio de operaciones “lo constituye el burocratismo excesivo y redundante, con requisitos y exigencias que resultan gravosas y, en algunos casos, carentes de fundamentos técnicos, ´para la aplicación de los protocolos y procedimientos para prevenir contagios” (Gestión del 21 de mayo de 2020).

El mismo de la Flor precisa y va más allá: cuestiona porque “El protocolo y planes de cada empresa que aprueben los comités de salud y seguridad en el trabajo deben ser revisados y aprobados por Minem y luego Minsa. No se entiende este exceso de pasos, cuando bastaría tener aprobación automática con cargo a un control ex post, para agilizar el trámite”.

¿Aprobación automática y control ex post en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria? Conociendo la realidad peruana y el funcionamiento de nuestras instituciones, lo que propone la Sociedad Nacional de Minería es que en la práctica el sector empresarial se auto regule.

¿Acaso no se han dado cuenta los empresarios que los casos positivos se han disparado en la minería y son el resultado de las medidas laxas y la ausencia de control. Muchos de los contagios se han presentado en trabajadores que han permanecido cerca de un mes en los campamentos y que, seguramente, llegaron con el virus o lo adquirieron por algún contacto con algún agente externo. En plena emergencia, la protección a la salud de las personas debería seguir siendo la primera prioridad si no queremos que los casos positivos sigan en aumento.

En estos días hemos visto que trabajadores mineros de varias empresas se han negado a incorporarse a sus labores si no se les garantiza evaluaciones rigurosas acompañadas de pruebas moleculares o serológicas. Además, señalan que las cifras que se conocen sobre casos positivos corresponden solamente a los trabajadores que mantienen una relación directa con la empresa minera y que no se estaría registrando la totalidad de casos positivos de trabajadores mineros de empresas contratistas e intermediarias.

Sería importante que las autoridades del sector Energía y Minas o de Trabajo, aclaren si se está evaluando al total de trabajadores mineros del país. Como se sabe, del conjunto de trabajadores que laboran en la minería formal, apenas alrededor de un 30% mantiene una relación contractual de manera directa con la empresa minera; el resto, la gran mayoría, son trabajadores de empresas contratistas o intermediarias que enfrentan los mismos riesgos de contagio.
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Imagen: Revista Seguridad minera
03/05/2020
En estos momentos de crisis es muy importante que se respeten los derechos de los trabajadores de todos los sectores económicos del país. Es el caso del sector minero donde se ha dado un crecimiento muy elevado de contagios de Covid-19 en las últimas semanas.

En una entrevista con Nelly Ledesma, abogada laboralista y ex asesora de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (FNTMMSP), señaló que en estos momentos las grandes empresas mineras deberían de respetar los convenios colectivos con los sindicatos. Criticó que algunas empresas del sector pretendan firmar convenios individuales con cada trabajador, pasando por encima de dichos convenios.

“La ley de relaciones colectivas de trabajo, es de obligatorio cumplimiento para las empresas. En ese marco solo quedan vigentes las negociaciones y los acuerdos colectivos. Cuando existe un sindicato se debe aplicar las relaciones colectivas del trabajo”, señaló Ledesma.

La abogada resaltó que la existencia de un sindicato es como una barrera para hacer modificaciones a las relaciones laborales.

La suspensión perfecta de labores en el sector

También recordó que en estas circunstancias de pandemia, para que una empresa pueda aplicar la suspensión perfecta de labores debe enviar a la autoridad una serie de documentos probatorios de su situación de crisis. En esa línea denunció cómo algunas empresas deciden actuar fuera de la negociación colectiva usando una serie de mecanismos.

“Entonces pasan por encima de la dirigencia sindical, para dirigirse individualmente al trabajador. Muchas veces hay presión adornada de una bonificación. De esta manera empiezan a romper la unidad gremial para que acepten condiciones que pueden ser dañinas al trabajador. También puede ir acompañada de una amenaza de despido.”

Asimismo, recordó que la figura de la suspensión perfecta de labores estaba establecida en la ley de productividad laboral (en el decreto legislativo 728). Pero estaba prevista para casos fortuitos o de fuerza mayor.

“Como ha aparecido el tema del Covid-19, el gobierno dijo al principio que iban a proteger los ingresos de los trabajadores. Con la extensión de la cuarentena, ante la presión de la Confiep y los sectores empresariales que no querían seguir pagando remuneraciones, lograron que se saque el Decreto de Urgencia 038 para la aplicación de la suspensión perfecta de labores. En su reglamento se estableció que no es para cualquier empresa, si no para las que estén prohibidas de laborar. Pero la norma empezó a flexibilizarse porque también se consideró a aquellas que siguieron laborando, pero que estuvieran económicamente mal”, destacó la laboralista.

Fiscalización a mineras en tiempos de pandemia

Nelly Ledesma también ha observado la manera en que el gobierno incluyó a la actividad minera como actividad esencial, a pesar de que no lo era, y se le permitió seguir operando.

“Se les permitió sobre todo laborar para el mantenimiento de su infraestructura que es muy costosa. Pero como siempre es posible sacarle la vuelta a la ley, muchas empresas mineras han estado laborando a un 20 o 30 por ciento, y otras de manera ilegal han operado por encima de ese rango. Pero esas empresas no se contentan con el beneficio que les da la ley.”

La abogada puso el caso de minera Argentum en Junín, que al parecer quiere aplicar la suspensión perfecta de labores, para lo que tendría que demostrar que se encuentra en esa situación crítica.“En el caso de Argentum y Panamerican Silver, lo que han perdido son sus utilidades, sus ganancias. Porque en el caso de estas empresas los trabajadores han percibido en los últimos tres últimos años sus utilidades, lo que demuestra que son una empresa rentable. En el caso de las empresas mineras es un tema dudoso que se encuentren en una grave afectación económica. Por eso se les pidió que hagan un esfuerzo para evitar que se deje sin salarios a los trabajadores.”

Asimismo, señaló que hay una sanción si la empresa no cumple. El trabajador puede denunciar su disconformidad primero a la empresa, luego al Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, a través de una ventanilla virtual. “Los trabajadores no deben dejarse engañar de manera individual. Debe haber una unidad de los trabajadores” recalcó Ledesma.

La abogada recordó que la minería es una de las actividades más rentables en el país. La aplicación de la suspensión perfecta de labores y la reducción de las remuneraciones serían para que no se veanafectadaslas utilidades del sector. Ledesma recordó que incluso los precios de algunos minerales han subido, como el caso del oro.El cobre parece estar recuperándose.

Respecto a la labor del Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, deben cumplir con la fiscalización respecto a las medidas frente al Covid-19. La abogada señaló que “el modelo neoliberal ha reducido a lo mínimo a estas entidades, como el propio sistema de salud pública. Por eso el presupuesto es mínimo para las funciones de fiscalizar la seguridad y la salud laboral.”

En esa línea resaltó que SUNAFIL y los organismos del Estado son muy débiles y que el tema de la corrupción es un mal generalizado de muchos años. “En la actividad minera hay mucho dinero, por eso les gusta hacer donaciones y regalos a la población, pero no gastan en la seguridad y salud de sus trabajadores”, puntualizó.

Finalmente la abogada lamentó que la CONFIEP y la SNMPE promuevan protocolos muy limitados y que no garanticen la salud de sus trabajadores frente a la pandemia. Se trata de protocolos que se conforman con la parte preventiva y en tener algún personal de salud, pero no se ocupan del trabajador en el caso que se enferme. Es decir, los dejarían a merced de un sistema de salud público que está rebasado: “Se ve al trabajador como un material desechable”, acotó Ledesma.
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Alerta informativa 01/06/2020
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El sábado 30 de mayo trabajadores de la empresa china Shougang fueron convocados para el reinicio de actividades. Según la comunicación enviada al sindicato, la empresa anunciaba que había sido autorizada para la reanudación de sus actividades, conforme a lo establecido al Decreto Supremo No 080-2020-PCM.

En la carta, Shougang señala que los trabajadores deberían apersonarse a los paraderos de los buses autorizados, “usando sus respectivas mascarillas, teniendo presente el debido distanciamiento social y las recomendaciones de prevención sanitaria”.

Foto: Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos

Los trabajadores señalaron que no estaban dispuestos a subir a los ómnibus si antes no hacían las pruebas para descartar casos positivos de Covid 19. Por su parte, la empresa anunciaba que los trabajadores serían sometidos a un “chequeo médico correspondiente”, sin precisar si implementarían la prueba.

Como es de público conocimiento, más 700 trabajadores mineros han dado positivo en diferentes empresas a lo largo y ancho del país. Incluso en la empresa Marcobre, que también se ubica en Marcona, hasta la semana pasada había 128 casos positivos.

Esperamos que las demandas de los trabajadores mineros de la empresa Shougang y de todo el país sean atendidas y que los ministerios de Energía y Minas y de Trabajo transparenten la información de los casos positivos en el sector, tanto de los trabajadores que mantienen una relación laboral con la empresa como los de las contratas y las empresas intermediarias.

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AREQUIPA:

Los trabajadores de la empresa minera Buenaventura S.A.A, unidad Tambomayo, en la región Arequipa, anunciaron hoy la paralización de sus labores pues temen por su vida al haberse registrado casos positivos a Covid-19 y la presencia de varios casos sospechosos en aislamiento.

Imagen: FNTMMSP

Exigen la realización urgente de pruebas para detectar el Covid-19 entre los trabajadores y el cumplimiento del plan de vigilancia contra la pandemia.

Tambomayo es -según su portal web- una operación subterránea de oro y plata de alta ley que se ubica en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, región Arequipa, a 4,800 metros sobre el nivel del mar.

Según los últimos reportes del propio Ministerio de Energía y Minas, habría más de 800 casos de contagio entre los trabajadores mineros a nivel nacional. Esto ocurre a pesar de haberse aprobado los protocolos del sector minero frente a la pandemia para el reinicio de sus operaciones, en el marco de la Fase I de la reactivación económica.

Por Dionel Martínez, Camila Delgado e Ivan Lopez*
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Análisis de Coyuntura – Amazonía peruana y Covid-19[1]

El 27 de abril, CoorperAcción Publicó un artículo de análisis[2] titulado “comunidades nativas y focos de contagio por Covid-19 en la Amazonía peruana”. En dicho artículo analizamos la información de contagiados por coronavirus, actualizada al 23 de abril, en 11 departamentos amazónicos del país. Según el nivel de desagregación de la información (distrital y provincial) de las Direcciones Regionales de Salud, encontramos que para esa fecha, eran 13 provincias y 38 distritos de la Amazonía, los que registraban un total de 1304 casos confirmados y 50 personas fallecidas por Covid-19. En 24 de estos 38 distritos, existían alrededor de 410 comunidades nativas, que se encontraban expuestas al peligro de contagio.

A más de tres semanas de haberse realizado el mencionado análisis territorial, estamos haciendo el seguimiento de la evolución de la pandemia en los territorios amazónicos, con presencia de comunidades indígenas. Para ello, hemos hecho un corte de información de contagiados al 15 de mayo. Los resultados generales del análisis muestran un crecimiento exponencial de contagiados. Existen 5 526 casos positivos y 1316 víctimas fatales[3] de Covid-19 en un total de 134 distritos y 3 provincias, de 12 departamentos amazónicos.

Es decir que, del 23 de abril al 15 de mayo la cifra de contagiados se ha multiplicado por cuatro y la de fallecidos por el insólito número de 26. Por otro lado, el número de comunidades nativas expuestas al peligro de contagio, ha pasado de 400 a 1080. Los departamentos que concentran el mayor número son Loreto con 454, Ucayali con 231, Amazonas con 135 y Junín con 128 comunidades. La penetración de la pandemia hacia el interior de los territorios departamentales, es innegable.

Es preocupante que hasta el cierre de la edición del presente artículo, el gobierno aún no haya desarrollado una plataforma digital de libre acceso, que permita visualizar la distribución geográfica hasta la escala local de la Covid-19. El análisis territorial local de la pandemia, permitiría elaborar mejores estrategias de control y/o contención, sobre todo en los territorios que presentan alta vulnerabilidad, como es el caso de aquellos en donde viven las comunidades nativas.

En los últimos días hemos tenido un amplio debate público acerca de la famosa curva de evolución de la pandemia. A la luz de la realidad, ese debate parece ser estéril, pues estamos mirando las tasas globales y no el comportamiento diferenciado del coronavirus en los territorios a través del tiempo. La ausencia de esta mirada territorial, se hace cada vez más notoria en los errores de la gestión de la emergencia. Por lo que es momento de apelar a una verdadera gobernanza territorial de la emergencia, donde no solo haya una respuesta desde el nivel central, sino más bien un mayor protagonismo de los gobiernos subnacionales y las organizaciones sociales de base.

Anexos:
* Dionel Martínez es coordinador colegiado de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial. Y Camila Delgado e Ivan López son miembros del equipo de geógrafos de CooperAcción.
[1] Artículo publicado originalmente el 22 de mayo del 2020, en la Edición Especial Digital de la revista Signos. Ver, Martínez, D. (2020). Amazonía Peruana y Covid-19. Signos, pp 3. Recuperado de https://cep.com.pe/publicaciones/signos-digital-22-mayo-2020/.
[2] Ver, Martínez, D., Delgado, C., Guiop, I. (27 de abril de 2020). Comunidades nativas y focos de contagio por COVID-19 en la Amazonía peruana. CooperAcción Opina. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/comunidades-nativas-y-focos-de-contagio-en-la-amazonia/.
[3] La cifra incluye los casos sospechosos de víctimas fatales de Covid-19, reportadas por la Dirección Regional de Salud de Loreto.

25 de mayo de 2020

Leonidas Wiener R.
22/05/2020
Imagen: El Comercio

A fines de febrero del presente año, días antes que se inicie la emergencia generada por el coronavirus (COVID-19), la empresa minera Las Bambas obtuvo un permiso del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para aumentar su flota de camiones para el transporte de los minerales, a través del denominado corredor minero. Como se conoce, este corredor ha sido el epicentro de diversos episodios de conflictos sociales de suma gravedad, originados principalmente por los impactos ambientales y sociales que conlleva el tránsito diario de cientos de volquetes, y la afectación al derecho de propiedad de las comunidades e individuos que tienen sus terrenos en los contornos de esta carretera. Las capacidades de los últimos gobiernos para afrontar esta situación no han sido suficientes, lo cual ha llevado a declarar casi ininterrumpidamente el estado de emergencia en el corredor minero por 3 años seguidos. Si a los limeños les resulta inusual este estado de emergencia originado por el COVID-19 que se ha iniciado hace más de dos meses, imaginen la situación de la población que habita en estas zonas cercanas al corredor minero, y que tienen que soportar una permanente militarización de la zona y la restricción de sus derechos a la libertad, el tránsito y a la reunión.

Por los motivos descritos, la situación en el corredor minero no debe ser colocada en un segundo plano, aún en una situación de emergencia sanitaria como la que viene generando el COVID-19 a nivel nacional. Dicho esto, y tal como se señaló al inicio, el 28 de febrero de 2020 se aprobó el denominado Plan Ambiental Detallado (PAD) a Las Bambas, mediante Resolución Directoral 047-2020-MINEM/DGAAM. Este PAD permite a Las Bambas aumentar el número de sus camiones en supuestos de contingencias. A partir de un análisis de este PAD y la norma que lo regula, se han podido identificar una serie de irregularidades que se sintetizan a continuación:

El PAD aprobado a Las Bambas y que permite a la empresa aumentar el número de camiones no ha tomado en cuenta los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y que determinaron los impactos ambientales (aire, ruido) que venía generando el transporte de los minerales, así como también los potenciales daños adicionales que se podían generar si se aumentaba el número de camiones. Ello dio lugar al dictado de medidas preventivas contra la empresa para disminuir el número de camiones que venía transitando y para implementar medidas de reducción de los impactos ambientales. Ni la evaluación realizada por el OEFA, ni los alcances de las medidas preventivas dictadas por este órgano, fueron tomadas en cuenta por el MINEM para evaluar y aprobar el PAD a Las Bambas.
Los PAD constituyen instrumentos de gestión ambiental que son regulados en el Reglamento de Cierre de Minas. Pero los PAD tienen como finalidad adecuar los impactos ambientales negativos que no hayan pasado por la respectiva certificación ambiental. En esa medida, los PAD incorporarían estos impactos identificados que no cuenten con su respectivo EIA. Hasta acá surge una pregunta que salta a la vista: ¿por qué el PAD se encuentra comprendido en el Reglamento de cierre de minas y no en el Reglamento Ambiental Minero? El primero tiene como finalidad regular las acciones de las empresas mineras para que sus actividades de cierre restituyan el ecosistema afectado a la situación previa antes de que se inicie la explotación (en la medida de lo posible). El PAD no tiene esa finalidad, y por lo tanto no tiene sentido que se encuentre regulado en el Reglamento de Cierre de Minas. Ello altera la unicidad e integralidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En la misma línea de lo anterior, resulta irregular que el PAD sea aprobado por el MINEM y no por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE). Desde el 2015, el SENACE asumió la competencia de aprobar todos los EIA de grandes proyectos, como es el caso de Las Bambas. Como se recuerda, antes el que cumplía esa función era el MINEM, lo cual generaba una distorsión en el proceso de certificación ambiental, puesto que el mismo sector encargado de promover las inversiones mineras era a la vez el encargado de ponerle límites. En ese sentido, ¿por qué generar una mayor dispersión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental al regresar una competencia al MINEM que ya había sido transferida al SENACE?
En ese sentido, no existe fundamento legal para que la competencia de su aprobación siga a cargo de la DGAAM del MINEM. Además, se ha podido identificar que el SENACE no participó en el proceso de evaluación del PAD aprobado a Las Bambas. El hecho es que la norma que regula los PAD tampoco obliga al MINEM a derivar la evaluación de los PAD al SENACE. El problema descrito vulneraría el principio de competencia como requisito de validez de los actos administrativos, y además el principio de legalidad, regulados ambos en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por último, la norma que regula los PAD (Decreto Supremo N° 013-2019-EM) vulnera una norma de rango superior, que es la Ley de Creación del SENACE (Ley 29968). La Ley del SENACE determina que este órgano sea el encargado de evaluar y aprobar los EIA de grandes proyectos mineros, como el caso de Las Bambas. Pero pueden establecerse exclusiones, con la salvedad de que sean aprobadas por un decreto supremo que tenga el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Sin embargo, en el caso de los PAD, la norma que los aprueba (la modificatoria del Reglamento de Cierre de Minas) solo cuenta con la aprobación del presidente y los ministros del ambiente y energía y minas. En ese sentido, la norma que regula los PAD tendría otra causal de invalidez que podría plantearse en una demanda judicial de acción popular.
Por los motivos descritos, existen diversas irregularidades en el PAD aprobado a la minera Las Bambas y que permite el aumento del número de camiones para el transporte de sus minerales. Estos problemas no solamente abarcan al PAD aprobado a Las Bambas, sino que también refiere a la misma naturaleza de los PAD y la forma cómo se encuentran regulados. Este instrumento podría ser utilizado por otras empresas mineras para regularizar componentes o actividades de sus procesos operativos que no hayan sido aprobados previamente en un EIA. Y para ello no tendrían la obligación de acudir al órgano correspondiente (SENACE), sino que podrían hacerlo a través del mismo MINEM, generando una distorsión en el SEIA que -aparentemente- ya se había superado con la creación del SENACE. Como se indicó al inicio, la emergencia sanitaria generada por el COVID, no debe hacer perder de vista otros importantes temas relacionados con la gobernanza de las actividades mineras en el país, y que pueden desencadenar en futuros conflictos sociales si no se corrigen a tiempo.

Para acceder al análisis legal sobre el PAD aprobado a Las Bambas, hacer click aquí.
http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/05/An%C3%A1lisis-RD-que-aumenta-n%C3%BAmero-de-camiones-Las-Bambas.pdf

José De Echave C.
20/05/2020
Imagen: El Comercio

Ayer se conoció que en apenas una semana los casos positivos de Covid 19 en la empresa Marcobre (Marcona, Ica), que lleva adelante el proyecto de Minas Justa, pasaron de 38 a 128. Ya son más de 600 trabajadores mineros en todo el país que han dado positivo en diferentes regiones del país, con el lamentable deceso de uno de ellos.

Luego del primer caso declarado en la empresa Cerro Verde (Arequipa), los casos positivos se fueron presentando en varias empresas en otras regiones como Pasco, Junín, Cusco, La Libertad, Ancash, Puno, Moquegua (ver mapa).

Una de las situaciones más complicadas se presentó en Antamina (Ancash), que hasta el momento ha registrado 210 casos de Covid 19. De esa manera esta empresa minera presentaba más casos positivos que varias regiones del país.

Sin embargo, en estos días CooperAccion ha recibido denuncias de trabajadores mineros de diferentes partes del país que señalan que las cifras que se conocen corresponden solamente a los trabajadores que mantienen una relación directa con la empresa minera titular de la operación y que no se estaría registrando los casos positivos de trabajadores mineros de empresas contratistas e intermediarias.

Sería importante que las autoridades correspondientes del sector Energía y Minas o de Trabajo, aclaren si se está monitoreando al total de trabajadores mineros del país y si su registro incluye a todos. Como se sabe, del conjunto de trabajadores que laboran en la minería formal, apenas alrededor de un 30% mantiene una relación contractual de manera directa con la empresa minera; la gran mayoría son trabajadores de empresas contratistas o intermediarias que enfrentan los mismos o mayores riesgos de contagio.

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18/05/2020
Foto: Imagen referencial

La minera de metales preciosos Hochschild Mining ha cumplido todos los requisitos para reiniciar las operaciones en Perú, y tiene como objetivo lograr la producción total en las próximas semanas.

La compañía minera comenzaría a aumentar progresivamente sus operaciones en las minas Inmaculada y Pallancata, en Ayacucho.

“Tenemos la intención de ejecutar una movilización disciplinada de nuestra fuerza laboral de acuerdo con los protocolos y directrices de salud prescritos por el gobierno. En estos tiempos sin precedentes, seguimos priorizando la salud y el bienestar de nuestros empleados y de las comunidades en las que operamos”. dijo el CEO Ignacio Bustamante.

Hochschild dijo que volvería a emitir su guía para todo el año una vez que se lograra la producción completa y el impacto general de las suspensiones fuera claro.

El mes pasado, Hochschild retiró su pronóstico para el 2020 citando incertidumbres relacionadas con la crisis del coronavirus.

En línea con las pautas gubernamentales actuales, se espera que el programa de exploración brownfield de la compañía vuelva a comenzar en julio.

En Argentina, Hochschild reinició las operaciones de la mina San José y está siguiendo un proceso de aceleración gradual.

Fuente: Gestión

Hochschild reiniciará minas peruanas Inmaculada y Pallancata