COOPERACCION 31/07/2020
Imagen: Rumbo minero
Mediante una carta dirigida a CooperAcción, trabajadores de los dos sindicatos de la empresa minera Antapaccay, que opera en la provincia cusqueña de Espinar, denuncian que se estarían vulnerando sus derechos en materia de salud frente a la pandemia y los derechos sindicales de sus agremiados.

Los representantes del Sindicato de trabajadores funcionarios de la compañía minera Antapaccay – SITRAMINA, y del Sindicato unificado de trabajadores de Antapaccay- SUT ANTAPACCAY, solicitaron la intermediación con las autoridades para ser atendidos.

Los dirigentes denunciaron que hay una preocupación por la salud mental de los trabajadores por el crecimiento continuo de casos de contagio del virus COVID-19, y la pasividad de la empresa al no realizar acciones inmediatas para preservar la salud de los trabajadores. Señalaron que la empresa no coordina las acciones concernientes a la prevención de la salud con el Comité de seguridad y salud en el trabajo. La empresa estaría decidiendo las acciones de manera unilateral.

En esa línea, los trabajadores afirmaron que el comando COVID y el Ministerio de salud de Espinar, clausuraron los centros “Servicios médicos señor de Coyllority” que tomó pruebas a 154 trabajadores, de los cuales dieron resultado 7 trabajadores como positivos y el “Centro médico Espinar”, que tomó pruebas a 145 trabajadores, teniendo a un trabajador como positivo. Las autoridades verificaron que estos centros no contaban con autorización, ni la certificación necesaria para realizar las pruebas. Por consiguiente, las 299 pruebas no serían válidas.

El 29 de abril en la ciudad de Arequipa también se realizaron pruebas rápidas en varios centros médicos particulares y se detectó a 5 casos de contagio. Luego un bus con más de 19 trabajadores que partió de Arequipa a la mina Antapaccay, tuvo que regresar por detectar infectados dentro del bus y entraron en cuarentena en esa ciudad, el resto fue enviado a su casa.

“Dentro de lo señalado, según el reporte de MINSA sobre infectados en los centros mineros del mes de mayo señala que en Antapaccay hay 8 infectados del virus COVID-19, y en el reporte de junio se señala 48 Trabajadores infectados,” denunciaron los dirigentes sindicales.

Otra medida de la empresa que señalan como atentatoria a la salud, fue el desalojo de los trabajadores de las viviendas personales asignadas que ocupaban por más de 18 años según el convenio colectivo. Según la empresa, esta acción fue con la finalidad de dar espacio a más trabajadores, principalmente a los de las empresas contratistas, para que permanezcan en la mina y de esa forma se evite contagios. Esto ha provocado mayor hacinamiento y posibilidad de contagios, pues no se garantiza la debida higiene de las habitaciones.

El sábado 25 de julio, los trabajadores que salieron de la mina de Antapaccay para sus domicilios se sacaron pruebas rápidas en Arequipa como en Lima, y presentaron varios casos con resultado positivo. Esto ha alarmado a los trabajadores, pues consideran que no hay seguridad de salubridad dentro de la mina.

Los trabajadores señalaron que la empresa no estaría respetando el trato directo y la negociación colectiva, tanto con SITRAMINA, como con el SUT ANTAPACCAY. Señalan que estarían intimidando a sus dirigentes y afiliados, sin abrir canales de diálogo para afrontar la crisis del COVID-19.

Finalmente, pidieron que intervenga el Ministerio de Salud, Comando COVID-19, Fiscalía y Sunafil, con el propósito de verificar y garantizar la salud de los trabajadores por estar expuestos al contagio; también pidieron que se realicen las pruebas moleculares a todos los trabajadores de la empresa Antapaccay y trabajadores de contratas; que se realice la desinfección o fumigación de las instalaciones; y que se restablezca las asignaciones de las viviendas personales.

Vea la carta aquí: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/07/CARTA-COOPERACCI%C3%93N-ANTAPACCAY.pdf

EDITORIAL – TANTAS VECES ESPINAR (BOLETÍN AMP N°253, JULIO 2020 COOPERACCION)
Espinar es el primer gran estallido social en tiempos de pandemia que involucra a casi toda una provincia en una zona con presencia minera. Desde el pasado 15 de julio organizaciones sociales y comunidades campesinas de Espinar, agrupadas en el Comité de Lucha Provincial, iniciaron un paro luego de intentar llegar a un acuerdo en […]

Espinar es el primer gran estallido social en tiempos de pandemia que involucra a casi toda una provincia en una zona con presencia minera. Desde el pasado 15 de julio organizaciones sociales y comunidades campesinas de Espinar, agrupadas en el Comité de Lucha Provincial, iniciaron un paro luego de intentar llegar a un acuerdo en una mesa multisectorial, sobre todo con la empresa minera, para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa la población.

¿Cuáles son los significados de lo que ha estado pasando en Espinar en todos estos días? Para los que siempre intentan leer conflictos vinculados a la minería con códigos e indicadores construidos muy lejos de los territorios y sobre todo desde Lima, vamos a intentar descifrar lo ocurrido estas últimas semanas en esta provincia alto andina cusqueña, relacionando los hechos con la coyuntura pero también con los antecedentes, es decir los conflictos previos y una larga lista de temas pendientes.

En primer lugar y pensando en el actual contexto, Espinar es una clara muestra del enorme error cometido por el gobierno al inicio del estado de emergencia y haber optado por bonos focalizados que llegaron tarde mal y nunca a los supuestos beneficiarios. A la gran mayoría de la población de Espinar, como a muchas otras en todo el país, no les llegaron los distintos bonos focalizados y han tenido que enfrentar este difícil momento sin ningún tipo de respaldo.

Es en este contexto extremo que la población de Espinar volteó a mirar los fondos del convenio marco provincial, un acuerdo firmado el año 2003 entre la empresa minera de entonces y la provincia representada por el Municipio y las organizaciones sociales más representativas. El hoy en día tantas veces mencionado convenio marco, tiene 21 cláusulas y en una de ellas -la quinta-, la empresa se compromete a aportar cada año el 3% del total de sus utilidades antes de impuestos.

Se ha dicho que la población de Espinar quiere aprovecharse de la empresa y busca beneficiarse con un aporte sin hacer nada. Lo primero que hay que decir es que el convenio marco ya tiene 17 años de vigencia y en todo este tiempo en ningún momento se había demandado un bono de estas características. Siempre se entendió que los fondos del convenio estaban destinados para respaldar “proyectos de desarrollo” para toda la provincia. Por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista está claro el carácter extraordinario del pedido en un contexto de emergencia nacional como el que vivimos.

Pero la otra mirada que hay que darle al conflicto de Espinar es la histórica y la de la enormes deudas pendientes que se tiene con esa zona del país. Desde que la minería se instaló hace aproximadamente 35 años, está claro que la población de Espinar más es lo que ha perdido que lo que ha ganado: la llegada de la minería significó el desmembramiento de comunidades madre, como la de Antaycama (una de las comunidades más extensas del sur andino del país) que fue dividiéndose en varias comunidades para facilitar la entrada de la minería. Divide y reinarás dirán algunos. Además, a una de esas comunidades que se crearon en la década del 80, la de Tintaya Marquiri, le expropiaron 2,368 hectáreas, dejándola prácticamente sin tierras, convirtiéndola en apenas un asentamiento humano. Todo esto ocurrió para que la minería y el proyecto Tintaya se pueda instalar y desarrolle su actividad.

Luego han venido los episodios de contaminación y los dramáticos efectos en la población de Espinar y en una de las principales actividades económicas de las comunidades, la ganadería. Todas las demandas y los momentos de movilización social, como las ocurridas el año 1990, 2005, 2012, entre varias otras, dieron lugar a varias mesas de diálogo y la firma de varios acuerdos que, lamentablemente, no han sido cumplidos.

Que quede claro, la minería, el Estado peruano y todos los que miramos desde lejos el conflicto en esta provincia cusqueña, tenemos una deuda pendiente con su población. No es al revés.

28/07/2020
Foto: Imagen referencial
Desaprueban modificación del Estudio Ambiental del proyecto Terminal Portuario General San Martín-Pisco, presentada por la empresa Terminal Portuario Paracas S.A, que buscaba transportar concentrado de minerales. Actualmente, solo embarca y desembarca productos agrícolas y cemento.

El puerto cuya construcción aún no termina, pero que ya opera desde 2018 está ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (Senace) desaprobó la modificación. Según la resolución 73-2020-Senace, se concluyó que no se absolvieron algunas observaciones por parte de dicha entidad, el ANA y Sernanp, por lo que se dio por concluido el proceso de modificación del Estudio de Impacto Ambiental.

De acuerdo al informe, varias observaciones no absueltas tienen que ver con el tránsito de vehículos por la Reserva Nacional de Paracas. El concentrado de mineral sería llevado al puerto para su embarque por la carretera que atraviesa la zona protegida, uno de los lugares más privilegiados en flora y fauna del mundo.

El consorcio, formado por la española Servinoga y las brasileñas Pattac y Tucuman, administra, a través del Terminal Portuario Paracas, dicho puerto desde el 2014. Así, en 2018, TPP decidió modificar su EIA para la exportación de minerales.

En 2019, el Senace rechazó dicha solicitud y la empresa apeló la decisión. En dicha ocasión, la autoridad indicó que la desaprobación fue a raíz de que 33 observaciones no fueron levantadas, de un total de 277. De estas, 16 correspondieron a dicha entidad y 17 al Sernanp.

La modificación suponía la ejecución de un almacén de concentrado de minerales, una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta desalinizadora y un emisario submarino para vertimiento de salmuera.
Fuente: Gestión

Perú: Terminal Portuario Paracas no podrá transportar minerales

PRONUNCIAMIENTO
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Alvaro Franco- Ojo Público
La crisis económica originada por el COVID ha afectado la economía de todos los peruanos, y probablemente no salgamos de esta situación en el corto plazo. Además, esta pandemia ha terminado por reflejar de la forma más cruda posible las profundas desigualdades y brechas que existen en el país, y también un Estado débil y poco eficaz para poder atender todos estos problemas, un Estado que se ha visto sobrepasado por la situación.

Pero hay sectores de la población que soportan con mayor rigor y dureza la crisis generada por la pandemia, como es el caso de las poblaciones rurales y las comunidades indígenas del país. El caso de la provincia de Espinar no es una excepción al caso. Lo paradójico de Espinar es que, los casi 40 años de actividad minera en esta provincia no se ven reflejados en una sustantiva reducción de la pobreza, reducción de brechas o ampliación de cobertura de servicios públicos básicos; particularmente, de las comunidades que habitan en el entorno de la mina y que han tenido que soportar todos los impactos que ha generado la minería al ambiente y a la salud de sus integrantes.

Por ello, resulta comprensible que en este escenario actual de crisis económica, que amenaza directamente la subsistencia de miles de espinarenses, se haya decidido optar por aprobar un bono extraordinario de solidaridad de S/1.000, tomando parte de los fondos del fideicomiso que se creó entre la empresa minera y la provincia de Espinar en el 2003. En esa medida, consideramos que la entrega de un bono solidario con fondos del convenio marco podría constituir un apoyo importante para paliar la situación actual de todos los espinarenses y dinamizar la economía de la provincia.

Sin embargo, somos conscientes que el otorgamiento de este bono no termina de resolver los problemas de fondo de la provincia de Espinar. Ello conlleva que el Estado deba asumir una mayor responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar el acceso a bienes básicos, particularmente en este contexto de crisis sanitaria.

Además, otra cuestión que también requiere ser puesta sobre la mesa a partir de esta última crisis ocurrida en Espinar, es que se requiere una profunda reestructuración del Convenio Marco, el Comité de Gestión y en general la forma cómo se han venido manejando. No existe mayor información sobre los usos que se le ha venido dando a este fondo social, ni sus impactos en términos de desarrollo o mejoramiento de vida de la población. La falta de transparencia ha generado un total desprestigio de este convenio, y que, cabe recordar, no fue un regalo de la empresa sino consecuencia de las luchas sociales de los y las espinarenses para que los ingresos generados por la minería pudieran reflejarse en una mejora de sus condiciones de vida.

En consecuencia, esperamos que prime la sensatez y se pueda llegar a un diálogo y acuerdo consensuado que privilegie los intereses de la población en esta situación de emergencia, sin dejar de lado las medidas de mediano y largo plazo que permitan sentar las condiciones para alcanzar una convivencia pacífica y una vida digna para la población de Espinar.

LARGA HISTORIA. No es la primera vez que la población de Espinar acata un paro indefinido contra la minera Glencore.
Foto: Álvaro Franco/OjoPúblico

26 Julio, 2020
Los recientes enfrentamientos en la provincia cusqueña exponen una larga historia de desencuentros con la minería. Los dirigentes locales solicitan la asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 para enfrentar la pandemia y que este presupuesto salga del fondo que anualmente la minera transfiere a la municipalidad en el marco de un convenio firmado hace 17 años. La minera sostiene que ese dinero tiene otros fines y no contempla este tipo de apoyos. Este pedido se suma a una larga lista de asuntos pendientes como la consulta previa y la atención médica a personas afectadas por metales pesados.
Ralph Zapata: @ralphzapata
Alba Rivas Medina @arivme  arivasm22@gmail.com

En los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.

La minera Antapaccay, de la suiza Glencore, señala que no puede otorgarles este dinero en efectivo, que representa un monto de S/ 50 millones en total porque el convenio tiene otros fines.

Con la llegada de la pandemia, Espinar, como muchas otras provincias del país, ha visto afectada su economía. Solo la actividad minera fue declarada esencial y continuó laborando con actividades de mantenimiento, pero la ganadería y la agricultura fueron las más impactadas. El 30% de la población de esta provincia depende de estas actividades. En ese contexto, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades locales adoptar medidas para mitigar el impacto de sus frágiles economías: el 38% de habitantes es pobre y el 40% de la zona rural no tiene acceso al servicio de agua potable y casi el 50% no cuenta con alcantarillado, según el Plan Regional del Cusco 2018-2021.

Seguir leyendo: https://ojo-publico.com/1979/espinar-comunidades-enfrentan-glencore-por-fondo-minero

Más de mil manifestantes bloquean las vías de ingreso a la provincia. Además, otro numeroso grupo intentó ingresar a las instalaciones de la empresa minera Antapaccay, donde se registró los actos de violencia. Varios pastizales fueron quemados.
22/07/ 2020
Pobladores cumplieron con primer día de paro en Espinar. | Fuente: RPP Noticias
Vicegobernadora de Cusco, Delia Condo, asume temporalmente cargo tras positivo de Benavente a la COVID-19
Comuneros de la provincia de Espinar, región Cusco, protestaron y bloquearon con piedras el acceso a la localidad, como parte de las manifestaciones en contra la empresa minera de la zona, a quien piden el pago de un bono de mil soles para más de 50 mil familias.

La manifestación fue liderada por más de mil pobladores, quienes realizaron piquetes de protestas en el Puente Coporaque, Puente Huañumayo, Aeródromo, Puente Amistad y otros accesos que quedaron bloqueados.

Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando un grupo de pobladores llegó hasta el sector Tintaya Marquiri, excampamento minero de la empresa Antapaccay, donde actualmente funcionan las oficinas de la empresa.

Los pobladores lograron ingresar a la propiedad privada, lo que generó un enfrentamiento con la Policía, que se vio obligada a usar bombas lacrimógenas para dispersarlos. En medio de los enfrentamientos se quemaron varias extensiones de pastizales y la planta de bombeo de agua potable de la empresa minera fue incendiada.

El dirigente Fredy Llaique, en diálogo con RPP Noticias, manifestó que hoy estaba planificada una nueva reunión entre los miembros de la presidencia del Consejo de Ministros y los integrantes del Convenio Marco de Espinar, para conocer alcances de este bono, pero ellos no fueron invitados.

“No nos han invitado y cualquier tipo de acuerdo que se lleve el día de hoy nosotros lo vamos a desconocer. El pueblo va a desconocer todo esto. Es lamentable también el actuar del alcalde. Esperemos que esto no pase a la tercera fase. Ahora estamos en la segunda fase de lucha. La Tercera fase es el cierre de la mina. Esperamos que el estado pueda intermediar en esto, pero siempre hablando con el pueblo”, expresó.

Los pobladores permanecen, de manera pacífica, en algunos puntos de las manifestaciones, pero anunciaron que de no ser escuchados seguirán con sus medidas de lucha en las próximas horas.

Minera responde

A través de un Comunicado la empresa minera Antapaccay rechazó los actos violentos en su campamento y pidió más respeto para los trabajadores que se encuentran laborando en el lugar y enfatizó que seguirán apoyando a las familias más humildes de la provincia de Espinar.

Sin embargo, lamentó que producto del incendio de la casa de bombeo ubicada en la zona de Camaccmayo, los poblados de Tintaya-Marquiri se hayan quedado sin agua, por tiempo indefinido.

La Policía se mantiene alerta a las protestas y bloqueos de vías en la zona.

¿Por qué se genera la protesta?

La protesta se desató y se convirtió en un “paro indefinido” porque ni los pobladores ni la empresa llegan a un acuerdo, luego que la Municipalidad de Espinar firmara un convenio con la empresa Minera Antapaccay para entregar el 3% de sus utilidades mensuales.

La municipalidad se comprometió a utilizar este dinero en proyectos de desarrollo para la comunidad, pero la población planteó que mejor ese dinero sea entregado a cada familia que quedó desempleada y sin recursos durante la emergencia por el nuevo coronavirus.

La empresa minera no aceptó, y ofreció internet gratis para todos y apoyos económicos a microempresarios, pero los comuneros no aceptan

Varios pastizales fueron quemados. Además se incendió la planta de bombeo de agua de la empresa. | Fuente: RPP Noticias

Los pobladores exigen que se les pague mil soles a cada familia. | Fuente: RPP Noticias
https://rpp.pe/peru/cusco/cusco-pobladores-de-espinar-se-enfrentan-a-la-policia-durante-protesta-contra-empresa-minera-noticia-1282018

Leonidas Wiener R.
23/07/2020
Foto: Captura de pantalla de videoreportaje de Vidal Merma
Desde hace más de una semana se vive una situación de emergencia social en la provincia de Espinar, Cusco, que se suma a otros múltiples episodios conflictivos en la zona relacionados con la empresa minera Antapaccay, perteneciente a la multinacional suiza Glencore. En esta ocasión, las acciones de protesta se han originado por la negativa de la empresa a cumplir con el acuerdo del Comité de Gestión del Convenio Marco, que consiste en la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a cada elector de la provincia[1].

En este contexto actual de violencia y enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden en Espinar, el Poder Ejecutivo emitió el 22 de julio la Resolución Ministerial 174-2020-PCM que conforma el Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser necesario”.

Para contextualizar este punto, las 13 comunidades originarias mencionadas son parte de la zona de influencia de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente busca expandirse en el proyecto Coroccohuayco. 10 comunidades pertenecen a la zona de influencia Tintaya – Antapaccay, y 3 corresponden a Coroccohuayco. Como una forma de viabilizar la ejecución de este último proyecto, el Gobierno anunció en noviembre del año pasado que se iba a implementar un proceso de consulta. Las reuniones preparatorias se iniciaron en enero de este año, siendo suspendidas por la pandemia.

Sin embargo, en este proceso las 13 comunidades no han caminado juntas: se formó un bloque de 11 comunidades, que se autodenomina “Asamblea Multicomunal por la consulta previa en Espinar”; las otras 2 restantes, Pacopata y Huini Coroccohuayco, decidieron seguir un proceso paralelo porque sus demandas se orientaban a que se ponga en consulta los contenidos de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Ampliación Coroccohuayco. Es importante mencionar que estas 2 comunidades, junto con la comunidad madre Huano Huano, representan la zona de influencia social directa de Ampliación Coroccohuayco, y la ejecución de este proyecto minero integrado generaría el reasentamiento de estas 3 comunidades.

Por tales razones, los avances en el proceso de implementación de la consulta para Coroccohuayco no han sido los mismos para todas estas 13 comunidades: con las 11 se avanzó en la aprobación del plan de trabajo, pero no ha sido así en el caso de Pacopata y Huini Coroccohuayco.

Con estos antecedentes, el 16 de julio de este año se realizó una reunión en la ciudad del Cusco entre representantes de la PCM, MINEM y MINCUL con la Asamblea Multicomunal. El motivo de dicha reunión era reanudar las actividades de la consulta previa suspendidas por la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión no fueron las 11 comunidades. La gran ausente fue la comunidad Alto Huarca, que emitió un comunicado el 21 de julio desmintiendo que sus representantes hayan acudido a la reunión del 16 en Cusco y que tampoco avalaban los comunicados emitidos por la Asamblea Multicomunal tras dicha reunión con el Gobierno.

¿Por qué alto Huarco sacó un comunicado de esta naturaleza? El 13 de julio la Asamblea Multicomunal había comunicado su decisión de suspender su participación en el Comité de Gestión del Convenio Marco, en un momento en el cual se venían teniendo negociaciones con la empresa para la entrega del bono solidario. Luego el 16 tuvieron la reunión en Cusco, y esto fue interpretado por diversos sectores de la población de Espinar como una traición a la causa principal de lucha relacionada con la entrega de este bono solidario. El comunicado de Alto Huarca parece que va en esa línea de deslinde, y plantea las brechas que existen al interior de la Asamblea Multicomunal por la posición que ha tomado la dirigencia y los asesores de este grupo de comunidades en torno a su participación en el Comité de Gestión del Convenio Marco y los esfuerzos que han venido realizando otros sectores de la población de Espinar para la entrega del bono solidario.

En esa medida, ¿este Grupo de Trabajo aprobado por el Gobierno puede contribuir a destrabar la situación de conflicto social en Espinar? No, porque como señala el objeto de la norma que la aprueba, esta se orienta a “Desarrollar acciones orientadas a evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser necesario”. La norma no precisa qué tipos de daños se van a evaluar en el ámbito de estas comunidades, ¿a los generados por la antigua mina Tintaya, por su sucesora Antapaccay?, o si estos están relacionados con la contaminación provocada por años de minería o las afectaciones a la salud de cientos de personas afectadas con metales pesados en su organismo ¿Por qué ahora se decide formar la comisión respecto a impactos que siempre se han denunciado y nunca atendido?

Para cumplir esas metas, la norma señala que el Grupo de Trabajo se compone de representantes de diversos sectores (MINAM, MINEM, MINSA, OEFA, etc.) y también del GORE Cusco y la Municipalidad Provincial de Espinar. Sin embargo, de los 14 miembros de este Grupo de Trabajo, solo se ha considerado a 2 representantes de las 13 comunidades en cuestión, lo cual representa una desproporción absoluta por el sentido y la finalidad de este Grupo de Trabajo. Además, si el Gobierno sabía de antemano que este grupo de 13 comunidades no formaban un solo bloque único, como se ha descrito líneas arriba, ¿no se pudo prever que destinar solo 2 representantes para las 13 comunidades iba a generar problemas de representación y conflictos entre las mismas comunidades?

Como se indicó al inicio de este artículo, lo que viene ocurriendo en Espinar es el último capítulo de años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos, y empresas que tuvieron el control de la mina que no se han comportado con responsabilidad para respetar los derechos humanos de las comunidades y de la población de Espinar en general. Lamentablemente, medidas como la creación de este Grupo de Trabajo pareciera no permitirán modificar esta situación compleja y tensa en la provincia en el corto plazo.

[1] Como se recordará, existe un Convenio que fue suscrito en el 2003 para destinar 3% de utilidades de la empresa para financiar proyectos de inversión social para la provincia. En 2012 hubo una escalada muy violenta que derivó en muerte de 4 personas, y tuvo como uno de sus principales motivos el pedido para aumentar el porcentaje destinado por la empresa para alimentar este fondo social.
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NOTA DE PRENSA
En el proceso constitucional de amparo interpuesto por la Comunidad Nativa Awajun de Supayacu
Poder Judicial ratifica en segunda y última instancia que se vulneró el derecho
a la consulta previa y ordena la suspensión de la fase de exploración del
proyecto minero “Yagku Entsa”

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente No. 32645-2013), en segunda
y última instancia, resolvió confirmar la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo por
vulneración al derecho a la consulta previa de la Comunidad Indígena Awajun de Supayacu
(ubicada en la provincia de San Ignacio, Región Cajamarca).

En efecto, como es de conocimiento público, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2018,
el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en primera instancia, ya había declaró fundada la
demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse
afectado su derecho a la consulta previa cuando se autorizó las actividades de exploración del
proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.

La Cuarta Sala Civil Superior de Lima señaló que se había acreditado que encontrándose la
Comunidad Indígena Awajún de Supayacu dentro del área de influencia del referido proyecto
minero, existía y existe la obligación por parte del Estado Peruano, de realizar, mediante el MINEN,
un proceso de consulta previa, libre e informada. Por lo cual, al no haberse realizado la misma, se
vulneró el derecho a la Consulta de dicha Comunidad.

Por ello, resolvió que “… se suspende los efectos de la Resolución DirectoralNo. 229-2013-
MEM/DGM, de fecha 6 de noviembre de 2013, emitido por el Director General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas. La suspensión de la fase de exploración del proyecto “Yagku Entsa se
dará en la etapa en que se encuentre, hasta que la demandada tome las medidas necesarias para
determinar la viabilidad de la continuación del proyecto previa consulta de la actora y otros pueblos
indígenas que podrían ser afectados, con costos del proceso …”

Al respecto, desde FEDEPAZ, que patrocinamos en este proceso a la Comunidad Indígena Awajún
de Supayacu, expresamos nuestra satisfacción por la expedición de esta histórica sentencia que
ratifica desde el Poder Judicial, el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada de la
que gozan los pueblos indígenas en nuestro país porque el órgano jurisdiccional no sólo le dice al
estado Peruano que debe de cumplir su obligación con la comunidad indígena demandante sino,
también, con otros pueblos que se encuentren en el área de influencia de dicho proyecto minero.Igualmente, FEDEPAZ exige al Estado Peruano que respondiendo a la razón de ser y espíritu del Convenio 169 de la OIT y de la Ley de Consulta Previa, cumpla con implementar una real Consulta Previa, Libre e Informada, sobre la base de que la misma constituye un diálogo intercultural
respetándose las particularidades de cada pueblo durante dicho diálogo y se abstenga de anunciar
despropósitos como “la consulta preva virtual” que en modo alguno cumplen con los estándares
internacionales de respeto a ese derecho fundamental de los pueblos indígenas en el Perú y en el
mundo.

Finalmente, FEDEPAZ considera, también, que ésta constituye una sentencia histórica, porque se
trata del primer proceso judicial con sentencia expedida en última instancia, en la que se declara
fundada una demanda de amparo por violación a la consulta previa en actividades de minería
metálica, constituyendo por ello un importante precedente en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas del Perú, especialmente en materia del derecho a consulta previa, libre e
informada protegido por el Convenio 169 de la OIT.

Lima, 22 de julio de 2020
Área de Prensa
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telefax: (+51 1) 4250211 / 4250209 /999094914
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PERU
22/07/2020
Imagen: OCM
La presión del sector privado para no detener la actividad minera y su exigencia por protocolos sanitarios más flexibles, que no han protegido adecuadamente a los trabajadores mineros, trajo consigo que en el sector ya se tengan registrados cerca de 3 mil casos positivos de COVID-19, según declaraciones de la propia ex Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. Esta situación crítica se suma a los conflictos sociales del sector minero; varios de los cuales se encuentran en estado de latencia y algunos activos, pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En su 26o informe del primer semestre de 2020, el Observatorio de Conflictos Mineros analiza y remarca las múltiples responsabilidades de tal situación. Fue el 17 de marzo que, ante la insistencia del sector privado, que el Ejecutivo incluyó dentro de las actividades esenciales la explotación y construcción de proyectos mineros de interés nacional.

“Hoy tenemos que, según datos del Ministerio de Energía y Minas, son cerca de 3 mil los trabajadores mineros que se han contagiado al ser expuestos en el marco del reinicio de labores. La Sociedad de Minería y la Confiep hicieron mucha presión, sin pensar en las consecuencias y la necesidad de proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción en el marco de este informe del observatorio.

Conflictividad en tiempos de pandemia

La conflictividad social estuvo activa a pesar de la cuarentena. Uno de los casos más resaltantes ocurre en Arequipa, donde la empresa Southern ha reactivado su campaña para retomar el proyecto minero Tía María ante la situación de crisis del país. Ello motivó a la población del Valle de Tambo a organizar 2 cacerolazos en rechazo al proyecto.

En la misma línea, las organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del Corredor Minero del Sur denunciaron una excesiva presencia de camiones trasladando mineral para la empresa minera MMG- Las Bambas, en Apurímac, exponiendo a los trabajadores y comunidades a posibles contagios.

También se alerta sobre la fuerte presión que mineros informales y abiertamente ilegales vienen ejerciendo en varias zonas del país, alentados por las altas cotizaciones del oro.

Este y otros puntos son los que recoge el Informe del Observatorio de Conflictos Mineros, correspondiente al primer semestre de este año.

Puedes descargarlo en este enlace: https://bit.ly/2E08moX

http://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2020/07/Informe-de-Conflictos-Mineros-26.pdf

21/07/2020
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Imagen: Espinar noticias
Cerca de 200 manifestantes de la provincia cusqueña de Espinar, bloquearon ayer el Corredor Minero del Sur como parte de su demanda expresada hace varias semanas a la minera Antapaccay, para que acceda a un bono solidario para afrontar los efectos de la pandemia.

Hace 7 días, organizaciones sociales y comunidades campesinas iniciaron un paro indefinido exigiendo que la empresa minera Antapaccay (de Glencore) entregue un bono de 1000 soles para cada elector de Espinar, monto con el cual podrán afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Cabe recordar que ese monto saldría del Convenio marco firmado entre el gobierno provincial y la minera para obras para la zona.

Imagen: Espinar noticias

Por la tarde de ayer y en medio de las protestas, fueron incendiados un camión minero y una camioneta pertenecientes a dos unidades de contratistas de la empresa MMG Las Bambas. Esto ocurrió a la altura de la comunidad campesinas de Anansaya Qollana.

Como parte de la medida de fuerza, los manifestantes bloquearon el Corredor Minero del Sur usando piedras y palos, provocando que varios camiones mineros queden varados. La Policía se movilizó a la zona y dispersó a los protestantes a mediante perdigones y bombas lacrimógenas. El enfrentamiento dejó herida a una mujer de 35 años de edad.

Cabe recordar que el conflicto se inició debido a que la minera se negó a desembolsar el monto, aduciendo que el bono no cumple con los propósitos del convenio. A cambio, ofrecieron financiamiento de proyectos y la entrega de ayuda a las familias más afectadas por el virus; pero la idea fue rechazada por las organizaciones sociales. (Fuente: Espinar Noticias y La República)