Marco Huaco Palomino*

El estado actual de la legislación y la práctica política peruanas sobre los mecanismos de participación y consulta a la población sobre proyectos extractivos y decisiones políticas públicas bien podría calificarse de laberíntico. Coexisten al menos seis mecanismos casi sinónimos que se mezclan en el discurso político y jurídico que contribuyen a una enorme confusión de los actores involucrados en conflictos socio-ambientales: “consulta popular”, “consulta previa”, “acuerdo previo”, “autoconsulta”, “participación ciudadana” (para proyectos extractivos) y “participación ciudadana” (para decisiones políticas y normativas).

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El domingo 17 de febrero en el distrito de Pucará- Jaén se realizó el “Gran encuentro de Pueblos de la Cuenca del Huancabamba-Chamaya y Cañaris”, donde estuvieron presentes líderes y autoridades cajamarquinas así como de otros lugares del Perú.

En la asamblea se acordó continuar con la lucha del pueblo indígena de Cañaris, realizar una Asamblea Macroregional Norte el 17 de marzo en Chiclayo, realizar los días 17 y 18 de abril una Gran Jornada Macroregional de Defensa de las Cuencas de Agua de Huancabamba, Chamaya, Marañón y Cañaris, en contra del proyecto minero Cañariaco.

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En las últimas semanas se percibe cierta preocupación del sector empresarial por lo que considera una falta de decisión del gobierno nacional el hecho de no impulsar adecuadamente los grandes proyectos mineros, mientras que desde diversas organizaciones de la sociedad civil, por el contrario, se considera que el Poder ejecutivo insiste en avanzar con la gran inversión sin implementar reformas tan debatidas como la ley de Consulta Previa o el SENACE.

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Hace unas décadas se podía expropiar tierras para el desarrollo de proyectos mineros. Lo podía hacer no sólo el Congreso sino también el Ejecutivo. Hoy en día esto ha cambiado pues para los proyectos mineros se requiere contar con un acuerdo previo con el propietario –individual o comunal– del terreno superficial o, en su defecto y en casos muy particulares, una servidumbre impuesta por el Ministerio de Energía y Minas.

Por su parte, sobre la propiedad comunal, el artículo 89º de la Constitución señala que las Comunidades Campesinas y Nativas son autónomas en el uso y la libre disposición de sus tierras, dentro de lo que la ley establece.

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– Las provincias de la sierra liberteña presentan elevados porcentajes de sus territorios concesionados a la minería, como Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Pataz, cuyos impactos en las fuentes de agua ya se pueden apreciar y que ocasionan malestar y potenciales conflictos.

La región La Libertad está situada en la parte noroeste del país, ocupa gran parte de la costa norte en su parte occidental y una gran sección de la Cordillera de los Andes. Su territorio fue cuna de grandes civilizaciones del antiguo Perú. Allí se desarrolló la cultura Moche como la cultura Cajamarca.

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“Majaz, los guardianes del agua” es el nombre de un reportaje audiovisual difundido por Telesur sobre la amenaza del proyecto Río Blanco (ex Majaz) que afectaría ecosistemas muy frágiles conformado por los bosques de neblina o páramos que abastece de agua a las poblaciones de cuencas de Piura y Cajamarca.

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