El día de ayer 5 de junio, día mundial del medio ambiente, las comunidades de Huasmín, Sorochuco, Celendín, Oxamarca nos congregamos en las inmediaciones de la laguna Azul, para celebrar esta significativa fecha en dónde no sólo se toma conciencia en la protección y cuidado del medio ambiente, sino que también se revive las luchas de nuestros hermanos de los pueblos Wampis y Awajún que el gobierno del genocida Alan García bajo el manto de “mantener el orden” mandó a asesinarlos para favorecer los negocios de las grandes corporaciones.
Para estos gobiernos “Mantener el orden” significa, además de asesinar y violar los derechos de las comunidades, profundizar cada vez más el modelo extractivista y con ello el despojo de las tierras y la privación de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas quienes tenemos que aceptar como natural el “progreso” que viene de la apropiación y destrucción de nuestros recursos naturales, de nuestros medios de vida.
Todo empezó con la llegada de un circo y el paso de un camión cargado de balones de mercurio mal asegurados que se dirigía a Lima. Fue un viernes 2 de junio del 2000, entre las 4 y 6:30 de la tarde: 151 kilos de mercurio líquido de propiedad de la minera Yanacocha se derramaron a lo largo de 27 kilómetros de la vía que atraviesa la comunidad de Choropampa. 
El 21 de mayo último, unos cien comuneros y comuneras indígenas awajún y wampis expulsaron a mineros ilegales que operaban en una quebrada ubicada en Yutupis, en la ribera del Río Santiago, provincia de Condorcanqui, en Amazonas.
Después de realizar un monitoreo y estudio de la calidad del agua en la cuenca de Jequetepeque (región Cajamarca) se encontraron indicios de una preocupante contaminación, advirtió Cristina Yacoub, investigadora de la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. En esta zona operan al menos dos empresas mineras, y para determinar si había contaminación o no, se usaron como referencia las exigentes disposiciones sobre calidad hídrica que se aplica en la Unión Europea.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA AL PODER EJECUTIVO FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA
El profundo rechazo social al proyecto en las nacientes de cuencas hacer mover piezas a la minera Yanacocha. Están evaluando cambios en la ingeniería del proyecto, como utilizar la infraestructura de Yanacocha y ya no construir una nueva. El CEO de Buenaventura aseguró que el proyecto es rentable aúna estos precios, respondiendo a los estimados de otra empresa minera.
El audio fue grabado durante el premierato de Oscar Valdés Dancuart y fue presentado, recientemente, en Cajamarca por el periodista Jorge Pereyra. En este, se escucha una conversación entre Hugo Fuentes, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Chota, los consejeros regionales de la provincia de San Ignacio, Servando Puerta Peña y José Luis Chiwan Cubas, y Andrés Oliveros, Gerente de Responsabilidad Social de la Empresa Minera Yanacocha.
La belleza de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, ubicada en las zonas altoandinas de Lima y Junín, está a salvo. Luego de que pobladores de este lugar denunciaran que una empresa pretendía extraer cobre del área protegida –hecho que recogió El Comercio en sus páginas–, el Gobierno Regional de Lima canceló los certificados de operación que tenía la minera e inició una investigación a los funcionarios que los entregaron.
El 9 de mayo pasado, pobladores de las comunidades de Huancaya y Yauyos expresaron su rechazo a las actividades de la compañía minera Milagro Ancovilca S.A.C, quien posee dos concesiones de 300 hectáreas, las cuales se encuentran dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), ubicada en el límite de los departamentos de Lima y Junín. Además, dichas concesiones están ubicadas en zona de cabecera de cuenca.
Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP1, la CCP2, la CNA3, la CONACAMI4 y la ONAMIAP5, en el caso CONGA. La primera –medida cautelar- solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.