En medio del escándalo que remeció al gobierno de Ollanta Humala al hacerse públicos los «cornejoleaks», que confirmaban el lobby de las empresas que presionan para lograr medidas y decisiones de gobierno que las favorezcan, se hizo público el día sábado 16 de agosto en El Peruano la creación de la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector Energía y Minas. Esta comisión tiene como finalidad la de «evaluar, identificar, proponer y realizar el seguimiento de las medidas para fomentar las inversiones en el sector», es decir la de propiciar un nuevo paquete de medidas, para no decir «paquetazo» que algunos confunden con los de Fujimori y García y que va a flexibilizar aún más el marco normativo del sector energía y minas, para «mejorar la gestión pública en el ámbito de las competencias del MINEM».
Para seguir la línea trazada por el Ministro Castilla, que es el principal impulsor de las medidas de «desregulación» de las empresas, especialmente de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y de construcción, la citada comisión contará con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la minería como «motor del desarrollo» y con ello la realización de la cartera de proyectos mineros ascendente a US$ 59,582 millones.
El Gobierno Peruano hará la primera consulta previa del sector minero en el primer semestre del 2015, a pesar de la reiterada oposición que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha expresado a la implementación de este proceso en los proyectos de exploración minera. La información no hace referencia a si se aplicará exactamente lo estableciodo por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus recomendaciones de implementación que se sustentan en la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.
Toromocho inició la fase productiva en diciembre del año pasado, con la promesa de convertirse en el proyecto que dinamizaría la producción minera este año. Sin embargo, unos meses más tarde, en marzo, el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA), mediante Resolución 003-2014-OEFA/DS, dispuso la paralización inmediata de las actividades de operaciones de mina, causantes de la generación de los efluentes que descargan en las lagunas Huacracocha y Huascacocha.
Máxima Acuña sufre violencia y los ataques de la Empresa minera Yanacocha en Cajamarca 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano proteger mediante medidas especiales la vida y la integridad de la familia Chaupe pero son las fuerzas de seguridad pública las que se encargan de hostilizarla hasta el cansancio.
La semana pasada escribí sobre la posibilidad de que Máxima Acuña Atalaya de Chaupe, la Dama de la Laguna Azul, pudiera perder el caso de usurpación agravada trabado por la empresa minera Yanacocha sobre su predio de cuatro hectáreas en la zona de Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca. Durante el transcurso de la mañana del martes 5 de agosto de 2014, el juez unipersonal de Celendín, Tomhy Padilla Mantilla, dictó sentencia: dos años y ocho meses de prisión suspendida contra ella, su esposo Jaime, su hija y su yerno (el fiscal había pedido tres años de prisión efectiva); una indemnización de 5.500 soles a la empresa y la orden de desalojo. La abogada de los Chaupe de inmediato interpuso recurso de apelación: si el recurso se aprueba, el caso se verá en la Corte Superior. 
La situación del complejo metalúrgico de La Oroya parece una historia de nunca acabar. Como se sabe, los actuales administradores anunciaron la paralización del complejo metalúrgico desde el 11 de julio hasta el 9 de agosto. El motivo ha sido la falta de acuerdos comerciales con los proveedores para la entrega de concentrados. Cabe señalar que los proveedores habían anunciado que no están dispuestos a asumir riesgos y entablar una relación comercial con Doe Run Perú (DRP) en un contexto de insolvencia.
El presidente de la junta de usuarios Tambo – Cocachacra, Jesús Cornejo Reynoso, junto a representantes de los molineros del Valle de Tambo, manifestaron ayer su rechazo al proyecto minero Tía María de la empresa Southern. Cornejo indicó no entender la actitud del gobierno al haber aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha presentó dos demandas de acción de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la empresa Chinalco a fin de lograr que esta última deje de operar en la zona conocida como Morococha antigua.
Mientras tanto en Cajamarca denuncian que representantes de la Fiscalía de Celendín han llegado al predio en afán de hostigamiento.