Se trabajará “sin fijar plazos” para lograr acuerdo y desarrollar proyecto

Publicado el 30 de junio del 2015

El yacimiento enfrenta el rechazo de la población ante temores a la contaminación y a que la minera use sus fuentes de agua destinadas para la agricultura. El proyecto tiene una inversión de US$1.400 millones y produciría 120.000 toneladas de cobre desde el 2018.

(Pulso) Southern Copper, uno de los mayores productores mundiales de cobre, dijo el viernes que no es posible concretar a mediados de julio un acuerdo con los opositores a su proyecto Tía María en Perú y trabajará “sin fijar plazos” en busca de apoyo de la población para desarrollar su plan de US$1.400 millones.

El presidente de Southern Copper, Oscar González, afirmó en una entrevista con Reuters que espera comenzar a producir en Tía María en el 2018 si logra alcanzar este año un acuerdo con la población que se opone al plan.

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José De Echave C.

En una reciente visita al Perú, Juan  Ramón de Páramo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha[1], señalaba que “no hay mecanismos necesarios para que las empresas cumplan con los objetivos del respeto a los derechos humanos. No hay una estructura institucional que garantice una gobernanza eficaz sobre las autoridades de las empresas”.

Es cierto, a diferencia de los mecanismos obligatorios y vinculantes que protegen los derechos de los inversionistas, el campo de la protección de los derechos humanos en los países que reciben las inversiones se mueven en el ámbito de los instrumentos  voluntarios.

No hay punto de comparación entre por un lado los capítulos que protegen las  inversiones de los tratados de libre comercio o de los tratados bilaterales de inversión y por otro los códigos voluntarios y las políticas de responsabilidad social de las empresas. Asimetría total y absoluta: mientras que la protección de los derechos de los inversionistas se mueve en el campo de mecanismos obligatorios (tratados, arbitrajes internacionales y sanciones en contra de los países), la protección de los derechos humanos está bajo el paraguas de mecanismos que no son vinculantes.

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23 de junio del 2015

Foto: Southern Copper

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, afirmó asimismo que espera que el proyecto de Southern Copper inicie su desarrollo antes de que concluya la gestión del presidente Ollanta Humala en julio del 2016.

(América Economía) Southern Copper, uno de los mayores productores mundiales de cobre, es probable que extienda por más tiempo la pausa que puso a su proyecto Tía María de US$1.400 millones, en sus intentos por lograr el apoyo de la población, dijo la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

En una entrevista con Reuters, Ortiz afirmó asimismo que espera que el proyecto de Southern Copper inicie su desarrollo antes de que concluya la gestión del presidente Ollanta Humala en julio del 2016.

“Yo creo que la empresa ya lo tiene claro desde hace tiempo que tiene que hacerlo”, afirmó Ortiz a la pregunta de si la minera debería ampliar la pausa que vence a mediados de julio.

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22 de junio de 2015

Es irracional que la Southern continúe con el proyecto de Tía María.

Jürgen Schuldt, Profesor de Economía de la Universidad del Pacífico

Un concepto básico de la teoría microeconómica es el de costos hundidos. Como argumentaremos, adecuadamente aplicado al caso de Tía María, permitiría fundamentar que sería irracional que la Southern continúe con ese proyecto. Algunos ejemplos ayudarán a justificar la sensatez de suspenderlo definitivamente.

Fulano compró un bello libro, pero, a poco de leer las densas primeras páginas, lo descartó para siempre. Mengano cumplió dos años estudiando Economía, pero se cambió de facultad, desilusionado de la carrera. Así, pese al tiempo, energía y dinero que gastó cada uno –y que representan los costos hundidos–, decidieron renunciar a sus propósitos originales. Paradójicamente, sus decisiones aparentemente absurdas son ilustrativas de un comportamiento perfectamente racional, porque cada persona consideró que habría tenido que dilapidar demasiada energía si continuara con esa actividad, cuando podría disponerla para otra más satisfactoria.

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La conflictibidad sigue amenazando a la región Puno. Luego de los recientes paros, ahora la advertencia viene de la población que vive agobiada con la contaminación a causa de la minería ilegal que se practica en las cabeceras de cuencas como Ramis y Suches. El Gobierno los ha escuchado alguna vez, pero solo hay palabras, solo compromisos.

En el distrito de Cojata, provincia de Huancané, los afectados por la contaminación del Suches, amenazan con una huelga indefinida contra los daños casuados por la actividad minera ilegal que se desarrolla en sector Japoccollo, territorio que corresponde a la República de Bolivia.

La población protestó el último domingo. Cerca de un millar de pobladores provenientes de las 33 comunidades campesinas y parcialidades portaban pancartas rechazando la contaminación, vocearon frases como: «Agua limpia inmediato», «Ollanta vivimos de la alpaca», «Evo Morales, controla la minería informal», «No a la contaminación del agua», entre otras.

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En las últimas semanas en varios medios de comunicación se ha informado de los avances logrados en el espacio de la Mesa de Diálogo de Challhuahuacho, en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac.

Cabe recordar que a inicios de año, en varios momentos se expresó el descontento de las comunidades altas del distrito de Challhuahuacho, por incumplimientos de acuerdos suscritos con el anterior dueño de la mina (Xstrata). Esta situación provocó un paro de 72 horas a inicios de febrero.

A partir de un pliego de reclamos de 30 puntos planteados por la población, el 28 de febrero se creó la Mesa de Desarrollo de Challhuahuacho promovida por el gobierno nacional, gobierno local, comunidades campesinas y organizaciones locales. Se  conformaron cuatro sub-mesas de trabajo: las de infraestructura social y productiva, minería y ambiente, desarrollo agropecuario y de trabajo, y responsabilidad social. Las tres primeras sub-mesas ya concluyeron sus trabajos con resultados diversos, principalmente  proyectos de infraestructura y productivos a nivel local.

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Denuncian representantes de ONGD.

Dicen ser víctimas de represalias y advierten que APCI busca pretextos para anular su inscripción y eliminarlas.

Representantes de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) denunciaron, en conferencia de prensa, que son objeto de persecución y de intento de amordazamiento por parte del gobierno y de sectores empresariales solo por ser críticos del proyecto minero Tía María y plantear posiciones discrepantes en otros temas sociales.

Estuvieron presentes la Asociación Nacional de Centros (ANC) y las organizaciones como CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal, Grupo Propuesta Ciudadana, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Foro Salud.

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Parece que la Comisión de Justicia del Congreso ha excluido a la Justicia Rondera  de un dictamen que busca crear un nuevo Código Penal.  A los que vivimos en las zonas rurales es como dejarnos sin justicia. Por eso el Poder Judicial teme que se elimine este servicio desinteresado que dan las Rondas, y que signifique la criminalización de las mismas. El Juez Duberlí Rodríguez Tineo, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, dice: “Sería lamentable que todo el camino que se ha avanzado se retrocediera para pasarlas prácticamente a la ilegalidad, con lo cual vendría  una persecución penal contra las Rondas Campesinas, una criminalización.”(La República, 8 de Junio 2015)

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En el marco del debate sobre el Proyecto Tía María, en la Universidad Nacional Agraria que se desarrolló el jueves 28 de Mayo entre especialistas de CooperAcción y representantes de la empresa Southern Peru, la ingeniera Marlene Castillo ofreció a la comunidad universitaria asistente elaborar y hacerles llegar la ponencia esbozada. 

Este Documento de Trabajo titulado «Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que  sustentan la negación de la licencia.social» lo adjuntamos como aporte para seguir profundizando en el examen de la viabilidad ambiental y social del Proyecto Minero a Tajos Abiertos – Tía María, que está en el centro del conflicto socio-ambiental en el Valle de Tambo-Provincia Islay, y que pone una vez más en agenda la prioridad política del ordenamiento territorial – basado en la zonificación ecológica y económica – en la regulación necesaria del uso, ocupación y conservación del territorio, en tanto el territorio es el soporte de la vida en común y parte constitutiva de la soberanía estatal, que no debería ser dejado al libre mercado de las concesiones e inversiones de cualquiera sea el sector económico del proyecto.

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