El reasentamiento de la ciudad de Morococha es un tema que debería retomarse y colocarse en agenda. La construcción de Nueva Morococha se desarrolló en el año 2012 a cargo de la empresa minera Chinalco, que ejecuta el proyecto Toromocho. Casi mil doscientas familias fueron desplazadas en ese entonces; sin embargo, el proceso de mudanza no ha concluido. La población está literalmente dividida. Poco más de setenta familias se opusieron al desplazamiento y aún viven en la ‘Antigua Morococha’, ubicada a metros de la mina cuprífera a tajo abierto. Las familias ya reasentadas conviven con las consecuencias de un traslado no consultado, a zonas no apropiadas para habitar.
La población no estaba informada sobre la presencia de metales pesados en la zona del reasentamiento. Sólo se le entregó un resumen ejecutivo del EIA de Toromocho. La población solo se enteró de esto casi cuatro años después, cuando ya la mayoría se había mudado.
Frente a las reiteradas suspensiones de las reuniones de la Mesa de Diálogo de la Provincia de Cotabambas (Apurimac) que debe atender la problemática en torno al proyecto minero Las Bambas, organizaciones sociales de la zona publicaron hoy un importante pronunciamiento.
Son tres fechas en las que podrán encontrar nuestras publicaciones en venta y en donación: Lunes 25, sábado 30 y domingo 31 de julio.
Corte del Reino Unido se pronuncia sobre correos electrónicos de directivos de Xstrata, que los implican en las acciones de violencia
Los pobladores de más de 21 comunidades, barrios y organizaciones del distrito de Orurillo, protestaron en la plaza San Martín del mismo distrito en contra regreso de una nueva empresa minera con el nombre de Soles Perú, quienes tendrían una concesión junto a otras once concesiones o más que habrán sido otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas o la Dirección Regional de Minería. 
El día de ayer se conoció la noticia que el Tribunal Arbitral internacional encargado del caso “La Oroya” había resuelto parcialmente a favor del Estado peruano.
La Agencia Andina acaba de anunciar que el Tribunal Arbitral internacional encargado del caso “La Oroya” -denominado The Renco Group Inc. contra el Perú- resolvió parcialmente a favor del Estado peruano. La fuente es el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El conflicto social causado por la empresa minera Southern Perú, por su intención de instalar la minera cuprífera Tía María en el Valle de Tambo, no ha concluido, ya que este miércoles las marchas contra esta minera se reiniciaron en horas de la tarde.
Después de nueve años un grupo de 18 comuneros de la comunidad campesina de Condorhuaín, en el distrito de Independencia de la provincia de Huaraz, fueron absueltos por la justicia que los había procesado por los presuntos delitos de secuestro, daños y bloqueo de carretera al oponerse a la instalación de la empresa minera Barrick.