RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para plantear lo siguiente:
Lamentamos que la conflictividad social por la actividad minero extractiva en el Perú, haya cobrado una nueva víctima, Quintino Cereceda Huiza, a cuya familia alcanzamos nuestras condolencias. Es la primera víctima acontecida en el gobierno del presidente Kuczynski, antes de cumplir el tercer mes de asumir su mandato.
De otro lado, y sin bien en el pasado el rol del Ministerio del Interior ha sido diferente, respaldamos la respuesta del Ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien a través de un pronunciamiento ha señalado que se va realizar una investigación profunda de los hechos y la intervención de los miembros de la policía, luego de conocerse que la víctima falleció por impacto de un proyectil de arma de fuego.
Exigimos que las autoridades competentes incluyan en las investigaciones a la empresa minera MMG, pues como ha manifestado el Ministro Basombrío, participó con su maquinaría en la intervención policial ocurrida el día de ayer, que no fue consultada con las instancias competentes.
Al menos una persona murió el viernes en una región andina de Perú tras un choque entre la policía y pobladores que bloqueaban una carretera de acceso a la mina de cobre Las Bambas, una de los mayores del país, de la firma MMG Ltd, una filial de la china Minmetals. Las pobladores protestan por la gran cantidad de polvo y el ruido que producen los camiones que transportan concentrados de cobre de la mina.
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Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña, pone sobre la mesa el tema del machismo y su empleo como estrategia de hostigamiento por parte del poder minero. Advierte que situación podría llegar al feminicidio.
Documento pone de manifiesto los alcances e impactos que pueden tener las actividades extractivas del desarrollo en la vida de las personas, especialmente, en los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, sobre todo cuando se vulneran derechos fundamentales.
Servindi, 12 de octubre, 2016.- Los Estados tienen un conjunto de obligaciones específicas que cumplir cuando se realizan actividades extractivas en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, sostiene el abogado peruano Juan Carlos Ruiz Molleda.
Un reciente informe de CooperAcción “Gobernanza del agua en zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo”, pone en evidencia que la minería no usa el 1% del agua en Perú como lo afirma los organismos del Estado y las empresas, ya que el cálculo es de hace más de tres décadas, cuando la minería representaba el 12% del total de las exportaciones. «Hay un lobby que ha permitido cambios en las leyes, lo que muestra el poder que ejerce el lobby minero en Perú para controlar el proceso de adjudicación del agua que emplean. Son las empresas las que deciden sobre qué indicadores se les va a fiscalizar, son las empresas las que gobiernan a través de las normativas» señala el informe.
Este jueves 13 de octubre de 2016, se realizará en Lima el XII Foro Latinoamericano sobre Industrias Extractivas “La herencia económica e institucional del superciclo y la nueva agenda”, organizado por la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas.
Hoy, con el apoyo del Natural Resource Governance Institute – NRGI, presentamos la publicación “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú: “Abriendo el diálogo” que recoge el estudio a cargo de las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez, que analiza la actual problemática de la asignación de derecho de uso del agua a las empresas mineras. La investigación se centra en dos casos de estudio, la cuenca del río Grande, en la región Cajamarca, y las cuencas de los ríos Cañipía y Salado, en Espinar, Cusco.
El Burgomaestre de Chugur, Vidal García, dijo que Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es antitécnico en materia ambiental y social.