La emergencia generada por el fenómeno de “El Niño Costero” reavivó el debate sobre el alto riesgo de desastre[1] en el que se encuentra la ciudad de Lima, por el probable deslizamiento o colapso del relave minero “Triana”. Propiedad de la empresa minera australiana Nyrstar, este relave está ubicado en el kilómetro 93 de la Carretera Central en el sector conocido como cerro Tamboraque, a escasos metros del curso del río Rímac. De ocurrir un colapso, podría contaminar las fuentes de agua que abastecen a las plantas de tratamiento de Sedapal.

El pasado 4 de abril, Gestión publicó un artículo titulado “Lluvias ponen en riesgo de contaminación del agua por 18 relaves mineros en el país[2]” en el que, además de referirse a la situación de Tamboraque, se señala que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) había identificado 18 relaves mineros que representaban un potencial riesgo ambiental[3], debido a las lluvias torrenciales ocurridas en todo el país.

Fue a partir de este artículo y en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se solicitó a OEFA la información espacial detallada (incluidas coordenadas geográficas) de los 18 relaves mineros citados en el diario Gestión. OEFA nos alcanzó la información requerida con la aclaración de que los relaves mineros identificados en situación de riesgo eran 17 y no 18 como lo había mencionado el diario Gestión, el cual posteriormente publicó una nota aclaratoria.

De la revisión previa de la información remitida por OEFA, se encontró que de los 17 depósitos de relaves[4] que presentan potencial riesgo ambiental, 16 están en operación y solo uno está en proceso de cierre o cerrado. Estos relaves pertenecen a 15 proyectos de propiedad de 12 compañías mineras. Entre los casos identificados están Buenaventura, que con sus minas Julcani y Orcopampa tiene tres de los 17 relaves; la compañía Antapaccay con la mina Tintaya que tiene dos relaves; la compañía Volcan con sus minas Carahuacra y Andaychagua que tiene dos; y la compañía minera Kolpa con la mina Huachocolpa Uno que tiene dos depósitos de relaves, que podrían generar un desastre ambiental.

Si analizamos la distribución espacial de los 17 puntos, vemos que están localizados en 13 distritos, pertenecientes a 11 provincias de 9 departamentos del Perú. Así mismo identificando su ubicación y contigüidad a quebradas y ríos, vemos que siete de estos relaves podrían contaminar las aguas del río Mantaro a través de sus afluentes. Asimismo, se observa la posibilidad de un desborde o colapso del relave Chinchán de la mina Casalpaca sobre la quebrada Yuraccocha (afluente del río Rímac), que podría significar un desastre mayúsculo en términos del abastecimiento de agua potable para gran parte de la población limeña (ver cuadro y mapa, para mayor detalle de otros casos).

Como sabemos, existen altas probabilidades de que en un contexto de variabilidad climática se vuelvan a repetir fenómenos de intensidad atípica, lo que podría convertir este riesgo ambiental en desastres con miles de afectados, pues la proximidad de estos 17 relaves a quebradas y ríos que son fuentes de agua de poblaciones urbanas y rurales es preocupante.

Al cumplir sus primeros 12 meses como presidente constitucional, debemos reconocer que Pedro Pablo Kuczynski viene cumpliendo fielmente una de sus promesas: «no exagerar» en la normativa ambiental, «ser realistas» para atraer inversiones⁽¹⁾.

En efecto, durante este año el Gobierno ha retrocedido –aún más- en la tímida política ambiental que había construido el Estado peruano. El Ministerio del Ambiente ya no pretende convertirse en autoridad rectora, sino que ha sido relegado al papel de promover campañas informativas e impulsar algunos proyectos específicos. La errada concepción detrás de todo esto es que las políticas ambientales impactan negativamente en el crecimiento económico.

El Gobierno se ha comprado el discurso que los gremios empresariales han venido sosteniendo durante los últimos años, desde que el Estado empezó a impulsar algunas políticas de regulación y fiscalización ambiental. Según los voceros de las grandes empresas, la excesiva «tramitología» era la causa de una menor inversión en el sector minero y de la desaceleración de la economía. Frente a ello, la solución sería reducir los «trámites» –particularmente ambientales- y en general flexibilizar los reglamentos, las exigencias y la fiscalización a las empresas.

Es a partir de este enfoque que se deben entender las diversas decisiones que ha venido tomando la gestión de PPK en el último año. Entre los retrocesos socioambientales más saltantes se encuentran los siguientes:

• ordenamiento territorial en el limbo: con su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Ministerio de Ambiente renuncia de manera ilegal a la función rectora en el proceso de Ordenamiento Territorial, contemplada en su ley de creación. Con ello, al no haberse aprobado ninguna norma que establezca cuál será el nuevo ente rector, este proceso -fundamental para ordenar las actividades, equipamiento, servicios, etc., en un territorio- ha quedado en el limbo legal.
• propuesta de nuevo reglamento de exploración minera: El nuevo reglamento busca la simplificación administrativa y la reducción de trámites para la exploración minera, además en determinados proyectos de exploración se reduce la necesidad de estudios ambientales. Según el viceministro Labó, el objetivo de este reglamento es «revertir la caída de las inversiones». Como vemos, se trata de una norma ambiental que explícitamente tiene objetivos económicos.
• los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Aire que –entre otros cambios- elevan el límite para dióxido de sulfuro en 12 veces (pasando de 20 a 250 ug/m3 al día). Pese a que muchos dijeron que este «sinceramiento» buscaba facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, esta semana se conoció que la subasta del mismo ha fracasado por tercera vez. En realidad, de acuerdo a las propias declaraciones previas de PPK, esta norma buscaría captar inversiones para nuevas fundiciones y plantas de procesamiento de minerales.
• aguas residuales: el DL 1285 reduce las exigencias y procedimientos para la aprobación del vertimiento de aguas residuales. Esta norma, leída en conjunto con los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Agua –que flexibilizan las exigencias parámetros microbiológicos y parasitológicos como los coliformes totales- buscaría facilitar la inversión en saneamiento.
• reconstrucción sin cambios: tras el fenómeno meteorológico denominado «El Niño Costero», la creación de la Autoridad para la Reconstrucción excluyó al Ministerio de Ambiente, que como es evidente debería tener un rol clave para responder a amenazas climáticas. Esta Autoridad sí incluye a los ministerios económicos y productivos (Economía, Transportes, Agricultura y Vivienda). Además, deja fuera a los gobiernos locales y regionales y a la población que debería vigilar el proceso para evitar corrupción. Otro tema que ha quedado excluido es el ordenamiento territorial: si inicialmente creímos que la «reconstrucción con cambios» tenía que ver con la planificación territorial para reducir riesgos futuros, esta preocupación ha sido obviada. A lo sumo se ha contemplado la declaratoria de zonas de alto riesgo no mitigable, pero ello es algo completamente insuficiente pues también se debería identificar las zonas de riesgo mitigable y sobre ellas establecer las condiciones de uso. Algo que no está previsto por falta de una visión integral.
• el MEF a cargo del Fondo Verde para el Clima: un cambio relevante ha sido la decisión de designar al MEF –en reemplazo del Minam- como nueva Autoridad Nacional Designada para mantener la relación con el Fondo Verde, principal fondo de Naciones Unidas para financiar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.
• minería ilegal: los decretos 1293 y 1351 han debilitado la lucha contra la minería ilegal, abriendo la posibilidad de dejar en suspenso las sanciones para los infractores con el argumento de impulsar su formalización. Esto ha abierto una puerta falsa para que continúen operando mafias y sigan usando maquinarias de gran envergadura que causan daños irreparables al ecosistema.
• Desde CooperAcción venimos sosteniendo que este enfoque es errado. La desaceleración económica no tiene que ver con las normas ambientales, sino con la variabilidad global de los precios de las materias primas y con decisiones de inversión de las propias empresas. De hecho, una encuesta recientemente difundida por el centro Wiñaq⁽²⁾ muestra que los empresarios del sector consideran en un 66% que las causas principales del retraso en los proyectos mineros son «decisiones estratégicas de la casa matriz», «menores precios», «mayores costos» y «problemas con el mantenimiento», versus apenas 5% que menciona «trámites del gobierno nacional». Adicionalmente un 23% considera que la causa principal son «conflictos sociales», los mismos que en gran parte se producen por una inadecuada gestión ambiental y del territorio.
• Relajar las normas traerá a la larga no solo mayores costos sociales y ambientales, sino también mayores costos económicos para la sociedad y para el Estado, pues los problemas que se generan en algún momento tendrán que resolverse y alguien debe responsabilizarse de ellos. Un aire de peor calidad, asociado a enfermedades que deberán ser tratadas por el sistema de salud, se traducirá en mayores gastos. Un agua de peor calidad costará más para ser potabilizada e igualmente puede ocasionar a la larga una serie de enfermedades. El crecimiento de nuestras ciudades y otros centros poblados sin planificación territorial hace que se deterioren las condiciones de vida e incrementan nuestra vulnerabilidad a múltiples amenazas, las cuales se pueden intensificar en un contexto de cambio climático. Ya en 2007 un informe del Banco Mundial estimaba en 3% del PBI los costos económicos de la degradación ambiental en el Perú. La incapacidad actual del Estado para afrontar la gravísima contaminación que sufren poblaciones como las de Simón Bolívar (Pasco), Espinar, La Oroya o Andoas nos muestra la dramática realidad de esta cifra.

  Para un desarrollo sostenible en el tiempo, el Gobierno debe dejar atrás este enfoque caduco que contrapone economía versus ambiente. Una inversión con visión de futuro debe ir de la mano con una autoridad ambiental fuerte y con capacidad para garantizar el bienestar de las personas y de los ecosistemas.

• Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/744-ppk-un-ano-desmantelando-politicas-ambientales

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como «desierta» la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)». En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/612-la-oroya-vida-y-salud-ante-todo

Viernes 21 de Julio de 2017.- La cantidad de conflictos sociales en Perú se redujo en la primera mitad del 2017 al pasar de 212 en diciembre del 2016 a 177 en junio de este año, informó hoy el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).

“Desde marzo del 2017 empieza un descenso sostenido del número de conflictos en el país y a junio de este año se llegó a 177, según el último informe de la Defensoría del Pueblo a junio del 2017”, dijo el representante de CooperAcción, José de Echave. En la presentación del reporte del primer semestre del 2017 del OCM Echave explicó que ese descenso de la conflictividad social se debería, en parte, al fenómeno climatológico de El Niño costero y la emergencia declarada en gran parte del territorio del país.

Señaló que la región de Áncash es que la que posee la mayor cantidad de conflictos sociales asociados, la mayoría, a la minería. “Gran parte de la situación de violencia y enfrentamientos en el país están vinculados a la minería y el petróleo”, destacó. A continuación, indicó que la macrorregión sur posee el 33% de los conflictos sociales, mientras que la macrorregión norte el 31%, la macrorregión centro el 21%, la macrorregión oriente el 12% y otros 3%. Recordó que los conflictos socio ambientales siguen siendo los más numerosos (75.2%) y dentro de ellos destacan los conflictos mineros (65.9%).

Fuente:http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=135629137

El 20° informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú señala que desde el 2014 había alrededor de 210 conflictos sociales registrados mensualmente en el país, pero en marzo del presente año empieza un descenso sostenido del número de los mismos. De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo a junio, hay un total de 177 conflictos en el país, descenso que se debería principalmente al fenómeno climático del “Niño Costero” y la emergencia declarada en gran parte del territorio del país, hecho que marcó la agenda de los primeros meses del año en las regiones. Otro factor es la tendencia a una menor inversión en sectores como el minero, además de las variables internacionales como la baja del precio de los metales.

El informe alerta que hay un claro debilitamiento de las normas ambientales en el país. Por ejemplo, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Minam ha tenido un serio retroceso: el sector ha perdido rectoría en un tema clave como es el ordenamiento territorial. Además, mediante Decreto Supremo el Minam modificó los Estándares de Calidad Ambiental de aire vigentes a nivel nacional, debilitando las normas de calidad ambiental, generando preocupación en torno al parámetro de dióxido de azufre, un tema estrechamente vinculado al caso de la fundición de La Oroya.

Respecto a los conflictos mineros el informe OCM señala que la región Apurímac, donde se encuentra el mega proyecto Las Bambas, ha cedido el primer lugar a la región Ancash, que ha pasado en los últimos meses a convertirse en la región con el mayor número de conflictos, principalmente vinculados a la minería. Por otra parte esta región ha sido desplazada al tercer lugar en cuanto a la producción de cobre, luego de Arequipa y Apurímac, debido al fenómeno del Niño Costero y a que sus principales operaciones ya han alcanzado sus máximos niveles de producción, por ejemplo la unidad Pierina de Barrick se encuentra en proceso de cierre a causa del agotamiento de sus reservas de mineral.

Afirma el informe que Piura es una región con problemas serios como la minería ilegal, y que una evidencia de la ilegalidad de estas actividades es que la región no aparece en las estadísticas oficiales del Ministerio de Energía y Minas como región productora de oro a nivel nacional. En cuanto a los conflictos sociales, ocupa el sexto lugar, con un promedio mensual de 14 conflictos, vinculados con casos como Tambogrande y el proyecto Río Blanco, ex Majaz.

Mientras Cajamarca ocupa el quinto lugar en cuanto a conflictos sociales, con doce casos. Un tema preocupante en esta región es la criminalización de la protesta a líderes sociales y ambientales, como es el caso de Máxima Acuña. Hasta el momento no existe un mecanismo eficiente del Estado que pueda responder a los riesgos reales que los defensores ambientales enfrentan. Siendo que desde el Ministerio de Justicia existe una iniciativa para la elaboración de un protocolo de atención para defensores; sin embargo hasta la fecha no se ha concretado.

Sobre el caso La Oroya, mediante Decreto Supremo (003-2017-Minam) se ha debilitado las normas de calidad ambiental. Con esta norma se modificó el ECA del dióxido de azufre (SO2), pasando de 80 y 20 ug/m3 para 24 horas a 250 ug/m3 para 24 horas. El incremento del valor de concentración de este parámetro estaría orientado a favorecer al nuevo operador del Complejo Metalúrgico La Oroya.

El sur lidera la inversión minera

En los últimos años en la zona sur del país ha venido concentrando los mayores montos de inversión en proyectos mineros. La entrada en producción de proyectos como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Constancia, Antapaccay, entre otros, confirman esta tendencia, y varias regiones de esta zona del país encabezan el salto productivo que se viene produciendo en el caso del cobre.

El informe destaca además la diferencia en el número de conflictos entre la zona sur (33%) y norte (31%), mientras que la zona centro y las regiones amazónicas tienen una menor participación (21% y 12% respectivamente), siendo los socioambientales los más numerosos (75.2%), y dentro de ellos destacan los conflictos mineros: 65.9%.

De acuerdo a la sistematización de información que realiza el OCM con información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el 13.75% del territorio nacional se encuentra concesionado a la actividad minera, siendo las regiones con mayor territorio concesionado: Moquegua (47%), La Libertad (46%) y Apurímac (46%); el 75.32% de las concesiones mineras se encuentran tituladas, mientras el 24.68% se encuentra en trámite.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/19/07/2017/informe-ocm-denuncia-debilitamiento-de-las-normas-de-calidad-ambiental

Ante la ausencia de respuesta y accionar del gobierno central, frente a un conocido problema social y medio ambiental, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis desalojó campamentos mineros ilegales de la quebrada Pastacillo.

La movilización se dio durante la mañana del jueves 13 de julio de 2017. Sin embargo, la problemática viene de años atrás y esta no ha sido la primera intervención en la zona. El desalojo se dio de manera pacífica, sin embargo, mientras avanzaba el día, las represalias empezaron a llegar.
13 de julio, 2017. Quebrada Pastacillo.

Alrededor de 100 indígenas wampís, en coordinación con la municipalidad distrital de Río Santiago, se movilizaron durante la mañana hacia Pastacillo. Su misión era desalojar los asentamientos de minería ilegal y destruir las dragas. La ausencia de respuesta del gobierno central fue su motivación.

“Somos los wampís y la Municipalidad de Santiago los que nos hemos visto forzados a tomar estas acciones en nuestras manos, esta vez sin intervención de la Fiscalía, ni de la Policía Nacional, debido a la falta de interés del Estado de abordar esta problemática.”, indicó Wrays Pérez, presidente del GTA Wampís. A su vez, solicitó la pronta presencia de las fuerzas del orden para evitar represalias en contra de quienes “hemos hecho frente a los mineros en la defensa de nuestro territorio”.

Wampís y awajún de diversas comunidades entre ellas: Chosica y Huabal, se movilizaron hacia Pastacillo. Nuevamente los “soplos” parecieron no faltar y al llegar, la zona se encontraba sin mineros, solo llegaron a confiscar y destruir una draga. No hubo resistencia. No hubo enfrentamientos. La gente se movilizo hacia el puerto La Poza (Galilea), donde sospechaban podría encontrarse el resto de la maquinaria.

13 de julio, 2017. Puerto La Poza (Galilea)

Durante la tarde, luego de la intervención, wampis y awajún se reorganizaron en el puerto para retornar hacia sus comunidades. En ese momento, un peque-peque se aproxima: lo abordaban un grupo de personas con machetes, lanzas y piedras en las manos. El contraaataque de los mineros logró herir a cinco personas adultas wampis, entre hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad de Huabal. Estas personas han sido atendidas en el centro de salud local. Por el momento, la población está calmada, pero la mayoría rechaza la minería.

Como siempre, el Estado ausente

Durante los últimos cinco años este territorio viene siendo deforestado por el avance de la minería ilegal. 20 hectáreas han sido arrasadas por el incesante avance de dragas en dos turnos de 12 horas, para “no desperdiciar el día”; con motores sin apagar operando en los cauces de los ríos las 24 horas, los 7 días. Barriles de mercurio adornan el deforestado escenario cada vez que las dragas avanzan a la siguiente hectárea.

La quebrada Pastacillo está dentro de los 1.3 millones de hectáreas que conforman el territorio Wampís, aunque una parte le pertenece a una comunidad Awajún, Yutupis.

La minería ilegal en Pastacillo no es nueva ni desconocida para el gobierno central. Tanto en el 2013 como en el 2015, la Marina de Guerra del Perú en coordinación con el Alto Comisionado en asuntos de minería ilegal que pertenecía a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), entraron a la zona y destruyeron algunas maquinarias. Sin embargo, los mineros esconden y hunden sus motores y máquinas pues “el soplo” parece no faltar. Sólo tres días cesan los motores, solo tres días las dragas dejan de trabajar; luego del operativo, todo vuelve a continuar.

Ya el 7 de abril de 2016, autoridades del distrito de Río Santiago enviaron un oficio a Jorge Luis Trigoso Rodríguez, encargado de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Bagua. El oficio reportaba la actividad ilegal en la quebrada Pastacillo, su ubicación y la cantidad de dragas en la zona. Además, solicitaba una pronta intervención en el área.

Posteriormente, el 2 de noviembre del 2016, líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTA Wampís) se reunieron con representantes del Ministerio del Interior, el Jefe operaciones del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el Jefe de operaciones de la Policía Nacional del Perú, la DICAPI (Dirección general de capitanía y guardacostas), representantes de la PCM y el despacho del congresista Wilbert Rozas.

En esta reunión, el GTA Wampís buscaba hacer notar la necesidad de implementar Plataformas Itinerantes de Acción Social, gestionadas por las Fuerzas Armadas y encargadas de acercar los servicios del Estado a las comunidades, para fortalecer los Comités de Vigilancia Comunitarios ya organizados por los wampís (Acta de reunión PCM-ONDS 2016-11-02). Además, se acordó planificar y llevar a cabo un nuevo operativo de interdicción en la quebrada Pastacillo.

Desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna intervención por parte del Estado. Y el operativo previsto nunca salió del oficio. Frente a ello, los pueblos wampis y awajún decidieron defender su territorio de la minería ilegal.

(Con información de CAAP, Mongabay y Radio Bomba)

Foto: Jacob Balzani
Fuente: Vigilante Amazónico

El 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Lima nos hemos reunido representantes de  18 regiones del Perú de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones, académicos y diversos colectivos que defendemos el agua de todos los peruanos y peruanas.

Estos días han servido para compartir nuestras diferentes luchas y resistencias, y proponer soluciones y acciones desde los pueblos en defensa de nuestras diversas fuentes de agua: glaciares, páramos, lagunas alto andinas, acuíferos, bosques amazónicos, entre otras.
En este encuentro expresamos y sentimos la necesidad de decirle al país que el agua no sale del caño, sino que hay que mirar río arriba. Debemos recordar que hace apenas unos meses gran parte del territorio nacional fue declarado en estrés hídrico por sequías, ausencia de lluvias.

La gestión del agua ahora es injusta, inequitativa y beneficia a los grandes grupos económicos (empresas). Criticamos al Estado por seguir otorgando concesiones mineras, de hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales que ponen en peligro el suministro y la calidad del agua. El Estado debe cumplir con sancionar a los que contaminan y destruyen las fuentes de agua, respetando los derechos de todos los peruanos y peruanas, frente a la contaminación del agua con minerales pesados, uso de agroquímicos, destrucción de bosques, etc.

Muchas de las discusiones han girado en torno a la necesidad del cuidado de nuestras cuencas y principalmente de las cabeceras, hoy en peligro permanente por proyectos extractivos y de trasvases, principalmente para la agroexportación. Todo ello pone en riesgo el agua que se utiliza para la agricultura de subsistencia, así como para el agua potable de las ciudades.

El escenario es complejo y diverso en cada uno de nuestros territorios; con importantes logros en varios casos; resistencias que han logrado paralizar mega proyectos que pretendían destruir nuestras fuentes de agua y que amenazaban los territorios; pero al mismo tiempo se siguen presentando serias amenazas que persisten y que se acrecientan.

Este encuentro ratifica que el agua une a los pueblos, porque es nuestra fuente de vida y un elemento fundamental de nuestra identidad y cultura, que se comparte a lo largo de ríos, cuencas y diversos ecosistemas. Es importante todo lo hecho hasta ahora por nuestras organizaciones en los territorios; sin embargo, es necesario seguir avanzando para fortalecer las luchas de nuestros pueblos.

Se nos plantean diversos retos y amenazas en la actualidad, desde los diversos impactos por el cambio climático, el retroceso de los glaciares y los impactos de distintas actividades extractivas, como la minería, la agroexportación, los hidrocarburos, las actividades ilegales, las hidroeléctrica, como por ejemplo en la cuenca del Marañón, entre otras.

Además, desde el Estado se nos sigue ignorando; no nos consultan ni toman en cuenta las demandas de las poblaciones y persisten en el mismo modelo depredador que afecta los derechos de las poblaciones y de la Naturaleza. No somos los pueblos los que buscamos estar en conflicto, sino es la imposición de proyectos económicos y modos de vida que no nos deja otra opción que reaccionar, defendernos y resistir.

Por ello, necesitamos reforzar nuestros niveles de articulación y pensar en un plan de acción que, definiendo prioridades nos permita trabajar y seguir avanzando en cada uno de nuestros territorios. La lucha por el agua es técnica, legal, política, organizativa y cultural, y es una lucha de todos y todas. Por eso es importante reconocer el rol fundamental jugado por las mujeres en estas luchas en cada uno de los rincones del país, dado que no solo disputan con el gran poder empresarial que destruye sus ríos y tierras, sino que tienen que estar batallando por ganar un espacio de representación dentro de sus propias organizaciones.

Son diversas las propuestas que se han planteado en estos días de trabajo: la necesidad de subrayar cuantas veces sea necesario que el agua es un derecho humano y un bien común que debe ser defendido; el objetivo de recuperar la gestión comunal/colectiva de los territorios y de los bienes comunes, entre ellos el agua; impulsar políticas de ordenamiento territorial desde abajo; valorar los saberes locales y reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho de las comunidades campesinas a la consulta previa, libre e informada y a decidir sobre su modelo de desarrollo; impedir la privatización del agua, recuperar el derecho de la gestión colectiva del agua desde las subcuencas; fortalecer las organizaciones de nuestras comunidades.

Proponemos un modelo alternativo en el que los pueblos y comunidades decidamos sobre nuestros modos de vida y podamos gestionar los bienes comunes. Al Estado le exigimos que cese la criminalización de los defensores del agua; que se respete plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada; que se trabajen leyes que permitan de manera efectiva la protección de nuestros territorios y las fuentes de agua para enfrentar las amenazas frente al cambio climático y los modelos productivos depredadores. Que derogue el decreto legislativo  Nº 1280 que busca privatizar las empresas de agua a nivel nacional. Necesitamos un Estado que escuche y que esté con nuestros pueblos.

Luego de estos días de trabajo nos proponemos un plan de acción con las siguientes acciones prioritarias:

A nuestras organizaciones

– Fortalecer de manera efectiva nuestros niveles de articulación en plataformas que de acuerdo a la realidad de cada territorio, desarrollen diversas acciones a nivel local, regional y nacional. El encuentro de Lima apunta a generar un proceso sostenido de coordinación e intercambio que será forjado, de abajo hacia arriba, desde las comunidades, los pequeños productores, usuarios de agua  y diversos colectivos urbanos que vienen trabajando en todo el país.  Nuestro compromiso es organizar los encuentros locales, regionales y macroregionales de organizaciones y defensores del agua.

– Para ello, proponemos replicar actividades de articulación a nivel de las regiones y macroregiones, para llegar de manera efectiva a los territorios. Este proceso reconoce el rol estelar de las comunidades y se define como un proceso que se construye de abajo hacia arriba y en movilización permanente. Por eso vemos como necesidad que el Encuentro Nacional se debe convocar cada dos años para consolidarlo como un espacio sostenido de reflexión y toma de decisión de acciones nacionales en defensa del agua.

– Proponemos organizar una plataforma de información que permita un     seguimiento a las diferentes acciones que nuestras organizaciones vienen realizando por la defensa de sus fuentes de agua. La base de datos de las diferentes organizaciones y redes nacionales es un primer avance que debe potenciarse para permitir un seguimiento a los diferentes conflictos vinculados al agua que se presentan en todo el país y realizar una campaña nacional. Este debe ser el primer paso para la conformación de un Observatorio Nacional del Agua.

– Se conformará una red nacional de acción inmediata y protección para la protección de defensores y defensoras del agua.

Frente al Estado

– Iniciar un diálogo nacional que impulse una verdadera Autoridad Nacional del Agua que tenga una real autonomía y que reduzca la dependencia actual y el control que ejercen los diferentes grupos económicos y los sectores que precisamente han provocado una gestión caótica y desigual del agua.

– Exigimos una política de salud que proteja de manera efectiva a las poblaciones afectadas, castigando a los responsables de la contaminación. La propuesta es que se detenga la contaminación y que se compense a los afectados.

– Llamamos a nuestros representantes en el Congreso y a las instituciones del Estado peruano a diseñar con las poblaciones las políticas públicas necesarias que hagan efectivo el reconocimiento del agua como derecho humano y que protejan las fuentes de agua y cabeceras de cuencas. Se deben reconocer nuestros conocimientos ancestrales que son una herramienta fundamental para una adecuada gestión del agua que además permite la actividad de pequeños agricultores y asegura la canasta de alimentos del país (seguridad alimentaria) de todos los peruanos y peruanas. Rechazamos la concentración de aguas y tierras.

– Exigimos la derogatoria de la ley de criminalización de la protesta social que persigue a nuestros defensores y defensoras por el agua a nivel nacional.

– Nos comprometemos, los líderes y lideresas en mejorar nuestra gestión territorial del agua. Estamos comprometidos a participar en el ordenamiento territorial y exigimos al Estado procesos participativos, justos, equitativos y con transparencia.

– Solicitamos que las Juntas de Usuarios sean legitimadas por el pueblo y que la normatividad asegure una mayor fiscalización de la ciudadanía y las prácticas democráticas para la elección de representantes, rotativamente e inclusivamente. Criticamos la política deforestación de la Amazonía, porque permite las lluvias presentes y futuras en el resto del país.

Por último, aprobamos la organización de la segunda Marcha Nacional por el Agua, que tenga como plataforma la exigencia de participación y representación de las comunidades y pequeños productores, colectivos urbanos, colectivos de mujeres, jóvenes, en las decisiones sobre las políticas nacionales vinculadas a la gestión del agua y el diseño de una nueva institucionalidad que realmente responda a las necesidades de los pueblos y no de los poderosos y sus negocios en el Perú.

Lima, 07 de julio de 2017

Fuente:https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15d32e4ed1f275e2

“No queremos vivir para morir sufriendo, cuando me lavo la cara con agua del río me salen ampollas en los labios, y me da alergia en todo el cuerpo, para contrarrestar las enfermedades utilizó plantas medicinales de la zona, mi vaca ya no produce la misma cantidad de leche y se enferman hasta morir, nosotros queremos cierre definitivo de la mina”, cuenta Marcelina Quispe Quispe, pobladora de la comunidad campesina de Llalli.

Licencias. La Autoridad Nacional del Agua, encargada de fiscalizar el uso del recurso, desconoce cuáles son las empresas y personas que extraen agua dulce de las cuencas del Perú. Aún así, Ojo-Publico.com conoció que en el país existen 780 mil usuarios oficiales y unos 2.6 millones que extraen agua de manera informal. Entre las principales consumidoras de agua, en el rubro minero, aparecen Yanacocha, Consorcio Minero Horizonte, Barrick y Volcan.

El agua en el Perú discurre y se usa a ciegas. Las estadísticas oficiales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el ente del Estado encargado de administrar y fiscalizar el uso de este recurso, revelan que el 2015 se destinaron 40 mil millones de m3 de aguas superficiales a los sectores industrial, agrícola, minero y poblacional. Sin embargo, los reportes no identifican a las empresas y personas que manejan dicho recurso, apenas se conoce que hay 780 mil usuarios oficiales y que otras 2.6 millones de personas extraen agua al margen de la ley.

¿Entonces, si no existe un inventario exacto del uso del agua en el Perú, cómo se distribuye y prioriza el manejo de este recurso? Ojo-Publico.com accedió a información de la ANA que revela la existencia más de 16 mil licencias, permisos de excedentes y autorizaciones temporales entregadas en los diversos sectores productivos. De aquel total, al año 2014, existían 1.405 empresas extractivas que consiguieron 2.449 autorizaciones para explotar fuentes de agua en todo el país. De estas, el 32% corresponde a la actividad minera.

El ranking de la industria

El análisis de la base de datos de 16 mil licencias permite identificar a las empresas energéticas, mineras, pesqueras y de la industria en general que concentran el mayor número de derechos de agua. La compañía con más autorizaciones registradas es Pluspetrol Norte y su matriz Pluspetrol Perú Corporation que en conjunto tienen 48 autorizaciones para explotar el agua de ríos y quebradas de la Amazonía.

Esta petrolera de capitales argentinos tiene pendiente un litigio judicial con el Estado porque se niega a pagar S/ 39,4 millones de multa que le impuso el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por la desaparición y contaminación de lagunas en Loreto.

La segunda compañía con más licencias de agua es la minera Buenaventura (tiene 39 a su nombre), accionista de Yanacocha y que tiene como presidente de directorio a Roque Benavides. Esta compañía litiga con el Estado peruano para no pagar tributos por S/ 246 millones.

Uno de los varios conflictos sociales que involucran a Buenaventura está relacionado con el reclamo de la comunidad campesina de Mollebamba, en Apurímac.

Los agricultores denuncian que la minera estaría tratando de expandir sus operaciones hasta una quebrada cercana, donde hay un ojo de agua que abastece a un proyecto de irrigación y a los baños termales de la zona.

Consorcio Minero Horizonte de La Libertad ocupa el tercer lugar con 28 licencias y autorizaciones de uso del agua. La compañía fue sancionada por la OEFA con 316 UIT por faltas ambientales. A fines del 2016, dentro de su área de influencia, se registró un conflicto por su proyecto aurífero en Parcoy, que ocasionó la muerte de una persona y dejó 21 heridos.

“De los 127 conflictos socioambientales registrados hasta mayo de este año, 82 están relacionados a la actividad minera; seguido por la de hidrocarburos con 17 casos”, se advierte en el informe 159 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales. La mayoría de ellos se asocia al uso y calidad del agua.

El ranking de empresas continúa con la minera Yanacocha y la fábrica de bebidas Ajeper (cada una con 21 autorizaciones); Barrick y Volcan (18 permisos cada uno), Milpo y Las Bambas (16), Electroandes y Votorantim (14) y Southern Cooper Corporation (12).

Las bases de datos a las que Ojo.Publico.com tuvo acceso incluyen en algunos casos los volúmenes de agua otorgado a cada usuario. Sin embargo, no se pudo realizar un análisis integral de los mismos porque varias de estas autorizaciones están incompletas. Incluso, las estadísticas que la ANA tiene publicadas en su web son parciales y no detallan todas las autorizaciones y permisos otorgados.

Débil fiscalización

Ojo-Publico.com entrevistó a Santos Núñez Cotrina, especialista de la Dirección de Recursos Hídricos del ANA, para conocer la labor de fiscalización que ejerce su sector sobre las licencias y autorizaciones. El funcionario dijo que el control era competencia de las Administraciones Locales de Agua, que tienen descentralizadas en diferentes provincias. “El trabajo consiste en observar si una autorización, por ejemplo, de uso doméstico, no esté siendo usada para fines energéticos, o si la captación es realizada en una zona no autorizada”, agregó. No obstante, esta fiscalización es solo aleatoria por falta de personal, detalló.

La Ley de Recursos Hídricos que está vigente desde el 2008 plantea dos requisitos iniciales para las empresas o personas interesadas en obtener una licencia para extraer agua: poner un aviso en un medio de circulación nacional indicando la zona en la que quieren captar agua, y enviar su propio estudio técnico que confirme la disponibilidad y demanda hídrica en la misma. Núñez aseguró que la ANA coteja la información y lo deriva a los ministerios de Energía y Minas o Producción, y solo cuando regresa con la certificación ambiental el expediente es aprobado.

Durante la última semana, solicitamos a la ANA el número total de licencias de agua por sectores y el número de casos en los que rechazaron los informes hidrológicos que llegan de parte de los interesados. Se comprometieron a enviar la información, pero nunca la remitieron.

Lo que sí enviaron fue el listado de sanciones aplicadas el 2016: solo seis multas de entre 0.5 y 10 UIT (entre 2.000 soles y 39.500 soles) fueron impuestas a usuarios por usar volúmenes mayores a los permitidos y por desviar el agua de su cauce en todo el país. Las empresas sancionadas fueron Complejo Agroindustrial Beta, Agraria Don Oscar, Agrícola El Rancho, Agro Victoria y Segundo Sánchez Retamozo.

Las sanciones más severas tampoco son efectivas, pues según nuestra base de datos, el retiro de licencia por falta grave solo se aplicó a 46 usuarios en las últimas tres décadas.

CUENCAS SATURADAS

Las licencias de uso de agua otorgadas a la industria, la minería y al sector energético se concentran en Lima, Áncash, Junín, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Las mismas provincias que en diciembre del año pasado fueron declaradas en emergencia por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) “por peligro inminente debido a déficit hídrico”, como indica la resolución 089-2016-PCM.

En la industria la captación de agua es mayoritaria en las cuencas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac, que a su vez son la principal fuente de abastecimiento de agua potable en el desierto de Lima, en donde habita casi la tercera parte de los peruanos. La empresa que tiene más licencias en esta zona es Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., y le siguen otras 282 empresas del rubro de las hidroeléctricas, agroexportadoras, pesqueras, textiles, etc.

Iquitos es la segunda cuenca donde predominan las licencias de uso industrial para Pluspetrol; Ajeper del Oriente, empresa de la familia Añaños; y Perenco Perú Limited, subsidiaria anglofrancesa que se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos en Loreto. Las tres empresas reúnen el 54% de los permisos industriales que se entregaron en este río.

La minería, por el contrario, se concentra en las cuencas del Mantaro (Junín), Alto Marañón (nororiente), Alto Apurímac (Arequipa-Cusco) y El Santa (Áncash). Son 395 mineras que obtuvieron 784 licencias para explotar los recursos hídricos en quebradas, ríos, lagunas y manantiales.

Dentro del sector minero, después de Buenaventura y Horizonte, la compañía con más licencias en este sector es Barrick Misquichilca, cuyas operaciones en Áncash han provocado denuncias por afectar las reservas de agua de las comunidades cercanas a su proyecto aurífero Pierina. Barrick, que posee 18 licencias, está en conflicto con las organizaciones de usuarios de los caseríos ancashinos de Atupa y Antaurán que exigen la remediación del manantial Yarcok que, según ellos denuncian, se habría secado como consecuencia de la actividad extractiva.

La minera Yanacocha, una de las principales productoras de oro del país y protagonista de una larga batalla legal contra la reconocida comunera Máxima Acuña, quien busca proteger la intangibilidad de una laguna, concentra 21 autorizaciones para extraer agua en Cajamarca. Los comuneros de las provincias cajamarquinas de Celendín y Hualgayoc demandan que se declare inviable el proyecto porque temen que se afecte cuatro lagunas que forman la cabecera de cuenca de sus ríos.

Nos comunicamos con Carlos Peña Reluz, presidente de la Junta Nacional de Usuario de los Distritos de Riego del Perú, pero se excusó de hacer comentarios indicando que necesita coordinar previamente con sus agremiados. Para este reportaje, Ojo-Publico.com también solicitó una entrevista con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pero el área de prensa indicó que su único vocero autorizado es el presidente de la institución, Luis Marchese Montenegro, quien no respondería por estar en el extranjero.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/sociedad/893049-sombras-y-vacios-en-el-manejo-del-agua-en-el-peru