Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.

Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/647-rio-blanco-ilegalmente

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llegó al Perú para reunirse con organizaciones defensoras de los derechos humanos (DD.HH.) y con representantes del gobierno. Organizaciones sociales como Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus de trabajo Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH, pueblos indígenas, entre otras estuvieron presentes para dar a conocer su punto de vista por el accionar del Estado en materia de Derechos Humanos, conflictos socio ambientales y actividades extractivas, entre

“Gobierno nacional prioriza la inversión, en especial de corporaciones transnacionales, ello, por encima de los derechos de las personas, en especial de los pueblos indígenas”, afirmó Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Resaltó que se está afectando gravemente el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y que se ha subordinado los derechos de las personas a intereses económicos.

“Hay más de 800 casos de defensores y defensoras criminalizados en todo el país por la protesta social. Se les aplican penas de hasta 20 años o más, a quienes actúan en defensa de sus derechos ante la falta de justicia del Estado”, dieron a conocer los miembros del Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH. Finalmente, señalaron que existe un uso abusivo de la fuerza en los conflictos sociales que trae como consecuencia heridos y fallecidos en las protestas.

Por su parte Ketty Marcelo, representante de ONAMIAP, comentó que se requiere el reconocimiento de los Pueblos Indígenas. “No tenemos una verdadera institucionalidad indígena”. Agregó “que la Consulta Previa se vende como avances del Estado Peruano, pero no se aplica el consentimiento, y se incumple con los acuerdos que se toman”.

Miembros Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas indicaron sobre la Consulta Previa en minería sólo se consulta la medida de autorización de inicio de actividad de exploración o explotación, lo que no representa una decisión sobre temas centrales que determinan la realización o no de un proyecto. Es necesario ajustar las normas al Convenio 169 y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, afirmaron que, bajo la premisa de desaceleración económica, se ha facilitado la desregulación ambiental, limitando el rol fiscalizador del Organismo de Evaluación Ambiental (OEFA) y reduciendo los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y con ello la rigurosidad de las autorizaciones que se otorgan.

El alto comisionado de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, comentó que en la afectación respecto de derechos que sufren grupos poblacionales debe intervenir el Estado buscando una sociedad más comprensiva e inclusiva.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/648-abuso-fuerza-conflictos

Siete periodistas peruanos que investigaban problemas ambientales supuestamente generados por una minera privada en el departamento sureño de Arequipa fueron detenidos y maltratados por la policía, denunciaron ayer organismos gremiales. Los periodistas, según la publicación online “El Búho”, de Arequipa, fueron liberados después de varias horas de amenazas de muerte, acusaciones y maltratos que incluyeron el despejo de sus camáras fotográficas. La Federación Periodistas del Perú (FPP) rechazó en un comunicado la “actitud amedrantadora e intimidatoria” de la policía y le exigió al ministro del Interior, Carlos Basombrío, “una investigación sumaria y una pronta aclaración”.

Por su parte, la policía expidió un comunicado en el que da cuenta de la detención de 56 personas supuestamente vinculadas a la minería ilegal, entre los que al parecer incluye a los periodistas, que trabajan para diversos medios de ese departamento andino sureño.

Según la FPP, los hechos se desataron la noche del jueves, cuando los reporteros Julio Revilla, Martín Ramos, Walter Porras, Carlos Zúñiga, Jesús Fernández, Gian Carlos Aragón y Jorge Gómez retornaban de una inspección al campamento Chila Paula, en donde supuestante la minera Buenaventura desarrolla trabajos sin cuidados ambientales.

“Los periodistas (que habían llegado a la zona por solicitud de los pobladores) fueron alcanzados por un capitán que los maltrató y amenazó de muerte, incluso rastrillando su armamento y ordenando al personal policial a su cargo que cumpliera con la orden”, afirma el documento.

En su respuesta, la Policía aseguró que en el Chila Paula no hay actividad de Buenaventura, una de las mineras más poderosas del Perú, y que por tanto quienes estaban en el lugar son sospechosos de práctica minera ilegal.

En los últimos años, periodistas, activistas y campesinos peruanos han denunciado que sectores de la policía trabajan en la práctica como vigilantes de mineras como Buenaventura, que supuestamente pagan por ese servicio.

La FPP, cuya denuncia fue respaldada por el Colegio de Periodistas del Perú, hizo un llamado a la comunidad a estar alerta ante hechos “que demuestran que los hombres de prensa extán expuestos a acciones condenables cuando denuncian actos de corrupción y demuestran actos de mal actuar de algunas autoridades policiales y de la minería abusiva”.

Fuente:http://noalamina.org/uncategorized/item/37759-detienen-a-periodistas-peruanos-que-investigaban-a-minera

Abrigo. Hoja de coca. Trago. los consejos se acumulan en la estación de autobuses. Cualquier recomendación es insuficiente para subir del nivel del mar a 4.338 metros. La presión contrae la cabeza. El frío anula los movimientos. La falta de oxígeno oprime los pulmones. Todo junto forma el soroche: un mal de altura bien conocido entre los peruanos. En Cerro de Pasco, en el centro del país andino, lo aluden a menudo. Sobre todo, al visitante. Algo que no suele suceder: pocos recaen aquí por gusto.

El amanecer sorprende en un pico montañoso donde el sol quema y el viento araña. Su núcleo urbano se despereza entre mototaxis, cafés filtrados en restaurantes lúgubres y algunos vendedores ambulantes forrados de alpaca. Como en una ciudad amurallada, las calles terminan en una verja cubierta de tierra y escombros. Al otro lado, un gigantesco agujero horadado por camiones que serpentean por imbricados caminos. El Tajo, lo llaman. Así, con mayúscula. Es la mina que ha hecho famoso este enclave de 70.000 almas. La más alta del mundo a cielo abierto y de dimensiones descomunales: dos kilómetros de largo por uno de ancho y 400 metros de profundidad. Su descubrimiento ha marcado la existencia del lugar. Y, como en cualquier historia inconclusa, aún no sabemos si para bien o para mal.

Hasta ahora, las empresas encargadas de hurgar en la zona vivieron con la comodidad del apoderado. En esta montaña, como en el Potosí boliviano, el destino tenía el color del oro, la plata y los otros minerales como el zinc o el cobre, que se extraían con solo rascar. La riqueza envolvió una tierra pobre y conjuró a su población a la dependencia del subsuelo. El desarrollo era tan goloso que incluso se planteó el traslado de todo el término municipal a 15 kilómetros de distancia para continuar mordisqueando la calzada. La moneda estaba en el aire.

Y sigue allí. Todo permanece en duda: incluso los 2,3 millones de soles (593.000 euros) que firmaron para comprar los edificios colindantes y construir otros nuevos. Mientras, una población envejecida y aquejada de los problemas que da la extracción de metales se enfrenta a un nuevo futuro: los niños crecen con tóxicos en la sangre y las compañías responsables rebañan los restos antes de dejar la región.

La laguna, que antes reflejaba las nubes, ahora luce verde, expele un hedor nauseabundo y está plagada de carteles que ahuyentan al visitante con grandes exclamaciones. Un dilema que está reformando el tejido social y cambiando alguna de las codiciosas mentalidades que ascendieron a este enclave.

Plata en el bolsillo o plomo en el organismo. Y no hablamos en lenguaje narco.

En el marco del Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” que se realizará día viernes 20 de noviembre desde las 5:30 pm. en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura, se presentará la problemática del Proyecto Río Blanco. Participan de este panel los representantes de las Comunidades y Rondas Campesinas de Huancabamba y Ayabaca, para hacer pública su denuncia sobre la presencia ilegal de la empresa Minera Río Blanco en sus localidades.

La empresa Minera Rio Blanco Copper S.A., subsidiaria de la empresa minera china Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, que está a cargo del proyecto Minero Río Blanco, no cuenta hasta la fecha con las autorizaciones de las asambleas comunales de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas de Huancabamba ni de Yanta de Ayabaca, para realizar actividad minera alguna en tierras de su propiedad. Por el contrario, dicha empresa se ha comportado de manera arbitraria con las comunidades. «Los dirigentes de la zona de influencia han sido perseguidos y se les ha criminalizado por defender las nacientes de agua de los páramos en Piura», afirmó Rubén Jiménez Carrión, presidente de las Rondas campesinas de Ayabaca. Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, además, pagó una reparación civil por el secuestro y tortura de comuneros.

Los dirigentes de las comunidades y rondas campesinas, también, se pronunciarán en torno al proyecto de Proyecto de Ley N° 1910/2017-CR del congresista piurano de la bancada de Fuerza popular Luis López, que busca facilitar la titulación de tierras en Piura, que en el fondo no buscaría favorecer a las comunidades, sino que estaría aprovechando el nuevo marco legal para eliminar las garantías a las tierras comunales, y favorecer con ello intereses económicos, como el de la minería.

El nuevo marco normativo con las Leyes 30230 y 30327, los Decretos Legislativos 1192 y 1333, y el proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso, perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura y de infraestructura, el acceso a propiedad de la tierra con el saneamiento físico legal, incluso convocado a través del recientemente creado APIP a las Asambleas Comunales para tomar decisiones sobre disposición de tierras, afectando la autonomía comunitaria. Ya las comunidades de Piura han emitido un pronunciamiento donde advierten del daño que puede causarle a la propiedad de sus tierras.

En la famosa conferencia anual de minería, PERUMIN, el grupo de empresarios mineros nuevamente enfiló sus armas contra normatividad ambiental básica de este país, y de paso contra la institucionalidad que, aunque débil, todavía tiene este Estado.

Cuestionaron la aprobación de la Ley 30640, norma que no dispone sino una cosa fundamental, da un plazo de un año a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que desarrolle el marco metodológico necesario para determinar qué es una cabecera de cuenca y cómo delimitarlas. Esta norma viene a ser absolutamente pertinente ya que pese a que las cabeceras de cuenca están estipuladas en el Art. 75 de la Ley de Recursos Hídricos, e incluso el Estado se ha comprometido a su protección por reconocerlas como zonas ambientalmente vulnerables, nunca ha procedido a identificarlas. Esta falta de regulación ha abonado también a los conflictos socioambientales surgidos, pues en todos ellos se discute si los megaproyectos están o no en cabecera de cuenca.

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha manifestado en contra de este proyecto, calificándolo como una seria amenaza para la inversión minera, mostrándose en contra de su aplicación, pretendiendo atentar así no solo contra la normatividad ambiental que este país desarrolla, sino contra la institucionalidad misma, pues cuestionan una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada por el propio Presidente.

Vale la pena recordar que la aprobación de esta norma duró muchos meses, y fue consultada a las autoridades competentes, quienes dieron su anuencia; también se le dio oportunidad al sector minero de opinar, hecho que omitió. Por ello, es inaudito que a estas alturas se pretendan imponer, cuestionando tal Ley y sugiriendo no aplicarla.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=noticias/02/10/2017/sociedad-de-miner-arremete-contra-la-normatividad-ambiental-y-la

Poca transparencia. Esta semana, los días 17 y 18 de octubre, la Compañía Minera Antapaccay ha realizado los talleres informativos necesarios para la aprobación de la llamada “Integración Coroccohuayco”. Los talleres se han llevado a cabo en las comunidades de Huano Huano y Paccopata, en la provincia de Espinar (Cusco). Sin embargo, el proceso está marcado por su poca transparencia y la información sobre los estudios ambientales ni siquiera está disponible en la web del Ministerio de Energía y Minas.

Una sencilla búsqueda en el sistema de información en línea del MINEM –que está vinculado al del SENACE- permite encontrar que ya han sido aprobados los términos de referencia del documento “Modificación del EIA – Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Sin embargo, al hacer click en la opción “Consultar estudio” encontramos que no está disponible el documento, por lo cual no es posible conocer el contenido del mismo, ni sus componentes, ni siquiera su fecha de aprobación. En julio el OCM realizó una búsqueda similar y dicha aprobación aún no figuraba, por lo que este debe ser un hecho reciente.

En el sistema de información en línea no está el documento que figura como «aprobado»

La empresa y el Estado ya están dando los primeros pasos para concretar la explotación de Coroccohuayco, pero no hay ninguna información de ello en la web ni en los medios oficiales, destacando la poca transparencia de este proceso. No se está cumpliendo con el sistema de transparencia e información en línea que prometió el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

Lo único que encontramos es una carta en la que el SENACE informa a la empresa que, a solicitud de la misma, no considerará como “exigible” el acompañamiento en la etapa de elaboración de la Línea de Base. Es decir, la autoridad responsable autoriza a la empresa a realizar ella sola esta etapa del estudio.
Esta denominada “integración” viene generando dudas en la población local debido a la escasa información existente. La empresa ya opera en la zona los tajos Tintaya y Antapaccay, y aspira ampliar sus operaciones con este nuevo tajo Coroccohuayco, pero sin elaborar un Estudio de Impacto Ambiental independiente, pues señala que sólo se “integrará” y utilizará la infraestructura que ya existe en Antapaccay.

Fuentes de la zona han informado que “hay una reacción de las propias comunidades que en rechazo no están asistiendo (a los talleres realizados por la empresa) y sólo están logrando reunir a sus allegados. (Es el) caso de la comunidad Huano Huano: de 500 comuneros hábiles sólo asistieron 50, por tanto no hay quórum de ninguna manera”. El ex alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, ha señalado que “debe abrirse un proceso serio de aceptación o rechazo al proyecto según la evaluación libre e informada que debe practicar todos los estamentos de la sociedad espinarense”.

Una de las dudas es qué va a pasar con las poblaciones nuevas que se van a ver afectadas por este proyecto, y si va a ser necesaria una reubicación de la población. Todo ello, considerando que esta es una zona indígena, lo que ya ha sido reconocido por el propio Estado en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. ¿Va a haber consulta previa?

Estas dudas y preocupaciones no se están tomando en cuenta a pesar de que ya ha habido conflictos en la zona y que, según información oficial y reconocida por el Estado, existe una muy grave contaminación por metales pesados en Espinar, la misma que está asociada a las zonas de presencia de la actividad minera. Meses atrás, comunidades de la zona ya se han pronunciado exigiendo que la empresa “se abstenga de ejecutar cualquier actividad de exploración y estudios específicos en el proyecto Coroccohuayco en tanto no exista compromiso formal respecto de las medidas de contingencia, resarcimiento e indemnización por los daños ambientales y sociales”.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/19/10/2017/alerta-cusco-con-poca-transparencia-avanza-proyecto-coroccohuayco

En las últimas semanas el libro  Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero (Oxfam, CooperAcción, Propuesta Ciudadana, 2017) ha recibido varios comentarios de columnistas en este diario. Como co-autor del mismo me permito algunas precisiones. Uno de los grandes problemas del aporte tributario y no tributario de la minería es su volatilidad, la que impacta a nivel nacional y regional. Entre 2007 y 2016, la participación de la minería en la recaudación tributaria nacional cayó de 24.7% a 5.4% del total recaudado; entre 2007 y 2015, su aporte a la presión tributaria cayó de 3.4% a 0.7% del PBI. En canon, entre 2012 y 2017, Ancash disminuyó sus ingresos de S/ 1003 a 494 millones; Arequipa, de 781 a 258 millones; tendencia que se repite en otras regiones.

Algunos proponen aumentar la producción minera para tener más recaudación, sin embargo, ello no reduce la volatilidad. El índice del PBI minero entre 2006 y 2013 no aumentó. La importante recaudación en ese período se debió exclusivamente al súper ciclo de precios. Pero entre 2014 y 2016 dicho índice aumentó 60% y la recaudación tributaria minera caía en -42% con menores precios.

La volatilidad afecta la sostenibilidad fiscal del país. Del 2012 al 2017, la presión tributaria ha caído de 16.9% a 13.6% del PBI, mientras que los países miembros de la OCDE tienen 25% en promedio.

La investigación propone algunas rutas para reducir esta volatilidad contributiva, pero no plantea nuevos impuestos. Una opción es que los contratos de estabilidad tributaria (CET) sólo incluyan el régimen general, sin estabilizar los beneficios tributarios. Por su naturaleza, estos beneficios son excepcionales y requieren evaluaciones periódicas. Cerro Verde pudo extender varios beneficios que fueron eliminados el 2000 y que otras empresas sin CET no pudieron continuar. No es un tema menor: una investigación reciente, basada en datos del MEF, cifra en S/ 93000 millones el gasto fiscal por beneficios tributarios (liderado por los sectores educación, agroexportación, finanzas, hidrocarburos, minería) entre 2005 y 2015.

Otra propuesta es que el Estado evalúe la efectividad fiscal, empresarial y social del actual esquema de regalías, gravamen especial e impuesto especial a la minería, sobre utilidades operativas (sumados aportan 1.5% de los ingresos de gobierno central) frente al antiguo esquema de regalías de 3% sobre ventas para empresas grandes (vigente hasta 2011). En el periodo 2012-2016, ambos hubieran generado recursos similares, pero el antiguo esquema sería menos volátil y ayudaría a generar mayores recursos fiscales desde el inicio de operaciones, disminuyendo los cuestionamientos sociales por ausencia de canon (esto sucede en Las Bambas, sujeta a regalías contractuales de 3% de sus ventas). En cualquier caso, la calidad del gasto en términos de mejora de indicadores sociales sigue siendo el principal reto.

Es clave que las propuestas vengan acompañadas de mediciones cuantitativas de impacto ex ante y ex post (lo que no es práctica habitual en el Perú) y que el diseño tributario de un sector o del país considere a la sociedad sobre el territorio en la que se aplica.

Aumentar la presión tributaria implica diversas medidas: reducir la elusión y evasión, incluir al sector informal, etc., pero también implica evaluar la eficacia de los beneficios tributarios. Corresponde al Ejecutivo tener en cuenta la diversidad de propuestas existentes para construir una adecuada política tributaria que incorpore múltiples miradas.

FUENTE: http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/775-como-reducir-la-volatilidad-contributiva-del-sector-minero

El desarrollo minero no se ha traducido en mejoras económicas de los sectores más olvidados de Perú, según criticaron expertos. Las regiones con mayor inversión en este sector, son también, las de mayor índice de pobreza. Es el llamado motor de la economía nacional, pero su desarrollo no alcanza a todos.

El economista Pedro Francke es claro en ello.

El caso de Cajamarca también es emblemático. En esta región se encuentra el proyecto minero más importante de Latinoamérica, pero la pobreza alcanza una tasa de hasta 51 por ciento.

Para la congresista y presidenta de la comisión de pueblos andinos y amazónicos, María Elena Foronda, este no es el único caso.

El alza de los precios de los metales y el aumento de la inversión minera no tendrá mayor impacto.

El Congreso ha aprobado recientemente una ley de protección de cabeceras de cuenca, norma que los empresarios mineros ven como algo negativo porque pondría en riesgo inversiones estimadas en 47 mil millones de dólares. Sin embargo se viene otro debate.

Los expertos, además recomiendan una mejor gestión y distribución del canon minero, pues todo el dinero recaudado no llega a la población que más lo necesita.

Esta contradicción que señalan los expertos acentúa la brecha que divide a ricos y pobres en el Perú y podría frustrar los proyectos mineros que el gobierno pretende impulsar en lo que resta del año y el 2018.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/37738-desarrollo-minero-en-peru-no-beneficia-a-los-mas-pobres

El Gerente de Ecología y Ambiente de la Municipalidad provincial de Hualgayoc región Cajamarca Ing. Jorge Mejía Vargas confirmó que, su equipo técnico despues de 100 días de trabajo por fin se terminó el informe de no expansión minera que será presentado al gobierno central Lima y todas sus instancias nacionales e internacionales.

El alcalde provincial Edy Benavides Ruiz de esta manera cumple con las exigencias de la población de la provincia de Hualgayoc, que durante muchas luchas sociales clama no más expansión minera, el informe será presentado en el transcurso de los días, ante las organizaciones sociales explicó Mejía Vargas.

Mejía Vargas por otro lado puntualizó que, el alcalde provincial Edy Benavides firmó la resolución reconociendo al Comité Provincial de Fiscalización que tendrá a su cargo junto a un equipo técnico el monitoreo para una transparente remediación de los pasivos ambientales en las microcuencas de Bambamarca, Chugur y Hualgayoc.

Por su lado el Lic. Eloy Sánchez Leiva sugiere que, el monitoreo para una buena remediación de pasivos ambientales tienen que haber especialistas ambientales que junto a los técnicos se pueda asegurar una remediación de calidad.

Sánchez advirtió que, la provincia Hualgayoc región Cajamarca es la más contaminada del Perú y de America Latina y el mundo por los 200 años de minería irresponsable ante los ojos de gobernantes nacionales que jamás pusieron freno al asunto, ahora tenemos graves consecuencias con personas con metales pesados. En el Perú hay ya 500 mil personas contaminadas que preocupa subrayó Sánchez Leiva.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/terminaron-el-informe-t-cnico-para-la-no-expansi-n-minera-en-la-provincia-de-hualgayoc-regi-n