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En el Perú no se están consultando, medidas que pueden afectar derechos colectivos de Indígenas

Autor: Nylva Hiruelas -CooperAccion.org.pe

Ana Leyva, directora de CooperAcción, hace un balance de los procesos de consulta previa en las industrias extractivas que se han desarrollado en el país, y afirma que en casi todos los casos se está consultando decisiones operativas, excluyéndose las que son más relevantes y que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellas están las decisiones sobre el uso del territorio y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Leyva señala que en minería ninguno de los actos que se consulta permite establecer las condiciones sobre las que se dará esta actividad, ni las medidas de prevención, mitigación o compensación de sus impactos. Sostiene además que no hay margen para un diálogo real sobre la medida consultada.

Han pasado tres años desde que se implementó la consulta previa en minería, el número de consultas previas concluidas ha superado a las realizadas en el sector de hidrocarburos iniciadas hace cinco años. ¿Qué piensa al respecto?

R.-El gremio minero ya no ve a la consulta previa en minería como una traba, porque la manera en que se ha implementado la convierte en solo una formalidad. A lo largo del ciclo del proyecto minero, el Ministerio de Energía y Minas ha decidido consultar los últimos actos administrativos de la cadena de decisiones, es decir, los menos importantes.

P.- ¿Qué efectos jurídicos produce en los pueblos indígenas la autorización del inicio actividades de exploración?

R.- Es poco significativa, es una decisión operativa que no tiene mayores consecuencias jurídicas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Cuando se otorga dicha autorización, ya casi todo sobre el proyecto está decidido y nada de ello se puede cambiar.

P.- Pareciera que ha habido un antes y un después en el gremio minero. Antes señalaban que era un obstáculo para las inversiones, y ahora tras ser implementada, Carlos Gálvez presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó el año pasado que las consultas positivas podían ser tomadas como modelo y que a veces «se crean fantasmas ante lo desconocido». ¿Por qué ese cambio?

R.- Porque la consulta previa en minería se ha neutralizado. La consulta se ha convertido en un instrumento de legitimación de los proyectos. Ninguno de los actos que se consulta permite participar de las decisiones sobre si el proyecto va o no va ni sobre las condiciones necesarias para prevenir sus impactos sobre los derechos indígenas o para determinar las medidas que permitan mitigarlos o compensarlos. Además el proceso no permite un diálogo real sobre la medida. En un estudio realizado por CooperAcción que analiza 10 consultas desarrolladas, se puede observar que tan solo tres llegaron a la fase de diálogo, etapa previa a la decisión final. ¿Por qué la mayoría de consultas concluyeron luego de terminada la etapa de evaluación interna y no llegaron a la fase de diálogo? Porque no hay materia para debatir. Ante este problema, la metodología conduce a los participantes a conversar sobre impactos generales de la actividad minera. Pero al ser tan general, no se llega a nada concreto y los acuerdos terminan refiriéndose a obligaciones que el Estado ya tiene legalmente, independientemente de la consulta. La propia Defensoría del Pueblo se pronunció, afirmando que los acuerdos no versan sobre acciones concretas para prevenir afectaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

P.- ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llega?

R.- Son muy generales. Por ejemplo, que el Estado cumpla con fiscalizar y supervisar las actividades de la empresa, que la comunidad esté informada de las actividades del proyecto, que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales y sociales o que los incumplimientos de ésta, sean sancionados por el OEFA u OSINERGMIN. Gran parte de los casos no llegaron a la fase de diálogo porque no había discrepancias entre las comunidades y los representantes del Estado sobre esas propuestas. En esos casos el diálogo quedó agotado. Al plantearse cosas que ya estaban en la ley o en los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, las reuniones de cada etapa carecían de sentido. Los casos que llaman la atención, son las dos consultas realizadas casi simultáneamente sobre el proyecto Apumayo que corresponden a las decisiones casi finales sobre exploración y explotación, algo que materialmente debía ser imposible. Es más, algunas reuniones de la consulta sobre la medida referida a la explotación se dieron antes que las que correspondían a la autorización de inicio de la exploración.

P.- Afirmas que el EIA debe ser consultado. ¿Sobre qué podrían decidir los pueblos indígenas si se consultara?

R.- Si se consultara, en el proceso se podrían debatir los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales que tendrá el proyecto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, las canchas de relave podrían poner en riesgo alguna fuente de agua o estar ubicada en un espacio culturalmente importante. El ruido podría ahuyentar a los animales y con ello dificultar la caza. La llegada de gente foránea podría debilitar la identidad cultural. Si se consultara el EIA estos temas serían materia de la consulta.

P.- ¿Qué información se les alcanza a los pueblos indígenas que van a ser consultados sobre un proyecto?

R.- Les hablan de los impactos de la actividad en general. Les presentan una tabla de impactos genérica sin dar detalles del proyecto en concreto. Se evita en todo momento remitirse al estudio ambiental porque podría generar la expectativa de realizar cambios y eso no es posible porque el estudio ya se encuentra aprobado. Ante ello, podemos afirmar que la consulta no canaliza la preocupación de los pueblos indígenas.

Por otro lado, la información que se proporciona es muy técnica, y poco asequible para los pueblos indígenas. Además, si bien hay traductores, estos traducen generalmente lo que los técnicos dicen, pero no los comentarios que hacen los representantes de los pueblos y que deberían ser escuchados por los funcionarios. Esto significa que no hay un diálogo real.

P.- En el caso de los hidrocarburos, ¿la medida que se consulta es más relevante que en minería?

R.- Son varias los actos que se consultan, pero solo uno de ellos tiene relevancia, me refiero a la aprobación del contrato. En el contrato se establecen las cláusulas socioambientales que guardan estrecha relación con los derechos de los pueblos indígenas. Es por esta razón que las comunidades de la zona de influencia del Lote 192 han reclamado ser consultadas sobre el nuevo contrato que se celebrará para que se continúe explorando y explotando el Lote.

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Los harakbuts, el pueblo nativo que la minería ilegal asfixia en Madre de Dios

Crisis en la Amazonía. Puerto Luz es una de las 10 comunidades de la Reserva Comunal de Amarakaeri que sufre los embates de la minería ilegal. Sus habitantes, que son más de 400, viven en medio de un panorama desolador y se han visto obligados a practicar la minería artesanal sin depredar sus bosques. Están amenazados por el olvido, la violencia y la contaminación.

Ya no quiero regresar allá.

Aquella mañana, al lado del río Colorado, en la región Madre de Dios, los labios de Julio Kirigwa, de 71 años, hablante de una sola lengua nativa (el harakbut) tiemblan. En cada palabra, él tiene miedo que los recuerdos de sus pasos pequeños y risas inocentes se esfumen y no puede evitar que sus labios dejen de temblar.

Yo jugaba en el agua cristalina, pescaba grandes peces con mi papá. Pero de eso ya no queda nada. Por eso ya no quiero salir de la comunidad (Puerto Luz) porque me duele ver la destrucción que hay afuera, mi corazón se rompe», responde Julio, quien siendo niño escapó hacia el monte y se convirtió en un sobreviviente de la fiebre del caucho, durante las primeras décadas del siglo XX. Él, como alguna vez experimentaron sus padres en su momento, observa ahora cómo sus descendientes enfrentan otros peligros: la minería ilegal, la tala de árboles y la invasión de sus bosques.

La comunidad nativa de Julio se llama Puerto Luz y desde 1970, cuando cambió de nombre, se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, provincia del Manu, a 6 horas de la ciudad de Puerto Maldonado en un viaje por carretera, trochas y ríos. Su extensión es de 56 hectáreas, su población sobrepasa los 400 habitantes que provienen de la etnia harakbut y su realidad hoy es crítica: es el pueblo más devastado, de los 10 que comprenden la Reserva Comunal Amarakaeri, debido a la fuerza de la minería depredadora.

El pueblo de Julio, que ahora es asfixiado por la fiebre del oro, también es el de Yesica Patiachi Tayori, de 31 años, la profesora de secundaria que el 19 de enero pasado se convirtió en la voz de las comunidades amazónicas frente al mismo papa Francisco. Bajo este escenario, días después, La República viajó a Madre de Dios en busca de su comunidad nativa multicolor, ancestral, pero lo que encontró a su alrededor fue un territorio marrón, gris, destruido, bajo un cielo de azul intenso y entre ríos contaminados, «de la muerte», como Yesica describió en su emotivo discurso.

Asfixia de un pueblo

Puerto Luz está ubicado a 20 minutos de un centro poblado llamado Delta 1, el cual es un punto neurálgico de la minería ilegal. En el trayecto de estos dos lugares, los mineros han instalado campamentos y durante el día y la noche extraen el oro del subsuelo con maquinaria pesada y mercurio, sustancia que después va a parar al río donde ya no se bañan los niños nativos.

«Nosotros venimos del Cusco y solo cumplimos órdenes de quien nos paga. Aunque creemos también que la tierra es de todos los peruanos y no solo de los nativos», responden dos joven sin polo que han sido descubiertos por los pobladores de Puerto Luz con machetes en la mano, que minutos antes usaron para derribar los árboles, cuyos troncos les servirán para instalar los artefactos acondicionados para extraer oro (dragas). Ellos ganan un jornal diario de 50 soles, trabajan en condiciones infrahumanas y forman parte de la maldita cadena que acorrala a los pueblos amazónicos, los ahoga y los arrincona.

La afectación de la zona cercana de la comunidad nativa Puerto Luz, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, había alcanzado las 1.561 hectáreas durante los últimos 4 años, según un estudio del Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP, por sigla en inglés). Actualmente, el daño es similar a 20 estadios nacionales, por lo menos.

«Recibimos el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), pero muy poco pueden hacer 14 guardaparques en una reserva natural de 402 mil hectáreas incluida la zona de amortiguamiento. Ahora nuestro temor es el avance de la minería ilegal hasta las cuencas que abastecen de agua a los pueblos de esa zona de Madre de Dios, sería una tragedia mayor a lo que se vive en la conocida zona de La Pampa», advierte Walter Quertehuari, un harakbut elegido presidente del ECA Amarakaeri. Por eso, en ese lugar del país, los líderes nativos son guardianes de su aún verde territorio que consideran ancestral.

Guardianes de su tierra

Uno de ellos es Jorge Tayori, quien ha recibido amenazas de mineros ilegales. «Hasta ha sido secuestrado varios días por oponerse a los mafiosos del oro», cuentan en la comunidad Puerto Luz donde existen cerca de 20 concesiones mineras otorgadas por el Estado que están superpuestas con las tierras de los nativos.

«Nos invaden, pese a que tenemos títulos. Nos dicen: ‘¿Acaso tú has plantado estos árboles, has producido el agua?», cuenta Erasmo Manya, de 40 años, padre de familia, harakbut, quien ya en el 2016 se ha enfrentado a los mineros ilegales. «Ellos tienen armas y nosotros no. Estamos viviendo lo que vivieron nuestros antepasados con los caucheros».

En Puerto Luz, como en las otras 9 comunidades nativas de la Reserva Comunal de Amarakaeri, debido al acorralamiento de la extracción de oro y a la falta de oportunidades, las familias se han visto obligadas a practicar la minería artesanal. «Nosotros no buscamos oro para hacernos ricos, solo buscamos lo necesario para que nuestros hijos estudien», afirma Virginia Kirihua, de 36 años, quien desde niña ha visto cómo, primero, los hombres blancos, y luego los foráneos cobrizos, se han vuelto cada vez más ambiciosos por esos piedrecitas brillantes que sus ancestros confundían con los granos del maíz que ellos cosechaban.

Cultura que sobrevive

Yerco Tayori, de 26 años, líder de Puerto Luz, aclara que ellos no depredan sus bosques sino que solo esperan que el caudal del río Colorado disminuya para ir a las playas que se forman y buscar oro. «Nosotros no vamos a depredar la casa de nuestras futuras generaciones. Así como nuestros antepasados cuidaron nuestros bosques, nosotros hacemos lo mismo», precisa, tras agregar que otro riesgo que enfrentan es la construcción de una carretera.

El centro de salud de esta comunidad nativa no tenía personal médico hasta el año pasado cuando llegó la esposa de Yerco, quien es una enfermera técnica. En Puerto Luz hay 10 docentes para los niveles inicial, primaria y secundaria, pero solo uno habla la lengua harakbut. «Yo no quiero que mi lengua desaparezca, por eso, al acabar mi carrera de educación, yo volveré acá para enseñar», dice una joven de 19 años. Ella no olvida lo que le dijeron sus abuelos: «Si pudiera hablar castellano, les juro que yo defendería lo que ustedes no defienden».

Testimonio

Yesica patiachi Tayori

Soy del pueblo harakbut y recuerdo que de niña caminaba por el bosque verde y podía pescar allá. Lamentablemente, hoy se encuentra todo devastado por la minería ilegal y la tala ilegal que depreda y solo trae desolación a los pueblos. Ya no están los caucheros, pero su espíritu está en cada minero ilegal, en cada empresa petrolera, en cada maderero informal. Es de esta forma que estamos luchando. Por eso, tras la visita del Papa a Puerto Maldonado, esperamos que se haga eco de nuestro problema a nivel nacional e internacional. Queremos desarrollo sin depredación. Tiene que haber consulta previa, no solo por el bien de los pueblos nativos sino por el bien de la humanidad. Hoy el mundo se asfixia y si no hay bosque ni agua, ni aire, qué será de todos nosotros. Los pueblos nativos seremos estudiados en vitrina y no como cultura viva, como pretenden.

Bebé nativo bendecido por el Papa

Leandro tiene 4 meses y es conocido en la comunidad de Puerto Luz por ser el primer bebé nativo en ser bendecido por el papa Francisco en persona, en Madre de Dios.

El 19 de enero pasado, cuando se retiraba del Coliseo Cerrado, donde se reunió con 3 mil 500 representantes de comunidades nativas, el Papa le cogió la cabeza y le dio la bendición. «No me imaginé que iba a pasar eso, me emocioné mucho», cuenta Leidy Tayori, mamá de Leandro.

Este niño va a aprender la lengua harakbut que casi desaparece en su comunidad. «Haré un cuadro con la foto donde él sale con el Papa. Le enseñaré orgullosa», dice Leidy.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1177491-los-harakbuts-el-pueblo-nativo-que-la-mineria-ilegal-asfixia-en-madre-de-dios

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Ejecutivo autorizó a minera de capital canadiense operar en zona de frontera

Autor: Reina de la Selva.pe

Sociedad Minera San Miguelito tendrá concesiones y derechos mineros dentro de los 50 km de la frontera norte. El Ejecutivo autorizó que Sociedad Minera San Miguelito.

El Ejecutivo autorizó que Sociedad Minera San Miguelito, empresa que tiene como inversionista principal a la canadiense Plexmar Resources, adquiera y posea concesiones y derechos sobre minas y recursos para el desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera norte del país. La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano.
“La solicitud de Sociedad Minera San Miguelito se encuentra incluida dentro del supuesto de necesidad pública establecido en el artículo 71 de la Constitución, dado que el interés en establecer la titularidad del derecho minero solicitado trasciende al interés privado, incidiendo de manera importante en el bienestar de la comunidad”, indica la resolución que lleva la rubrica del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El artículo 71 de la Constitución impide a los extranjeros (personas naturales o jurídicas) adquirir o poseer propiedades de forma directa o indirecta, ni en sociedad, dentro de los 50 kilómetros de frontera.
De esta forma, el gobierno aprobó la solicitud de Danilo Guevara Cotrina, peruano que tiene el 0.01% de participación en el capital de la empresa Sociedad Minera San Miguelito y que figura como gerente legal de Sociedad Minera Corona, que opera la mina de plata Yauricocha. Guevara solicitó adquirir dos derechos mineros ubicados en la zona de la frontera norte, en Ayabaca (Piura).
 
“La posesión directa o indirecta, individual o en sociedad de Sociedad Minera San Miguelito, sobre los bienes a que se refiere el presente decreto supremo, que no cuenten con la correspondiente autorización, da lugar a la pérdida del derecho adquirido”, se advierte en el decreto supremo.
El año pasado, el Ministerio de la Producción (Produce) dejó sin efecto un proyecto de resolución, prepublicado en julio del 2017, que planteaba autorizar a Aventura Plaza y Open Plaza, ambas del grupo chileno Falabella, a adquirir y mantener terrenos, respectivamente, dentro de los 50 kilómetros de la zona de frontera entre Chile y el Perú.
Fuente:http://reinadelaselva.pe/noticias/2423/ejecutivo-autoriz-a-minera-de-capital-canadiense-operar-en-zona-de-frontera
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Tía María: Fiscalía formaliza denuncia contra dirigentes sin tener pruebas suficientes

Autor: Redacción Muqui org.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró.

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: «nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/682-tia-maria-fiscalia-formaliza-denuncia-contra-dirigentes-sin-tener-pruebas-suficientes

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Perú. Consúltame De Verdad: Campaña pone en evidencia limitaciones de consulta previa en extractivas

Autor: Hiperactiva Comunicaciones, Kaos en la Red.

La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción. 

La forma en que se viene aplicando la consulta previa para actividades mineras y petroleras ha convertido este derecho en un mero trámite, según señala una reciente investigación. Frente a ello, organizaciones de la sociedad civil han lanzado una campaña que busca la modificación de los reglamentos emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, para que cumplan con el espíritu del Convenio 169 de la OIT: que la consulta permita garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro. 

En el Perú, hace 22 años entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, y hace seis años contamos con una Ley de Consulta Previa. Sin embargo, la implementación de este instrumento viene causando insatisfacción en las comunidades por su poca eficacia para lograr la defensa de sus derechos colectivos a la tierra y territorio. 

El informe “La consulta previa en minería en el Perú y el incumplimiento los estándares establecidos en el convenio 169 de la OIT”, elaborado por CooperAcción, analiza 11 de las consultas realizadas hasta el momento en minería en los seis años de vigencia de la norma. 

Uno de los principales cuestionamientos es que la consulta se ha convertido en un mero formalismo y se realiza en las etapas finales del proceso de inversión minera y petrolera, cuando ya no hay ninguna decisión relevante que tomar. Además, instrumentos tan importantes como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Cierre de Minas no pasan por consulta.  

Otro cuestionamiento es la rapidez con que se vienen dando las consultas. En algunos casos, las etapas informativa y de evaluación se realizaron en un mismo día. 

Además, muchos de los acuerdos que se alcanzan en estos procesos son en realidad obligaciones que ya tiene el Estado, al margen de la consulta. Por ejemplo, algunos de los acuerdos alcanzados en las consultas realizadas son “que se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”. 

“Aunque a los pueblos indígenas se les consulte, las medidas administrativas que son objeto de consulta no son trascendentes porque no tienen afectación jurídica directa a los derechos de los pueblos indígenas, y los acuerdos no versan sobre las acciones concretas para prevenir afectaciones de sus derechos. La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción. 

La campaña #ConsúltameDeVerdad tiene como objetivo demandar que la consulta en hidrocarburos y minería se ajuste a los estándares del Convenio 169 para que los pueblos indígenas tengan un diálogo y participación real. Ello implica modificar los reglamentos que regulan la consulta tanto en el sector minería como hidrocarburos. 

“Se ha traducido meramente en un trámite administrativo y lo que exigimos los pueblos indígenas es que tengan la aplicación efectiva como lo manda el convenio 169 de la OIT, que el tema de la consulta previa sea un mecanismo que nos permita llegar a acuerdos concretos y con la participación de varones, mujeres, jóvenes y niños, que somos finalmente todos los que integramos un pueblo indígena”, señala Gladis Vila, líder indígena de Huancavelica. 

Ana Leyva señala que el sector empresarial ya no se opone a la consulta previa debido a que se le ha vaciado de contenido, “ya no la consideran un obstáculo para la inversión porque ya no se está consultando nada relevante”. El gran desafío es que la consulta se transforme en un medio para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “para que les permita defender su derecho al territorio, a la tierra, al acceso a recursos naturales, su identidad cultural, y también sus opciones de desarrollo así como su autodeterminación. Se requiere que la forma como se viene implementando la consulta sea reformulada, para que realmente pueda dar presencia a los pueblos indígenas en la toma de decisiones”.  

 

La campaña viene siendo impulsada por CooperAcción y Oxfam. 

Fuente:http://kaosenlared.net/peru-consultame-de-verdad-campana-pone-en-evidencia-limitaciones-de-consulta-previa-en-extractivas/

Perú

PPK no observó ley que pone en riesgo a indígenas y áreas naturales protegidas

Autor: Redacción, La Mula.pe

Ante silencio del presidente, Luis Galarreta promulga norma fujimorista que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali pero no considera observaciones de comunidades indígenas y del Ministerio de Cultura.

Este lunes 22 de enero el diario oficial El Peruano publicó la promulgación de la Ley 30723, denominada ‘Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali’. Firmada por el presidente del Congreso Legislativo, Luis Galarreta, el 15 de enero.

La rúbrica es del legislador y no del jefe de Estado porque éste no la promulgó ni observó durante el tiempo establecido. La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, una norma rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y el Ministerio de Cultura. Incluso el entonces ministro Salvador del Solar envió al presidente del Legislativo un oficio en el que explicaba por qué el aún proyecto de ley no era viable.

Sin considerar al Ministerio de Cultura (que a través del Viceministerio de Interculturalidad era una parte a consultar) ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas (que viven en la Amazonía y así como supuestamente pueden ser beneficiados, también pueden ser afectados), la iniciativa fujimorista fue aprobada por tener la mayoría parlamentaria. Además, no se hizo estudios técnicos ni económicos.

«Si para algunos ustedes son un estorbo o un obstáculo, con sus vidas ustedes son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes de la misma», dijo el papa Francisco a los indígenas en Puerto Maldonado este 19 de enero.

Este lunes 22 de enero el diario oficial El Peruano publicó la promulgación de la Ley 30723, denominada ‘Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali’. Firmada por el presidente del Congreso Legislativo, Luis Galarreta, el 15 de enero.

La rúbrica es del legislador y no del jefe de Estado porque éste no la promulgó ni observó durante el tiempo establecido. La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, una norma rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y el Ministerio de Cultura. Incluso el entonces ministro Salvador del Solar envió al presidente del Legislativo un oficio en el que explicaba por qué el aún proyecto de ley no era viable.

Sin considerar al Ministerio de Cultura (que a través del Viceministerio de Interculturalidad era una parte a consultar) ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas (que viven en la Amazonía y así como supuestamente pueden ser beneficiados, también pueden ser afectados), la iniciativa fujimorista fue aprobada por tener la mayoría parlamentaria. Además, no se hizo estudios técnicos ni económicos.

La ahora ley expone a un alto riesgo a seis áreas naturales protegidas por el Estado (los parques nacionales Alto Purús, Cordillera Azul y Sierra del Divisor; las reservas comunales Purús y El Sira y el área de conservación regional Imiria), tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti). Además, pone en riesgo a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI).

Cuando conversamos en diciembre pasado con Julio Cusurichi, presidente de la organización indígena Fenamad, y con Lorena Prieto, directora de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, ellos confiaban en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski observaría la norma y hubiera un debate más allá del parlamento, de tal manera que participen activamente organizaciones indígenas, los ministerios de Cultura, del Ambiente, de Agricultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Conectividad

Mientras los congresistas de Fuerza Popular -autores de la norma- la defienden «el interés nacional de establecer carreteras» y aseguran que la carreteras permitirán una mayor conectividad en Ucayali, hay que recordar que las experiencias existentes no han sido positivas, pues han permitido el aumento de la minería y tala ilegales, y por ende la deforestación, violaciones de los derechos de las comunidades indígenas, prostitución, corrupción, cultivos de coca, entre otras malas consecuencias.

Hacer más carreteras -anota Rolando Navarro, exdirector de Osinfor- es abrir un frente favorable al extractivismo de manera incontrolable. “Si el congresista Tubino dice que las carreteras generan más conectividad, habría que preguntarle ¿mayor conectividad para qué?, ¿para la extracción ilegal de madera?”, señala a LaMula.pe.

Con él coincide el politólogo y exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra: «¿Conectar a quiénes con quiénes? Los principales impulsores de las carreteras en la amazonía el Perú son intereses informales e ilegales, incluida la corrupción como en la Interoceánica. La conexión debe servir a una ocupación sostenible del territorio, y a partir de ahí se identifica las opciones. Eso lo debe hacer el gobierno bajo criterios técnicos y no el Congreso», dice a LaMula.pe.

En opinión de Julia Urrunaga, directora en Perú de Environmental Investigation Agency (EIA), recuerda que a lo largo de la Amazonía hay abundante evidencia –incluidas impactantes imágenes satelitales– de la destrucción que generan carreteras como las que promueve esta nueva ley y que pasan sobre bosques primarios. «Las comunidades indígenas y sus organizaciones se han venido oponiendo fuerte y sostenidamente a estos proyectos por más de una década, precisamente porque ellos han experimentado esta destrucción», comenta.

Para Navarro, debemos analizar los reales intereses que hay detrás de esta ley. Por ejemplo, una de las principales intenciones mayores sería llegar a los lugares más recónditos donde aún hay caoba, pues en su opinión hay un lobby maderero a favor de esta norma. “El interés es llegar al potencial existente de madera, y la gran mayoría de especies de alto valor comercial está en áreas protegidas”, subraya.

Las carreteras no son la única solución

La Ley 30723 dice: “El departamento de Ucayali posee una gran riqueza de recursos naturales, una elevada disponibilidad de recursos híbridos y de flora y fauna silvestre. A pesar de ello, esta gran cantidad de recursos con que cuenta la región no es proporcional con su desarrollo, es menester señalar que una de la causas más importantes que impide el desarrollo sostenido y que lo sumerge en el atraso es la carencia de vías de comunicación, es decir la falta de carreteras que integren a los diversos distritos del departamento de Ucayali, permitiendo el tránsito fuido hacia las zonas de frontera con la finalidad de comercializar los diferentes productos de la región. Importante es destacar que, la superación de la pobreza que azola [sic] a esta región está directamente vinculada al insuficiente desarrollo vial y a la falta de integración de sus diferentes distritos y centros poblados”

Según la norma, las carreteras pueden pasar por el costado de un área protegida, pero se hace un corte de conectividad de pueblos indígenas transfronterizo (siempre han tenido conexión), que incluye la fauna silvestre. Es decir, se cortarían los corredores biológicos.

En la selva, el 95% de la deforestación ocurre a menos de 6 km de los caminos. Las carreteras que atraviesan la Amazonía son una amenaza en contra de nuestra multiculturalidad y la biodiversidad, además de violar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. «El Tribunal Constitucional del Perú ya ha establecido precedentes al declarar de interés nacional la protección de los bosques y de sus recursos para las generaciones futuras. Como nosotros lo vemos, esta nueva ley iría directamente en contra de este interés nacional ya definido por el Tribunal Constitucional», dice Urrunaga.

No es que se quiera detener el desarrollo. Pero veamos el ejemplo de la Interoceánica. “Se dijo que la carretera de Puerto Maldonado generaría desarrollo, pero lo que ha traído consigo es mayor pérdida de bosque, mayor facilidad de incursión al bosque para extracción minera, tala ilegal, ponen en riesgo a reservas comunales y territoriales. Si uno hace un análisis de áreas en las que hay condiciones de penetración, la pérdida de territorio o composición florística ha sido dañina”, explica Navarro.

Hay otras maneras de poder atender el desarrollo sin impulsar carreteras. Por ejemplo, está el Plan de Acción para el Desarrollo de Purús, que apuesta por el uso de la red hidrográfica del Purús. De hecho, la fluvial es una costumbre ancestral y el Estado debería apoyar estas rutas. También puede haber puentes aéreos, como ocurre en otras zonas.

«La integración de la región con esa zona se puede superar con tender un mejor servicio de puente aéreo con mayor frecuencia y también vía fluvial. No necesariamente con la construcción de carreteras cuando tenemos en los diversos frentes reservas comunales, parques nacionales, pueblos indígenas en aislamiento voluntarios, otros en contacto inicial y comunidades nativas que viven bajos sus propias costumbres desde muchos años en la zona», detalla Navarro.

Ante los comentarios de quienes están a favor de la norma porque la conexión aérea es cara, Lanegra indica que si el Estado quiere tener peruanos en la zona debe asumir un costo. «La otra opción apunta- es no tener gente ahí». Pero en su opinión, lo que falta es una política de fronteras: «Lo que es real es la ausencia de una política de fronteras fuerte en el país que permita discutir esto seriamente y atender a los peruanos que necesitan conexión».

¿Y PPK? 

Llama la atención el silencio del jefe de Estado, más aun cuando -como hemos mencionado líneas arriba- el exministro de Cultura se había opuesto a esta iniciativa legislativa, y funcionarios de este portafolio esperaban que el Ejecutivo hiciera las observaciones pertinentes.

Angela Acevedo, directora general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, señala en un informe enviado al viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna, que la norma no ha tomado en cuenta que los pueblos indígenas y en aislamiento no solo habitan en áreas naturales protegidas. Tampoco valora «la presencia de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento  y en situación de contacto inicial en la región Ucayali, así como el marco jurídico específicamente establecido para la protección de estos pueblos».

También se refiere a los impactos negativos que la construcción de carreteras podría producir en zonas poco intervenidas de la Amazonía en la que habitan los PIACI: «interrupción de prácticas de subsistencia  y, por lo tanto, problemas para conseguir sus fuentes de alimento que proceden  de la fauna silvestre … También son peligrosos los contactos forzados con terceros ajenos a las tierras que ocupan, lo que podría generar contagio de enfermedades, que configuran un riesgo latente de convertirse en un desastre en la salud de los PIACI debido a su alta vulnerabilidad inmunológica. Además de migración masiva e incremento de actividades ilícitas como la tala ilegal, minería ilegal, entre otros”.

Acevedo, incluso sugiere que se evalúe «el derecho a consulta previa sobre las medidas legislativas que afecten directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios».

Entonces, si el Viceministerio le envió el informe de Acevedo, ¿por qué PPK no hizo observación alguna? ¿Estuvo demasiado ocupado en salvarse de la vacancia presidencial, indultando y recibiendo al Papa?

“El discurso del gobierno no va conectado con la realidad. El discurso y la realidad no van en paralelo. En el Perú hay dificultad para respetar los estándares establecidos. Si hay interés del gobierno de cuidar las áreas protegidas, debería dejar sin efecto esta norma”, dice Navarro.

Para Lanegra, la posición del Ejecutivo ha sido no enfrentar al congreso y simplemente no dar fondos para los proyectos. «Pero se olvida de que los gobiernos regionales y locales -usando recursos de la ilegalidad- lo pueden hacer. Y qué además la ley incluye el mantenimiento de trochas, lo que en la práctica las alentará en la selva», subraya.

Francisco estuvo en Puerto Maldonado y dio un discurso a favor de los pueblos indígenas. Para algunos analistas, dijo lo que otros presidentes peruanos nunca dijeron (incluidos ministros de Cultura, por cierto).

“La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales”, dijo.

El discurso del Papa fue recibido con aplausos por algunos y con  excepticismo de activistas ambientales e indígenas. ¿Algunos empresarios habrán preferido voltear la mirada? Seguro que sí. Sea como fuere,  esta ley -como enfatiza Lanegra- es casi una copia de lo que criticaba el Papa Francisco, «ver a la Amazonía como un lugar rico en recursos que solo hay que explotar para conseguir la prosperidad».

Finalmente, esta ley contraviene compromisos internacionales asumidos por Perú, incluidas las promesas de cambio climático y los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa.

¿El Ministerio del Ambiente se pronunciará?

Pero no. El jefe de Estado, a pesar de recibir un informe del Viceministerio de Interculturalidad en el que advertía los peligros de la norma, aparentemente se dedicó a otros temas y no se manifestó al respecto.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/01/22/ppk-no-opina-y-permite-que-ley-fujimorista-que-pone-en-riesgo-a-indigenas-y-areas-naturales-protegidas-sea-promulgada/albertoniquen/

 

Perú

¿Qué está pasando en Las Bambas?

Autor: José De Echave C.
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país.

El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país. Más de 10 mil millones de dólares invertidos y la proyección de una producción de más de 400 mil toneladas de cobre que, con el aporte de otros proyectos, está permitiendo que se duplique la producción de cobre del país. La producción comercial de Las Bambas se inició en el mes de agosto de 2016.

En los últimos meses, reiteradamente delegaciones de la zona de influencia del proyecto han venido a Lima a pedir diálogo y básicamente lo que han recibido es un portazo en la cara. Sin embargo, cuando estallan los conflictos a esos mismos comuneros los acusan de intransigentes.

¿Qué está pasando en la zona de influencia del proyecto y por qué se siguen reportando situaciones de tensión y conflicto latente? En primer lugar es importante subrayar que en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la población se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas.

¿Cuáles son los temas de preocupación y las principales demandas de la población? Un primer tema tiene que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del lado del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los últimos años.

Pero la preocupación de la población también se explica porque Las Bambas muestra la manera como se vienen modificando de manera reiterada y significativa los proyectos mineros, utilizando las nuevas herramientas creadas por los paquetazos ambientales que han flexibilizado las normas y limitan aún más los mecanismos de participación ciudadana.

Un informe de CooperAccion remarca que el proyecto Las Bambas fue modificado hasta en cinco ocasiones en menos de 20 meses; es decir en promedio una modificación cada 4 meses: dos veces se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en tres ocasiones se utilizó el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), procedimiento creado por el primer paquetazo ambiental (DS 054-2013-PCM), que permite aprobar cambios a los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación ciudadana. En el último año, las modificaciones, vía ITS y vía Estudio de Impacto Ambiental, han continuado.

Las reiteradas modificaciones y el uso y abuso de los nuevos instrumentos para producir cambios sustantivos en los proyectos, están a la base del desconcierto y preocupación de la población. Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoción de la inversión que en los últimos años han recortado estándares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental.

El otro tema que causa malestar en la zona está relacionado con las reiteradas declaraciones de estados de emergencia. El último fue decretado el pasado 11 de enero (decreto supremo 006-2018-PCM) y abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, la vía que une las operaciones de Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa).

Lo cierto es que el estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”. Algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación -supuestamente excepcional- desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

Como lo señala una alerta del Observatorio de Conflictos Mineros, “dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía”.

¿Qué hacer? Las Bambas muestra una vez más la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de diálogo que se han venido implementando en los últimos años, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la población local, el diálogo intercultural, etc. Tampoco se trabaja para nivelar las asimetrías de poder al momento de la negociación, ni se consideran orientaciones generales para sentar las bases para un desarrollo integral en una perspectiva de mediano plazo que fortalezca al mismo tiempo las capacidades e institucionalidad local.

Un proyecto como el de Las Bambas debería ser una prioridad para nuestras autoridades que deberían hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, más aun cuando en este caso -insistimos- la gente no se opone al proyecto. El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no sólo por la falta de voluntad política, sino también por su propia debilidad estructural, la carencia de competencias, capacidades y herramientas.

El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la actividad minera es un aspecto determinante para la construcción de un nuevo escenario de gestión equilibrada e independiente. Es sólo de esta manera que las instancias del Estado peruano, encargadas de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones. Mientras tanto las comunidades en la zona de influencia de Las Bambas siguen esperando que los atiendan.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/22/que-esta-pasando-en-las-bambas/

Perú

Challhuahuacho demanda fin del Estado de Emergencia

Autor: OCMPe.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Contra el Estado de Emergencia infinito. Líderes sociales y autoridades de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), donde opera la gigante china MMG Las Bambas, solicitaron poner fin al Estado de Emergencia vigente en la zona desde hace más de 120 días. También denunciaron que la empresa minera quiere modificar por cuarta vez el proyecto mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a espaldas de la población.

“Venimos en representación de más de 30 mil habitantes. Tenemos 3 agendas puntuales: la modificatoria del estudio de impacto ambiental sin consulta del pueblo, el levantamiento de la prórroga del estado de emergencia que lleva en total casi 6 meses y el incumplimiento del gobierno con los compromisos para implementar el Plan de Desarrollo de Challhuahuacho, que garantice la inversión de 700 millones de soles en el distrito”, declaró el alcalde de Chalhuahuacho, Antolin Chipana.

Los dirigentes demandaron retomar el proceso de diálogo, suspendido unilateralmente por el Gobierno desde 2016. Señalaron que el Estado de Emergencia no contribuye a la paz social ni a solucionar los desencuentros con la población, y deja sin resolver sus legítimas preocupaciones ambientales y sociales.

Estas demandas se realizaron durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República, donde se reunieron con parlamentarios en el marco de su visita a Lima para dar a conocer sus demandas. En la conferencia también participó el congresista Wilbert Rosas (Frente Amplio), quien señaló que “no hay comunicación con la PCM. Solicitamos que las autoridades con capacidad resolutiva como la Premier y los ministros titulares abran el diálogo”.

Cabe indicar que medios de prensa han informado que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) habría propuesto iniciar un diálogo el próximo 22 de enero.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/17/challhuahuacho-demanda-fin-del-estado-de-emergencia/

Perú

El clima de los conflictos

Autor: José de Echave. Cooperacción.org.

Este año se anuncia movido. En medio de la crispación por el tema político, antes de cumplirse los primeros diez días de enero ya estalló el primer conflicto social importante; el de los productores de papa.

Si bien no es un conflicto que por el momento tenga gravitación o se sienta en Lima, sí moviliza y tiene un fuerte impacto en importantes regiones de nuestra sierra: Apurímac, Ayacucho, Junín, Cusco, Huancavelica, entre otras, por la importancia y el número de los agricultores paperos en esas regiones.

¿Qué reclaman los productores de papa? En primer lugar alertan que el precio de la papa se ha derrumbado: sólo entre enero y noviembre del año pasado el precio de la papa ha caído en un 40% (precios al consumidor) y aparentemente la caída es más drástica si consideramos los precios que se pagan en chacra. Según testimonios de los propios productores, el precio del kilo de papa que reciben es apenas de diez o veinte céntimos, lo que por supuesto no cubre ni por asomo el costo de producción.

Algo de esto se confirma en los reportes de inflación del Banco Central de Reserva. La inflación habría descendido en los últimos meses sobre todo por la caída de los precios de los alimentos perecibles, entre los que destaca la papa.

¿Cuáles serían las causas de la caída de precios? La versión oficial apunta a subrayar temas climáticos (agua, temperaturas, etc.) y también se habla de un tema de sobreproducción. Sin embargo y sin descartar lo que puede haber pasado con el clima y la producción, los productores paperos apuntan a una supuesta mayor importación de papa procesada, sobre todo proveniente de Europa, aunque las cifras del propio Ministerio de Agricultura desmienten esta afirmación: la importación de papa precocida y congelada apenas representa el 0.79% del total de la oferta papera.

En todo caso, este es un tema clave que debería esclarecerse. La realidad es que los productores de papa de nuestro país se encuentran totalmente desprotegidos y no cuentan con información adecuada y oportuna. Al margen de cuál es el peso de cada uno de los factores que explique la caída del precio de la papa, los más de 700 mil productores de papa de nuestro país reclaman que el gobierno les brinde información y que se tomen cartas en un tema crucial que afecta a un sector importante de nuestra agricultura andina. Tema clave para el nuevo ministro de Agricultura, José Arista, que además proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, y que debería estar atento a todos estos temas.

Completando el mapa de conflictividad social

¿Qué otros conflictos se vienen? Los maestros, sobre todo el sector liderado por Pedro Castillo, anuncian que se reunirán en asamblea nacional los primeros días de febrero, con la finalidad de decidir el inicio de una nueva huelga nacional indefinida “toda vez que el gobierno se ha ratificado en mantener la misma política privatista del sector Educación”. Además, subrayan que el gobierno debe cumplir con la meta de elevar el presupuesto del sector de acuerdo a la meta fijada en el Acuerdo Nacional (6%).

Habrá que ver si se confirma una nueva huelga magisterial y qué fuerza tendría. No siempre es sencillo reeditar una huelga y movilización de magnitud que implica enormes sacrificios para las bases a nivel nacional. Sin embargo, la fuerza que mantiene el magisterio los coloca en el mapa de la posible conflictividad social proyectada para este año.

Otro tema que sin discusión estará en la agenda de conflictos, es el de la reconstrucción de las zonas afectadas por el “Niño Costero”. Ya en los últimos meses del año, pobladores de las zonas más afectadas se movilizaron expresando su malestar por la manifiesta incapacidad de las autoridades responsables del proceso. La destitución de Pablo De La Flor en el mes de octubre, como máxima autoridad para la reconstrucción, y la designación de Edgar Quispe como su reemplazo, no han producido mayores cambios en la dinámica y el avance de los trabajos en las zonas más afectadas. A casi un año del “Niño Costero”, el malestar aumenta en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y en la propia región de Lima y no habría que descartar que se produzcan estallidos de protesta.

Finalmente, un capítulo aparte son los conflictos socioambientales, sobre todo los vinculados a actividades extractivas, que el último año han estado a la baja en cuanto a número, pero que en muchas partes del país se mantienen latentes, como lo señala la propia Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles podrían ser otros focos de estallidos? El caso de Tía María sigue siendo un conflicto latente y si la empresa Southern, que está gastando una importante cantidad de dinero en publicidad en varios medios de comunicación, insiste con el inicio de la construcción del proyecto en el corto plazo, sin duda va a encontrar una férrea resistencia de la población. La información que maneja el Observatorio de Conflictos Mineros da cuenta de que el rechazo al proyecto minero en la zona se mantiene.

Otra zona sensible es la del corredor minero, que une a las provincias de Cotabambas (Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco). Quizás el caso más sensible es el de la zona de influencia del mega proyecto Las Bambas, donde en los últimos meses se ha venido prorrogando el Estado de Emergencia, lo que por un lado es una clara evidencia de la tensión que se mantiene en la zona y, por otro, una clara muestra de la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto por vías alternativas, sobre todo apostando por una mayor institucionalidad y diálogo. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

En medio de todo esto, las demandas legítimas en la zona siguen sin ser atendidas: los temas ambientales, una carretera que ya muestra saturación y graves problemas de contaminación, los problemas de salud de pobladores de las comunidades vecinas, los ofrecimientos de proyectos y un financiamiento que no llega, etc. A finales del año pasado, alcaldes y dirigentes de Cotabambas se entrevistaron con varios representantes del Ejecutivo en Lima para solicitar la reinstalación de la mesa de diálogo que quedó suspendida en el mes de octubre. Lamentablemente, la respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros fue negativa con lo cual diversas demandas en materia ambiental, derechos humanos y desarrollo quedan como no resueltas.

Otros casos que no se pueden dejar de tomar en cuenta

El de la provincia de Espinar y un conjunto de demandas desatendidas (sobre todo las referidas a los impactos en la salud de la población) es un caso a considerar, que seguramente llegará a un pico de tensión en el mes de mayo, cuando se cumpla un nuevo año del último estallido ocurrido en la zona (mayo 2012). No hay que olvidar que el año 2012 se abrió una etapa de diálogo, negociaciones y compromisos que no han sido atendidos.

Otros proyectos como Río Blanco, Michiquillay y la tensión que genera la minería informal en varias regiones del país, también formarán parte del mapa de conflictos sociales.

Sin embargo, no hay que olvidar que estamos en un año electoral y que en procesos anteriores, las expectativas, demandas e incluso la participación de actores sociales relevantes, se canalizaron por esta vía. Si no ocurre algo más en el país, lo cierto es que desde el segundo trimestre y sobre todo en la segunda mitad del año, en los territorios tendremos todos los ojos puestos en los procesos electorales.

En medio de todo esto, la gran interrogante es si un gobierno a la deriva y un gabinete como el que acaba de juramentar, tendrá algo de capacidad para diseñar una verdadera estrategia de prevención y abordaje de conflictos sociales. Seguramente, lo que seguiremos viendo en una estrategia predominantemente reactiva, que buscará apagar incendios y por el perfil de varios de sus integrantes, se seguirá priorizando la herramienta de los estados de emergencia y la criminalización de la protesta, que ya se utiliza en varias regiones del país. ¿Alguien se imagina que esto pueda durar hasta el 2021?

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-clima-de-los-conflictos/

Perú

Declaran Estado de Emergencia en todo el corredor minero

Autor: OCMPe.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Todo el corredor. El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.

El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.

En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.

Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.

“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.

Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/11/declaran-estado-de-emergencia-en-todo-el-corredor-minero/