Cuando una persona natural quiere postular a un puesto laboral, un requisito indispensable es acreditar que cuenta con antecedentes de ninguna naturaleza. Y a todo el mundo le parece normal porque nadie quiere contratar a una persona que tenga una mala trayectoria y que genere riesgos en la actividad del cargo.

Ayer, siguiendo el proceso de adjudicación de Michiquillay, uno de los proyectos de inversión más importantes para nuestro país, me surgía la interrogante de por qué a las personas jurídicas o empresas, no se les exige este mismo requisito mínimo. Y es que en la lista de concursantes, se encontraban varias impresentables con muchos antecedentes ambientales y sociales, y hasta con deudas con el Estado.  Lo más sobrecogedor vino luego, cuando se anunció que la ganadora era nada menos que Southern Perú, una de las empresas más cuestionadas que existe no solo en el país, sino a nivel mundial. Veamos un poco de sus antecedentes, o debo decir ¿prontuario?

Southern Copper Corporation Peru, SPCC por sus siglas, es creada en 1952.  En 1999 el Grupo México adquirió la empresa Asarco, propietaria del 54.2% de las acciones, con lo cual la firma mexicana tomó control de las operaciones mineras de SPCC en Perú. A pesar de los nuevos propietarios, la empresa no cambió el nombre por estrategia. A inicios del segundo trimestre de 2005, SPCC se fusionó con Minera México y subsidiarias. Así SPCC lleva más de 60 años operando en el Perú.

La empresa Southern Perú Copper Corporation siempre ha actuado en el sur del país. Tiene las operaciones de Toquepala y Cuajone –ambas de tajo abierto–, donde se extrae cobre, plata, molibdeno y oro, y un complejo metalúrgico en Ilo. Además, participa en tres exploraciones mineras, entre ellas Tía María.

Un inacabable pasivo ambiental

Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves. Al menos el Valle de Ilo quedó contaminado producto de sus emisiones toxicas realizadas[1].

Según fuentes de la propia empresa, desde 1960 hasta 1996 vertieron 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía tacneña de Ite. 36 años  de contaminación que no han podido revertir.

En 1996 inicia las operaciones del proyecto “Los Chancas”, en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac. Dicho proyecto genera una serie de impactos en el anexo de Quichque y las comunidades vecinas. Construyeron carreteras de acceso destruyendo tierras de cultivo y debilitando suelos lo cual provocó, durante las lluvias, derrumbes y deslizamientos que terminaron sepultaron al colegio primario, la capilla y viviendas de pobladores del anexo  Quichque. A estos impactos se suma el provocado por la instalación de motobombas en los puquiales para llevar agua a las maquinarias de perforación, contaminando el agua que riega los pastos naturales.  Aunque la empresa ofreció reparación de los daños, nunca cumplió; en el 2001, el alcalde de Tapairihua, solicitó ante el Juzgado Mixto de Abancay una medida cautelar que disponga la suspensión de los trabajos de exploración, cautelar que a pesar de ser concedida no ha podido ser ejecutada por diversas razones. La población sigue denunciando afectación hasta el momento.

En el 2011 empiezan a anunciar la ejecución del proyecto Tía María en la provincia de Islay- Arequipa.  El proyecto pretende procesar óxidos de cobre. Unops (organismo de Naciones Unidas) al revisar el EIA del proyecto hizo 138 observaciones, que indicaban entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo), a pesar de lo cual pretendían operar.

El año 2013, el departamento de Ambiente y Ecología de la Municipalidad Provincial de Ilo detectó un sobre índice de contaminación por dióxido de azufre (SO) en la fundición de Ilo. El nivel de SO llegó hasta 190 ug/m (microgramos por metro cúbico) en la zona donde se ubica la fundición de Southern (el límite máximo permisible es 80 ug/m3). En su defensa SPCC no se acogió a la norma del 2008, que fijaba como límite máximo 80 ug/m3, dado a que dicha norma no se había reglamentado.

En el año 2014, el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) sancionó a la empresa SPCC con 204 UIT por 16 hechos imputados, relacionados con el mal manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, elevado número de partículas gaseosas emitidas, entre otros[2].

En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de dos años y seis meses para Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú, y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a dicha empresa, por el presunto delito de contaminación ambiental, al haber emitido emisiones que superaban los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar.

En enero de este año, pobladores de Moquegua se movilizaron, denunciando que esta empresa sigue contaminando con sus operaciones el río Torata -en el cual realiza descargas de agua, señalando que se han detectado altas concentraciones de metales tóxicos, por lo que pidieron investigación del hecho.

En este recuento solo mencionamos los antecedentes de la Shouthern Perú, sin embargo no debemos dejar por fuera los gravísimos antecedentes de esta corporación en otras partes del mundo.  Es importante conocer que el Grupo México, principal propietaria de la Southern, tiene antecedentes gravísimos de contaminación como la explosión en la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila en México, que dejó sepultados a 65 mineros, hecho ocurrido en el 2006.  O el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista, en el 2014, considerado como el hecho más grave de contaminación en la historia de México.  Además el  Grupo México ha pagado en 2015 una multa por 23 millones 565,938 pesos mexicanos, como consecuencia de más de  50 irregularidades en contra del marco normativo ambiental.

Un pasivo social que no es solo Tía María

Tal vez el conflicto más conocido en el que se vio envuelta esta empresa es el del proyecto Tía María- Arequipa, el cual ha dejado hasta la fecha un grave saldo: cinco muertos y varias decenas de heridos; sin embargo los antecedentes de conflictividad de esta empresa se pueden encontrar en varios lugares, donde se denuncian similares patrones de comportamiento que evidencian una mala práctica de relacionamiento con las comunidades locales, lo que ha llevado a una profunda desconfianza en la misma.

Denuncias por adquisición de tierras de manera abusiva, ofreciendo precios arbitrariosbajo amenaza de acogerse a la Ley de servidumbre minera; incumplimiento de ofrecimientos relacionados con Responsabilidad Social; empleo deficiente de los  lugareños, que denuncian que los han hecho trabajar jornadas completas sin pagarles el salario correspondiente, y el mal trato de los funcionarios de dicha corporación respecto a las poblaciones, a las cuales como en el caso de Tía María, llegaron a acusar de “terroristas antimineros”, son parte del pasivo social de Southern en el Perú.

Ni sus propios funcionarios han podido negar este hecho y han terminado aceptándolo como una suerte de “desaciertos”. Carlos Aranda, gerente técnico de Southern, textualmente asiente diciendo, “cuando hicimos el trabajo la primera vez no hicimos las cosas bien. Seamos honestos: la población nos veía como muy soberbios”.

Por estos temas, algunos de sus proyectos han quedado suspendidos y es posible que no puedan retomarse.  Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa manifiesta de manera decidida, que “la desconfianza por la contaminación histórica y el mal manejo con la población” es lo que evita que esta empresa sea aceptada.

Michiquillay no es un paseo entre las rosas

Con todos estos antecedentes, esta empresa es la ganadora de la licitación para la ejecución del proyecto Michiquillay ¿No debiera preocupar esto? ¿Los antecedentes de un actor que va a intervenir no solo en un tema estratégico sino en una zona compleja del país no debieran contar para el Estado?

Los componentes que se empiezan a conjugar en este caso son severamente peligrosos: proyecto con problemas de licencia social y con una comunidad dividida y polarizada; una empresa con los peores antecedentes de desempeño; y un Estado minusválido para prevenir y abordar conflictos.

Cajamarca no es un centro de conflictos porque la gente sea violenta, Cajamarca se ha convertido en un campo de batalla porque además de otros factores, tenemos la mala fortuna de que el Estado le abre las puertas a las empresas más cuestionables no solo del país sino del mundo, ignorando sus pésimos antecedentes.  Ya teníamos suficiente con Yanacocha, Tantahuatay, oThaoe Resources. Y ahora tendremos que cargar con Southern Perú.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/southern-cuando-los-malos-antecedentes-no-importan

Esta mañana, ProInversión informó que la Compañía Minera Southern Copper Corporation ganó la buena pro del megaproyecto de cobre Michiquillay, ubicado en Cajamarca. Se trata de uno de los proyectos mineros más grandes impulsados en los últimos años, con una inversión aproximada de US$2,000 millones. Pese a ello, de las 10 empresas calificadas, únicamente dos presentaron sus propuestas técnicas y económicas: la ganadora Southern y Milpo.

La propuesta presentada por Southern, del Grupo México, incluye un precio de transferencia de US$ 400 millones y una regalía contractual del 3%.

Larga es la historia del proyecto Michiquillay, que fue devuelto al Estado en el 2014 por Anglo American, empresa que había estimado una producción de 200 mil toneladas de cobre por año. Ello abrió un proceso de adjudicación, el mismo que tuvo que ser postergado en diciembre pasado, en medio de la crisis política que casi desembocó en la vacancia presidencial.

Para el Gobierno de PPK, “destrabar” Michiquillay es uno de sus grandes objetivos económicos, pues estima que su ejecución podría aportar hasta medio punto de crecimiento del PBI en los próximos años. Estas proyecciones pueden estar sobredimensionadas y, además, cabe señalar que el proyecto aún debe culminar su etapa de exploración y luego elaborar su estudio de impacto ambiental, de manera que el impacto económico no se vería antes de tres o cuatro años.

Más aún cuando el proyecto tiene problemas de falta de licencia social entre las comunidades de la zona. En diciembre, ciudadanos de La Encañada y Namora realizaron protestas en contra de la licitación del megaproyecto minero, y líderes regionales ya anunciaron su rechazo al mismo.

Los antecedentes de Southern

Lo que llama la atención es que la empresa ganadora, Southern Perú, sigue envuelta en uno de los mayores conflictos socioambientales de la última década: el caso de Tía María, en Arequipa. El proyecto, también cuprífero, ha tenido que ser suspendido hasta en dos oportunidades (en 2011 y 2015) ante el masivo rechazo de la población local. En este largo conflicto ha sido evidente el mal relacionamiento de la empresa con las comunidades locales, lo que ha llevado a una profunda desconfianza contra la minera. Pese a ello, Southern insiste en sacar adelante el proyecto Tía María y en la actualidad viene desarrollando una intensa campaña publicitaria en varios medios de comunicación.

La empresa también carga con denuncias por mal manejo ambiental en sus operaciones en Moquegua y Tacna. Cabe recordar que hace poco más de un año, Southern fue sancionada por el OEFA por violar normas ambientales en Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna) y la Fundición y Refinería de Ilo con una multa de 82 millones de soles. Además, recientemente se conoció que el río Torata -en el cual la empresa realiza descargas de agua- tiene concentraciones de metales tóxicos por encima de los límites permisibles, ante lo cual la población viene pidiendo una investigación.

¿Podrá una empresa con estos antecedentes llevar a cabo un proyecto de la magnitud de Michiquillay en Cajamarca? Apenas han transcurrido seis años desde que debió suspenderse el proyecto Conga, ubicado muy cerca de Michiquillay, por la oposición firme de la población que teme por el impacto sobre sus fuentes de agua. ¿Habrán aprendido las empresas de los errores del pasado reciente?.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/southern-llega-a-cajamarca-con-el-proyecto-michiquillay/

La semana pasada, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció, con bombos y platillos, que el Perú era el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial. Pero ni siquiera hizo mención al número de conflictos mineros que existen en el país: 78 según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (publicado en enero).

En la misma línea de presentar al sector minero como repotenciado, el último domingo, la revista Semana Económica (SE) publicó un artículo titulado «En sacos distintos» en el que concluye que este 2018, los conflictos sociales no serán mineros porque las empresas «han aprendido de sus errores pasados».

Partiendo del caso del paro agrario y la protesta de los productores de papa, los autores (Rafael Aste y Alvaro Roncal) sostienen que «este conflicto responde a la pérdida de legitimidad del gobierno y no al discurso socioambiental que impulsó los conflictos durante el boom minero pasado».

Según SE, las mineras «se han protegido por una sofisticación» de sus estrategias: «relacionamiento con stakeholders y autoridades locales, difusión de información ambiental sobre sus proyectos y desarrollo de emprendimientos autosostenibles en la economía local».

¿Qué tan cierto es esto? Para responder a esta pregunta, consultamos con José de Echave, director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). Para este experto, «hay una suerte de sobredimensionamiento» cuando se afirma que los conflictos no afectarán a la minería este año.

«Las estrategias que dicen estar aplicando no son nuevas. Se han venido usando desde hace bastante tiempo y no veo motivo por el que ahora sí estén funcionando. Por el contrario, lo que veo es poco aprendizaje. Por ejemplo, con las declaratorias de estados de emergencia en el corredor minero», dice de Echave a LaMula.pe.

Recordemos que en su último informe, el OCM explicó la reducción de la conflictividad social en zonas mineras a los menores precios internacionales de los metales, a la coyuntura política, marcada por denuncias de megacorrupción, y a la proximidad de las elecciones regionales y municipales.

De Echave precisa que en los últimos dos o tres años, las empresas decidieron invertir menos por lo que la presión en los territorios se redujo. «La conflictividad social está relacionada a la presión que hacen las empresas en sus intentos de avanzar con sus proyectos, pese a que no cuentan con la aceptación social. Pero ahora la situación ha cambiado, los precios se han recuperado», señala.

«Ahora está comenzando a haber una ebullición por avanzar con las inversiones mineras sin que hayan solucionado sus problemas. Van a insistir con lo mismo y se van a encontrar con un rechazo, milagrosamente la situación no va a cambiar en Tía María«, afirma de Echave.

En este sentido, el exviceministro de Gestión Ambiental precisó que se deben diferenciar los conflictos mineros, no todos tienen las mismas características.

«Hay una visión plana de la conflictividad, estos señores [los empresarios mineros y sus voceros] piensan que los conflictos son iguales, ese es un error tremendo. Tenemos conflictos de rechazo y otros de convivencia: no es lo mismo Las Bambas que Tía María: en el primero la gente acepta el proyecto, pero reclama mayores beneficios y condiciones, en cambio en el otro los agricultores lo rechazan porque se sienten amenazados», afirma el experto.

Además, explica de Echave, la conflictividad no solo debe medirse por números, sino por intensidad y «este año podríamos tener un rebote de conflictos mineros». Contrario a lo que sostiene SE, el economista cree que el 2018 va a ser un año complicado por los conflictos mineros. Desde el OCM, estima que «con los actuales precios, varios proyectos se van a reactivar como Río Blanco, Kañaris y otros en Cajamarca». «Las empresas van a querer avanzar con sus inversiones sin haber resulto problemas sociales anteriores», dice.

«Construir un discurso de que los conflictos han bajado como consecuencia de la implementación de nuevas estrategias de las empresas mineras no se condice con la realidad», afirma el experto en conflictos mineros.

¿Cómo le irá a las empresas mineras en la gestión de los conflictos sociales provocados por sus proyectos? Veremos si de verdad han aprendido la lección o si siguen repitiendo los errores del pasado.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/02/13/conflictos-sociales-mineros-socioambientales-peru-empresas-mineras-lecciones-2018/jorgepaucar/

Así se encuentran los ciudadanos del Valle del Tambo (Arequipa) ante los anuncios de la empresa Southern Perú, que aseguró que conseguiría la licencia de construcción para su polémico proyecto Tía María en el primer semestre de este año. Frente a ello, este viernes 16 de febrero se realizará una movilización en la localidad de Cocachacra, según informó la presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada y Mejía, Marilú Marroquín.

Según la empresa y el Gobierno, los proyectos sociales financiados por la minera en la zona en los últimos meses habrían debilitado la oposición a Tía María. Esta semana, el viceministro de minas, Ricardo Labó, indicó que la empresa ha hecho todo el año pasado esfuerzos para poder relacionarse nuevamente con la zona y esto estaría dando “sus primeros frutos’”. “Este acercamiento con la población es un proceso de mediano a largo alcance, pero creo que este año vamos a tener noticias sobre mejores relaciones que las del año pasado” lo que permitiría “avanzar” con el proyecto minero, aseguró el funcionario.

Southern, de capitales mexicanos, ha venido implementando en la zona el programa denominado “Valle Unido” de relacionamiento comunitario, en el que ha realizado campañas de educación, salud, de apoyo a los agricultores, entre otras. Sin embargo, según información de la prensa local, dicho proyecto no ha tenido mayores impactos en la posición de la ciudadanía y se mantiene un “rechazo contundente” al proyecto minero. Periodistas de Arequipa encontraron en días recientes que la mayor parte de la población local no conoce este programa y mantiene su oposición a Tía María.

“Ofenden al pueblo cuando piensan que pueden comprar su apoyo con una jarrita de plástico, dos tarritos de pintura, una bolsita de úrea”, declaró Augusto Paredes Torres, secretario de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

Las acciones de la empresa también han buscado el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa. El pasado viernes, por ejemplo, la compañía minera entregó a las autoridades regionales el expediente técnico para la construcción del nuevo Centro de Salud de Cocachacra.

Persecución a líderes

Tras casi tres años de las protestas de 2015, la Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes sociales de la zona. La acusación fiscal utiliza la figura de “Asociación Ilícita para Delinquir”, lo que preocupa porque sería la primera vez que se aplica este tipo penal en el marco de una protesta.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco, afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia”, asegura. Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay.

Como se recuerda, este polémico proyecto ha tenido que ser suspendido en dos oportunidades, en 2011 y 2015, ante la fuerte resistencia de la población que teme que se vean afectadas la provisión de agua y las actividades agrícolas.

Fuente: www.conflictosmineros.org.pe

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Se sostiene, también, que personas “sin representatividad y acompañados de la empresa están presentando firmas a entidades del estado con el fin de demandar dialogo”, sin embargo, esta no es la postura de las comunidades, cuyos líderes estuvieron en Lima en setiembre del año pasado en el Congreso de la República donde presentaron sus preocupaciones sobre el Proyecto Río Blanco y reafirmaron su compromiso por la defensa de los frágiles ecosistemas de Piura como son los páramos.

En enero, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), en esa época, Alfredo Thorne, declaró a la prensa que el Gobierno buscará dar un impulso adicional a la economía peruana y para eso se reactivará el proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura y otros seis en el interior del país. Los ronderos le recordaron al ministro «la empresa no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos terrenos es ilegal». En reciente carta dirigida a las rondas campesinas de Ayabaca, el Ministerio de energía y minas ha confirmado que la empresa no cuenta con ninguna autorización para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba.

Finalmente, los ronderos aseveran: «Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre este caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor solo puede ser el Estado que el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad”, dice el comunicado.

Fuente: http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/687-ronderos-ayabaca

Una nueva investigación del premiado portal Ojo Público concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras. De ellas, 248 tienen licencias para extraer este recurso a perpetuidad, 31 de las cuales se ubican en zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

La investigación recoge la información de los expedientes que se encuentran en el archivo digital de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como estudios de dicha entidad y de Defensa Civil y la Defensoría del Pueblo, para conocer en qué zonas se concentran las autorizaciones de uso de agua y cuál es su relación con los conflictos por este recurso.

Los derechos de uso de agua son de tres tipos: licencias, autorizaciones y permisos; solo los primeros no tienen fecha de caducidad, según indica la investigación. La legislación ha otorgado durante décadas las autorizaciones y permisos a plazo indeterminado, y ni siquiera la Ley de Recursos Hídricos aprobada el 2009 prevé regular o actualizar el volumen asignado en zonas con riesgo de sequía. Únicamente se estipula la posibilidad de declarar la extinción de este derecho cuando el Estado confirme la escasez definitiva o contaminación total del recurso.

Los datos recogidos por Ojo Público muestran que la mayoría de permisos corresponden a Southern Cooper (Grupo México), que tiene 15 licencias vitalicias y nueve autorizaciones temporales. Le sigue Minsur con seis licencias vitalicias, mientras que Anglo American lidera el ranking de autorizaciones temporales con 15 de estas resoluciones en zonas de inminente sequía.

En las cuencas con poca agua Southern Cooper tiene tres proyectos: Cuajone y Toquepala, en Moquegua y Tacna; y Los Chancas, en Apurímac. Para los dos primeros, la empresa utilizó 50.490 millones de litros de agua en 2015. Es la misma cantidad que consumen los habitantes de Tacna y Moquegua durante un año. Por su parte Anglo American, también en Moquegua, tiene la mina de cobre Quellaveco que entrará este año en fase de explotación.

Ambas empresas obtuvieron resoluciones para explotar 41 fuentes de agua en Locumba Sama, Tambo, e Ilo-Moquegua. Cabe destacar que todas estas zonas fueron incluidas en las declaratorias de emergencia hídrica que el Gobierno ha promulgado en los últimos años por la escasez de agua. Incluso en el Decreto Supremo 004-2009, el Ejecutivo confirmó el “agotamiento de los recursos hídricos” de los ríos Caplina y Locumba Sama, en Tacna, y dictó recomendaciones para preservar el agua subterránea.

La investigación recoge también la versión de las compañías. Anglo American informa que tras la crisis hídrica del 2016 se vio obligada a renunciar a la captación de agua del río Asana, y ha ampliado el uso de agua reciclada al 65%. Southern, por su parte, ha anunciado que empleará agua de mar si el Gobierno le autoriza a continuar con Tía María, en Arequipa, proyecto paralizado por las fuertes protestas de la población en los años 2011 y 2015.

Las regiones donde el Instituto Nacional de Defensa Civil ha atendido más emergencias por sequía en zonas agrícolas entre 2003 y 2016 son Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Según la base de datos elaborada por Ojo Público, en la primera de estas se otorgaron 77 derechos de uso de agua, 26 de los cuales están vigentes en manos de las mineras Catalina Huanca, Ares y Buenaventura. En Apurímac se aprobaron 103 resoluciones para explotar este recurso; 57 de ellas están activas y son usadas principalmente por las compañías Southern Copper, Barrick, Anabi y Xtrata Tintaya y Las Bambas, pero también por Buenaventura y Ares. Por último, en Huancavelica se emitieron 122 de estos permisos, principalmente para las mineras Caudalosa, Castro Virreyna, Buenaventura, y otros.

En el caso de Cusco, se aprobaron 78 derechos de agua. Actualmente 38 licencias y autorizaciones están vigentes, principalmente en manos de la canadiense Hudbay y de Antapaccay, subsidiaria de Glencore. Las provincias por donde cruzan las fuentes de agua autorizadas para su explotación son Espinar, Chumbivilcas, Paruro y Quispicanchi; las mismas que también han formado parte de las declaratorias de emergencia temporal que promulga el Gobierno por falta de lluvias y presencia de heladas inusuales.

Cabe indicar que la ANA tiene identificadas 41 cuencas en las que se mantienen 56 conflictos por el agua. El 71% de los cuales es por su mala calidad o contaminación, el 20% por falta de acceso o desaparición de fuentes de agua y el 9% restante por otros motivos.

Estos conflictos se ven atizados por un contexto más difícil a causa del cambio climático. Según un estudio del Senamhi, citado por Ojo Público, hacia el año 2050 las fuentes de agua disponibles en once cuencas de la costa sur del país se reducirán entre 42% y 48%, especialmente en Moquegua, Tacna, Ica.

De hecho, según datos de la ANA citados en el libro “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” (CooperAcción), entre 2007 y 2014 la disponibilidad de agua en el Perú se redujo en 14.6%. Esto, principalmente debido al derretimiento de los glaciares, que ya han retrocedido en 57%. Como se recuerda, a fines del 2016, 17 regiones fueron declaradas en “emergencia hídrica” por la falta de lluvias, situación que se ha vuelto crónica en los últimos años y que contrasta con la amplia disponibilidad de autorizaciones y permisos para el uso de agua de la que goza el sector minero.

Fuente: http://conflictosmineros.org.pe/2018/02/09/alerta-investigacion-encuentra-que-248-mineras-tienen-licencias-de-agua-a-perpetuidad/

La República llegó hasta el lugar donde un río de metales pesados de la empresa Arasi se junta con el río Pataqueña de agua transparente. OEFA confirma que existe contaminación.  05/02/2018
PRUEBAS MEDIOAMBIENTALES. La República llegó a intersección de río contaminado y río Pataqueña. La imagen evidencia como un afluente limpio se junta con uno contaminado.

Liubomir Fernández
La contaminación de la cuenca Jatun Ayllu (Ocuviri-Lampa) y Llallimayo (Melgar) tiene su origen en la confluencia entre un río de metales pesados y un afluente de agua transparente donde todavía se puede pescar truchas.

Ambos afluentes están en la comunidad de Chacapalca, en la zona alta del distrito de Ocuviri, en la provincia de Lampa, a cinco horas de la ciudad de Puno.

La República se trasladó hasta la comunidad de Chacapalca. En el camino uno se encuentra con enormes montañas donde las alpacas reinan por ser su hábitat. Estos se alimentan en extensos bofedales, gracias al agua pura que baja de las cumbres. Este panorama contrasta cuando uno se encuentra con las operaciones de la mina Arasi, que explota oro hace varios años en la comunidad de Chacapalca. El proyecto pertenece a la empresa Aruntani, que también opera entre las regiones de Puno y Moquegua.

El punto de contaminación del cual es responsable Arasi está focalizado entre la intersección de dos vertientes que forman una “y”. El río que baja de las zonas altas se llama Pataqueña, cuyo caudal es transparente. Se puede llegar a ver incluso peces pequeños y consumir el líquido sin mayor problema. Paradójicamente este río pasa por un costado del campamento de la empresa. El problema es aguas abajo, cuando afluentes se unen.

El río Pataqueña pierde su transparencia, cuando por un costado recibe descarga de aguas turbias color beige oscuro lechoso, que salen del interior del campamento de la minera por la cuenca denominada Azufrini. Los peces que bajan de la altura vivos finalmente mueren, cuando se encuentran con la contaminación.

“Esas aguas son ácidas… Las familias que aquí vivimos estamos contaminadas”, aseguró Eduardo Ccahuanihancco Hancco, poblador de Cachapalca.

El vicepresidente de la comunidad, Juvenal Bodadilla Choque, aseguró que efectivamente la mina contamina el río que al final termina afectando a pobladores de la zona baja de la cuenca de Llamimayi, en la provincia de Melgar. En esta zona los campesinos se dedican a la crianza de ganado vacuno. El consumo de agua contaminada ha generado la muerte de decenas de animales.

No solo los campesinos confirman que existe contaminación. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también certificó que el efluente, que sale de la minera, tiene metales pesados.

Según el informe 077-2017 de la OEFA, la evacuación de aguas contaminadas devienen del botadero “Yesica”. Se detectó que allí existe afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro y manganeso. Estos metales pesados pasan por una quebrada y finalmente ingresan por el río Azufrini, ahora de metales pesados, el cual finalmente termina juntándose con las aguas cristalinas del río Pataqueña.

“Nos están envenenando y están matando a nuestros animales”, aseguró Nilda Chávez, pobladora de Llallimayo.

Aseguró que el caso es de vida o muerte porque de por medio está el medio ambiente y la sobrevivencia de la crianza de ganado vacuno.

http://larepublica.pe/sociedad/1179979-rios-de-puno-son-contaminados-por-mina-arasi

Y el último reporte de la Defensoría señala 120 conflictos socioambientales en el país.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló, hoy martes, que el Perú es el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial.

En una nota de prensa publicada en su página web, el gremio extractivo resaltó que La Libertad y Cajamarca son los mayores productores de oro en el país «al concentrar 50% de la producción aurífera nacional que ascendió a 151 toneladas al cierre del año 2017».

Precisó que La Libertad produjo 43 toneladas del metal precioso el año pasado y Cajamarca, 33. Detrás de estas regiones, se encuentran Arequipa con 20 toneladas y Ayacucho con 12.

Respecto a la producción de plata, la SNMPE señaló que esta fue de 4,304 toneladas en el 2017 y Áncash, Lima y Junín fueron las regiones con mayor producción al representar el 55% del total. Además, resaltó que el país es el segundo mayor productor de plata en América Latina y en el mundo con una producción acumulada de 8,679 toneladas en el período 2016-2017.

Todas estas cifras positivas que presenta el gremio minero no indican un factor importante: la dependencia de la economía peruana al sector extractivo.

Como indicó el exministro de Economía, Alonso Segura, van dos años seguidos de subida del precio de los metales, pero ¿qué pasaría si se produce una caída igual de repentina? El economista advierte vulnerabilidad del país.

Además, la actividad minera genera conflictos socioambientales en el País. En el último reporte de la Defensoría del Pueblo, se detectó 120 conflictos de este tipo, de los cuales 78 están relacionados a la minería.

https://redaccion.lamula.pe/2018/02/06/peru-mineria-america-latina-productor-oro-sociedad-nacional-mineria-petroleo/jorgepaucar/

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: «Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana»

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.

Este es un resumen de las demandas que formalizaron al MINSA a fines del 2017