Hasta ahora, Puno destacaba como la única región productora de estaño en el país y ocupaba el quinto lugar en la producción de oro. En lo que va del año ha recibido casi US$ 33 millones de inversión minera, lo que representa menos del 4% del total invertido a nivel nacional. El área concesionada en la región suma 1’471,771 hectáreas, lo que representa el 21.68% del territorio regional y coincidente con la tendencia nacional, se observa un repunte en las concesiones otorgadas, luego de un descenso en los últimos 3 años.

A nivel nacional, Puno ocupa el segundo lugar entre las regiones con más conflictos sociales (18 en total). De estos, 12 conflictos son de tipo socio-ambiental (66% del total) y, de ellos 9 están relacionados a la gran y mediana minería (50% del total), así como a la pequeña minería informal. La mayoría de conflictos sociales en Puno están vinculados a la afectación de los recursos hídricos, sea por actividades mineras o por la ausencia de tratamiento de los gobiernos locales.

La cartera de proyectos mineros de esta región suma US$ 1,281 millones distribuidos en los proyectos Corani, Ollachea y Minsur-San Rafael (en fase de ingeniería de detalle), Macusani (en fase de exploración) y 4 proyectos adicionales.

En este contexto se ha conocido el descubrimiento de un yacimiento de litio de talla mundial, en la meseta de Macusani, distrito del mismo nombre en la provincia de Carabaya. Desde hace una década y media se venía explorando en la zona, aunque la pista seguida por varias empresas era la del uranio. Si uno revisa la cartera de proyectos de inversión que publica regularmente el Ministerio de Energía y Minas, el proyecto de la empresa Macusani Yellowcake, filial de la canadiense Plateau Energy, sigue apareciendo como de uranio.

Sin embargo, el descubrimiento de 2.5 millones de litio de altísima ley (muy superior a los yacimientos de países vecinos como Chile y Bolivia), le ha dado un giro inesperado a este proyecto de propiedad de la junior canadiense Plateau Energy, que debido al hallazgo ha visto cómo sus acciones han aumentado su valor en la Bolsa de Toronto. Como se sabe, el litio es un metal liviano, excelente conductor de calor y electricidad, que desde mediados de la década del 90 del siglo pasado comenzó a ser utilizado en las baterías que aportan autonomía energética a artículos tecnológicos y a los autos eléctricos.

En la actualidad, el 40% de la demanda mundial de litio se utiliza para la fabricación de baterías y además el 90% de las refinerías se ubican en China. En la última década la cotización del litio prácticamente se ha triplicado.

Los temas que deberán ser abordados

Una pregunta que cae por su propio peso es si Plateau Energy será la empresa que lleve adelante el proyecto de Macusani. Como se sabe, el perfil de las empresas junior es sobre todo el de explorar y cuando encuentran un yacimiento importante buscan un socio estratégico o terminan transfiriendo el proyecto. Por lo general empresas como Plateau Energy no tienen las suficientes espaldas financieras para llevar un emprendimiento de envergadura y si bien en este caso se habla de una inversión de US$ 800 millones (que no representa una inversión significativa si la comparamos con proyectos de inversión de cobre y otros minerales[1]), habrá que ver cómo se define la estrategia financiera del proyecto.

Pero quizás los temas más preocupantes van por el lado del tipo de explotación y los riesgos que representa el propio yacimiento. Como hemos señalado, el yacimiento también contiene uranio (en realidad varios millones de libras de uranio) y lo que la propia empresa ha  reconocido es que en nuestro país no existe normativa específica para la explotación de minerales radiactivos.

Si bien, el nuevo giro de explotación prioriza el litio, al procesar este mineral, el uranio también estará expuesto con todo lo que eso significa en materia de radiactividad. Una tarea pendiente que deberá ser abordada por nuestras autoridades y por la propia empresa, es cómo se piensa enfrentar el riesgo que implica el tema de la radioactividad y cómo se piensa controlar los impactos de una operación de este tipo.

Finalmente, la corresponsal de El País en el Perú, Jacqueline Fowks, nos recuerda otro tema importante que no puede ser dejado de lado: el año 2008, “las autoridades locales y el World Monuments Fund rechazaron los proyectos de mineral radioactivo porque la concesión se superpone a más de 100 sitios de pinturas rupestres y petroglifos de unos 5.000 años de antigüedad”. Cabe señalar que el año  2011, el Ministerio de Cultura reconoció al monumento arqueológico prehispánico, en los distritos de Macusani y Corani, como patrimonio cultural en la categoría “paisaje cultural arqueológico””. El área de la concesión minera se superpone con este monumento arqueológico.

Estos son algunos de los problemas que deberán ser abordados por la empresa que finalmente asuma el desarrollo del proyecto y sobre todo por nuestras autoridades. Además deberán ser tomadas en cuenta las voces de la población de la zona y de las autoridades locales.

[1] Por ejemplo, el proyecto Las Bambas significó una inversión de US$ 10 mil millones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-litio-de-puno/

Durante la presentación de su 22° Reporte Semestral, el Observatorio de Conflictos Mineros alertó sobre la corrupción y el tráfico de influencias que se evidencian en diversos casos de toma de decisiones ambientales en los sectores extractivos. El recientemente denunciado caso de una presunta presión por parte del ex presidente García para favorecer a la empresa minera Sulliden recuerda a los famosos tratos entre Montesinos y Newmont en relación a la empresa Yanacocha. De igual manera, la detención de varios funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios por presuntamente recibir pagos de mineros ilegales –incluido en este reporte semestral- muestra la penetración de la corrupción en la institucionalidad estatal que debería garantizar una adecuada gestión ambiental.

“En el marco de la crisis por corrupción evidenciada en estas semanas a todo nivel, cabe preguntarse ¿hasta dónde han penetrado estos poderes en los ámbitos donde se toman decisiones sobre intereses mineros y temas ambientales?”, señaló José De Echave, coordinador del OCM. “De alguna manera, la devastación ambiental en Madre de Dios y otras zonas del país también es consecuencia de la impunidad, las puertas giratorias y la corrupción”, señaló.

Las Bambas

En otro momento, el OCM denunció que el transporte de concentrados e insumos mineros en Las Bambas carece de instrumentos de gestión ambiental y de fiscalización adecuados, convirtiéndose en el principal foco de conflicto socioambiental de la zona.

La carretera ha sido construida en buena  parte sobre terrenos comunales y vías locales, y ha sido aprobada por tramos sin pasar por todos los filtros legales. El transporte de concentrados no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental que identifique impactos y medidas de mitigación, y por ello nadie asume los daños ambientales que ya se registran en la zona.

Ana Leyva, Directora de CooperAcción, explicó que los instrumentos de prevención y fiscalización ambiental del Estado no están funcionando en el Corredor Minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el puerto de Matarani, en Arequipa. Por el contrario, impera una debilidad institucional que hace que no se cuente con los instrumentos necesarios, que nadie controle los impactos ambientales y sociales,  corrija los problemas existentes y  asuma la responsabilidad por ellos, dejando a la población del entorno en el desamparo.

“El principal foco de conflicto en torno al megaproyecto Las Bambas ha tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía por donde transitan al menos 370 vehículos diariamente, que genera polvo, vibraciones y ruido; y donde el 90% de su uso es solo para la minera”, advirtió.

Por su parte, De Echave afirmó que “este caso muestra cómo son las debilidades de la institucionalidad ambiental, el principal factor que actualmente propicia el surgimiento de los conflictos socioambientales”.

MONTAÑA DE 7 COLORES

El 22° reporte del OCM advierte de una irracional política de concesiones mineras que causa desorden y pone en riesgo las zonas protegidas en el país. Casos como el de la Montaña de Siete Colores, ubicada en los límites de las provincias de Canchis y Quispicanchi, en Cusco, que forma parte del terreno concesionado a la empresa minera Minquest Perú, generan preocupación en los términos de políticas públicas en dicha materia.

De Echave reveló que existen casos similares en otras partes del país. Por ejemplo, en Cajamarca, existen concesiones en el área de Lagunas de Alto Perú e incluso la empresa minera Yanacocha es propietaria de parte de la superficie de esta zona de gran importancia hídrica y también turística. Lo mismo ocurre en el Santuario Nacional de Tabaconas Namballe (Cajamarca), que también fue concesionado, en el Apu Huaytapallana (Junín), en la reserva paisajistica Nor Yauyos Cochas (Lima), en la cordillera Huayhuash (Lima), entre otras. Sería importante que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado pueda informar sobre la situación actual de las diferentes zonas protegidas en todo el país y las presiones que ejercen diferentes actividades extractivas como consecuencia de las concesiones que se otorgan.

Este caso también pone en evidencia la necesidad de contar con una efectiva política de ordenamiento territorial y seguir impulsando en los territorios los procesos de zonificación económica y ecológica: “Nosotros no estamos diciendo que no se otorguen concesiones mineras o que la minería no sea una actividad importante. Pero las políticas de concesiones se han agotado, generan desorden, intervenciones caóticas y terminan poniendo en riesgo zonas del país que deberían estar destinadas a otro tipo de uso”, sostuvo.

AUMENTA LA CONFLICTIVIDAD Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO NO REPORTA TODOS LOS CONFLICTOS

Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, los conflictos sociales pasaron de 169 a 198 a nivel nacional, el nivel más alto de los últimos meses. De este total, el 64.6% de los conflictos son socio-ambientales y el 65.6% son casos vinculados a la minería.

Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Ancash es la región que concentra el mayor número de conflictos: 28 que representan el 14.1% del total nacional. Le siguen Puno con 19 y una participación del 9.6%; Apurímac y Cusco con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.1%. Cierra este grupo Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.6%. En todas estas regiones predominan los conflictos activos.

De otro lado, el Reporte del OCM ha identificado al menos doce casos de conflictos mineros ocurridos en el primer semestre del año que no figuran en los registros de la Defensoría del Pueblo en ninguna de sus categorías: conflictos activos, conflictos latentes, o alertas tempranas.

“¿Qué está pasando con la Defensoría, han cambiado su metodología?”, se preguntan los voceros del OCM, al indicar que el reporte defensorial no estaría reflejando lo que realmente está pasando en las zonas, y si hay cambios en su metodología, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de explicarle a la opinión pública.

Se trata de conflictos específicamente mineros sobre un total de 127 conflictos socioambientales registrados oficialmente, lo que significa un 10%. Es importante que este posible sub-registro sea analizado por las autoridades correspondientes, a fin de ajustar la metodología para garantizar que los informes oficiales reflejen de manera completa las tendencias de la conflictividad social, de manera que permitan una óptima toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/17/nota-de-prensa-corrupcion-y-trafico-de-influencias-tambien-afectan-decisiones-mineras-y-ambientales/

Dirigente de las rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, Isaac Huamán Correa, ha recibido amenazas hace pocos días, ello a causa emprender la defensa de su comunidad frente a la imposición del proyecto minero Río Blanco que quiere ingresar sin licencia social a Ayabaca y Huancabamba en Piura.

*En la foto aparece junto a otro dirigente y al gobernador regional, Reynaldo Hilbck Guzmán, quien reconoció la institución de las rondas y su aporte social.

El río Moche, La Libertad, ha sido declarado en emergencia por la Autoridad Nacional del Agua. La Administración Local del Agua Moche Virú Chao ha dado cuenta de una unidad de producción de la Compañía minera Minera Quiruvilca SA la cual viene generando un impacto ambiental negativo sobre las aguas que se descargan al Río Moche. Así lo señala la Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA.

Como se sabe, el Río Moche es uno de los más importantes de la región norteña de La Libertad y sus aguas riegan cultivos de la zona. Ante el riesgo que implica su contaminación se ha declarado en emergencia por 60 días. La Autoridad Nacional del Agua señala en la Declaratoria de Emergencia que se viene generando un impacto ambiental negativo sobre las aguas que se descargan al Río Moche porque existen pasivos ambientales no remediados en la zona, sobre todo, entre los tramos comprendidos entre las Canchas de Relave Santa Catalina y San Felipe. En el documento se suscribe que las aguas del río presentan una coloración amarillenta. La situación se agrava con la presencia de mineros informales e ilegales que vienen extrayendo mineral en la unidad de producción de la Compañía Minera Quiruvilca SA. Esta compañía bandonó  pasivos y no realizó tratamiento de las aguas ácidas provenientes de las relaveras.

La propuesta de declaratoria de emergencia de recursos hídricos se ha elaborado de acuerdo a las acciones realizadas por el OEFA y la Dirección General de Minería del MINEM y cuenta con la conformidad del Ministerio del Ambiente.

Declaratoria de emergencia Río Moche by prensamuqui on Scribd

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/770-la-libertad-rio-moche-declarado-en-emergencia-por-afectacion-minera

Siete años han pasado desde la aprobación de la histórica Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Como se recuerda, dicha Ley fue producto de la lucha indígena por el cumplimiento efectivo de este derecho, que seguía siendo ignorado por los sucesivos gobiernos pese a que se encuentra reconocido en el país desde que el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1994.

¿Qué se ha avanzado en estos años? ¿Esta Ley, pionera en el mundo, ha logrado garantizar realmente el cumplimiento efectivo del derecho de consulta a los pueblos indígenas? Un reciente informe de CooperAcción y Oxfam muestra que no, pues en la mayoría de casos la consulta ha sido reducida a un mero trámite adicional, y en el caso de las actividades extractivas se someten a consulta decisiones administrativas menores en las etapas finales del proceso, cuando casi no queda nada sustantivo por decidir.

La investigación, realizada por Ana Leyva –directora de CooperAcción- analiza 38 procesos de consulta realizados en sectores como Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Ambiente, Educación, Salud y Agricultura.

El grueso de las consultas realizadas (25 de ellas) tiene que ver con proyectos extractivos, de los cuales 13 han estado referidos a hidrocarburos y 12 a minería. Un primer problema identificado tiene que ver con la decisión sobre qué se consulta. “La realización de un proyecto extractivo implica una cadena numerosa de decisiones que se realiza en etapas. Entre tales decisiones, el Minem ha definido qué se consulta y qué no, sin haber solicitado para ello la opinión de los pueblos indígenas”, señala el informe.

Además, señala que “el mayor problema ha sido la asimetría de los actores, lo que dificulta la participación y está relacionado con temas logísticos, falta de información o de asesoría”, entre otros elementos.

La investigación también muestra las deficiencias en la información previa provista por el Estado, así como en los plazos y tiempos para el cumplimiento de las diversas etapas de información, evaluación interna y diálogo intercultural.

Por otro lado, dadas todas estas deficiencias, los acuerdos alcanzados al finalizar el proceso son, en la mayoría de casos, de tipo general y se refieren a obligaciones que ya tiene el Estado al margen del proceso de consulta. Por ejemplo, algunos de los acuerdos son que “se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”, entre otros. “Creemos que la consulta previa en minería, tal como ha sido diseñada, conduce inexorablemente a este resultado”, concluye la investigación.

Entre sus recomendaciones, se plantea que las medidas a ser consultada deben ser definidas en diálogo con los pueblos indígenas, se proponen cambios en la metodología y la necesidad de garantizar asesoría técnica para las etapas informativas, de evaluación interna y de diálogo, entre otros planteamientos. Ello debería llevar a modificar las normas reglamentarias emitidas por el Gobierno que regulan la consulta previa, especialmente en actividades extractivas.

Descargar el libro aquí

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/consultame-de-verdad-informe-hace-balance-critico-a-siete-anos-de-la-ley-de-consulta-previa/

Pese a que el pasado 29 de mayo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó el cierre definitivo del Tajo y Botadero “Jessica” de la unidad Minera Arasi, ubicada en el distrito de Ocuviri (Lampa) por la contaminación ocasionada en la cuenca Llallimayo, la empresa Aruntani SAC estaría operando con normalidad, así lo dio a conocer el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocuviri, Cosme Cari Huaynacho.

El alcalde Cari sostuvo que “las autoridades no se pronuncian, a pesar que los pobladores han estado a la espera de que esta empresa ya no opere pero continua haciéndolo hasta la fecha”, dijo. Frente a esta situación los pobladores de Ocuviri iniciaron una huelga indefinida el lunes 9 de julio bloqueando la carretera que une Puno y Cusco (sector de Vilapata distrito de Ayaviri -Melgar), y exigiendo a Aruntani SAC la recuperación inmediata de la calidad de agua de los ríos contaminados por esta misma y su cierre definitivo.

En comunicación con Noticias SER, uno de los pobladores declaro que la empresa no muestra interés en dialogar con la población para iniciar el proceso de remediación de la calidad del agua, “estamos a la espera de una comisión de Alto Nivel de la Presidencia de Consejos de Ministros para solucionar la contaminación de las cuencas de Jatun Ayllu, Llallimayo, Ayaviri y Chacapalca”, asimismo añadió que no levantaran la medida de lucha hasta que los ministros, representantes del OEFA y la ANA, y la empresa minera se presenten a dialogar, “vamos hacer respetar nuestros derechos, no es un favor que le pedimos a las autoridades es su deber”, puntualizó.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/puno/pobladores-de-ocuviri-inician-huelga-indefinida-por-incumplimiento-de-cierre-de-mina-arasi-que

Mediante un pronunciamiento difundido por las rondas campesinas de Huancabamba y Segunda y Cajas; se da a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.

PRONUNCIAMIENTO

A las autoridades del gobierno Central, regional de Piura, provincial de Huancabamba y distrital de Carmen de la Frontera, a las instituciones públicas que resguardan la protección de los derechos de las comunidades originarias y ancestrales del Perú; así como a los medios de comunicación regional de Piura y nacional radial, televisiva y de prensa escrita.

A todos ellos, las organizaciones de base de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, nos dirigimos para expresar que en asamblea de autoridades comunales y ronderiles, el domingo 8 de julio de 2018 en la casa de las Rondas Campesinas de Huancabamba, acordamos expresar lo siguiente:

1. Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible.

2. Rechazamos las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper viene empleando para conseguir licencia social, que claramente ha sido negada por nuestras comunidades. Entre ellas tenemos la conformación de organizaciones con supuestos fines de dialogar o proponer proyectos de desarrollo en esta región; la infiltración en nuestras organizaciones para generar conflictos y divisionismo; o la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus promotores.

3- Rechazamos que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba, sin tomar en cuenta de que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo de 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento.

4.Rechazamos el actuar clandestino y autoritario que Río Blanco Copper (Ex Majaz) tiene desde sus inicios. Es así como, en relación a su oficina, clausurada por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, esta seguiría funcionando de manera clandestina y violando la disposición municipal.

5-Afirmamos que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera nuestros derechos fundamentales reconocidos y amparados por la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656- Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908- Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657-Ley de Tierra, Ley 29785-Ley de Consulta Previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

Por ello, en nuestra calidad de guardianes de nuestro ecosistema de páramos y bosques de neblina, seguimos vigilantes y en pie de lucha, exigiendo al Estado Peruano y demás autoridades competentes que cumplan con su rol garante del respeto a nuestros territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacerlo es avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper.

PRONUNCIAMIENTO: Comunidades y roderos de Piura exigen que el Gobierno garantice el respeto al territorio y… by prensamuqui on Scribd

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/769-pronunciamiento-comunidades-y-roderos-de-piura-exigen-que-el-gobierno-garantice-el-respeto-al-territorio-y-sus-derechos-colectivos

A las autoridades del gobierno central, regional de Piura, provincial de Huancabamba y distrital de Carmen de la Frontera, a las instituciones públicas que resguardan la protección de los derechos de las comunidades originarias y ancestrales del Perú; así como a los medios de comunicación regional de Piura y nacional radial, televisiva y de prensa escrita.

A todos ellos, las organizaciones de base de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, nos dirigimos para expresar que en asamblea de autoridades comunales y ronderiles, el domingo 8 de julio de 2018 en la Casa de las Rondas Campesinas de Huancabamba, acordamos expresar lo siguiente:

1. Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible.

2. Rechazamos las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper viene empleando para conseguir la licencia social, que claramente ha sido negada por nuestras comunidades. Entre ellas tenemos la conformación de organizaciones con supuestos fines de dialogar o proponer proyectos de desarrollo en esta región; la infiltración en nuestras organizaciones para generar conflictos y divisionismo; o la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus promotores.
3. Rechazamos que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba; sin tomar en cuenta que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento.

4. Rechazamos el actuar clandestino y autoritario que Río Blanco Copper (Ex Majaz) tiene desde sus inicios. Es así como, en relación a su oficina, clausurada por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, esta seguiría funcionando de manera clandestina y violando la disposición municipal.

5. Afirmamos que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera nuestros derechos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656 – Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908 – Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657 – Ley de Tierras, Ley 29785 – Ley de Consulta previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

Por ello, en nuestra calidad de guardianes de nuestro ecosistema de páramos y bosques de neblina, seguimos vigilantes y en pie de lucha, exigiendo al Estado peruano y demás autoridades competentes que cumplan con su rol garante del respeto a nuestros territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacerlo es avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper.

Visualice aquí el reciente Pronunciamiento de las Rondas Campesinas de Huancabamba (Piura, Perú).

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/10/piura-rondas-campesinas-se-pronuncian-frente-a-estrategias-de-rio-blanco-copper/

Monseñor Barreto, declarado Cardenal el pasado 28 de junio, impulsó la implementación de la Encíclica papal Laudato Sí en el Perú.

Pedro Barreto, un obispo que hizo la mayor parte de su trabajo en Huancayo y en la Amazonía, conocido por su compromiso social y ambiental. Fue declarado Cardenal el 28 de junio en el Vaticano por el Papa Francisco. Como se ha dado a conocer en los medios, Barreto tiene una trayectoria de defensa de la tierra y ha denunciado los problemas ambientales ocasionados por la minería en La Oroya. Fue, también, impulsor de la implementación de la encíclica Laudato Si en el Perú. Hay religiosos que como él no dudan en comprometerse con las luchas justas y acompañar a los más afectados.

Barreto participó en el proceso de la elaboración de la carta pastoral que fue publicada en enero del 2018 por los obispos del CELAM de Latinoamérica y que sienta las bases para la implementación de Laudato Sí en América Latina. Formó parte de DEJUSOL (Departamento de Justicia y Solidaridad – Consejo Episcopal Latinoamericano) entre el 2011-2015. El 19 de marzo del 2015 el CELAM, a través del DEJUSOL, participó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ese año, DEJUSOL denunció en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la constante violación de los derechos humanos de las poblaciones autóctonas de la Pan-Amazonía. advirtió que “los denominados conflictos socio-ambientales no solo han sido fuente de inestabilidad social en los países de la región, sino que también han vulnerado los derechos de las personas y se ha favorecido a la inversión privada en desmedro de estos, a lo que hay que sumar los casos de corrupción que esto acarrea”.

Lo que sigue es la desgravación de la intervención de Mons. Barreto ante la CIDH, donde da testimonio sobre la problemática del extractivismo en el país:

(…) «Nuestro propósito en esta audiencia es testimoniar la angustia y el sufrimiento de muchos hermanos y hermanas por las consecuencias de una devastadora y cada vez más amenazante actividad extractiva sin rostro humano y sin ética.

El papa Francisco afirma que, si bien «el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia». (EG 183)

Somos testigos cercanos de enfermedades graves que han sufrido y sufren las poblaciones campesinas e indígenas a causa de los humos tóxicos de la fundición de La Oroya en el Perú, por ejemplo, y la destrucción ambiental del aire, agua, suelos que afectan a toda la región. Ellos son una fuente destructiva del tejido social, de vulneración del derecho de las personas y de una creciente y angustiante conflictividad social.

A esto se añade la criminalización de la protesta y en ocasiones se da una inadecuada o excesiva respuesta estatal.

(…) dispongamos hacer instrumentos de paz y de responsabilidad compartida para ejercer nuestros deberes y servir al bien común de la sociedad con el respeto irrestricto de los derechos de las personas y los bienes de la creación.»

Han pasado 3 años desde que el Cardenal Barreto dio este discurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la situación no ha cambiado mucho para el Perú. Solo este año, la Defensoría del Pueblo informó que existen alrededor de 169 conflictos socio ambientales latentes. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) señalan que regiones como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac figuran entre las más pobres, a pesar de tener como una de sus principales actividades la minería.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/767-cardenal-pedro-barreto-y-su-apuesta-por-una-pastoral-ecologica-en-peru