Un par de días antes del 28 de julio, el presidente Vizcarra anunció el inicio del proyecto minero de Quellaveco en la región Moquegua (distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto). Según el Ministerio de Energía y Minas, Quellaveco representa una inversión de algo más de US$ 5 mil millones y se proyecta una producción de cobre de 300 mil toneladas por año en la primera década de producción, además de 3,400 toneladas de molibdeno.

La diferencia con otros proyectos mineros es que Quellaveco ya estaría listo para arrancar. Incluso en el registro del Ministerio de Energía y Minas figura como un proyecto en etapa de construcción, con una inversión ejecutada hasta el año pasado de US$ 250 millones y se proyecta el inicio de la fase de producción para el año 2022. Otro dato importante es que también cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado.  Como se sabe, el proyecto es de propiedad de la empresa anglo sudafricana Anglo American  (60%) y la japonesa Mitsubishi (40%). Esta última aumentó recientemente su participación (del 18% al 40%), a cambio de un aporte de US$ 600 millones, y será la que asuma la inversión en el tramo inicial.  Con la futura entrada en producción de Quellaveco, se consolida el polo de producción de cobre en el sur del país, que se inicia en Tacna (Toquepala), pasa por Moquegua (Cuajone y ahora Quellaveco), continúa en Arequipa (Cerro Verde), Cusco (Antapaccay, Constancia y, en proceso, Corocohuayco) y termina en Apurímac (Las Bambas). Gran parte de esta producción de cobre se exporta vía el puerto de Matarani en Arequipa: la proyección es que en los próximos años, por Matarani saldrá el 10% de la producción mundial de cobre.

Las razones de fondo de la postergación de Quellaveco

Como se conoce, Quellaveco es un proyecto que ha estado en compás de espera por varios años. La versión que se ha dado en los días posteriores a la presentación es que el proyecto se interrumpió el año 2013 debido a la drástica caída de la cotización internacional del cobre. Sin embargo, esto no es del todo exacto; no hay que olvidar que en esos años otros proyectos cupríferos en el Perú (como Las Bambas, Cerro Verde, entre otros), siguieron desarrollándose sin mayores inconvenientes, pese al escenario desfavorable, y hoy en día se encuentran en plena etapa de producción.

Lo que se sabe, y en su momento fue ampliamente informado en medios internacionales, es que Anglo American no pudo llevar adelante Quellaveco por las enormes dificultades financieras por las que atravesó a partir del año 2012 como consecuencia de las pésimas inversiones realizadas en los años precedentes y los altos niveles de sobreendeudamiento a los que había llegado.

La entonces CEO de Anglo American, Cynthia Carrol tuvo que renunciar en medio de serios cuestionamientos a su labor de parte de la junta de accionistas: las decisiones y las apuestas estratégicas que se tomaron durante su gestión no dieron resultados e inversiones importantes, como por ejemplo Minas Río (proyecto de hierro en Brasil) entre varias otras, terminaron entrampándose por problemas de sobre costo y reiteradas postergaciones. En ese contexto, se produjo una caída importante de las acciones de la empresa: informes de la época coinciden en señalar que bajo la gestión de Carrol, la empresa perdió un tercio de su valor en términos de capitalización.  Finalmente, Cynthia Carrol fue reemplazada a comienzos del año 2013 por Marc Cutifani, quien tuvo que implementar un drástico programa de austeridad para hacer frente a pérdidas registradas de alrededor de los dos mil millones de dólares por año. Ello significó revisar toda la cartera de activos de Anglo American y poner en venta varias de sus operaciones y proyectos en diferentes partes del mundo (Australia, Sudamérica y Sudáfrica).

En ese entonces, el propio Cutifani daba cuenta que la empresa había decidido vender alrededor de 15 activos, disminuir el número de empleados en un 35% y así lograr ingresos frescos por tres mil millones de dólares. Incluso en esos años se voceó en varias oportunidades la posibilidad de que Anglo American fuese absorbida por algunos de los gigantes de la minería mundial. Sin embargo, esto no ocurrió y como parte de sus políticas de austeridad y en paralelo a la venta de algunos de sus activos, varios de sus proyectos, entre ellos Quellaveco, entraron a la congeladora.Por lo tanto, no es totalmente cierto que Quellaveco haya sido postergado por la caída de la cotización de cobre y menos aún por problemas sociales en la zona de influencia. Cabe señalar que el reciente aumento de la participación de la japonesa Mitsubishi (de 18% a 40%), precisamente le da el respaldo financiero que necesitaba Anglo American y permitirá el impulso inicial del proyecto. Dicho sea de paso, todo indica que Anglo American prefirió darle una mayor participación a Mitsubishi, que permitir la entrada de Southern Perú -que también estaba interesada en el proyecto- como nuevo socio estratégico.

El acuerdo de Moquegua

Otro tema importante a recordar es que el año 2012, luego de un largo proceso de negociación, se logró firmar el acuerdo entre la empresa propietaria de Quellaveco, los representantes de las más importantes organizaciones sociales de Moquegua y el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra. Saludado por todos, el acuerdo definió un aporte de la empresa de alrededor de mil millones de soles: 850 millones de aporte económico para la región y la diferencia para la construcción de represas: en la ficha técnica del proyecto, en cuanto a las fuentes de agua, se señala que el abastecimiento será a través de una bocatoma y el embalse de agua en ríos. La larga negociación previa tuvo a la base una serie de objeciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA): la mina pretendía extraer 700 litros de agua por segundo de la cuenca del río Tambo.

Como se conoce, ésta es una cuenca que se encuentra en una situación de estrés hídrico permanente y que además de Moquegua abastece al valle arequipeño del Tambo, en la provincia de Islay, precisamente donde busca implantarse el proyecto Tía María. Revisando información de la propia Autoridad Nacional del Agua, cabe señalar que Anglo American Quellaveco es la segunda empresa minera con el mayor número de permisos para extraer agua de zonas en alto riesgo de sequía e incluso cuenta con licencias permanentes. Lo cierto es que ya han pasado 5 años de la firma del acuerdo sobre Quellaveco en Moquegua y una primera tarea es confirmar si los compromisos logrados siguen vigentes para todos los actores comprometidos: población, empresa y autoridades. El paso siguiente será definir cómo se implementarán los acuerdos en esta nueva etapa.

Para comenzar algunos gremios de trabajadores de Moquegua han planteado que se les garantice empleo de acuerdo a los compromisos previamente establecidos con Anglo American y por otro lado, la Junta de Usuarios del Valle del Tambo hace unos días emitió un comunicado en el que señalan que Quellaveco afectaría la disponibilidad del agua en la cuenca si no se construye previamente la represa de Paltuture. Finalmente, es importante señalar que minas como la de Quellaveco, entre otras en el Perú, figuran entre las operaciones con el más bajo costo de producción a nivel internacional: una mezcla de factores como la ley de mineral, acceso a fuentes de energía, agua y conectividad, entre otros, hacen que los proyectos cupríferos en nuestro país sean sumamente rentables. Quellaveco proyecta un costo de producción de US$ 1.05 la libra de cobre. Con una cotización actual del cobre que bordea los US$ 3.00 la libra, proyectos como Quellaveco, Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Cerro Verde, Coroccohuayco, Antamina, entre varios otros que se desarrollan en el país, son sumamente rentables y generan importantes utilidades a las empresas. Lo menos que se puede esperar es que las empresas desarrollen estos proyectos con los más altos estándares ambientales y sociales y que paguen todos los impuestos que les corresponde pagar.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-retos-de-quellaveco/

En el transcurso de esta semana y la siguiente, personal del Centro de Salud de Yauri y otros centros de salud de la provincia de Espinar han iniciado la entrega de los resultados del dosaje realizado por CENSOPAS en noviembre – diciembre del 2017, a un conjunto de personas de Espinar como parte de un estudio para determinar el nivel de presencia de 4 metales pesados (Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo) en sangre y orina, y cuyo resultado debió ser entregado en abril de este año. Al respecto, debemos de manifestar lo siguiente:

(1) Que con anterioridad se han realizado estudios  similares y se han entregado resultados de una forma que ha causado alerta, angustia e incertidumbre en las personas que aceptaron, de buena fe, ser analizadas. Esto debido a que el personal de salud no proporcionó información clara sobre los resultados obtenidos, una  interpretación de los mismos, ni una orientación de cómo se debía proceder en cada situación particular y en la comunidad.

(2) En estos momentos se encuentra en consulta ciudadana una propuesta de lineamientos de política nacional para responder a la problemática de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas, liderada por el sector salud. A partir de ello observamos en las autoridades competentes, una voluntad política de hacer las cosas de manera diferente.

(3) Siendo así, invocamos al Ministerio de Salud, a la DIRESA Cusco, a los Centros de Salud ubicados en la provincia que realicen la entrega de resultados dando toda la información necesaria a las personas dosadas y de ser posible que informen a través de los medios radiales locales la iniciación de la entrega de resultados, convocando ampliamente a las 897 personas dosadas en la provincia, resultando indispensable que los profesionales de salud expliquen el significado de esos resultados, las medidas que deben adoptar en cada caso y los pasos a seguir.

(4) Como reconoce la Organización Mundial de la Salud, la comunicación adecuada y oportuna resulta indispensable en cualquier proceso sobre salud pública, evitando conflictos y malestar social y de esta manera garantizando los derechos de las personas. El caso de exposición a metales pesados en Espinar requiere, entre otras acciones prioritarias, que personal de salud se encuentre previamente preparado para una estrategia de comunicación en salud intercultural

(5) Por último, junto con el acompañamiento del sector salud, sigue pendiente en este caso determinar las rutas de exposición y fuentes de contaminación, a fin de afrontar no solo las consecuencias sino las causas del problema desde una perspectiva de salud ambiental integral.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/espinar-por-una-entrega-de-resultados-de-dosaje-con-interpretacion-y-orientaciones-claras/

¿Cómo así nació el hoy famoso corredor vial minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el puerto de Matarani, en Arequipa? ¿Cómo así el mineroducto, que era el medio elegido inicialmente para el transporte de los concentrados mineros, fue reemplazado por una carretera que ya ha causado más de un conflicto?

Una revisión exhaustiva de los cambios ocurridos en los estudios ambientales de Las Bambas en lo referido al transporte de concentrados, nos permite entender muy claramente que son las debilidades de la institucionalidad ambiental, tanto en la certificación como en la fiscalización,  el principal factor que actualmente propicia el surgimiento de los conflictos socioambientales en este caso.

Para entenderlo, reconstruyamos la historia desde el inicio. Este artículo resume algunos de los principales elementos del informe “El transporte de concentrados e insumos de Las Bambas y sus problemas e irregularidades”, publicado por CooperAcción.

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial del proyecto Las Bambas, aprobado el año 2011, se señalaba que el transporte de concentrados de molibdeno y cobre se haría por mineroducto y el transporte de los suministros se realizaría por carretera, la misma que iría paralela al mineroducto, teniendo como recorrido: Las Bambas (Apurímac) hasta la mina Tintaya (Cusco) donde se ubicarían las plantas de filtros y molibdeno las cuales  se iban a utilizar  para completar el procesamiento del mineral. En el EIA se determina el área de influencia ambiental y social del mineroducto, se describe su línea de base ambiental: geomorfología, suelos y capacidad de uso mayor de tierras, hidrología, calidad de agua, calidad de aire, ruido, flora y fauna, comunidades, situación socio-económica. A partir de ello, se  identifica los impactos del transporte sobre cada uno de los componentes mencionados y las medidas de prevención y mitigación y compensación de daños, las que son incluidas en el plan de manejo y de monitoreo.

El 29 de agosto de 2013 mediante R.D. 319-2013-MEM-AAM, se aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a través del cual se solicitó el traslado las plantas de filtros y molibdeno, de Tintaya (Cusco) a Apurímac (Las Bambas). El ITS tiene un procedimiento de evaluación de tan solo 15 días hábiles que fue regulado el año 2013, mediante D.S. 054-2013-PCM. El cambio de ubicación de las plantas de filtros y de molibdeno implicaba en la práctica un cambio en el medio de transporte de los concentrados, puesto que en adelante todo el procesamiento de los minerales se llevaría a cabo en la zona de Las Bambas. Sin embargo, el uso del mineroducto se mantenía en suspenso.

En marzo del 2014 se presentó la solicitud para la segunda modificatoria al EIA. Tenía como objetivo adicionar componentes auxiliares, actualizar el sistema de manejo de aguas y la información de línea de base ambiental y social e identificar los impactos que pudieran ocasionar los cambios planteados. En el documento presentado inicialmente no se hizo mención al cambio de modalidad del transporte de concentrados. Por el contrario, en el resumen ejecutivo se señala que “el acceso regular al área de la mina del Proyecto se mantiene igual al propuesto en el EIA”.

Como inicialmente no se planteó un cambio en la forma y ruta del transporte de concentrados, esto llevó a que en las opiniones técnicas, no se incluyera la opinión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y que tampoco  este tema  estuviera incluido en el proceso de participación ciudadana.

Sin embargo, posteriormente, en la etapa de formulación de observaciones, la autoridad ambiental (para el caso, el Ministerio de Energía y Minas, MINEM) pidió al titular minero que le  informe sobre  los cambios que haría en la forma del de transporte. De ello se da cuenta en la R.D.559-2014-MEM-DGAAM, del 17 de noviembre de 2014, que aprueba la segunda modificatoria del EIA, donde se señala que “el titular deberá detallar los posibles cambios o actualizaciones de la información en general (como el transporte, el plan de manejo, puntos de monitoreo entre otros) de las otras áreas aprobadas”.

Ante ello, el titular minero presenta  un escueto levantamiento de observaciones en setiembre de 2014, en donde indica la ruta del transporte y el número de camiones que utilizará sin dar mayor detalle.  La autoridad ambiental minera mantiene la observación, por lo que  la empresa tuvo que presentar  “Información Complementaria” en octubre de 2014, un mes antes de que se apruebe la segunda modificación del EIA.  En ella se señala que el transporte de concentrado de molibdeno y cobre será bimodal: se realizará por camiones desde Las Bambas hacia la estación de transferencia de Pillones (por un tercero) y desde allí, por vía férrea hasta el puerto de Matarani. Se precisa que queda postergada la construcción del mineroducto por un plazo indeterminado y que la ruta a utilizar es de acceso público; se indica que la flota de camiones consistirá “en 125 camiones cargados por día y 125 camiones retornando sin carga, además de más de 60 vehículos que abastecerán insumos”. Los camiones serán de 52,8 toneladas de peso bruto cada uno y 34 toneladas de carga. También se precisa que el transporte de concentrado lo realizará un tercero bajo la aprobación de su respectivo instrumento de gestión ambiental.

En  la información complementaria se adjunta un estudio de tráfico, que consiste en solo fichas indicando el lugar del punto de control y su fotografía. En el informe se señala que el estimado del tránsito de la ruta del transporte minero, durante el día, sería de 310 camiones. Dato muy alejado de la realidad, ya que solo el tráfico vehicular declarado por la propia empresa es mayor a ello (125 camiones de transporte de concentrados y 60 de insumos,  que de ida y vuelta suman 370). No se  tuvo en cuenta el número habitual de otros vehículos que transitan por la vía y los que realizan transporte minero para otras empresas.

Una de las cosas que más llama la atención es que se adjunta un informe de modelamiento de la dispersión de contaminantes provenientes del transporte que considera únicamente las emisiones producidas desde el tubo de escape de los camiones, sin tomar en cuenta el material particulado que se produce por la tracción vehicular, es decir, por el paso de las llantas sobre la vía afirmada. Lo que constituye, precisamente, uno de los impactos más sentidos y denunciados por la población.

Además,  en la Segunda Modificatoria del EIA  se reduce el área de influencia social, excluyendo a las comunidades del área del mineroducto. Deja fuera además, a la población que se ubica a lo largo de la vía que sería usada para  el transporte minero terrestre, la misma  que en varios tramos coincide con la ruta del mineroducto.  Es decir, desde la perspectiva de la empresa los impactos sobre la población del transporte minero por mineroducto sí son su responsabilidad, pero los impactos del transporte minero por carretera, no lo son.

Como no se identifican área de influencia  de la vía del transporte minero ni línea de base de ella,  tampoco se identifican sus impactos ni se  establecen  medidas para evitar, mitigar o compensar los daños que ahora están ocurriendo a quienes viven cerca de la carretera, salvo la existencia de un plan de contingencia para accidentes. En consecuencia, tampoco se han establecido  puntos de monitoreo para controlar el polvo, el ruido y la vibración.

Nos parece que todo lo ocurrido es irregular, pues un cambio tan importante como es el medio de transporte se viabilizó a partir de la formulación de una observación. El MINEM no debió permitirlo, es más debió exigir un nuevo estudio. No solo porque en este momento es difícil incorporar la información necesaria, sino también porque el procedimiento de evaluación ya se encontraba avanzado. Ya había pasado el momento de opiniones técnicas de los entes especializados o ministerios sectoriales como es el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también había pasado la etapa de información y participación ciudadana.

Cabe indicar que la inacción del Estado ante los impactos del polvo, vibración y ruido que sufren las poblaciones que viven a lo largo de la carretera refleja además,  la incoherencia y vacíos  en materia de fiscalización ambiental. Ni OEFA, ni el MTC controlan los impactos de la actividad del transporte minero de concentrados y suministros, ni han establecido a la fecha medidas correctivas para que la situación de contaminación se controle.

Frente al estallido del conflicto social en torno a los impactos de la carretera, lo que ha hecho el gobierno nacional es reclasificar el nivel de la vía a nacional y celebrar un convenio con las empresas mineras que usan esa carretera y los gobiernos locales y regionales de esas jurisdicciones, para asfaltar. Evidentemente, esta es una solución ad hoc que no enfrenta la existencia de una regulación que diluye la responsabilidad sobre los impactos ambientales y permite una ineficiente evaluación y la fiscalización ambiental de la actividad minera en lo que respecta al transporte minero, resultando como gran perjudicada con ello, la población que vive en el entorno.

Un problema adicional es que parte de la vía se encuentra en tierras comunales que fueron entregadas en servidumbre para la fase de construcción a la empresa minera y que luego, se convirtió en vía de acceso público por decisión del gobierno local, sin que haya habido venta de esas tierras ni un proceso de expropiación. Esto ocurrió con la Ruta 954. En relación a este caso, en su momento, la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de que se garantice el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades afectadas. Esta situación no resuelta fue una de las causas que ocasionó el  estallido del  conflicto en octubre del 2016, el mismo que tuvo como saldo un muerto.

Por otro lado,  se está entendiendo que al ser la carretera del transporte minero una vía pública, su asfaltado y mantenimiento le compete al Estado. Esto genera ciertas preguntas en relación a si es justo que el Estado se responsabilice de los impactos del transporte minero, que por sus dimensiones son significativos y permanentes, y causan estragos en la propia vía y en el entorno. En todo caso, consideramos que  mínimamente este tema debería ser materia de debate público.

Fuente: CooperAcción

Recientemente, en el marco de la Tercera Modificatoria de EIA que ha solicitado Las Bambas, el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) ha informado que se ha incluido aspectos relacionados al transporte de concentrados de mineral de la mina al puerto, incluyendo la evaluación de tales impactos y las medidas de control. Esto se ha realizado, nuevamente, a partir de una observación y no fue incluido en los Términos de Referencia iniciales del estudio. Si bien es un avance que el problema haya sido advertido, su inclusión tardía en la evaluación de la tercera MEIA impide que la ciudadanía y los organismos competentes puedan pronunciarse al respecto. Además, aún no queda claro si ello va a implicar una modificación del Área de Influencia Social del proyecto.

Hasta el momento, el principal foco de conflicto en torno al megaproyecto Las Bambas ha tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía por donde transitan al menos 370 vehículos diariamente generando incesante polvareda, vibraciones y ruido. Como vemos, un adecuado proceso de certificación y evaluación ambiental hubiera permitido prevenir las razones que se encuentran detrás de estos conflictos, pero al parecer primó –una vez más- la lógica de acelerar procesos y acortar trámites para “promover” la inversión

La  orden de detención del líder indígena aymara Walter Aduviri generó un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional en el que solicitan un “alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”.

“Alta a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”, así comienza un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional.

La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto.

De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Aduviri, condenado por disturbios y por haber incitado a actos ilícitos.

Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social en contra de los proyectos extractivos en el país, así como lo expresó el propio Walter Aduviri.

“O sea que, en el Perú, ¿al que piensa distinto de cómo se deben buscar los recursos naturales hay que meterlo a la cárcel?, ¿al que dice que hay que respetar a las comunidades originarias andinas y amazónicas en nuestro país hay que meterlo a la cárcel?, ¿eso es la justicia?”, se preguntó el dirigente indígena.

El manifiesto público denuncia también el carácter racista de la acusación, que no reconoce la identidad indígena de Aduviri, y por lo tanto el derecho a la defensa legítima de su territorio en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/41825-el-que-piensa-distinto-pierde

El 13 de agosto último un grupo de empresarios mineros, de lado de autoridades indígenas de la zona, ingresaron a la comunidad awajún de Canga, en el distrito del Cenepa, solicitando el apoyo comunal para la instalación de maquinarias para extracción de oro en el lecho del río, en parte de sus territorios.

Según reporta la Organización de desarrollo de las comunidades fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), la propuesta causó el rechazo de la mayor parte de la comunidad, sobre todo de las mujeres awajún de Canga. Durante la reunión se produjo un violento enfrentamiento entre los promotores mineros y los indígenas que se oponen a la extracción. La disputa culminó en amenazas y un clima de tensión que se mantiene en la comunidad.

Esta escena es cada vez más frecuente entre las comunidades awajún de las riberas del río Cenepa, en el bosque de Amazonas. En Kayamas, Huampami, Mamayaque y otras comunidades; decenas de pequeñas dragas, maquinarias y embarcaciones transportando insumos van apareciendo y operan abiertamente a lo largo del río, sin temor a represalias.

Desde hace algunos años ODECOFROC viene denunciado el incremento de estas actividades en sus ríos. Incluso, la organización indígena ha realizado sus propias interdicciones sobre dragas y maquinarias instalada en sus territorios. La organización indígena denuncia la contaminación de sus aguas, la depredación del bosque, la afectación de sus medios de vida y los enfrentamientos y violencia entre comunidades y familias awajún; que la minería de oro causa en sus territorios.

Sin embargo, los beneficios económicos que esta actividad va generando para algunos comuneros del Cenepa, resultan un adversario difícil de vencer. Según reporta ODECOFROC, la modalidad utilizada en la zona empieza con la aparición de empresarios “apash”, es decir de mestizos o no-awajún, provenientes de otras provincias que logran alianzas con líderes locales, que abren el camino hacia la comunidad. Los empresarios prometen repartir el 10% de las ganancias para la comunidad, otro 10% para los comuneros sobre cuyas parcelas se instalen las dragas y maquinarias, y finalmente el 5% para los trabajadores que se sumen a la operación conformada por hombres de fuera y algunos jóvenes de familias locales.

“Los mineros se burlan de nosotros, nos dicen muertos de hambre. Ellos sacan 70 gramos, hasta 180 gramos diarios. Día y noche están operando. Por gramo pagan 100 soles, entonces la gente se ha vuelto loca, es un montón de plata, estamos asustados de lo que va a pasar”, señala Augostina Mayan, presidenta de ODECOFROC.

La organización indígena awajún presentará una denuncia formal exigiendo la interdicción de las actividades ilegales en la zona.

Junto con el Cenepa, la minería ilegal y los impactos que deja a su paso, van avanzando lentamente sobre los ríos de esa parte de la Amazonía norte, como el Santiago y el Morona, afectando el territorio, el bosque y la vida de los pueblos awajún y wampis.

La llegada de la industria minera en la Cordilllera del Cóndor influenció en su momento un cambio aspiracional entre los más jóvenes, que ahora se refleja en la expansión de actividades ilegales como la tala y la minería en el Cenepa. El ingreso de la minería ilegal también parece haber fomentado la explotación de menores, pues al recorrer la zona es posible ver a niños y niñas trabajando en la extracción. Si bien este aún no es un problema de la misma magnitud que en otros lugares del país, como Madre de Dios, es urgente enfrentarlo antes de que adquiera proporciones incontrolables.

Más allá de las interdicciones, las organizaciones indígenas y sus comunidades hacen un llamado a las autoridades correspondientes para lograr diseñar e implementar, de manera conjunta, soluciones reales a este problema.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/2018/08/17/mineria-de-oro-violencia-y-contaminacion-avanzan-sobre-rios-de-amazonas/

Este lunes tuvo lugar una movilización de decenas de comuneros y comuneras de Huancuire (distrito de Coyllurqui), que denuncian irregularidades vinculadas al manejo de dinero de la venta de tierras comunales para el segundo tajo abierto de la empresa minera Las Bambas.

Por las principales arterias de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, los ciudadanos se han movilizado en contra la Fiscalía provincial y el Juzgado preparatorio.

Como se recuerda, la comunidad de Huancuire vendió 1900 hectáreas de sus tierras al proyecto Las Bambas para lo que será el segundo tajo abierto de dicho proyecto minero. Esta negociación tuvo lugar en el año 2012 -2013 y por ello la comunidad recibió un monto de 122 millones de soles, dinero que fue repartido entre los comuneros, quedando saldos que -según la denuncia de los manifestantes- nunca fueron rendidos por las autoridades comunales. Por ello, la población ha denunciado el 2016 ante la fiscalía y el juzgado de Tambobamba por presunta apropiación ilícita y fraude a los directivos comunales, como el sr. Donato Ochoa y Ezequiel Huillca, denuncia que obra en la Carpeta Fiscal 190-2016 y 110-2017 JPCT.

Ante el intento de archivar la investigación, los pobladores han presentado este año el recurso de control de plazo, el cual fue denegado. Es por ello que comuneros se han movilizado para alertar y denunciar públicamente esta situación. “La comunidad se cansó de tanta corrupción”, señalaban los carteles de los manifestantes.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/20/movilizacion-en-tambobamba-la-comunidad-se-canso-de-tanta-corrupcion/

A nivel global se vive un alto proceso de industrialización basado en la producción de nuevas tecnologías. Países europeos y nuevas potencias económicas como China basan su posición dominante en la comercialización de estos productos, estas industrias tienen como materia prima minerales metálicos como el cobre y la plata, por ende, la producción y el consumo del Norte Global se mueve en función al control de estas materias primas.

La extracción de estas materias se vuelve entonces un proceso fundamental que los estados deben garantizar para el funcionamiento de la industria global, este proceso es sumamente violento en tanto se impone por la fuerza e impacta directamente en la vida de comunidades campesinas y las mujeres encontrando su principal fuente de legitimación en el sexismo, el racismo y el clasismo enraizados en la sociedad.[1]

Históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostienen la reproducción de la vida en sus familias y por tanto en sus comunidades, los trabajos de cuidados como se les conocen, son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía, lo que es paradójico ya que ese trabajo es fundamental para el sostenimiento de la vida. Las mujeres son entonces un actor político fundamental para entender cómo se construyen las relaciones sociales desde los territorios, por tanto, son también el sector más afectado por las actividades extractivas.

Por ejemplo, son muchos los casos de mujeres contaminadas debido a que ellas son las primeras en tener contacto con los metales tóxicos que se encuentran en su entorno al intentar limpiarlos, las mujeres son las que se mantienen en mayor contacto con su ambiente y recursos como el agua, ellas verifican de primera mano cual es la situación de contaminación que afecta a los niños y niñas que están a su cuidado. Resulta entonces que la afectación de los suelos, el aire y el agua de las comunidades campesinas a causa de la extracción minera tiene un impacto diferenciado para las mujeres.

En el platón que realizaron el año pasado los afectados por metales pesados del distrito de Simón Bolívar de la región de Pasco, podíamos observar la mayoritaria participación de mujeres en esta medida de fuerza.[2] Sin duda su participación es protagónica en tanto conforman la primera línea de defensa frente a la violencia que el modelo extractivista ejerce.

Es importante tomar en cuenta que la violencia que se ejerce contra las mujeres no solo se ejerce de forma diferenciada respecto a los hombres sino que además se ve profundizada por las condiciones en las que se materializa el ser mujer en el Perú, no es lo mismo ser mujer con acceso a estudios universitarios en una ciudad que ser mujer campesina en un territorio concesionado para implementar un proyecto minero, la eficacia del proyecto extractivista se basa en la deslegitimación de la palabra de aquellos que se enuncian frente a este para denunciar los daños que genera y aquí se encuentran las mujeres campesinas en la primera línea de denuncia frente a este proyecto y sus palabras son las más deslegitimadas frente al monopolio de la verdad del discurso extractivista.

Entre otras formas violencia que se ejerce contra las mujeres campesinas tenemos que la acumulación de riqueza que busca generar este proyecto se basa en la mercantilización de la vida, la apropiación del agua y el territorio de parte de empresas transnacionales tienen su base en el despojo, de ahí la necesidad de que el estado genere normas para que las tierras pueden ser de fácil acceso en el mercado, así pues los sucesivos gobiernos peruanos han tenido como política el debilitamiento de las garantías legales de la propiedad comunal, por supuesto las mujeres se enfrentan a esta eficacia saqueadora de manera más profunda, a pesar de no ser las propietarias legales de las tierras son las que se encuentran en mayor vínculo con su territorio ya que son sus principales agricultoras y la agricultura es una forma de cuidar la tierra y la vida.

Hace unos meses veíamos en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, como tres mujeres eran atacadas al oponerse a la intervención de la empresa minera Glencore Antapaccay con maquinarias en sus tierras[3], las mujeres son un patrón de resistencia frente al modelo extractivista uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Máxima Acuña quien a pesar de toda la violencia ejercida contra ella y su familia , se mantiene aún firme frente a los intentos de despojo de Newmont y Buenaventura.

Sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida. Pero esta impugnación al modelo extractivista no solo se ejerce como resistencia, sino que es también alternativa, no se trata entonces de una simple negación al modelo de desarrollo hegemónico, sino que las mujeres como defensoras de la vida son la posibilidad de otra forma de desarrollo, uno que se base no en la mercantilización y el saqueo sino en el respeto a la vida, la emancipación colectiva y otra economía.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/784-el-extractivismo-afecta-la-vida-de-las-mujeres-del-campo-perpetuando-sexismo-racismo-y-clasismo

Se presentará en el Congreso la Investigación de universidad de Humboldt que el Perú que evalúa los impactos ambientales de la minería y propone alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú. En el panel estará el geógrafo alemán Constantin Bittner, la congresista de la República María Elena Foronda, el investigador José de Echave, así como otros representantes de la sociedad civil y del sector empresarial minero. El evento se realizará este 20 de junio en Auditorio Alberto Andrade (Cuadra dos de la Avenida Abancay – Cercado de Lima) a las 6 de la tarde, el ingreso es libre. Se entregarán certificados de participación.

La tasa de pobreza en regiones donde la principal actividad es la minería no ha disminuido en los últimos años. El instituto Nacional de Estadística(INEI) señala que, en el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.  Para entender qué está sucediendo en las regiones mineras y por qué el desarrollo no parece alcanzar a la población, Red Muqui junto a la Universidad de Humboldt realizaron la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú.

La presentación del estudio se realizará en el Congreso de La República y estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

En la presentación que se realizó en Huancayo, Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

La publicación que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de agua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/783-la-mineria-realmente-trae-progreso-para-todos

Sobre el comunicado emitido por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en relación a la evaluación en curso de la tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Minero Las Bambas, debemos señalar lo siguiente:

(1) Nos parece importante que se esté realizando una evaluación minuciosa de los cambios propuestos por la empresa minera y de sus implicancias.

(2) En el comunicado del SENACE se indica que en la tercera MEIA y a pedido del SENACE, se ha incluido aspectos relacionados al transporte de concentrados de mineral de la mina al puerto, incluyendo la evaluación de tales impactos y las medidas de control.

(3) Nos parece importante que el SENACE plantee llenar un vacío que se originó en la evaluación del segundo MEIA, cuando en respuesta a una observación la empresa planteó el cambio en la modalidad de transporte de los minerales, optando por utilizar la carretera y descartando el mineroducto. En ese momento (2014) el MINEM no realizó una evaluación del impacto ambiental sobre el transporte terrestre de insumos y concentrados, aprobando así la segunda MEIA. De esa manera, una certificación ambiental con estos vacíos ha dado lugar a que durante casi tres años la población sufra los impactos del transporte sin que existan medidas de mitigación exigibles y adecuadas.

(4) Si bien es un avance que el problema haya sido advertido, su inclusión tardía en la evaluación de la tercera MEIA impide que la ciudadanía y los organismos competentes puedan pronunciarse al respecto. Según el procedimiento, la ciudadanía y los organismos que participan de la evaluación, opinan solo en relación al informe inicial presentado por la empresa y no sobre la información complementaria que ésta alcanza con posterioridad. En el informe inicial, el tema del transporte no se encuentra incluido. Por lo tanto, en estos momentos, la ciudadanía y los organismos que participan de la evaluación, no pueden informarse oportunamente ni opinar sobre lo que la empresa dice o propone en relación al transporte, lo que constituiría una vulneración al derecho de información y participación, que se agrava en un tema tan sensible como el de la carretera.

(5) Además, SENACE en su informe de observaciones del 30 de mayo de 2018, pide a la empresa “Identifique las comunidades y localidades por todo el tramo donde se desarrolla la actividad de transporte tanto por las vías comunales y públicas, además identificar, evaluar y valorizar los impactos sociales que dicha actividad estarían generando y se generarían con estas ampliaciones y modificaciones”. Esta observación es pertinente, pero no queda claro si ello va a implicar una modificación del Área de Influencia del proyecto. Por otro lado, la respuesta a esta observación no es aún conocida por las comunidades, que no han podido informarse no opinar al respecto.

(6) Por otro lado, realizar cambios en el diseño del proyecto supone modificar el estudio de factibilidad. Las empresas no hacen cambios fragmentados y frecuentes en su estudio de factibilidad: esto se hace en conjunto y el debido tiempo, porque de ello depende sus costos y el financiamiento de los mismos. Sin embargo, la determinación de los impactos de esos cambios, se viene realizando de manera fragmentada, a través de MEIA e ITS (Informe Técnico Sustentarorio), que se tramitan de forma consecutiva o simultánea. En el caso de Las Bambas, el 16 de abril de 2013 se presenta la primera MEIA, cuando todavía no concluye su evaluación se presenta el primer ITS, el 11 de julio de 2013. El 13 de febrero de 2014 se aprueba el segundo ITS y en marzo del 2014 se presenta la segunda MEIA. Además, en diciembre de 2016, se plantearon los términos de referencia de la Tercera MEIA, empezando el proceso de su elaboración. Sin embargo,  en junio de 2017 la empresa minera presenta el quinto ITS que fue aprobado en agosto de ese año.

(7) Por ello nos preguntamos: si los cambios considerados necesarios en un proyecto se determinan con tiempo y de manera integral en un solo instrumento (la modificación del estudio de factibilidad), ¿por qué en el caso de Las Bambas la evaluación de los impactos de esos cambios se viene realizando a través de distintos instrumentos de gestión ambiental, unos de mayor exigencia que otros? ¿Cuál es la necesidad de fragmentarlos? Los cambios suelen estar concatenados y también sus impactos. Así por ejemplo, si se aumenta la capacidad de producción, ello plantea cambios en el almacenamiento de concentrados, en el transporte; pero también habrá mayor necesidad de agua, se emitirán más desechos y emisiones. Analizar estos impactos de forma fragmentada no permite dimensionar adecuadamente sus implicancias y es muy probable que estos terminen minimizándose en las medidas de mitigación que se definan. Además, una deficiente certificación ambiental limita la eficacia de las acciones de fiscalización. Por esta razón es importante que la legislación que estableció los ITS se revise y se cumpla con los principios de indivisibilidad e integralidad para la evaluación de los impactos ambientales y sociales.

(8) Ante la dispersión y vacíos existentes en el caso de los instrumentos de gestión ambiental de Las Bambas, lo que hemos venido planteando es la necesidad de una actualización del Estudio de Impacto Ambiental, tal como lo establece la normativa.

(9) Finalmente, si bien sobre este caso, en la página de SENACE hay documentos e información de resumen, esta se encuentra dispersa en varias secciones y no es de fácil acceso para la ciudadanía. De hecho, la información sobre proyectos mineros se encuentra dispersa en tres lugares distintos: la web del SENACE, la web del Ministerio de Energía y Minas y el Sistema de Evaluación en Línea (SEAL), lo que dificulta acceder a la información completa de un determinado proyecto. Así como se está generando la “Ventanilla única” para las empresas, también debería existir una ventanilla única para la información a la ciudadanía, para facilitar el ejercicio del derecho a la información.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-desafios-para-la-gestion-ambiental-desde-el-caso-las-bambas/

La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto.

De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Aduviri, condenado por disturbios y por haber incitado a actos ilícitos.

Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social en contra de los proyectos extractivos en el país, así como lo expresó el propio Walter Aduviri.

“Osea que, en el Perú, ¿al que piensa distinto de cómo se deben buscar los recursos naturales hay que meterlo a la cárcel?, ¿al que dice que hay que respetar a las comunidades originarias andinas y amazónicas en nuestro país hay que meterlo a la cárcel?, ¿eso es la justicia?”, se preguntó el dirigente indígena.

El manifiesto público denuncia también el carácter racista de la acusación, que no reconoce la identidad indígena de Aduviri, y por lo tanto el derecho a la defensa legítima de su territorio en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/peru-condenan-a-lider-indigena-por-defender-la-tierra-ante-minera-canadiense/