Perú

Inversiones chinas en Perú: informe denuncia malas prácticas ambientales en sectores de gas y minería

  • Exploración de hidrocarburos en la Amazonía pone en riesgo áreas protegidas y pueblos indígenas en aislamiento.
  • Incumplimiento de estudios de impacto ambiental y falta de consulta previa entre los problemas en cuatro proyectos mineros.

Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue en junio de este año que el embajador de China en Perú, Jia Guide, en una visita realizada al presidente Martín Vizcarra, anunció “una ola de inversión” hasta el 2021 en sectores como energía y minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas.

Tres meses después, en setiembre, se publicaron una serie de informes que daban cuenta del polémico comportamiento de las empresas chinas en Perú y en varios países de Latinoamérica. Un accionar que las vincula a la violación de derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

Las compañías del país asiático instaladas en Perú son acusadas de  vulnerar el derecho a la vida, al territorio, a la consulta previa y al ambiente sano. Todas estas denuncias forman parte de los informes elaborados por organizaciones civiles de América Latina que han sido presentados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la sesión paralela realizada en octubre como paso previo al Examen Periódico Universal (EPU). Esta evaluación la realiza cada año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a todos los países miembros para saber cómo van en materia de derechos humanos.

 

Los riesgos para los pueblos indígenas en el Lote 58

“No han respetado a las comunidades ni el tema ambiental”, dice Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) sobre la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú). Esta desarrolla actualmente actividades de exploración de hidrocarburos en el Lote 58 —específicamente de gas natural— ubicado en la provincia de La Convención, en la selva sur del Cusco, cerca al proyecto de Camisea.

La empresa CNPC llegó a la selva cusqueña en el 2013. Ese año le compró sus acciones a Petrobras Argentina —que contaba con la licencia de exploración y explotación de dicho lote. Tras la adquisición del Lote 58, Perú y China suscribieron un memorándum de entendimiento, comprometiéndose el primero a promover las inversiones de la empresa asiática, principalmente en petróleo y gas.

Semperi lamenta hoy la pésima relación que tiene la empresa con las comunidades indígenas, la falta de respeto a la consulta previa y los problemas ambientales que se están presentando en la zona, sobre todo porque parte del lote se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga y a un sector del área de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni. Para el presidente del Comaru es una de las peores empresas que ha operado en la región Cusco.

De acuerdo con el informe Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas, presentado en octubre de este año por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la empresa china que opera en el Lote 58 ha empezado la exploración de cuatro pozos y está en camino a ejecutar la explotación sin haber realizado un proceso de consulta previa en las comunidades ubicadas en el área.

Mongabay Latam llamó en varias oportunidades a CNPC Perú para solicitar su versión. En la empresa indicaron que devolverían la llamada, pero hasta el cierre de esta edición no lo hicieron.

Diego Saavedra, especialista del Programa Derechos y Amazonía de la ONG Derechos Ambiente y Recursos Naturales (DAR), precisa que los procesos de consulta previa se deben hacer en cada etapa del proyecto. Sin embargo —comenta— esto no ha sucedido. “Debería existir una para la firma del contrato, una segunda luego de elaborarse el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Posteriormente, cuando se realiza la exploración y se tienen certezas de lo que se va explotar y por último al cierre del proyecto”.

A Saavedra también le preocupan los impactos ambientales en los territorios donde opera el Lote 58, por su proximidad a la Reserva Territorial Indígena Kugapakori Nahua Nanti y otros, donde viven pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), y al Santuario Nacional Megantoni. “Avanzar como lo están haciendo puede generar serios problemas en el área nacional protegida y afectar a los pueblos en aislamiento”.

En Bolivia ya se han presentado impactos directos a pueblos indígenas en aislamiento como consecuencia de las labores que realiza la empresa BGP Bolivia —filial de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC)— en la zona de Nueva Esperanza, en la Amazonía boliviana. Un reciente reportaje de Mongabay Latam da cuenta del impacto de las inversiones chinas en el país vecino.

 

El problema de la reubicación en Morococha

El megaproyecto minero Toromocho operado por la Minera Chinalco Perú —subsidiaria de la Corporación de Aluminio de China​— es colocado en los informes como otro ejemplo de malas prácticas de las inversiones chinas en Perú. En este proyecto de explotación de cobre, uno de los más grandes del país, existe un conflicto socioambiental con el pueblo de Morococha por la reubicación de sus habitantes en una zona de alto riesgo ambiental.

“Todo se ha llevado a cabo de acuerdo a las políticas de la minera que no ha tomado en cuenta lo que nosotros proponemos”, dice Elvis Atachahua, secretario de Actas y Archivo del Frente de Defensa del distrito de Morococha, ubicado en la provincia de Yauli, región Junín. El dirigente menciona que Nueva Morococha, lugar elegido para la reubicación del pueblo, “se ha construido sobre una zona pantanosa, que alguna vez fue un bofedal”.

El informe Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina recoge las denuncias de los habitantes que se han visto afectados por la reubicación. Según el documento, las condiciones del nuevo pueblo no se ajustan a lo que ofrecía el Estudio de Impacto Ambiental tanto en cuestiones económicas como ambientales. Uno de los problemas es la presencia de metales pesados en la zona debido a la cercanía con el relave  Huascacocha, el otro riesgo es la presencia de humedad en el subsuelo debido a la poca profundidad de la capa freática.

En un reportaje publicado en el año 2016, Mongabay Latam informó que, según el EIA del reasentamiento de Morococha, a cargo de la consultora Knight Piésold, las muestras tomadas en el suelo donde actualmente está la nueva ciudad presentaron niveles de arsénico y plomo por encima de los límites permitidos.

Atachahua reclama que la empresa no les haya informado sobre estos resultados antes de la reubicación. Por ello, él y otras 64 familias han decidido quedarse en lo que llaman la antigua Morococha. La situación ha generado un gran conflicto que aún no muestra señales de solución.

Pese a todos estos reclamos, el gobierno peruano aprobó la ampliación del proyecto minero Toromocho por un monto de 1350 millones de dólares. El acuerdo se selló en junio de este año, el día que el embajador de China en Perú visitó al presidente peruano y anunció la nueva millonaria inversión para los próximos tres años.

Mongabay Latam buscó la versión de la minera Chinalco, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Cuestionamientos a las inversiones mineras

El informe presentado ante la ONU reporta también otros tres casos de inversiones chinas en proyectos mineros con denuncias de vulneraciones ambientales y sociales.

Las Bambas es uno de ellos. Esta inversión de 10 mil millones de dólares en la región Apurímac está a cargo del grupo MMG (Minerals and Metals Group), una empresa pública china financiada por bancos de ese país.

En este caso, las comunidades campesinas y pueblos indígenas de la provincia de Cotabambas, donde se ejecuta el proyecto, protestan por la carretera por donde transitan diariamente más de 300 vehículos de la mina, generando numerosos riesgos ambientales y de salud a las comunidades locales. El problema es el polvo, las vibraciones y los ruidos que causa el tránsito vehicular, señala el informe sobre los casos peruanos.

El proyecto inicial contemplaba sacar el mineral a través de un mineroducto, pero tras la modificación del EIA el ducto quedó fuera de los planes, lo que generó rechazo de la población. El conflicto se agudizó porque la modificación del EIA no pasó por el proceso de consulta previa. Hasta ahora, los enfrentamientos han cobrado la vida de cuatro personas.

Hasta ahora, MMG ha recibido cuatro sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por incumplimiento de su EIA y otras normas de protección ambiental, dice el documento presentado ante la ONU.

Los otros dos proyectos que también están bajo escrutinio corresponden a la mina Marcona, operada por la empresa Shougang Hierro Perú y a Río Blanco, del consorcio chino Zijin Mining Group.

En el primer caso se han presentado problemas de contaminación ambiental en el mar y en otras instalaciones del complejo minero. “La empresa ha cometido más de diez infracciones ambientales diferentes que fueron sancionadas por el Estado peruano”, señala el informe que resalta también las violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias.

En cuanto a Río Blanco, en la región Piura, las denuncias se centran en incumplimientos en materia de seguridad e higiene minera, así como de protección y cuidado del medio ambiente. El proyecto está aún en etapa de exploración debido a una férrea oposición para que se inicie la explotación de cobre y molibdeno, actividad que pondría en riesgo los ecosistemas de páramos y bosques de neblina que existen en la zona.

Mongabay Latam se comunicó con la empresa MMG para solicitar su versión sobre los cuestionamientos al proyecto Las Bambas. Sin embargo, voceros de la compañía manifestaron a nuestro medio que no se pronunciarían sobre el tema. También buscó los comentarios de Shougang Perú en Marcona, pero hasta el cierre de la nota no atendieron el pedido.

Julia Cuadros, responsable del Programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, recuerda que China es el principal socio comercial de Perú y, por tanto, el gobierno peruano debe garantizar que estas empresas respeten los derechos humanos y ambientales.

“Las empresas creen que porque tienen permiso del Estado pueden hacer lo que quieren. Lo lamentable es que cuando se desarrollan estos proyectos terminan impactando los ecosistemas, los sistemas hídricos, los cuerpos de agua y los territorios de los pueblos”, comenta Cuadros.

La evaluación a China en las Naciones Unidas

Las inversiones chinas están cobrando más fuerza en América Latina. Según datos del China Latin America Report, del 2017, los préstamos chinos a América Latina alcanzaron los 21 000 millones de dólares en el 2016, cifra que superó al monto prestado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para Perú, China se ha convertido en su principal socio comercial con exportaciones que, en el 2017, superaron los 11 000 millones de dólares e importaciones que superaron los 8000 millones de dólares. Otros países que tienen al gigante asiático como el más importante inversor son Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En ese contexto, las polémicas prácticas de las empresas chinas en los países Latinoamericanos han despertado todas las alarmas. Por eso, cuando este año China entró en la lista de los estados miembros de las Naciones Unidas que serían evaluados por el cumplimiento de los principios consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los países de América Latina con alta presencia de capitales chinos presentaron evaluaciones sobre el comportamiento de las compañías de capitales chinos.

“Cuando la inversión es masiva, la magnitud del daño es muy grande” dice Cuadros, quien considera que el mecanismo de evaluación de las Naciones Unidas es una oportunidad para “lograr que China tome cartas en el asunto”.

Cuadros agrega que luego de presentar el informe, en octubre pasado, se reunieron con la misión peruana en la ONU para que conozcan las recomendaciones que estaban haciendo desde la sociedad civil. “Creo que son recomendaciones que podemos suscribir”, le dijeron los representantes peruanos en la ONU.

Efectivamente, en la sesión del 6 de noviembre, el organismo internacional adoptó dos de las recomendaciones llevadas por los países Latinoamericanos, específicamente las de Ecuador y Perú.

Una de ellas, presentada por Ecuador, señala que se deben promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura dentro y fuera del territorio sean plenamente compatibles con el respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

La segunda recomendación, presentada por las organizaciones peruanas, señala la necesidad de que China tenga un marco legal de derechos humanos para que sus empresas o en las que el Estado participe, no vulneren estos derechos fuera de sus fronteras, es decir, en el extranjero.

Lo que se le pide a China es que se haga responsable de las violaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de su territorio. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) reconoce que es deber de los estados garantizar que los derechos ambientales se apliquen tanto a las personas que viven dentro de sus fronteras como aquellas afectadas por las actividades de entidades bajo su control.

Ante la ONU, la delegación china destacó su compromiso para desarrollar una agenda de derechos humanos. Declararon también que harán todos los esfuerzos para acoger las recomendaciones de los países miembros; sin embargo, advirtieron que algunas de ellas no serían aceptadas en tanto no estén alineadas con sus políticas nacionales.

 

Saavedra pone énfasis en que China debe hacerse cargo de las afectaciones que provocan sus inversiones en América Latina. “Al ser miembro de Naciones Unidas está obligada, por tratados internacionales, a cumplir el principio de extraterritorialidad y respetar los derechos humanos en el plano global. Pero esto no está ocurriendo actualmente”.

El representante de DAR, que estuvo presente en la reunión de la ONU para evaluar a China, dice que la inclusión de las propuestas de Perú y Ecuador en las recomendaciones finales del organismo internacional ofrece un poco de esperanza. “Ahora corresponde a China revisar lo que le ha propuesto la ONU y decidir si las adopta o no”.

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/peru-inversiones-chinas-gas-mineria/

Perú

¿Las Bambas ha resuelto los problemas de la carretera con su tercera modificatoria de EIA?

Hace pocas semanas el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas. En el proceso de revisión de dicho instrumento, SENACE acogió en parte las diversas voces que venían señalando las debilidades en la gestión ambiental del componente de transporte minero, es decir, el uso de la carretera que conecta Apurímac, Cusco y Arequipa para el traslado del concentrado de mineral.

En efecto, a la luz de los impactos del transporte de carga pesada por la carretera que conecta Las Bambas con la estaciones de Pillones, SENACE pidió a la empresa incluir en el estudio de este tercer MEIA una “Evaluación de Impactos de la ruta de transporte”. Como se recuerda, el polvo constante, las vibraciones y el ruido ocasionado por el paso de 250 camiones diarios, son algunos de los impactos más mencionados por la población local, a tal punto que la carretera ha sido motivo de los mayores conflictos sociales hasta el momento en este proyecto.

Sin embargo, ¿este estudio resuelve todos los problemas derivados del transporte minero? Según el recurso de apelación presentado hace poco por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, aún queda mucho pan por rebanar en este tema.

En primer lugar, pese a que explícitamente SENACE está reconociendo que existen impactos de la ruta de transporte, no se está incorporando a las comunidades aledañas a dicho corredor vial como parte del área de influencia. Esto hace que los costos ocasionados por estos impactos terminen siendo “externalizados”, es decir, asumidos por quienes viven a lo largo de esa ruta, y no por la empresa minera que los genera. Además, al no ser consideradas estas personas como parte de la zona de influencia, no han sido consultadas durante el proceso de evaluación de la segunda y tercera modificatoria, lo que ha impedido que se garantice adecuadamente sus intereses y derechos.

Otra deficiencia tiene que ver con las medidas para el control del polvo en la ruta del transporte. Estas medidas de mitigación son incompletas e imprecisas y por tanto no podrá fiscalizarse su correcta ejecución. Por ejemplo, se indica que debe hacer un micropavimentado y base negra en ciertos tramos, es decir, se atenderá el problema en parte. En lo demás se hará regado. Pero además no se especifica qué tipo de micropavimentado, el espesor que tendrá. La misma deficiencia se encuentra en la aplicación de la base negra, pues no se especifica las características que tendrá, ni demás especificaciones técnicas que responden al tránsito vehicular proyectado.

Por otro lado, no se detalla el mantenimiento que debe corresponder a este tipo de medidas, por el desgaste proveniente de la rodadura de vehículos pesados. Al no estar especificado, resulta imposible medir el cumplimiento efectivo de la medida.

Tampoco existen especificaciones para el regado, mecanismo utilizado de manera convencional para el control del polvo; y éste no responde a cálculos sobre evaporación del suelo de manera estacional.

La apelación presentada por el Frente de Defensa señala que el SENACE aceptó estas medida de control sin observar que el polvo inadecuadamente controlado trae consecuencias económicas y sociales, incluyendo problemas en la salud de las personas; en el desarrollo de las especies vegetales (dado que el polvo bloquea las estomas de las plantas y dificulta el normal desarrollo de la fotosíntesis), afectando así los pastos que sirven de alimento para los animales que son sostén económico de las familias locales.

Otra deficiencia es el inadecuado tratamiento del ruido y vibración, que vienen produciendo afectación en las viviendas por el constante paso de vehículos pesados.

La necesidad de medidas de mitigación más adecuadas debió ser advertida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como entidad especializada en materia de transporte, pero lamentablemente la determinación de impactos y medidas de mitigación del transporte minero se realizó en la etapa de observaciones, por lo que dicho Ministerio no fue incluido en el proceso de evaluación, lo que explica una evaluación del impacto ambiental tan deficiente.

Tomando en cuenta estas consideraciones, el recurso de apelación presentado por el Frente de Defensa solicita la anulación de la resolución que aprueba esta tercera modificatoria, para corregir estas deficiencias. Desde CooperAcción, hemos señalado que la manera irregular en que se produjeron los cambios al componente de transporte minero, que inicialmente se iba a realizar mediante un mineroducto y no por carretera, muestra las debilidades existentes en los procesos de certificación y gestión ambiental. Precisamente, los impactos de la carretera son el principal foco de conflictividad social en este caso, lo que muestra una vez más que los conflictos sociales tienen que ver con las deficiencias de la gestión ambiental.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-ha-resuelto-los-problemas-de-la-carretera-con-su-tercera-modificatoria-de-eia/

Perú

Conservación de páramos andinos, un sistema territorial innovador

Los ecosistemas de páramos andinos, donde nacen las aguas que conforman cuencas enteras, están bajo amenaza ante la expansión de la frontera agrícola y los proyectos extractivos de minerales. Pero esta amenaza no solo afecta al entorno sino también a las comunidades que viven esas zonas y sus alrededores, comunidades que no han logrado integrarse a la dinámica económica aun cuando son depositarias de conocimientos ancestrales sobre ellas y sus principales agentes de conservación.

El presente artículo describe las acciones organizativas y de innovación tecnológica que algunas de estas comunidades, en los páramos de Piura, están desarrollando para conservarlos y, al mismo tiempo, lograr su integración a circuitos económicos amplios y avanzar en su bienestar.

Los ecosistemas de montaña como los páramos, que son nacientes de cuencas y brindan servicios ambientales hídricos y de biodiversidad endémica, requieren ser gestionados por las comunidades que viven en ellos o en su entorno para garantizar su conservación y aprovechamiento sostenible.

Los páramos andinos del norte peruano, en la región Piura, constituyen las nacientes de las cuencas de los ríos Quiroz y Huancabamba, que suministran agua a dos reservorios para la irrigación de 40 000 hectáreas en Piura y 38 000 hectáreas en la región Lambayeque. Además, estos páramos tienen la más rica flora montañosa tropical del mundo, con aproximadamente 4 700 especies y un alto nivel de endemismo (Sánchez, 2012).

La gestión de conservación y manejo sostenible de un ecosistema como los páramos por las organizaciones comunales que los habitan, implica su integración en procesos interrelacionados de investigación e innovación de tipo tecnológico, organizacional e institucional, cuyos beneficios económicos, sociales, culturales y políticos se fundamentan en la conservación de este ecosistema (Zamora, 2005).
Actualmente las organizaciones comunales del territorio de los páramos cuentan con el acuerdo colectivo de la conservación de los páramos vigilado por las Rondas Campesinas. En cumplimiento de este acuerdo, desde 2010 han gestionado proyectos de investigación para la valorización de su biodiversidad (Torres, 2013), a fin de proteger su capital natural frente a la amenaza de proyectos de extracción de los minerales existentes en su subsuelo, como también para aprovechar las oportunidades del biocomercio.

Estas organizaciones comunales participan conjuntamente con entidades de investigación en la generación de conocimiento sobre la composición de la diversidad vegetal de los páramos, a partir de estudios etnobotánicos y caracterización de los compuestos bioactivos de especies medicinales y funcionales conocidas por mujeres y varones expertos, reconocidos por sus comunidades. Los productos de estas investigaciones son intangibles que no generan rentabilidad inmediata, sino que representan un capital social y cognitivo fundamental para las innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación del páramo, ecosistema estratégico de montaña.

Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos.

Las comunidades de los páramos mantienen una demanda insatisfecha: vincularse a la dinámica de la economía regional y nacional a través de sus productos. Ante ello, algunas han iniciado emprendimientos de innovación mediante cambios tecnológicos con objetivos como mejorar la elaboración de ciertos productos (quesos, papas, yogur, plantas aromáticas, frutales) y diversificar su producción (piscicultua de trucha) y sus servicios (ecoturismo), con base en planes de negocio y coinversión. Un valor agregado de estos productos y servicios es que se obtienen mediante tecnologías, prácticas y acuerdos colectivos orientados a la conservación de los páramos. El foco de las estrategias de conservación es el uso intensivo del suelo agropecuario actual y el racionamiento del uso de los volúmenes disponibles de agua, lo cual implica detener la expansión de la frontera agropecuaria hacia los páramos. Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos. Estos factores constituyen servicios ecosistémicos que, a través de compensaciones e incentivos, deben ser retribuídos por la red de agentes de la cuenca que usan el agua.

La innovación orientada a la conservación de recursos estratégicos requiere de políticas de apoyo diferentes a las que se tiene para innovación agraria en zonas vinculadas a la economía industrial. Es necesario diseñar políticas específicas para el establecimiento de un sistema de innovación en el territorio de los páramos (gráfico 1).

Innovaciones tecnológicas e investigaciones orientadas a la innovación para la conservación de los páramos

En el entorno de los páramos de Piura se registran innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación de los páramos, emprendidas por organizaciones comunales de Ayabaca y Huancabamba. Se trata de cambios tecnológicos enfocados en el uso racional del agua y el uso intensivo del suelo para la producción de bienes que tienen demanda y que detienen el avance de la frontera agropecuaria hacia los páramos.

Innovaciones tecnológicas

• Mediante sistemas portátiles de riego por aspersión, se incrementó la producción de leche por la mayor disponibilidad de pasturas sin aumento de la superficie. Las técnicas de procesamiento de los productos lácteos han mejorado su calidad, logrando un incremento de 60% en la producción de quesos y de 100% en los ingresos.

• Uso de semilla sexual en la producción de papa. En la décima parte de una hectárea (1 000 m2) se producen minitubérculos de alta sanidad en una cantidad que alcanza para cultivar 25 ha de papa, a solo el 40% del costo de los tubérculos-semillas procedentes de otras regiones (que, además, son portadores de enfermedades contaminantes de los suelos).

• Producción de alevines por la Asociación de Agricultores Conservacionistas de los Bosques del Páramo y Neblina, Pacaipampa (ACOBOSPA) para mejorar la rentabilidad de la crianza de trucha.

• Innovación del circuito turístico enfocado en la ruta del agua desde los reservorios a sus fuentes, los páramos.

Investigaciones para nuevas innovaciones

• La Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA-Piura) ha seleccionado, durante tres años, cinco genotipos de papa con gran adaptación al cambio climático, a partir de 125 clones o genotipos proporcionados por el Centro Internacional de la Papa.

• Etnobotánica y bioprospección vegetal en páramos y bosques nublados del norte del Perú para la innovación médica y el biocomercio. Con ACOBOSPA se han estudiado 50 especies, determinando su identidad taxonómica. Se ha analizado el perfil fitoquímico y el nivel de toxicidad de 23 especies. Siete de ellas son altamente promisorias para domesticar por su alto contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, significativo nivel de actividad antioxidante, valor de actividad antibiótica y muy bajos niveles de toxicidad. AMUPPA ha desarrollado cinco tipos de fitopreparaciones basados en especies medicinales.

• Caracterización, determinación taxonómica y perfil fitoquímico de cultivares nativos de papa del microgenocentro Altos de Frías de Ayabaca, Piura.

Organización para la gestión de las innovaciones orientadas a la conservación de los páramos

Las innovaciones e investigaciones que implementan las organizaciones sociales de los páramos como emprendimientos aislados son poco sostenibles. Necesitan articularse en un sistema o red de innovación para optimizar sus resultados a través de la gestión colectiva que les permita superar las restricciones de infraestructura y servicios que limitan la competitividad de sus productos. Es necesario un sistema de innovación territorial para incentivar el desarrollo del mercado de servicios, medio natural de la interacción e intercambio de conocimientos entre ofertantes y demandantes para la formación de redes de aprendizaje (Kuramoto, 2007).

Las acciones colectivas coordinadas a través de redes de innovación permiten a las organizaciones crear nuevas reglas de juego o una nueva institucionalidad que las favorezcan e incentiven políticas de desarrollo local o regional (Glave y Jaramillo, 2007).

Para ello las organizaciones han constituido la Plataforma de Concertación de Organizaciones para la Gestión de los Páramos y el Comité Territorial de los Páramos de Piura. La primera es el espacio de encuentro de las organizaciones donde se identifican las demandas prioritarias de innovación, se implementan las innovaciones y se proponen acciones para su institucionalización. La segunda gestiona la conversión de las innovaciones exitosas en normas o políticas para integrarlas a los Planes de Desarrollo Concertado en los diferentes niveles de gobierno (gráfico 1).

Referencias

– Glave, Manuel, y Jaramillo, Miguel (2007). Perú: instituciones y desarrollo. Avances y agenda de investigación. En: Grade (2007). Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE, pp. 301-349. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-8.pdf

– Kuramoto, Juana R. (2007). Sistemas de innovación tecnológica. En: GRADE (2007), pp. 103-133. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-3.pdf

– Sánchez, Isidoro (2012). La diversidad biológica de Cajamarca: visión étnica, cultural y potencialidades. Cajamarca: Gobierno Regional de Cajamarca.

– Torres, Fidel (2013). Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales especies no maderables con potencial económico de los bosques de neblina del norte del Perú. Economía y sociedad, revista de investigación No. 82, pp. 61-71.


 

Fuente:

Perú

Red Muqui presenta Balance de 15 años de Minería en Perú en Foro Mundial de Minería y Extractivismo

En el primer “Foro social temático sobre minería y economía extractivista” que se está llevando a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 12 al 15 de noviembre del presente año, con más de 400 activistas, intelectuales, investigadores, representantes de organizaciones sociales y de Iglesias, y organizaciones no gubernamentales; Red Muqui presentó el documento: Balance de 15 años de Minería en el Perú.

El director de Red Muqui, Javier Jahncke, remarcó del documento que los problemas de la desaceleración sostenida de la economía mundial, la tendencia decreciente del precio del cobre, en el marco de la guerra comercial entre China y EE.UU y otros factores más, están trasladándose como una presión para reducir el costo laboral y ambiental y/o se apliquen devoluciones y/o exoneraciones de impuestos como condición para la realización de las inversiones en Perú. “Esta situación nos hace muy vulnerables ya que cada vez se deja poco margen para un excedente que podría servir para promover la diversificación de la economía y salir del círculo vicioso de un modelo económico extractivista, que está llevando a un crecimiento de las economías informal e ilegal”.

 

Asimismo, en el Foro se coincidió en el análisis local y global de la minería con las otras organizaciones y participantes como CIDSE, la institución Juntos por la Justicia Global, que señaló que a nivel mundial “en los últimos quince años, se ha llevado a cabo la expansión, consolidación e intensificación de un modelo de uso abusivo de los llamados «recursos naturales», de los cuales la minería es un caso ejemplar en todo el mundo. Este modelo ha sido devastador y degradante en áreas socioambientales, intensificando las condiciones del calentamiento global y la injusticia climática”. También se mencionó que este modelo sometió a las economías locales a una lógica de acumulación que beneficia a las corporaciones del sector, impone cambios y regresiones a las leyes de protección social y ambiental, impacta las vidas cotidianas de las comunidades tradicionales, indígenas y campesinas por violaciones. de los derechos humanos, afectando en particular la vida de mujeres y niños.

Este Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista aspira a consolidar un amplio movimiento de resistencia, imponiendo el control social sobre las actividades extractivas. Aspira también a lanzar una Campaña por el “Derecho a Decir NO” frente a proyectos que conlleven degradación social y medioambiental.

El encuentro finalizará con la elaboración de un documento con lineamientos alternativos hacia una transición lejos del capitalismo extractivista, que se presentará para su adopción a los organismos internacionales pertinentes. Asimismo, como Red Muqui estamos participando con la mesa: El diálogo como un instrumento transformador.

Programa general del Foro:

Debates estratégicos claves

  1. Nuevo mapa geopolítico y los retos del cambio climático – bajo consideración de los nuevos marcos propuestos (Objetivos de desarrollo sostenible, Energía verde, Economía azul, Iniciativas del Banco Mundial, etc.)
  2. Conexión entre las grandes empresas y sus alianzas con el gobierno – tomando en cuenta las regulaciones, legislación fiscal, derechos humanos
  3. Cómo unir las luchas en común desde abajo
  4. ¿El trabajo y la comunidad tienen interés en común?
  5. La conexión entre economía extractiva y asistencial

Ejes temáticos claves

  1. Ecofeminismo y extractivismo
  2. La campaña del derecho de decir no
  3. Comunidades afectadas por ciertas compañías (Valé SA, Glencore, Anglo Ashanti, etc.)
  4. Solidaridad con las comunidades y las víctimas afectadas por desastres y masacres por empresas mineras
  5. Criminalización de defensores de derechos humanos y líderes o miembros de comunidades que trabajan en problemas del extractivismo
  6. Minería artesanal vs minería a gran escala: ¡qué se hace?
  7. Casos exitosos de comunidades en su lucha
  8. Qué se debe proponer para procesos transitorios
  9. Financiarización de las actividades extractivistas
  10. Trabajo, salud y seguridad, transición justa
  11. Justicia energética
  12. Derechos de la naturaleza y luchas sociales
  13. Trabajo vs intereses comunitarios
  14. Liderazgo tradicional – una herramienta de progreso o un instrumento de represión o de formación de clases

Objetivos del foro temático

  1. Consolidación de una red de organizaciones de base comunitaria, movimientos sociales, ecológicos y de trabajadores, de ONGs, de académicos trabajando en alternativas a minería y extractivismo
  2. Desarollando perspectivas hacia el camino de una transición justa a nivel local y global
  3. Crear un diálogo entre trabajo y comunidades afectadas por la minería y extractivismo
  4. Consolidar campañas comunes contra mineras claves con el marco del Derecho de decir No y reafirmando campañas existentes como el acuerdo de la ONU legalmente obligatorio referente a Corporaciones transnacionales y derechos humanos; implementación del acuerdo climático de Paris; Pacto Mundial sobre los Refugiados.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/812-red-muqui-presenta-balance-de-15-anos-de-mineria-en-peru-en-foro-mundial-de-mineria-y-extractivismo

Perú

Alerta – Comuneros bloquean carretera de concentrados mineros de Las Bambas

Un grupo de 200 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos, se encuentra desde este martes acampando sobre la vía utilizada para el transporte de concentrados mineros de MMG Las Bambas. Las personas pertenecen a la comunidad de Fuerabamba, y están sembrando sus cultivos y construyendo en faena comunal sobre la misma carretera, reclamando que se trata de su propiedad. Los hechos vienen ocurriendo a la altura del Fundo Yavi Yavi.

Los comuneros y comuneras han cavado zanjas y colocado piedras en varias partes del camino, y los camiones que transportan el concentrado de minerales de la empresa Las Bambas no pueden circular. Sin embargo, la población sí está permitiendo el pase de otros vehículos particulares.

Los manifestantes señalan que los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía son de propiedad privada de la comunidad, pues la mina compró dichos terrenos y se los dio en compensación.

Por el momento no se reporta presencia policial en la zona, pero sí una gran situación de tensión.

La carretera es uno de los componentes del megaproyecto minero Las Bambas que viene causando mayor conflictividad en la zona, tanto por sus impactos ambientales (vibración, ruido y polvareda constante) como por disputas con las comunidades acerca de la propiedad de los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/24/alerta-comuneros-bloquean-carretera-de-concentrados-mineros-de-las-bambas/

Perú

Alerta por protestas en varias localidades del corredor minero

Tal como reportamos la semana pasada, comuneros y comuneras de Fuerabamba vienen realizando un paro y bloqueo de carretera a la altura del ex fundo Yavi Yavi. Su principal demanda tiene que ver con que los terrenos sobre los cuales se ha construido la carretera utilizada por la empresa minera MMG Las Bambas es de su propiedad, por lo cual han cavado zanjas y han tomado posesión del mismo.

“Desde el miércoles 22 de agosto, unas 100 personas de la comunidad de Fuerabamba han bloqueado la carretera nacional cerca de la zona Yavi Yavi, ubicada en el distrito de Colquemarca, en la región de Cusco”, confirmó el portavoz de la compañía en Australia, Ted Woodruff, en declaraciones a la agencia Reuters. “En esta etapa, no hay un impacto inmediato en las operaciones, pero se ha suspendido toda la logística de concentrados”.

Se supo que el día de ayer, lunes 27 de agosto, se hizo presente la Policía con un número aproximado de 200 efectivos, pero hasta el momento no se habría producido ningún desalojo ni enfrentamiento. Fuentes locales informaron a este Observatorio que aún no circulan los camiones mineros por la carretera.

Esta podría no ser la única protesta en el corredor minero en estos días. La comunidad de Pisacasa había acordado en asamblea del 21 de este mes realizar un paro hoy mismo si sus reclamos no eran escuchados por el Gobierno. En estos momentos -hoy martes 30 de agosto- en dicha localidad se encuentran reunidos representantes de la comunidad con varios ministerios, entre ellos Agricultura, Transporte, Vivienda, Interior, así como la Municipalidad Provincial. La población se encuentra expectante ante la posible llegada de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros para iniciar un diálogo.

Por su parte, el distrito de Velille, ubicado en la región Cusco y que también es atravesado por el corredor vial utilizado para el transporte de concentrados mineros, acordó en una asamblea popular realizada hace unos días acatar un paro indefinido a partir del próximo 30 de agosto. Su demanda principal tiene que ver con la solicitud de modificar el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa a fin de ser incorporados como área de influencia, al sufrir los impactos ambientales de la carretera, tales como vibraciones y ruido, y polvareda constante que genera contaminación del aire por material particulado.

Por último, la comunidad de Antuyo también ha expresado su voluntad de realizar un paro con demandas sobre saneamiento de la propiedad de las tierras afectadas por la carretera. Hasta el momento no se han cumplido los acuerdos alcanzados el año pasado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Antuyo y otras tres comunidades respecto al saneamiento legal de las tierras y la compensación económica por su utilización para la vía del transporte minero.

Las protestas pacíficas que viene realizando y organizando la población local tienen que ver con la falta de estudios adecuados y oportunos sobre los impactos ambientales y sociales que iba a producir la carretera en la zona. Como ha mostrado un reciente informe, el cambio en la modalidad de transporte minero del mineroducto previsto inicialmente a la carretera que se utiliza ahora, se realizó sin contar con estudios adecuados acerca de los impactos y excluyendo a diversas comunidades consideradas inicialmente como áreas de influencia. Por otro lado, en muchos de estos casos tanto el Gobierno como la empresa utilizaron terrenos de propiedad de las comunidades, pasando por encima de su legítima propiedad y originando conflictos.

Desde el OCM invocamos tanto al Gobierno como a la ciudadanía a encontrar soluciones pacíficas a estos conflictos, en el marco del diálogo y el respeto a los derechos humanos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/28/alerta-por-protestas-en-varias-localidades-del-corredor-minero/

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¿Qué pasa en el corredor minero? Miércoles 21/11: Diálogos sobre los impactos de la minería en el sur andino

 

¿Qué pasa en el corredor minero? Diálogos sobre los impactos de la minería en el Sur Andino: https://bit.ly/2z8Zng4

Un espacio para debatir y dialogar entre distintas perspectivas, y para evaluar los impactos que viene generando la gran minería en el corredor minero del sur andino, tanto en sus aspectos ambientales como en lo referido al desarrollo económico local y regional.

  • Mesa 1: Los desafíos ambientales en el corredor minero
  • Mesa 2: ¿Milagro apurimeño? Los retos del desarrollo en zonas mineras

Este miércoles 21 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el Hotel Meliá, Av. Gral. Salaverry 2599, San Isidro, Lima.

 

14 de noviembre de 2018

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Fuente:https://www.facebook.com/CooperAccionPeru/photos/gm.2207921802867275/2015605328529092/?type=3&theater

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Inicia mesa de diálogo: Comunidad de Espinar exige acuerdo de buena fe a Minera Glencore Antapacay

Desde el 30 de octubre las y los comuneros de Alto Huancané en Espinar – Cusco – se encuentran en estado de protesta frente a las instalaciones de la empresa minera Glencore Antapaccay. Exigen un nuevo acuerdo de Convivencia responsable en el cual se respeten los derechos colectivos y se mitiguen las afectaciones producidas por las actividades mineras.

En el comunicado publicado en el facebook de la la comunidad, se exige que se inicie un diálogo en un marco de buena fe y cordialidad este martes 13 de noviembre, reunión convocada por la Subprefectura de Espinar, para la atención de la problemática socioambiental. Además, las y los comuneros reclaman que se han presentado una serie de acciones en las que la empresa minera buscaría dividir a la comunidad y acallar los reclamos de la población local. La comunidad denuncia la entrega de granos y semillas sin autorización alguna para influir en la opinión y reclamos de la comunidad.

Se exige a las autoridades correspondientes garantizar un proceso de diálogo pacífico y con tranquilidad, así como se solicita que la empresa deje sus intenciones de dividir e influir a la comunidad a través de dadivas u otras acciones y que se respete sus derechos.

 

Pronunciamiento de la Comunidad Alto Huancané:

Ante el inicio del diálogo con la Compañía Minera Antapacay SAC – Glencore, la Comunidad Originaria de Alto Huancané se dirige a la opinión pública en general para manifestar lo siguiente:
1.- El pasado viernes 09 de noviembre del 2018, nuestra comunidad y la Compañía Minera Antapacay SAC – Glencore, nos comprometimos a iniciar este martes 13, desde las 09:00 am, un proceso de diálogo en el que hemos exigido que se desarrolle en el marco de la buena fe de ambas partes. Desde la Comunidad reiteramos que apostamos por la vía del diálogo como el principal camino para la atención de la problemática socio ambiental generada por los más de 60 años de explotación minera en nuestras tierras, por ello ratificamos nuestra asistencia a la reunión convocada por la Subprefectura de Espinar.
2.- Pese a nuestro pedido que este diálogo se desarrolle en un marco de buena fe y cordialidad en los últimos días hemos sido informados que la empresa ha puesto e marcha una serie de acciones con las que se busca dividir acallar los justos reclamos de nuestros hermanos comuneros. Denunciamos públicamente que sin autorización alguna, la empresa ha ingresado a varios sectores de nuestra comunidad para hacer entrega de granos y semillas, con el único fin de cambiar la voluntad de quienes reclamamos atención a los problemas generados por la explotación minera.
3.- Frente a esta situación, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a fin de garantizar que este proceso de diálogo se desarrolle en un ambiente de calma y tranquilidad, por lo solicitamos que la empresa cese en sus intenciones de dividir a nuestra comunidad a cambio de dadivas y otras acciones que lo único que demuestran es que no tiene ninguna intención de atender la problemática, como lo ha venido haciendo desde hace años atrás.
Finalmente reiterar que estamos dispuestos a establecer los canales de diálogos necesarios para la atención de nuestras demandas, pero también con la misma fuerza y firmeza estaremos preparados para tomar las medidas necesarias a fin de que se escuche nuestra voz y se respete nuestros derechos.
Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/810-inicia-mesa-de-dialogo-comunidad-de-espinar-exige-acuerdo-de-buena-fe-a-minera-glencore-antapacay
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Piden anular aprobación de tercera modificatoria del EIA de Las Bambas

Las Bambas aún tiene observaciones sin levantar en temas como agua y calidad de aire. Así lo ha considerado el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, respecto de las Tercera Modificatoria al Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de este megaproyecto minero.

Las Bambas aún tiene observaciones sin levantar en temas como agua y calidad de aire. Así lo ha considerado el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, respecto de las Tercera Modificatoria al Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de este megaproyecto minero, la misma que fuera recientemente aprobada por la autoridad ambiental. Por ello, esta organización social ha presentado un recurso de apelación y pide anular la aprobación de esta tercera modificatoria, para realizar los cambios necesarios.

Como se sabe, a inicios de octubre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó esta Tercera MEIA, que permitirá a la empresa ampliar el tajo Ferrobamba y diversos componentes del proyecto minero, tales como los almacenes de concentrados y el depósito de desmonte. Este nuevo cambio fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2018-SENACE-PE/DEAR. Según se informó, la empresa habría subsanado las 167 observaciones emitidas por el SENACE (134), la Autoridad Nacional del Agua (14) y el Ministerio de Agricultura (19).

Sin embargo, un conjunto de observaciones técnicas presentadas por el Frente de Defensa no habrían sido resueltas satisfactoriamente. Por ello, Víctor Limaypuma Ccoricasa, presidente de esta organización social, presentó un recurso de apelación el pasado 30 de octubre. Entre las observaciones más importantes, Limaypuma destaca que se ha incumplido el principio de indivisibilidad de la evaluación de los impactos ambientales, establecido en las normas. “La empresa ha incurrido en una violación de la norma de protección ambiental al separar indebidamente componentes para evaluar indistintamente los impactos mediante dos instrumentos de gestión ambiental, el ITS y la Modificación del EIA. A través de un ITS, un instrumento de gestión de ambiental de menor rango, fue aprobada la Ampliación de producción en 5 000 TMD”, explica el líder social. Es paradójico señalar que proyectos mineros que se proponen procesar de 5000 TMD o más deben presentar un EIA por las dimensiones de la operación.

Tampoco se ha tomado en cuenta el impacto negativo significativo sobre el agua. La reducción del caudal de la micro cuenca del río Ferrobamba es significativa: según información de la empresa, el caudal pasó 2 000 l/s en marzo del 2007 a 500 L/s en el mismo mes del 2017, es decir se redujo en un 300%. “Sin tomar en cuenta el impacto acumulativo sobre el régimen hidrológico y caudal, SENACE califica este impacto como positivo bajo (+46), lo que es completamente contradictorio”, explica Limaypuma en el recurso de apelación.

Además, hay una valoración discutible respecto de la importancia de los impactos ambientales en varios puntos. Por ejemplo, en el caso del impacto sobre la cuenca del río Palputa, SENACE calificó el impacto como “negativo bajo” con un valor de -34. Sin embargo, según la metodología CONESA, esa ponderación corresponde a impactos “moderados”, explica el recurso de apelación. Lo mismo ocurre en el caso del impacto en la calidad del aire por material particulado: SENACE lo califica como “de importancia baja” con un valor -31, pero la metodología internacional CONESA define este valor como un impacto “moderado”.

Otro punto crítico es que los proyectos que conforman esta tercera MEIA no se encuentran detallados a nivel de factibilidad, requisito exigido por el Reglamento de Protección Ambiental Minero. Están ausentes elementos como un análisis de alternativas, selección considerando criterios económicos, técnicos, ambientales y sociales; los montos de inversión del proyecto; análisis de riesgos ambientales y a la salud, entre otros.

Por otro lado, el Frente de Defensa considera que no hay un tratamiento adecuado del agua de mina, lo que implicaría una afectación a la salud y al ambiente a largo plazo. Por ello, reitera que es necesaria una Planta de Tratamiento de los efluentes que por métodos activos separe los metales disueltos y suspendidos en dichas aguas; y no sólo por sedimentación tal como se realiza actualmente.
Además, el recurso de apelación muestra que los impactos sobre la calidad del aire se vienen incrementando progresivamente, tal como se puede observar en la siguiente figura.

Cabe recordar que CooperAcción y el Frente de Defensa presentaron en abril de este año un conjunto de observaciones que abarcaban aspectos como la ausencia de una línea de base actualizada, la ausencia de estudios a nivel de factibilidad, así como vacíos en el tema de agua. Estas observaciones técnicas fueron entregadas para su consideración por el SENACE.

Las Bambas ha modificado sus estudios ambientales en varias oportunidades, mediante tres MEIA y cinco Informes Técnicos Sustentatorios, lo que ha ido generando impactos que no estuvieron previstos inicialmente para la población local. Debido a esta situación es que desde CooperAcción hemos insistido en la necesidad de una Actualización de EIA que permita integrar en un único instrumento de gestión ambiental este conjunto de modificaciones, a fin de garantizar que no se afecte negativamente el ambiente y las actividades económicas de las comunidades aledañas. La existencia de muchos instrumentos de gestión dispersa esta labor, la hace poco eficiente y dificulta la fiscalización.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/piden-anular-aprobacion-de-tercera-modificatoria-del-eia-de-las-bambas/

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Nueva protesta en contra de Yanacocha por disminución de agua

Una nueva protesta en contra de la empresa minera Yanacocha se desarrolló el lunes último en la ciudad de Cajamarca. Esta vez, decenas de pobladores de diferentes caseríos del centro poblado Huacataz recorrieron el centro de la ciudad convocados por el Comité Central del Canal de Regantes Tres Tingos – Quinua Totora, además realizaron un plantón en el frontis de la Prefectura buscando respaldo a su demanda.

De acuerdo al presidente del Comité de Regantes, Juan Chuquimango Ayay, la movilización se convocó por la preocupación del conjunto de usuarios debido a la disminución de agua en la quebrada San José, acusando directamente a la empresa Yanacocha porque estaría impidiendo mayor descarga: “Anteriormente habían 134 litros por segundo en la quebrada San José, que abarcaba a todos los usuarios de 11 caseríos que estamos presentes el día de hoy. El año pasado se ha hecho un aforo en época de estiaje y hay solamente 1.19 litros. Con esa cantidad no se puede satisfacer las necesidades de todos los usuarios”, señaló.

Cabe señalar que hacia mediados del mes de setiembre, Juan Chuquimango ya había denunciado la situación, ante lo cual, la empresa respondió cuestionando la actitud del dirigente a pesar de la existencia de una mesa técnica en la que se habrían concebido algunas propuestas para la solución. No obstante, este lunes, Chuquimango calificó a la mesa instalada como “mecedora” porque no se tienen respuestas. Por este motivo, pidió una mayor intervención de las autoridades nacionales: “Nuestro pedido es a la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua y el gobierno central, porque tienen que estar conjuntamente con la población para solucionar el problema. El prefecto (Fernando Silva) debe hacer las gestiones a través de la PCM”, señaló.

Ante la nueva acusación, Yanacocha emitió un comunicado indicando que las descargas realizadas en la quebrada San José superan las licencias de agua, pero que su uso debe ser regulado por autoridades y juntas de usuarios: “Los derechos de uso de agua de todos los canales en esa zona no pasan de 65 litros por segundo y Yanacocha está descargando 150 l/s. Esta descarga es un aporte voluntario de la empresa”, se señala; asimismo, se apunta que la exigencia del dirigente Chuquimango no tiene sustento técnico pues el problema obedece a una mala distribución debido a que algunos canales en la parte alta estarían llevando mayor cantidad de agua de la quebrada.

En el comunicado la empresa también detalló algunos de los aportes hechos en la zona y culmina llamando a mantener el diálogo en la mesa técnica instalada.

Finalmente, los dirigentes indicaron que continuarán con acciones de protesta e instaron al prefecto, Fernando Silva, a entablar un diálogo en el breve plazo.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/nueva-protesta-en-contra-de-yanacocha-por-disminucion-de-agua?fbclid=IwAR0POumSvACuGts4R1qMazAwolqvCV7_CteTYxTrc_QYhVnA3H8tdVvBnrM