Durante la mañana de hoy, miércoles 15 de mayo, se llevó a cabo la segunda reunión sobre el proceso de Consulta Previa que están exigiendo las comunidades de Espinar ante el proyecto minero de Corccohuayco, impulsado por la empresa Glencore Antapaccay.

Bajo la presencia de trece presidentes comunales, representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura y el alcalde provincial de Espinar, se firmó el acta con los compromisos de dos reuniones para avanzar con el pedido de consulta previa.

El 10 de junio el Ministerio de Cultura iniciará su trabajo de campo para actualizar la información de las 13 comunidades, este proceso finalizará entre el 15 y 19 de julio con la exposición y entrega de resultados. Las comunidades campesinas se comprometieron a dar todas las facilidades para el ingreso de los representantes del Ministerio de Cultura.

De la misma forma, el 15 de junio el Ministerio de Energía y Minas realizará una reunión para explicar las razones de porque no se llevó el proceso de consulta previa del proyecto minero Antapaccay.

En el acta el nombre de los participantes y los acuerdos:

 Video sobre pedido de Consulta Previa:

Fuente: https://derechosinfronteras.pe/espinar-continua-discusion-para-implementar-proceso-de-consulta-previa-por-proyecto-corccohuaico/?fbclid=IwAR08ITWBXcgKk6uVi3bKbzgjEGRl4JXo2TlaUPKS4u2d6KJZAzuP3V0dVZM

Dos congresistas peruanas y la ONG CooperAcción solicitaron una medida cautelar a un juez contra el proyecto minero Ariana ante el riesgo de que sus residuos tóxicos puedan contaminar el suministro de agua de Lima, ciudad habitada por unos 10 millones de personas.

La mina Ariana es un yacimiento de cobre, zinc, oro y plata que se encuentra a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Yauli, de la céntrica región de Junín, limítrofe con la región de Lima.

La medida cautelar acompaña a una acción de amparo presentada días atrás ante el temor de que los relaves de la mina puedan filtrarse hasta el túnel transandino, que toma las aguas de la laguna de Marcapomacocha, a 4.400 metros de altitud, para llevarlas por debajo de los Andes hasta la cuenca del río Rímac.

Las acciones legales fueron anunciadas este lunes en conferencia de prensa por las congresistas del bloque de izquierdas Nuevo Perú Marisa Glave y Katya Gilvonio; la directora de CooperAcción, Ana Leiva, y el subdirector de la misma, José de Echave, junto al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz.

Glave advirtió de que el estudio de impacto ambiental realizado por el Ministerio de Energía y Minas no contempló las preocupaciones de las empresas Enel, que opera centrales hidroeléctricas con agua procedente del trasvase, y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que suministra agua a la capital.

«Ahora el agua se ve amenazada por la presencia de la mina. La relavera (donde se ubican los desechos de las minas) está al costado de este túnel, que abastece de agua a más de 10 millones de peruanos», comentó Glave.

«Por estas razones no se puede mantener el proyecto y el Ministerio de Energía y Minas cometió un grave error al darle la autorización. Exigimos un nuevo estudio de impacto ambiental», añadió.

Por su parte, Gilvonio señaló que el túnel transandino está construido en una zona de humedales «y es altamente sísmico, lo que provocaría la filtración de aguas ácidas».

Estudios de impacto ambientales insuficientes

Asimismo, Leiva afirmó que los estudios de impacto ambientales no han sido suficientes porque «la mina es subterránea, y esto afectaría el nivel del agua de Lima». «Pero no sabemos en qué medida porque no se han hecho las investigaciones adecuadas», mencionó.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz recordó que la empresa minera Southern Peaks, a cargo de la concesión minera Ariana, tiene malos antecedentes en Quiruvilca, donde «dejó altos niveles de contaminación en las aguas».

Sedapal ha expresado su preocupación por el posible impacto ambiental del proyecto en el abastecimiento del agua en Lima y se opone al mismo.

Southern Peaks Mining tiene previsto comenzar a extraer mineral a finales del primer trimestre del 2020 con una planta de procesamiento cuya capacidad inicial será de 2.000 toneladas de mineral por día para pasar en 2021 a 3.000 toneladas diarias.

Lima ya pasó cuatro días consecutivos sin suministro de agua en 2017 cuando los constantes deslizamientos de tierra sobre el río Rímac por las intensas lluvias en la sierra andina impedían captar agua potable para la población, que hizo largas colas en depósitos para conseguir agua repartida en cisternas.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-mina-pone-riesgo-agua-para-10-millones-peruanos-201905141217_noticia.html?fbclid=IwAR17SGgFIKx9ZfJ_kNvIi7hgmXPB6GPD1WKc9pKxIDZMth9NFeYy_ECpAAs

El conflicto por la mina Las Bambas (Apurímac y Cusco) es complejo y tiene diversos aspectos que debemos tomar en cuenta, como las grandes diferencias entre los actores del conflicto: la empresa minera transnacional, la comunidad campesina local y los representantes del Estado peruano. En este sentido, las asimetrías de poder son un problema, afirmó el sociólogo Francisco Durand.

En un evento organizado por LaMula.pe, Durand, autor de varios libros sobre poder político y empresarial en Perú, sostuvo que el gran problema en conflictos como el de Las Bambas son las «increíbles asimetrías de poder«. Para el sociólogo las diferencias están marcadas entre:

«[…] estos gigantes que operan a nivel mundial con pequeñas comunidades campesinas que han estado en la pobreza extrema y de pronto todo ha sido alterado por estas grandes inversiones».

«Si queremos avanzar habría que tratar a todos los actores de igual forma, habría que preguntarle a todos los actores con la misma insistencia y de esa manera habremos dado un paso adelante», agregó.

Para Durand, es complicado que los tres actores del conflicto dialoguen de manera igual. «La empresa que tiene enormes recursos concentra más poderes de los que debería. La concentración de poder es parte de esta problemática que debemos reconocer», señaló.

Ante ello, el abogado Gonzalo Quijandría, que cuenta con estudios y experiencia en gestión minera, respondió afirmando que «no es tan sólido eso de que se tiene dinero y se tiene poder».

«El sector minero ha perdido poder por un tema evidente, por su mala fama, por su mala reputación«, afirmó.

Quijandría sostuvo que, por ejemplo, si hay convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional es porque «no hay comisarías donde se está invirtiendo más en el país». «El Ministerio del Interior debería calcular cuánta seguridad necesita cada zona. No hay un gran poder detrás de esto», señaló.

«Si se tuviera ese poder, se podría generar movimientos en políticas públicas. A un empresario minero, ni un congresista lo recibe en su despacho por temor del parlamentario a que le tomen una foto con él. Eso es poco poder, casi nada de poder. El dinero no es poder en una situación como esa».

«No queremos un Estado pro-minero, queremos un Estado que esté presente en un proyecto de desarrollo para el bien del país. No somos los señores de la película Avatar que dicen ‘destruyan el árbol’«, agregó.

Recordemos que, en la historia del conflicto por Las Bambas, resalta la cantidad de cambios que se han realizado al proyecto, modificaciones que las empresas solicitaron y que el Estado aprobó sin considerar que se podría afectar a la población local, como el descarte del mineroducto por una carretera sin asfaltar que pasaría por la propiedad de la comunidad Fuerabamba.

Por ello, para el economista José de Echave, resulta lejana de la realidad la afirmación de Quijandría.

«No sé si el diagnóstico sobre el poder de los mineros (de Quijandría) corresponda con la realidad. Por ejemplo, no me imagino que el alcalde de Lima construya la ampliación de la vía expresa, que esta funcione cinco años y recién luego se negocie con los propietarios. Eso es lo que ha pasado en el caso de Las Bambas. El corredor minero funciona desde el 2015, estamos 2019 y recién el Ministerio de Transportes comienza a conversar con los propietarios. Esa es solo una demostración del enorme poder de los mineros».

«O la norma antielusión que está congelada desde el 2012, ¿quién hace presión para que eso no salga? La Confiep y la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE). Yo sí creo que tienen un poder enorme. De eso hay evidencias. Que todo no salga como quieren, es otro asunto. Pero hoy en día la representación máxima del empresariado es el minero, la data y los hechos demuestran que es así», agregó de Echave, subdirector de CooperAcción.

En este sentido, el economista Juan Infante lamentó que en más de veinticinco años de «nueva minería» la situación no haya mejorado respecto a la relación con las comunidades de la zona en la que se realizan las actividades extractivas.

«Podemos decir ahora que es vergonzoso no haber resuelto esto. Es el colmo. Existe el poder del dinero y el poder minero. ¿Cómo es posible que los mineros, con tanto dinero y poder, no han podido evitar estos conflictos? Si tienen poder, deberían usarlo para que el Estado funcione de tal manera que no tengamos estos conflictos», afirmó.

«Hay demasiado dinero y está siendo mal utilizado. Las mineras tienen mucho poder y el único poder de las comunidades es bloquear las vías», agregó.

Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para modificar el proyecto a través de cambios a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en marzo del 2011, durante el gobierno de Alan García.

Las solicitudes para cambiar el EIA de Las Bambas se presentaron a través de tres modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Todas estas fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo, ya sea por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hasta diciembre del 2015 como por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que entró en funciones esa fecha.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/04/30/las-bambas-mineria-poder-empresarial-opiniones-especialistas-economia-sociologia/jorgepaucar/

Le meten presión al Gobierno. Tras las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, que dijo que para la ejecución del proyecto minero Tía María en Arequipa es necesario un «espacio favorable», para lo que se debe buscar un «consenso mayor» en la población local, la presidenta de la Confiep, María León, cuestionó esta afirmación y señaló que la minera mexicana Southern Copper ya tiene lo que ella llamó «licencia social«.

«Quisiera entender qué es «mayor consenso«. Los proyectos mineros deben hacerse en armonía con las comunidades y entiendo que la empresa ha hecho su trabajo con la población local, se han acercado y tienen una «licencia social» que le permite sentirse listos para que le den la licencia de construcción. […] No entiendo cuál es la razón, qué respuesta esperan de la población, cuál sería el indicador», dijo en entrevista a Canal N.

En agosto próximo, se vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. Por ello, el gremio empresarial espera que, antes de esa fecha, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le de licencia a Southern para que construya la mina. En caso esto no ocurra, la empresa minera tendría que elaborar un nuevo EIA, lo cual postergaría el inicio de las obras por un año más.

La semana pasada, en conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, el titular del MEM dijo que espera que este 2019 se otorgue la licencia para el inicio de la construcción de la mina, pero precisó que «darle la autorización a la empresa no implica inmediatamente una construcción«.

«Así tenga permiso, no es que de inmediato recibe autorización de concesión y al día siguiente empieza a construir, porque si no se da espacio favorable a la inversión lo más probable es que se tenga un conflicto«, dijo.

«Sabemos que los proyectos no pueden ser impuestos, nunca ha habido buenos resultados en la imposición de los proyectos; por eso, no se busca unanimidad, pero sí se busca un consenso mayor en el desarrollo del proyecto, eso es al margen de la aprobación administrativa», agregó, según citó Gestión.

En marzo pasado, el CEO de Southern, Óscar Gonzalez Rocha, dijo a El Comercio estar confiado en que el Gobierno le iba a otorgar licencia de construcción de la mina antes de agosto próximo. El empresario minero dijo que había «falta de decisión» en el Ejecutivo para expedir la licencia. Además, afirmó que actualmente el clima social en el Valle de Tambo es «mucho mejor».

Recordemos que, en el 2009, Southern Copper presentó el EIA de Tía María y este recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), lo que generó protestas durante el gobierno de Alan García en el 2011, cuando lamentablemente tres ciudadanos perdieron la vida víctimas de perdigones disparados por la Policía Nacional. Otra protesta se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2015, cuando otros dos ciudadanos murieron por la represión policial en Islay. En ese momento, Humala puso en «modo pausa» el proyecto, ya que dijo no poder suspender ni cancelar la inversión. Los agricultores del Valle de Tambo se oponen al proyecto porque temen que sus campos de cultivo se contaminen con la actividad extractiva.

El proyecto Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Se estima que la mina produzca 120 mil toneladas de cobre por año. Para su construcción, se invertirán 1, 400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado ocho años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/05/06/tia-maria-presidenta-confiep-maria-leon-licencia-social-mayor-consenso-ministro-francisco-ismodes/jorgepaucar/

El Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, y el congresista Richard Arce, han informado que uno de los acuerdos suscritos en la Mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas-Apurímac (caso Las Bambas), ha sido el de la presentación -en un plazo no mayor de 30 días- de un Proyecto Ley de Amnistía para las y los comuneros que han sido criminalizadxs durante el conflicto social de Las Bambas. Se refiere que habría un número que va de 300 a 500 dirigentxs criminalizados.

Ciertamente, el acuerdo evidencia la voluntad de las partes de la Mesa de dar una salida a un problema que confronta y entrampa a las distintas partes del conflicto Las Bambas. Sin embargo este acuerdo llama a preocupación en varios sentidos:

Primero, ya la Comisión y la Corte IDH han emitido varias resoluciones y acuerdos recomendando a los estados a no hacer uso de figuras jurídicas como las de las amnistías, pues en la región este recurso casi siempre ha favorecido situaciones de impunidad frente a graves delitos de derechos humanos.

Segundo, el otorgamiento de la amnistía y su aceptación por parte de lxs amnistiadxs, implica el reconocimiento implícito de la comisión de un delito, pues citando a la CIDH la “…amnistía es el olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Es decir, se terminaría avalando la estrategia de criminalización de la protesta social que ha convertido el derecho a la protesta y la libertad de expresión, en los contextos de conflicto social, en delitos.

Y lo tercero, como en otros casos, se pretende ir sobre la rama y extraviarse en el bosque. Las autoridades y representantes involucradxs deben tener en cuenta que la criminalización de la protesta social en el Perú ha generado problema social y de injusticia flagrante, que ha conducido hasta este momento a más de 800 defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema de justicia. La exigencia en el presente caso, como también en el conjunto de casos de criminalización de la protesta, es la de garantizar los derechos y libertades de quienes hoy son injustamente criminalizadxs. No podemos convivir con estrategias legales orientadas a limitar y someter las libertades y derechos de las personas.

No es posible evadir una demanda justa que surge del pésimo tratamiento del conflicto de Las Bambas. Por el contrario su atención debe darse en el contexto del abordaje riguroso e integral a un marco institucional punitivo que ha precarizado los derechos humanos en el Perú. Esperamos respuestas en este sentido….!!!

Fuente: http://derechosinfronteras.pe/sobre-el-proyecto-de-amnistia-y-donde-queda-la-criminalizacion-de-la-protesta-social/?fbclid=IwAR2u0u13LUKced3RmCOTyDvmNHkYle7r57k1EuuCrJm5q6wO8AtKqe5Uwpo

    Representantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas acudieron el último viernes al Congreso de la República para acompañar al congresista Richard Arce (Nuevo Perú) en la presentación de dos proyectos de ley: la iniciativa de una amnistía en favor de los comuneros, y modificaciones de artículos del Código Penal y de la Ley contra el crimen organizado.

Amnistía para los comuneros-

La iniciativa legislativa N°4273, propuesta por Arce y suscrita por los parlamentarios Oracio Pacori, Manuel Dammert, Alberto Quintanilla, Rogelio Tucto, Wilbert Rozas, Justiniano Apaza, Zacarías Lapa, Horacio Zeballos y Katia Gilvonio, propone amnistiar a los comuneros que participaron en las protestas sociales contra Las Bambas. Aquí se hace referencia a los actos que se hubiesen cometido con la intención de participar en las manifestaciones contra el proyecto minero entre el 11 de mayo 2011 y 9 de abril 2019, y que estén tipificados como delitos y/o faltas. El proyecto se refiere solo a personas naturales en el ámbito de las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa.

El último conflicto social entre Las Bambas y Fuerabamba alcanzó sus momentos más tensos a partir del 4 de febrero de este año, cuando se restringió el paso de los vehículos de la minera en el tramo del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba. La interrupción fue por 68 días.

El proyecto de ley propone amnistiar:

► Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, que se encuentren tipificados como delitos y/o faltas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza, que expresen el ejercicio de derechos de autotutela comunal con respecto a sus derechos patrimoniales, así como el cumplimiento de actos, compromisos y políticas derivadas de acuerdos adoptados con respecto a las personas jurídicas titulares del proyecto minero Las Bambas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en los párrafos anteriores, siempre que no hayan supuesto una grave afectación a la vida e integridad de las personas.

La iniciativa precisa que quedarían extintas las acciones penales que emerjan de los delitos o faltas a las que se aluden.

La amnistía también comprenderá aquellos delitos y faltas conexas a las conductas antes referidas, así como medidas de reparación patrimonial y extra patrimonial.

Por otro lado, quedan excluidas de este proyecto de amnistía las conductas que hayan supuesto delitos de lesa humanidad o una grave afectación a la vida e integridad de las personas. Entre otros, delitos cometidos por funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y Policía Nacional, que hubieran supuesto un ejercicio desproporcionado e irrazonable de la fuerza pública en las protestas, así como una afectación al ejercicio de los derechos constitucionales. También quedan excluidos los delitos cometidos por personas ajenas a las comunidades campesinas.

En la exposición de motivos de este proyecto se precisa que en el periodo de fechas mencionadas, cuando se dieron las manifestaciones contra Las Bambas, los comuneros han sido «objeto de formulación de acciones legales de persecución de las conductas involucradas, tanto a nivel policial, fiscal como judicial, confundiendo en no pocos casos la pertenencia «.

-Reacciones-

Luego de la presentación de los proyectos de ley, el congresista Richard Arce dijo que «son más de 500 los comuneros que están siendo judicializados», pero el número no ha sido confirmado. «No tenemos el dato preciso, pero entenderán que tenemos una obligación, bajo ese argumento remití inmediatamente los documentos al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público. No hemos tenido la respuesta hasta el momento», añadió en diálogo con El Comercio.

El pasado 24 de abril, durante la instalación de la mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas, el congresista Arce señaló que desde el Congreso de la República promovería los mencionados proyectos. Para ello, se comprometió en dialogar con el presidente del Congreso de la República para su viabilización, a fin de defender los derechos de todos los comuneros. Esta iniciativa, dijo, iba a ser coordinada también con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. Por su parte, el Ministerio de Justicia se comprometió a brindar el soporte técnico legal que corresponda, según el acta que se firmó ese día en Challhuahuacho.

El último viernes, el primer ministro, Salvador del Solar, dijo que «si un legislador ha propuesto una ley de amnistía, este tema es competencia de otros poderes del Estado, el Ejecutivo no desea tener ninguna injerencia ni ha hecho ninguna promesa al respecto», declaró a su salida del Congreso de la República.

El congresista Arce sostiene que la aprobación de los proyectos de ley serían «una oportunidad para el Estado, para que replantee el tipo de relaciones que ha existido entre ellos, las comunidades y la empresa».

Asimismo, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que estos proyectos responden a no criminalizar sus protestas. «Las comunidades que apostamos por la minería no queremos criminalización, no queremos encarcelamientos ni persecuciones a los dirigentes», dijo Rojas el viernes en conferencia de prensa.

«Cuando la empresa (minera) pone denuncias o demandas, inmediatamente nos persiguen las fiscalías, jueces. Pero cuando las comunidades ponemos la denuncia, lo archivan. ¿Dónde está la igualdad de la justicia?», comentó Rojas a El Comercio.

«Son nueve puntos (de la mesa de Justicia y Derechos Humanos). De ellos, el primero es la amnistía, pero si el proceso no se da no habría ningún diálogo con Las Bambas y el Estado», añadió la autoridad comunal.

La abogada penalista Romy Chang explicó que la amnistía, a diferencia del indulto, no es un perdón. Sino, aquello que se cometió nunca fue un delito. «En la amnistía lo que se dice es que nunca debió haber nada, no debió ser considerado delito ni se debe procesar. En el indulto te pueden procesar o condenar, el caso es que la pena que te impongan ya no la cumples en cárcel. Pero, la amnistía es que ni se debe juzgar», dijo.

Alertó que un proyecto así puede ser riesgoso como precedente.  «Claramente, el proyecto de ley busca que todos los casos ligados al tema de Las Bambas sean impunes y la pregunta es si eso nos suma como sociedad. Si ese es el mensaje que se va a dar desde el Congreso, luego vamos a tener revueltas y todos van a hacer lo mismo», comentó.

-Modificaciones al Código Penal-

El segundo proyecto de ley presentado por Arce y suscrito por los congresistas Manuel Dammert, Marisa Glave, Indira Huilca, Edgar Ochoa, Oracio Pacori, Tania Pariona, Alberto Quintanilla y Horacio Zeballos, propone la modificación del artículo 200 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del delito de extorsión; así como la modificación del artículo 2 de la Ley N°30077, ley contra el crimen organizado.

Estos son los cambios propuestos en la iniciativa legislativa:

► En la propuesta de modificación del artículo 200 se suprime los párrafos.

«Ese tipo penal, en su momento, justamente fue creado no solo para sancionar los casos. Incluso se tomó en cuenta de manera expresa casos recurrentes cuando la gente, a la fuerza, para obligar a las autoridades, bloqueaba carreteras. Eso es bastante grave porque puede haber consecuencias de todo tipo», opina la abogada Chang.

Agregó que la modificatoria estaría enfocada solo al conflicto social con Las Bambas, y esto podría acarrear otros mensajes. «Están pensando en Las Bambas, pero no en las repercusiones futuras. El mensaje sería que cada vez que tengas un problema puedes tomar carreteras», cuestionó. «Se estaría promoviendo que la solución al conflicto social pase por una válida toma de carreteras», mencionó.

► En la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley N°30077.

Sobre la modificación de organización criminal, Chang sostiene que esta propuesta sería riesgosa considerando los antecedentes como, por ejemplo, lo ocurrido con los sindicatos de construcción.
«nuevamente se olvidan que una de las etapas negras que hemos tenido justamente era la excusa de uso de organizaciones sindicales para extorsionar el área de construcción. Estaríamos retrocediendo respecto a eso», dijo.

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/bambas-consisten-proyectos-ley-favor-comuneros-noticia-ecpm-632325?fbclid=IwAR3r3Enpt9tKJrPxD-L7FYZKmhSpdLIi5dsMpn_OezrH187xg1f2JYhpaEo

 Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina Las Bambas (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para cambiar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado en marzo del 2011, cuando Alan García era presidente y Pedro Sánchez ministro de Energía y Minas.

Las solicitudes para cambiar el proyecto se presentaron a través de tres Modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Hasta antes del 28 de diciembre del 2015, las empresas realizaban sus pedidos ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Después de esa fecha, se hace ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). Este organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), fue creado en diciembre del 2012 con la ley de su creación, promulgada por Ollanta Humala.

En ese contexto, en el que se pretendía fortalecer la fiscalización ambiental, el gremio empresarial minero ejerció presiones con el argumento de que habían muchos «trámites» que cumplir y que se debían «destrabar las inversiones«. Finalmente, entre otras medidas, Humala creó el ITS como un «instrumento de gestión ambiental» que tenía el objetivo de «acelerar las inversiones«. Con los ITS, el plazo para realizar cambios a un EIA se reducían a solo quince días. En el caso de Las Bambas, se han presentado seis ITS, que juntos pueden ser considerados un cambio importante al proyecto.

En un evento organizado por LaMula.pe, especialistas en temas mineros pusieron énfasis en este tema. El economista José de Echave afirmó que el conflicto Las Bambas es consecuencia de los ITS.»La Sociedad Nacional de Minería y la Confiep son buenos narradores. En principio, un ITS no produce cambios significativos, pero aquí van seis. Hay que pensar si estos instrumentos le convienen a la industria minera«, señaló.

En este sentido, coincidió el economista Manuel Glave:»La novela de las modificatorias, los ITS y el triunfo de la permisología fue una narrativa ridícula, sin ningún sentido y que deja muy mal parado al sector privado por promover eso. Haría bien el sector privado en reconocer que fue un error«.Glave señaló la necesidad de un ordenamiento territorial para evitar conflictos como el de Las Bambas.

«¿Cuál es la frontera entre lo público y lo privado? ¿Cuál es la responsabilidad pública y hasta dónde debe llegar? El bien público que no está siendo bien provisto desde la dimensión territorial. Nadie está hablando de planes de ordenamiento territorial al pie de la letra, pero al menos deberíamos tener información básica y un protocolo que permita tomar decisiones a partir de una visión multisectorial. No hay recetas, pero hay que comenzar a ver territorios», señaló.

El economista también cuestionó la aceleración que se aplicó para que Xstrata-Copper prepare su EIA entre 2009 y 201 y lamentó que García y Sánchez no consideren que faltan estudios sobre otros dos yacimientos mineros.

«¿Cómo el proyecto recibió esta aceleración durante el gobierno de Alan García? Lo aceleraron, Xstrata-Copper trasladó a Sánchez, él trabajo en el origen, cuando se les habló de un mineroducto».

«En esa aceleración, García y Sánchez obviaron el EIA de los otros yacimientos mineros. Solo se ha aprobado el EIA de Ferrobamba. ¿Mañana más tarde qué van a hacer? Me parece una vergüenza que no se haya planificado el territorio para los tres yacimientos mineros».

¿Qué hacer ante esta situación? El abogado y politólogo Iván Lanegra señaló que hay un enorme vacío con la falta de mirada sobre el territorio que deberían tener los proyectos de inversión.

«El principal problema es que hay un gigantesco hueco en el que el Estado no ha desarrollado mecanismos para fijar qué es el interés público sobre los territorios, como no hay eso se parcha con acuerdos parciales, pero que no atienden los problemas estructurales, puesto el parche la gente se olvida durante un tiempo. Hay que pensar por qué los actores claves no toman decisiones para producir cambios«, afirmó.

Y ensayó una estrategia para esta política pública:

«¿Cuáles serían los instrumentos para ordenar el territorio? Una primera etapa puede ser piloto en la que se harían pruebas en cierta área y luego dar un proceso político mínimo para que esos instrumentos se validen con leyes y eso arrastra también cambios a nivel del Estado, a nivel nacional, regional y local».

«Lo que está en el fondo es cómo hacemos una mejor regulación, cómo invertimos para que eso no sea solo papeles, sino capacidad real de hacer supervisión, la pregunta es qué permisos están funcionando. Esto le conviene a todos».

A continuación, compartimos nuestra infografía con la línea de tiempo de todos los cambios que se han hecho a la mina Las Bambas. El principal cambio, y motivo principal del conflicto social, es el descarte del mineroducto y el uso de una carretera que pasa por un territorio de la comunidad campesina de Fuerabamba.

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/05/02/las-bambas-eia-its-cambios-modificaciones-destrabar-inversiones-permisologia-tramitologia-opiniones/jorgepaucar/

Manifestaciones ocurrieron entre diciembre del 2011 y febrero del 2012. Comuneros impulsaron las protestas contra una supuesta contaminación ambiental producida por la empresa minera Anabi S.A.C en el distrito de Quiñota

Cusco. Después de varias postergaciones, el viernes empezó el juicio oral en contra de 10 exdirigentes que entre diciembre del 2011 y febrero del 2012 impulsaron las protestas contra una supuesta contaminación ambiental producida por la empresa minera Anabi S.A.C en el distrito de Quiñota, de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. La audiencia se desarrolló en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco y se presentaron los alegatos de apertura.

El Ministerio Público sustentó la acusación contra los exdirigentes acusados por los delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad, entre otros. Entre ellos están Jaime Mantilla, Julian Ataucuri, Victoria Quispesivana, Luciano Atucuri, Samuel Acero, Urbano Cjulca, Esteban Alvis, Wilber García, Grimaldo Asto y Edgardo Aguirre.

La fiscalía solicitó como pena de cárcel hasta 30 años y una reparación civil a favor de la minera de más de US$ 2.5 millones. Este caso, según el abogado Ramiro Llatas, «se encuentra en trámite desde hace más de 7 años sin que existan elementos probatorios que incriminen a los exdirigentes».

Los dirigentes son defendidos por Derechos Humanos Sin Fronteras, Red Muqui Sur y Earth Rights Internacional. La siguiente audiencia será el próximo 09 de mayo.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1458250-empezo-juicio-huelga-minera-anabi?fbclid=IwAR3_xAaYTJM9lQHTu6M74_z-J2vEbCWWOPL2kqV5pO_mW0XEWmYIPbyWGAI

Estudio de Impacto Ambiental expira en agosto. Conflicto social en el Valle de Tambo sigue latente.

Cada vez queda menos tiempo de vigencia al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. La validez del documento expira en agosto. Si se quiere continuar con el proyecto después de la fecha límite, tendrían que elaborar un nuevo estudio, pues han pasado 5 años desde que se presentó.

Conocedores de esta cuenta regresiva, desde la empresa Southern esperan que la licencia de construcción sea emitida pronto. Éste es el único permiso que, desde el estado, queda pendiente para su operación.

Voceros de Southern enfatizaron que cuentan con estudios de ingeniería y todos los requerimientos ambientales exigidos. Esto comprende la subsanación de 14 observaciones hechas por el Ministerio de Energía y Minas, el año pasado.

Desde la empresa existe confianza en obtener el visto bueno. Sostienen que el esfuerzo conjunto de comunidades locales y trabajo en equipo de la compañía aportaron a una “justa y honesta evaluación del proyecto”. Así lo reporta Diario Gestión:

«Esperamos recibir la licencia de construcción para este proyecto de crecimiento de 120,000 toneladas de cobre ESDE al año, con un presupuesto total de capital de US$ 1,400 millones en la primera mitad del 2019».

Southern Perú

Para reforzar su pedido, recordaron su labor de trabajo social en el Valle de Tambo. Desarrollaron programas de capacitación laboral a pobladores de Islay, agricultores y campañas de salud.

Gobierno a favor

La situación del proyecto es complicada. Southern habría invertido más de 343 millones de dólares hasta ahora en Tía María. Esa fue la valoración de su presidente ejecutivo, Oscar González.

El Estado tiene una opinión favorable del proyecto. Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, reconoció a Reuters que lo más probable es que se entregue la licencia:

“Es un proyecto que está priorizado por el Gobierno para que pueda ser implementado en el año 2019”.

Conflicto latente

Si Southern, por su parte, apura para sacar adelante Tía María, la respuesta de los opositores no se hizo esperar. El mes pasado, un grupo de pobladores del Valle de Tambo y Arequipa se movilizaron hasta la Plaza de Armas de la ciudad. Ondearon las banderas del “agro sí, mina no”, contra Tía María y Las Bambas.

El gobernador Elmer Cáceres y alcaldes de Islay también rechazaron el proyecto. En la visita de Martín Vizcarra a la ciudad, firmaron un memorial contra la mina, que enviaron al presidente. Incluso la autoridad regional expresó su negativa el proyecto frente al mandatario.

De otorgarse la licencia faltante, las reacciones son impredecibles.

Fuente:https://elbuho.pe/2019/04/southern-apura-licencia-para-tia-maria-antes-que-venza-eia-arequipa/?fbclid=IwAR3gUIvwrYbxte-X4xmTEPgVHgZAMYMYwpvR2ChbJ8me2gX3tFoOYAJsZRo

El proyecto minero Tintaya Antapaccay de la empresa minera Glencore, que opera hace varios años en la provincia de Espinar, Cusco; empieza lentamente a colocarse – otra vez- en el ojo de la tormenta.

Como es sabido, desde hace unos meses Glencore, pretende conseguir las autorizaciones para empezar a explotar su nuevo proyecto: Coroccohuayco. Este, implica minar un nuevo tajo a cielo abierto, túneles subterráneos además de caminos de acceso y otros componentes, en un nuevo territorio de este distrito del sur andino. Estas operaciones su sumarán a las operaciones más antiguas de la empresa, que también serán modificadas: el tajo Antapaccay y sus botaderos serán ampliados, el Deposito de relaves Tintaya (antes el Tajo Tintaya) deberá aumentar su capacidad, entre otros. En conjunto, la empresa minera Glencore pretende integrar todos estos cambios en un solo instrumento ambiental denominado “MEIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”.

Las comunidades campesinas de la zona han reaccionado manifestando su preocupación y rechazo a las pretensiones de la empresa.  Tres comunidades del área donde se instalará el nuevo tajo, han presentado una demanda para que se consulte el MEIA presentado, antes de que este sea aprobado.  Otro grupo de comunidades, entre las que se encuentran Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Huano Huano, y Cala Cala, y otras; se han organizado para exigir que la empresa realice la consulta de las modificaciones a sus operaciones en Tintaya y Antapaccay, reclaman además la reparación por los daños causados al agua y la salud durante los 30 años de minería en la zona. Ello teniendo en cuenta que el nuevo proyecto de Glencore llega en medio de una crisis de agua por escasez y por contaminación de metales pesados en las fuentes comunales y distritales; con efectos negativos comprobados en la salud de sus habitantes.

“Si va haber otro tajo minero y este causará impactos a las comunidades, está continuidad y ampliación de operaciones, debe ser consultado”, señaló Flavio Huanque, presidente de la comunidad Alto Huancané parte de la movilización comunal.

Las comunidades insisten: no se oponen al proyecto, pero exigen el respeto de sus derechos y no permitirán condicionamientos. Esta vez, exigen que la consulta previa se realice por primera vez en una operación que tiene más de 30 años vigente y que se proyecta por lo menos por 20 más. Esta consulta deberá ser llevada a cabo de buena fe, esto es, antes de que se decida y apruebe el EIA,  de manera que sean las propias comunidades las que participen en la evaluación de las afectaciones a sus derechos, decidan las medidas de mitigación y puedan realmente opinar y decidir sobre el futuro de sus territorios. La Defensoría del Pueblo y diferentes instancias a nivel internacional han reconocido que realizar esta consulta recién después de aprobado el EIA – como proponen el SENACE y el MINEM- no garantiza realmente los derechos de las comunidades afectadas.

Con la presión por iniciar operaciones, la situación se va volviendo cada vez más tensa. Los dirigentes comunales han acudido a las autoridades y gestionado una reunión con el Ministerio de Energía y Minas para el día 29 de abril. Esta vez, los funcionarios del Ministerio viajarán a la zona de Tintaya, para reunirse con las comunidades e informar sobre el pedido de consulta previa del EIA formulado por las comunidades. Todo indica que estas reuniones serán claves para decidir el futuro próximo del distrito.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/04/25/aumenta-tension-en-espinar/