Durante la última reunión de los ronderos de las comunidades del distrito de Chugur, de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, vinculados a la Federación de rondas campesinas del distrito; las y los ronderos alertaron al alcalde distrital, José Vargas Paredes, sobre la presencia de la Minera Anta Norte ubicada en zona denominada como el Sinchao. El Sinchao es una zona declarada en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros dejados por empresas mineras pasadas como Cleopatra, y por la presencia de metales tóxicos en más de 57 personas, como señaló el alcalde José Vargas a la prensa regional.

A la actualidad, en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera, existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar, según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es la provincia con mayor número de pasivos ambientales mineros en todo el país. Un total de 1067 pasivos mineros se registran en la provincia; y en toda la región, Cajamarca, se registran 1183 pasivos mineros.

Recordemos que en febrero del presente año, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Venta de tierras

La presencia de la empresa minera en la zona se debe también a que el presidente de la ronda campesina de Chugur, vendió ilegalmente varias extensiones de tierra de la comunidad a la empresa minera Anta Norte; por lo cual ha sido denunciado y la junta directiva de la ronda campesina se encuentra en reestructuración, según relataron ronderos de la comunidad.

Según lo establece el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

En este contexto, la empresa minera Anta Norte ha solicitado el permiso al ministerio de Energía y Minas para instalar 23 plataformas y efectuar sus exploraciones, la cual está a pocos metros de la minera Coimolache-Tantahuatay, advirtió el alcalde José Vargas Paredes.

No a la minería

A la actualidad, los pasivos ambientales mineros de la zona el Sinchao, pertenecientes a Chugur, aún no han sido remediados. Según relata Nancy Fuentes, directora de la institución Grufides de Cajamarca, que es parte de la Red Muqui; la información de Activos Mineros SAC – la empresa del Estado para la remediación- hacia la población, es que todavía no inician la remediación de los pasivos ambientales por las condiciones climáticas de la región, pero que ya han planificado el inicio de las operaciones para la remediación.

“Los ronderos y ronderas de la comunidad campesina de Chugur señalan que no quieren más minería, y se han visto sorprendidos de que pretenda ingresar una nueva empresa cuando aún viven con los pasivos ambientales mineros dejados por empresas que ya se fueron abandonaron sus responsabilidades ambientales”, finalizó Nancy Fuentes de Grufides.

Finalmente, como hemos venido informando anteriormente, en la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología se aprobó el dictamen para mejorar la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera; sin embargo, el congresista Olaechea, mediante una maniobra política ha recabado firmas de un dictamen en minoría que impulsó y ha logrando mayoría sin que ello pase por la discusión de la propia Comisión, obviando los importantes elementos que habían sido colocados en el Dictamen anterior.

Desde la Red Muqui señalamos nuestra preocupación frente a este intento de la empresa minera Anta Norte de imponerse en Chugur, Hualgayoc, Cajamarca; y frente a la maniobra del fujimorismo para que la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera no tenga ninguna mejora y sigamos en la misma situación de hace años.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/884-minera-anta-norte-pretende-instalar-23-plataformas-de-exploracion-en-cajamarca?fbclid=IwAR1p1ZvUbX5vu9ENKh-33Ee9JUO-E4iDhGA7rsVn2k-aoHV5hsdasDWKsZk

Este paro es en rechazo al proyecto minero Río Blanco.

Pese a existir una consulta vecinal donde la población se opone al proyecto minero Río Blanco, desde el gobierno central se pretende sacar adelante este proyecto, incluso con carácter de interés nacional.

Ante esta situación, la población de Ayabaca realizará un paro este 12 de junio para reafirmar su posición en contra de la minería, ya que argumentan contaminaría el medio ambiente en el que se encuentran. El agua se vería contaminada, afectando no solo a la población de las provincias de Ayabaca y Huancabamba sino a la región.

“El 19 de abril se tomó esta medida en función a que ya han pasado varios años desde le 2003 viene provocando a la población al aplicar estrategias, amenazando con la contaminación de nuestras aguas, tierras, el medio ambiente con el aval del Estado. Lo que queremos es que se respete loa consulta vecinal del año 2007”, sostuvo Manuel Zegarra, miembro del colectivo por Ayabaca.

Según Manuel Zegarra, la empresa minera se proyecta para el 2020 iniciar operaciones de explotación de los minerales. Para ello el congresista por la región, Herrnando Cevallos ha presentado el 10 de enero un proyecto de ley donde se señala que ante toda actividad minera debe respetarse la consulta vecinal.

Sobre la posibilidad de otra consulta no está en discusión, debido a que no amerita. Ya que el pueblo decidió en su momento. En todo caso, será evaluado por los propios dirigentes y pobladores.

Zegarra tildó de terco y necio al gobierno de turno al insistir con el proyecto minero. Debido a que los va a perjudicar con la contaminación ambiental que originaría Río Blanco.

“El querer el gobierno declarar de interés nacional Río Blanco está cayendo en la terquedad y necedad. Se sabe que hubo muertes, lesionados, juzgados y lo que menos queremos es que vuelvan a repetir eras cosas”, dijo el dirigente comunero.

Son cerca de 10 mil pobladores que saldrán a protestar. Lo que piden los vecinos de estas provincias es que, en vez de estar empeñados en sacar adelante la minería, debe asignarse un presupuesto que los ayude a avanzar con el sector agropecuario.

Fuente:https://www.radiocutivalu.org/mas-de-10-mil-pobladores-de-ayabaca-y-huancabamba-realizaran-paro-el-miercoles-12-de-junio/?fbclid=IwAR2rDlX2pycpkzBEZjhrbNJuu7zzhZkV5bgUQ54Xqp2zmtn713C8NoXvmI8

Tras cumplir 17 años de consulta vecinal donde dijeron NO al proyecto minero Manhattan.

El 02 de junio del 2002 Tambogrande realizó una consulta vecinal donde la población rechazó el proyecto minero que pretendía imponer la empresa transnacional Manhattan.

A 17 años de esta emblemática consulta, los comuneros y comuneras de Locuto y San Lorenzo reafirman su posición en rechazo a la minería por considerarla incompatible con la agricultura que es el principal medio de vida de la zona.

El presidente de la comunidad Apóstol San Juan Bautista de Locuto, Valeriano Márquez Nima, expresó que siguen en pie de lucha y “están atentos a este gobierno” pues saben que quieren invertir en el proyecto minero El Algarrobo, el cual busca la explotación de minerales como cobre, zinc y oro, en el distrito tambograndino.

“Rechazamos totalmente. Nuestra posición está definida queremos que el gobierno nos deje vivir tranquilos y en paz porque ya hemos tomado nuestra medida con la agricultura y queremos que el gobierno nos respete”, expresó el dirigente.

Fuente:https://www.radiocutivalu.org/pobladores-de-tambogrande-reafirman-su-posicion-de-rechazo-a-la-mineria/?fbclid=IwAR0Hg7Oy7GoQ7mP845_G7fkLd-jwoi7g-nU_1S4oHBfNrkGXTaHB7RTGIHQ

La primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, absolvió el pasado 26 de mayo, al dirigente social Milton Sánchez Cubas de los cargos imputados por la empresa Yanacocha por el supuesto delito de disturbios.

Mediante Resolución N° 30 – 2019 del Expte. N° 00106-2016-77-0603-JR-PE-01, se dio la conformidad de la sentencia emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Celendín que absolvió al imputado de los cargos presentados por la empresa Yanacocha. También se le exime de todo tipo de acusaciones y además de las pruebas presentadas.

EarthRights International (ERI), asumió la defensa legal de Milton Sánchez Cubas, defensor de derechos humanos, vocero y representante de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) en el “Caso de las Mayas Metálicas de la Empresa minera Yanacocha”, cuyo caso inició en el año 2015.

“Hoy celebramos esta decisión de la Corte Superior de Cajamarca porque pone fin a la persecución y señalamiento infundado contra un líder social que defiende el territorio, reivindica la protección y defensa de los derechos de todas y todos y cuestiona la imposición del modelo de desarrollo extractivista que tanto daño le ha hecho al pueblo cajamarquino” destacó Juliana Bravo Valencia, Directora del Programa Amazonía de EarthRights International.

Este fue el proceso que el defensor ambiental llevó por más de 4 años sin que se pueda presentar alguna prueba o algún hecho que lo culpe de tales acusaciones. Cabe mencionar que el proceso tuvo una serie de irregularidades por la demora de las audiencias por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial.

 “Estamos ganando en segunda instancia, pero tampoco termina ahí, la empresa minera puede seguir apelando. No sé si sentirme contento o impotente por haber sido víctima de un proceso judicial totalmente arbitrario”, declaró Milton Sánchez.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/31/cajamarca-absuelven-a-dirigente-milton-sanchez-frente-a-acusaciones-de-yanacocha/

El Frente de defensa de la provincia de Grau, en la región Apurímac, anunció que la población acata un paro provincial indefinido desde este miércoles 29 de mayo.

Entre los puntos de su plataforma, exigen el cierre de una planta procesadoras de minería artesanal que vienen operando en la zona de Vilcabamba, porque representa una amenaza al agua y la contaminación; asimismo demandan el mejoramiento de la carretera que conecta a la provincia con la ciudad de Abancay; igualmente la incorporación de las autoridades y dirigentes sociales de la provincia a las mesa de diálogo sobre el conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas.

Piden una pronta intervención de las autoridades. Seguiremos ampliando la información.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/29/apurimac-inician-paro-indefinido-en-la-provincia-de-grau/

Larga espera. Southern levantó todas las observaciones para obtener su licencia de construcción. Sin embargo, en el valle de Tambo (Arequipa), aún se oyen voces de rechazo al proyecto.

El Gobierno no tiene otro camino que otorgarle la licencia de construcción a Tía María, el último requisito para iniciar este proyecto minero que prevé la explotación de dos minas de cobre en la árida costa de Arequipa. Esa luz verde no solo inyectará US$ 1.400 millones a la economía peruana, también puede reactivar un viejo conflicto social en el valle de Tambo, provincia de Islay, que en los años 2011 y 2015, provocó cinco muertes y millones de pérdidas económicas.

La coyuntura tiene el condimento del rumor. El miércoles por la mañana, las redacciones arequipeñas eran inundadas con versiones de un cierre del Congreso y la autorización para Tía María. Con las horas, la primera versión se desvaneció y, la segunda, ha cobrado cierta veracidad después de lo dicho por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, en Arequipa. El viernes pasado, este alto funcionario señaló que el proyecto cumple un trámite legal para recibir una autorización “y ahí aplicaremos la ley”.

Este diario supo que la licencia de construcción está en la Dirección General de Minería. La compañía del grupo México, ante esta dependencia, levantó 14 observaciones, incluso las más enojosas: una superposición de derechos en el área para el campamento. La empresa Vania reclamaba ese territorio. La controversia ya está resuelta. No hay ningún impedimento para negar la autorización.

Si no se efectúa hasta agosto, el proyecto quedaría inhabilitado por la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

El vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob Ruisánchez, señaló que en Tía María se ha invertido $ 334 millones en maquinaria y proyectos de relacionamiento social. Se sostiene con la caja de las unidades de Toquepala, Ilo y Cuajone. Obtenido el permiso, el plan inmediato no es iniciar la construcción de la mina. Se continuará profundizando las relaciones con los distritos del valle de Tambo ubicados en el área de influencia del proyecto. «Seguiremos trabajando en lo social con la certeza de que tenemos el permiso»

Los dirigentes Marilú Marroquín, Jesús Cornejo, el consejero regional Elmer Pinto, mantienen una postura de rechazo, pese a los programas sociales que implementó la compañía con Valle Unido. «La mina está reeemplazando la tarea del Estado y eso no debe ser así», dijo Marroquín.

El proyecto minero está a menos de tres kilómetros de los cultivos, los agricultores temen la contaminación. Jacob reitera que la operación será limpia sin relaves ni humos. Para garantizar la transparencia pidió a la población sumarse al monitoreo participativo que hará OEFA.

Después de las protestas de 2015, el gobierno tenía la obligación de mejorar las condiciones de vida de Islay cuya población alcanza los 50 mil. La tarea aún es deficitaria. Agua para la agricultura, saneamiento y salud son sus principales problemas.

Continúa pendiente la construcción de una represa que pondría fin a sequías y disputas con Moquegua por el agua para los sembríos. Paltuture era un proyecto de embalse encaminado pero las autoridades de Puno lo paralizaron con acciones judiciales señalando que la obra se ejecutaría «en su territorio y con sus aguas». Los alcaldes de Islay, en un reciente memorial, elevado al presidente Vizcarra le advierten que no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico.

Licencia social

En el 2017, Southern inauguró Valle Unido para curar las heridas del conflicto y plantear una nueva relación con Tambo. Este programa financió con S/ 3 millones los estudios para hospital nuevo en Alto Inclán y otro en Cocachacra.

Paralelamente, en los centros de salud, repartidos en el valle, la minera paga los sueldos del 35% del personal médico.

El agua potable y alcantarillado también es crítico. Solo disponen de 13 horas al día y en verano es peor. Los desagües se arrojan al aire libre sin tratamiento. Con un convenio firmado con el Ministerio de Vivienda, Southern desembolsó S/ 21 millones para un estudio destinado a mejorar y ampliar el servicio. Debe concluirlo en los próximos días y la obra costará S/ 900 millones. Pese a estos avances, la desconfianza aún es visible. Semanas atrás La República viajó al valle. Persisten las banderas con la consigna Agro sí Mina no. En estos días, pobladores ya realizan movilizaciones. Sin embargo, no hay liderazgos. Las cabezas visibles cumplen reglas de conducta por juicios Pero Marilú Marroquín dice la población se autoconvocará.

Las cifras

US$ 25 millones invirtió Southern en el relacionamiento social con el valle de Tambo.

9.000 puestos de trabajo generará el proyecto durante su construcción. Luego serán 4.800 durante su operación.

Este año la empresa minera Regulus Resources adicionará 20,000 metros de perforación a su actual programa de exploración en el proyecto AntaKori, ubicado en la provincia cajamarquina Hualgayoc.

Durante una conferencia en ProExplo 2019, David Portocarrero, geólogo de la minera, expresó que la campaña de perforación evidencia que el proyecto es más interesante de lo que se pensaba al comienzo.

«Se encontró más sistemas libres de arsénico, y por tanto mayores concentraciones, lo cual nos conviene mucho”, aseveró.

Asimismo, especificó que la diferenciación y el reconocimiento de los elementos de cada sistema hidrotermal (litología, alteración y mineralización) serán claves para orientar la exploración a zonas mejor mineralizadas.

“El yacimiento es considerado un skarn con sobreexposición epitermal y con evidencia de un nuevo sistema porfirítico”, explicó.

Regulus está perforando el pozo 32, con el cual tienen un total de 23,000 metros avanzados que sirvieron para realizar el cálculo de recursos.

AntaKori posee 212 hectáreas de concesiones, con 49 hectáreas adicionales pendientes de ser agregadas al proyecto.

Adyacente al proyecto, se encuentran las minas Tantahuatay y Cerro Corona.

Fuente:https://www.energiminas.com/20000-metros-de-perforacion-en-cajamarca-anuncia-minera-hambrienta-de-oro-y-cobre/

Tras tres años de espera, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.

…el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.

En la notificación, el TC manifestó que “las instancias judiciales anteriores han incurrido en un error al rechazar la demanda”, y dispuso su nulidad, manifestando que el caso amerita una pronta respuesta.

El TC admitió a trámite la demanda de amparo –presentada el año 2015- que pide se declare inaplicable el “Convenio de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial” suscrito entre la empresa minera Glencore Antapacay (antes Xtrata Tintaya) y la Policía Nacional del Perú, entre otras exigencias.

El entonces alcalde de la provincia de Espinar Oscar Mollohuanca y el presidente de la Asociación de Productores Pecuarios de Huinipampa, Carlos Umasi, impulsaron esta demanda contra el Ministerio del Interior, el director general de la PNP de la Décima Región Policial del Cusco y la empresa minera Xtrata Tintaya (hoy Glencore Antapacay).

Sin embargo, fue declarada improcedente en primera y segunda instancia: en diciembre del 2015 y junio del 2016. Esta iniciativa y proceso ha sido acompañada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

Según los demandantes, el citado convenio vulnera una serie de derechos fundamentales de la población y el principio que establece que los trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

Además, la Policía Nacional del Perú (PNP), al resguardar a empresas privadas en exclusividad, desnaturaliza el rol que debe cumplir en un Estado constitucional y se parcializa con estas empresas en desmedro de la ciudadanía y de los pobladores de la provincia de Espinar.

La demanda también pide que se ordene a la PNP la adopción de medidas que garanticen su deber de proteger el orden interno en función del interés general, entre otros.

—-
Fuente: Publicado el 29 de mayo 2019 por IDL: https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-revisara-los-convenios-que-firmo-la-pnp-y-la-empresa-minera-glencore-antapacay/?

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2019/tc-revisara-convenios-firmados-entre-la-pnp-y-la-minera-glencore

El Frente de defensa de la provincia de Grau, en la región Apurímac, anunció que la población acata un paro provincial indefinido desde este miércoles 29 de mayo.

Entre los puntos de su plataforma, exigen el cierre de una planta procesadoras de minería artesanal que vienen operando en la zona de Vilcabamba, porque representa una amenaza al agua y la contaminación; asimismo demandan el mejoramiento de la carretera que conecta a la provincia con la ciudad de Abancay; igualmente la incorporación de las autoridades y dirigentes sociales de la provincia a las mesa de diálogo sobre el conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas.

Piden una pronta intervención de las autoridades. Seguiremos ampliando la información.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/29/apurimac-inician-paro-indefinido-en-la-provincia-de-grau/

En las viviendas del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, flamean banderas verdes que dicen: “Agro sí, mina no”. Hace cuatro años todas las casas tenían una; hoy, según comprobó El Comercio en un recorrido, solo se agitan de manera alternada, en una vivienda sí y en otra no. Además, desde el 2018 hay inscripciones en algunas paredes con la frase: “Agro sí, desarrollo económico también”.

El valle, conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, es una franja agrícola de más de 13.000 hectáreas, cuyos productos bandera son el arroz y azúcar. Según la Gerencia Regional de Agricultura, en la zona unas 25.000 familias viven directamente de esta actividad.

A tres kilómetros de ese lugar, Southern Perú tiene una concesión minera de 35.000 hectáreas. Desde el 2009, la empresa busca desarrollar su proyecto que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año.

Sin embargo, en dos meses vence el plazo del estudio de impacto ambiental (EIA) de Tía María. Southern Perú debe iniciar sus actividades antes de agosto, pero aún no reciben la licencia de construcción. Esta es la última autorización que requiere la empresa minera para intervenir en su concesión.

Pese a que están contra el tiempo, el vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob Ruisanchez, indicó a El Comercio que están tranquilos, porque cumplieron con todos los requisitos. Explicó que desde noviembre del 2018 están a la espera de la licencia que debe entregarles la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Nosotros hemos cumplido todos los requisitos técnicos, legales y ambientales. Si bien el EIA puede vencer, creemos que vamos a recibir la licencia antes de que caduque el estudio. Estamos listos para iniciar los trabajos”, dijo Jacob.

Según las proyecciones de la empresa, si Tía María inicia sus operaciones, se estima que la región Arequipa recibiría al año más de S/270 millones por canon y regalías.

–Conflicto latente–
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Tía María es considerado como un conflicto social latente. Entre el 2011 y 2015, siete personas han muerto por este conflicto social. Actualmente, la población del Valle de Tambo está dividida. Hay quienes apoyan el desarrollo de la mina y otros no. La noche del pasado jueves 9 de mayo, cerca de 500 agricultores protestaron en Dean Valdivia. En un improvisado mitin, se evidenció que los dirigentes están fraccionados y no logran reactivar el Frente de Defensa del Valle de Tambo.

Hace cuatro años eran un gremio fortalecido. Pero en medio de las protestas del 2015, se difundieron unos audios que comprometían a su entonces presidente, Pepe Julio Gutiérrez, quién pedía un millón y medio de “lentejas” (dólares) a Southern a cambio de suspender las protestas. Desde el 2018, tras cumplir 33 meses de prisión preventiva, Gutiérrez afronta en libertad el juicio que se le sigue por presunta extorsión y asociación ilícita para delinquir.

Los agricultores han perdido la confianza en sus líderes. “Pero esa situación no cambia la posición de rechazo que tenemos frente a Tía María. El pueblo está en la capacidad de autoconvocarse y no permitirán que el proyecto ingrese”, asegura el dirigente agrario Miguel Meza Igme.

–Programas sociales–
María Eugenia Salas, responsable de Valle Unido, organismo de Southern que socializa el proyecto Tía María, explicó que el panorama es diferente a lo vivido hace cuatro años. Luego del conflicto, los dos centros comunitarios de la minera fueron cerrados, pero en el 2017 regresaron para construir relaciones y ahora hay cuatro centros que funcionan en la provincia.

A través de Valle Unido, Southern llegó a los agricultores con campañas médicas, asistencia técnica, financiamiento de proyectos, capacitaciones y otros programas. “Al inicio, la gente sentía miedo de acercarse a los centros comunitarios porque eran señalados como traidores. Ya se superó esa etapa; estamos construyendo confianza”, agregó Salas.

A inicios de marzo, el titular del Minem, Francisco Ísmodes, señaló en un evento en Canadá que este año su sector priorizará el proyecto Tía María. El Comercio solicitó una entrevista con Ísmodes para conocer cuándo se entregará la licencia para el proyecto. Se le envió un cuestionario a través de su área de prensa, pero no hubo respuesta.

–Otras posiciones–
El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió al ministro Francisco Ísmodes respetar la voluntad del Valle de Tambo. “La población del valle no está de acuerdo con la mina. Para el pueblo, Tía María no va y mi posición es la posición del pueblo”, declaró.

El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera Cervera, señaló que no aceptarán que se les imponga un proyecto que genera tanta desconfianza. Pidió al Gobierno Central no ocasionar conflictos en el valle.

–¿Qué pasa si vence el EIA de Tía María?–
​El 1 de agosto del 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA de Tía María, con una vigencia de tres años. En el 2017 se venció, pero el gobierno (de acuerdo a ley) lo aplazó por dos años más. El próximo 1 de agosto vence de manera definitiva.

En diciembre del 2015, las competencias para la evaluación de los EIA del sector de Energía y Minas fueron transferidas al Senace, un organismo técnico adscrito al Ministerio del Ambiente. Actualmente, la normativa es más rigurosa para evaluar dichos estudios. La ministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, que llegó a Arequipa a inicios de este mes, explicó que si Tía María pierde la vigencia del EIA debe realizar un nuevo trámite ante el Senace.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/agota-proyecto-tia-maria-informe-noticia-ecpm-638711?fbclid=IwAR27XDn67-OflkC2YdCy7_CxJ1ChfkcLSQ1jDgoUrFNkUSBu6XUwQ8WUqtg