Southern Copper se comprometió a aplazar la construcción del proyecto extractivo hasta lograr «espacios de diálogo» en coordinación con el Gobierno. Lee aquí la carta que le remitió el presidente de la empresa al Minem.

A un mes para el vencimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de ‘ Tía María’ –ubicado en el departamento de Arequipa– el Gobierno finalmente decidió otorgarle la licencia de construcción de acuerdo a fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario, pese a la oposición mostrada en las últimas semanas por las autoridades regionales de Arequipa y de las zonas colindantes al proyecto minero.

Las mismas fuentes explicaron que en horas de la mañana se llevó a cabo una reunión con los representantes de la SNMPE en el que participó el ministro de Economía, Carlos Oliva, y el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes –en el local del Minem– en donde se informó sobre el avance en el sector minero y lo desarrollo por el Gobierno en torno a la zona del Tambo y el proyecto Tía María, como uno de los temas complementarios.

Esta decisión se tomó tras el compromiso asumido por Southern Copper Corporation–especialmente por su presidente ejecutivo– Óscar González Rocha, de aplazar la construcción de Tía María hasta lograr, en coordinación con el Ejecutivo, “espacios de diálogo” , según se lee en la carta que remitió el máximo representante de la empresa, el 5 de julio, al ministro de Energía y Minas, a la que Gestión.pe tuvo acceso.

“Somos conscientes de que en este momento el contexto social no es el más favorable para el inicio de la construcción del proyecto, por ello, la empresa minera Southern Copper Corporation se compromete a no iniciar su construcción sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacio de diálogo en los que brinden las respuestas y garantías que la población necesita y requiere ” , precisa González Rocha al ministro Francisco Ísmodes.

Asimismo, sostiene que la compañía “lamenta cualquier situación que en años pasados pudiera haber generado malestar en la población”.

Ante lo cual, subraya que la firma se comprometemos “a consolidar una imagen positiva frente a la población, haciendo votos por mantener un clima social positivo en el Valle del Tambo y en la provincia de Islay”.

González Rocha asegura –asimismo– que la actividad “no afectará otras actividades económicas” de la región. “Todo los contrario, nuestra presencia garantizará el fortalecimiento de las actividades ya existentes”.

“Queremos ser aliados, también del desarrollo tecnificado, agropecuario, agrícola; del fortalecimiento hídrico para la ampliación de la frontera agrícola del Valle del Tambo, así como de actividades cono la pesca y el turismo”, indica la carta.

Fuente:https://gestion.pe/economia/gobierno-decide-otorgar-licencia-construccion-tia-maria-272540

La mayor parte de los niños expuestos se encuentran en la región Cerro de Pasco y Junín, ambas con siglos de actividad minera.

Más de 4,000 niños exponen su salud a metales pesados de acuerdo con un informe realizado en 2018 por el Ministerio de Salud (Minsa) y difundido el lunes por una comisión del Congreso.

“La situación es irreversible en muchos casos”, dijo a la prensa el parlamentario opositor Wilbert Rozas, presidente de la comisión de pueblos andinos, afroperuanos, ambiente y ecología, quien presentó el informe.

El trabajo de investigación del Minsa indica sin dar detalles que las fuentes de exposición de los metales pesados pueden ser de origen natural o por la actividad minera o petrolera.

Los metales expuestos a la salud de los niños son plomo, cadmio, mercurio, arsénico y selenio.

El centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades del Ministerio de Salud  indicó que 4,085 niños de entre 0 y 11 años de un total de 4,876 peruanos estuvieron expuestos a metales pesados durante 2018.

La mayor parte de los niños expuestos se encuentran en la región Cerro de Pasco y Junín, ambas con siglos de actividad minera. El parlamentario también añadió que esta exposición también fue constatada las regiones Madre de Dios, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca y Loreto.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es importante para la economía de Perú, donde el 60% de las exportaciones pertenecen a este sector.

Fuente:https://gestion.pe/peru/4-000-ninos-expuestos-metales-pesados-peru-minsa-nndc-272554?fbclid=IwAR1ETnXrIiLURVFwXpGXziM6bbcJqG5b2Rw0p5OuLjEvXyIPC0aTBmk4AS4

Apurímac. Dos magistrados, sancionados por patrocinio ilegal, obstrucción y retardo de la justicia. Uno de ellos es Patricia Valenza.

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) suspendió provisionalmente a dos magistrados de la provincia de Cotabambas, que pertenecen a la Corte Superior de Apurímac. Una de las sanciones recae en la jueza Patricia Valenza Olivera, quien tuvo a su cargo la resolución de pedidos de prisión preventiva en el caso de extorsión a Las Bambas.

De acuerdo a una de las resoluciones, durante investigaciones disciplinarias que se hicieron a Valenza —titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas—, se hallaron ocho documentos ajenos a la función jurisdiccional en su equipo de cómputo. Habrían sido redactados por la magistrada y presentados en otros procesos judiciales, cuando está prohibido por ley asesorar a cualquiera de las partes procesales.

La referida magistrada, en abril último, dictó 36 meses de prisión preventiva contra los exasesores de la comunidad de Fuerabamba, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, investigados por el delito de extorsión contra el proyecto minero Las Bambas. Decisión que fue apelada y revocada.

El otro de los castigados es el titular del juzgado mixto y a la vez juez unipersonal penal de Cotabambas, Andrés Abelino Flores Aguilar. Presuntamente, habría redactado y archivado una denuncia penal en el equipo de cómputo que el Poder Judicialasignó a su despacho. En ese caso, un querellante solicitaba una reparación civil de 100 mil soles, denuncia penal que se presentó en su misma oficina.

En otro proceso, tampoco habría cumplido con dar lectura íntegra a una sentencia en la fecha indicada, postergándola más de tres meses.

Las suspensiones durarán mientras avancen las investigaciones y se decida si los absuelven o no.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/01/suspenden-a-la-jueza-que-vio-el-caso-las-bambas/

La Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos que reúne a personas afectadas y expuestas de las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Ancash, Región Lima, Junín, Cerro de Pasco, Moquegua, Cusco y Puno y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana, realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas durante toda la mañana del día viernes 5 de julio.

Los representantes de los afectados estuvieron apostados en los exteriores del ministerio frente a un desmedido despliegue de policías anti motines y otros de civil que merodeaban la zona. Los afectados esperaron por más de 2 horas y media antes de ser recibidos por representantes del ministerio y otros representantes del Estado.

Finalmente una comisión de representantes de la Plataforma, encabezada por Yolanda Zurita, fue recibida primero por el Viceministro de minas Augusto Cauti, así como por Cesar Ulloa y Jorge Segura, integrantes de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía Minas. Asimismo también se hicieron presentes Daniel Vela, de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Concejo de Ministros y 2 representantes del Ministerio de Salud, quienes se comprometieron verbalmente a la conformación de la mesa multisectorial para atender las demandas de la plataforma. Asimismo los funcionarios se comprometieron a que gestionarían una próxima reunión con la presencia del Ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes.

Los afectados exigen que el MINEM sea el que asuma la responsabilidad de impulsar la Comisión Multisectorial, que pueda elaborar un plan y un presupuesto integral desde el Estado, para poder atender a los afectados y expuestos por la contaminación por metales tóxicos.

Cabe recordar que entre los casos más emblemáticos está el de la población afectada por el derrame de más de 3 mil barriles de petróleo crudo que afectó al río Chiriaco en la región Amazonas el 2016, así como los afectados de las Cuatro Cuencas en Loreto, o las familias afectadas por la contaminación de la actividad minera con arsénico y plomo en las ciudades de Espinar, La Oroya y Cerro de Pasco.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/05/plataforma-de-afectados-por-metales-toxicos-realizo-planton-frente-al-ministerio-de-energia/?fbclid=IwAR2qYV4eYro6f8tudEqxBginSrMnH0bLHdv-5z5wnnKTYrUup9OkEfj2bGI

Taller sobre Criminalización de la Protesta Social a realizarse en el Puerto de Ilo, Región Moquegua, en la parte sur de Perú, entre el 8 y 9 de Julio.

EVENTO INTERNO

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DEL SUR DE LA CNNDDHH:

LUNES de 9 am a 5 pm

1. Análisis político de la coyuntura nacional/regional en el sur
2. Presentación de experiencias de trabajo frente a extractivas en el sur andino
3. Presentación de experiencias de trabajo frente a extractivas en la costa sur
4. Situación de criminalización de defensores/as de ddhh
5. Estrategia de defensa de derechos

MARTES de 9 am a 12 m

6. Ataques a las organizaciones y estrategia de respuesta frente a los ataques
7. Estrategia de recaudación de fondos

EVENTO PÚBLICO:

LUNES de 6:00 pm a 7:30 pm

LUGAR : Universidad José Carlos Mariátegui Sede Ilo

TEMA : LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ZONAS MINERAS ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS PREVIAS 

PALABRAS DE BIENVENIDA.- 5 min. Maribel Retamozo Zúñiga

PRESENTACIÓN – 10 min. Jorge Bracamontes

MODERACIÓN.- Ana María Vidal

1. Situación de la Minería y los conflictos sociales en Perú – 20 m (José de Echave)

2. Presentación casos de criminalización de defensores de ddhh en contexto de extractivas – 30 m
a. Proyecto Tía María: 15 m (Marilu Marroquín León)

b. Testimonio Criminalización de la protesta 10 m (Miguel Meza Idme)
c. Criminalización de la protesta en la región Moquegua 15 m (Abog. Elvio Novoa Pacsi)

3. Análisis de la criminalización de defensores de ddhh a nivel nacional 20 m (David Velazco)

Convocan :CODEH ILO

El nevado Ausangate es fuente de vida. Provee agua a decenas de comunidades y pueblos de Cusco. La propuesta de crear el Área de Conservación Regional (ACR) de Ausangate apunta a cuidar esa riqueza paisajística e hídrica, ubicada en las comunidades de Sallani y Phinaya, donde también se halla otra gran fuente de agua: la laguna de Sibinicocha.

La iniciativa cuidará 72 534 hectáreas de montañas, glaciares, lagunas, cultura y una copiosa riqueza de flora y fauna; todo, disperso entre las provincias de Quispicanchi y Canchis. La ACR nació en 2008. Un equipo recabó información. Ocho años después, en 2016, concluyó la redacción del expediente.

La aprobación del ACR, sin embargo, está suspendida. Según la gerenta regional de Recursos Naturales, Mara Cazorla, el proceso está estancado por la existencia de ocho concesiones mineras. Sucede que, entre enero y junio pasado, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó estas ocho concesiones a la empresa Lithium Energy Peru SA. La petición abarca 3976.69 hectáreas que están en los territorios de la comunidad de Phinaya.

Lo más grave es que esas concesiones se sobreponen a hermosos ecosistemas, como son los bofedales. Estos se verían afectados en más de 160 hectáreas (ha); así como las lagunas en 22 ha, el pajonal de puna húmeda —donde pastan las vicuñas— en 2349 ha y el glaciar del Quelccaya en 1444 ha. No hay que perder de vista que el agua de las lagunas y acuíferos alimenta al río Salcca, afluente importante del río Vilcanota, del cual se provee el recurso potable al 53% de la población cusqueña en época de estío.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/07/concesiones-mineras-impiden-proteger-area-natural-ausangate-en-cusco/?fbclid=IwAR3fCpBt-gonoBojsTycM3tW_wPVok9DCjlS8Gdc1niPfEdyleTc-8jUDf8

El Primer Juzgado Unipersonal de Cotabambas, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, había programado para el día de hoy la continuación de la audiencia del juicio oral contra 19 campesinos perteneciente a comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas. Sin embargo, Exaltación Chicana, el nuevo Juez, designado para el proceso tomó la decisión de anular esta etapa del proceso y regresar a la fase de instalación del mismo. Consideró que no se podía continuar con la audiencia, básicamente porque fue nombrado la semana pasada y no había estado desde el inicio del juicio.

Los hechos materia de este proceso corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la región Apurímac, iniciaron un paro indefinido al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas. Las comunidades exigieron, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos previamente. El conflicto llegó a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial provocó la muerte de 3 comuneros.

Según la opinión de la defensa de los acusados llevada por FEDEPAZ, el juzgado debió de resolver con antelación la anulación de esta etapa del proceso y no esperar que los 19 comuneros asistan a la audiencia el día de hoy. Esto debido a que la mayoría de los comuneros son de escasos recursos económicos y en muchos casos se trasladan a pie durante varias horas desde sus comunidades que están muy alejadas de la ciudad de Tambobamba en la que se encuentra el Juzgado.

Si bien en el modelo procesal penal aplicable al caso se prioriza la oralidad, el nuevo magistrado debió de actuar con un criterio que, sin vulnerar la norma procesal, tome en cuenta el tiempo de traslado de los comuneros. Además, el juzgado debió de considerar que esta era la cuarta vez que se suspendía el juicio oral en el cual venían siendo procesados.

En opinión de FEDEPAZ, que asume la defensa legal de una parte de los campesinos procesados, la conducta del nuevo magistrado vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que tiene toda persona procesada.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/03/las-bambas-juzgado-anulo-el-juicio-oral-contra-dirigentes-comunales/

La Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos que reúne a personas afectadas y expuestas de las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Ancash, Región Lima, Junín, Cerro de Pasco, Moquegua, Cusco y Puno y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana, realizarán un plantón en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas el día viernes 5 de julio desde las 10:00 am.

Los afectados exigen que este ministerio sea el que asuma la responsabilidad de impulsar la Comisión Multisectorial que pueda elaborar un plan y un presupuesto integral desde el Estado, para poder atender a los afectados y expuestos por la contaminación por metales tóxicos.

Entre los casos más emblemáticos está el de la población afectada por el derrame de más de 3 mil barriles de petróleo crudo que afectó al río Chiriaco en la región Amazonas el 2016, así como los afectados de las Cuatro Cuencas en Loreto, o las familias afectadas por la contaminación de la actividad minera con arsénico y plomo en las ciudades de Espinar, La Oroya y Cerro de Pasco.

Para más información sobre este caso puede contactarse con:

Luis Gárate (prensa)- 977150561

Abel Gilvonio (asesor)- 947 984 467

Día: Viernes 05 de julio

Hora: 10:00 am

Dirección: Av. De Las Artes Sur 260, San Borja, Lima.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/04/afectados-por-metales-toxicos-realizaran-planton-frente-a-minem/?fbclid=IwAR0PgWKv5ZC2RQkbnlIhUC_OTMJqEvqrE1kca5eHmt3A3-YD1PD37DzKsLM

El Primer Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, había programado para el día de hoy la continuación de la Audiencia del Juicio Oral, contra 19 campesinos perteneciente a comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas. Sin embargo, el nuevo Juez designado para el proceso consideró que no se podía continuar con la Audiencia, básicamente, porque fue nombrado la semana pasada y no había estado desde el inicio del Juicio Oral.

Antecedentes

Al respecto, como ya es de conocimiento público los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

El Juzgado

Con relación a lo resuelto por el juzgado, consideramos que se trata de una decisión equivocada, porque si esa era su criterio debió de resolver con antelación el quiebre del proceso y no esperar que los 19 comuneros asistan a la Audiencia el día de hoy. Ello debido a que la mayoría de los comuneros, sino todos, son de escasos recursos económicos y, en muchos casos, se trasladan a pie, durante varias horas, desde sus comunidades que están muy alejadas de la ciudad de Tambobamba en la que se encuentra la sede del Juzgado.

Si bien en el modelo procesal penal aplicable al caso se prioriza la oralidad, el nuevo magistrado debió de actuar con un criterio qué sin vulnerar la norma procesal, importe mayor consideración a los comuneros procesados que después de trasladarse a pie por varias horas llegan a una Audiencia que en realidad sólo dura unos minutos. Además, el juzgado debió tener en cuenta que esta era la cuarta vez que, en la práctica, se suspendía el Juicio Oral en el cual venían siendo procesados (una vez se suspendió por falta de notificación del juzgado y dos veces por responsabilidad de la fiscalía).

Posición de FEDEPAZ (integrante de Red Muqui)

FEDEPAZ, que asume la defensa legal de una parte de los campesinos procesados, considera que esta conducta del nuevo magistrado llamado Exaltación Chicana importa la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (cuarta vez desde marzo que se había citado a juicio oral y éste se suspendía prácticamente sin ningún avance sustancial) que tiene toda persona procesada como el caso de los aquí referidos 19 campesinos.

En atención a ello, FEDEPAZ exige al Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba que tenga presente el gran esfuerzo que realizan los comuneros procesados para asistir puntualmente a las audiencias y el derecho de los mismos a ser procesados dentro de un plazo razonable, evitando suspensiones innecesarias de las Audiencias con la expedición de resoluciones justas y oportunas para no vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de los campesinos antes referidos.

Nota elaborada por el Área de Prensa

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ