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Reportaje MSX en Cerro de San Pedro: ilegalidad, despojo y destrucción ambiental

Una tarde de septiembre de 1996 los habitantes de Cerro de San Pedro fueron convocados a la iglesia del pueblo para recibir una plática sobre los beneficios que traería el proyecto minero San Xavier, de la empresa canadiense New Gold Inc., que entre otras cosas generaría cientos de empleos muy bien remunerados, mejoras en el pueblo para que Cerro “renaciera como un ave fénix, y volviera a tener el esplendor que logró durante la época de la Colonia, cuando era muy pujante por su producción de oro y plata”.

Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro, relata que un representante de la minera y el cura pretendieron convencer a las personas del pueblo para que apoyaran el proyecto de la mina de tajo a cielo abierto, lo que implicaba reubicar sus viviendas en otra zona y desaparecer el poblado de Cerro de San Pedro, con todo y sus iglesias. La gente no aceptó y comenzó un largo proceso de defensa de su territorio frente a la mina.

Los habitantes y las organizaciones se ampararon y demostraron el incumplimiento de la normatividad ambiental, pero a pesar de eso el proyecto avanzó y los opositores enfrentaron amenazas y hostigamiento de la empresa y de sus vecinos. Los opositores del proyecto de Minera San Xavier en Cerro San Pedro ganaron legalmente, pero perdieron por la vía de los hechos.

Dividir a las comunidades

La llegada de este proyecto trajo la división de la población y su enfrentamiento. En aquellos años, los inversionistas comenzaron a repartir dinero al cura, al presidente municipal y a algunos pobladores para que la mina. Al mismo tiempo, un comité ciudadano se organizó para diseñar una campaña de movilización en contra del proyecto minero por las afectaciones ambientales, sociales y culturales que ocasionaría.

El proceso de litigio de los ciudadanos para frenar este megaproyecto extractivo en San Luis Potosí duró más de 10 años, en los que los ciudadanos lograron tres victorias en los tribunales, pues las sentencias denegaban las autorizaciones para abrir la mina. Sin embargo, el incremento en el precio mundial del oro, la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales, así como la presión de la minera, hicieron que sin los permisos requeridos la minera comenzara a trabajar, a dinamitar el cerro y extraer minerales.

La minera se valió de actas falsas e irregulares que avalaban la renta de tierras para poder llevar a cabo la extracción de los minerales, trazar sus caminos y establecer su patio de lixiviación. Muchos de los contratos de renta de tierras están a nombre de personas que ni ejidatarios eran, subraya Mario Martínez.

Algunos de los pobladores de La Zapatilla y otros de Cerro de San Pedro lograron ingresar a trabajar en la mina como vigilantes, obreros o inspectores, condicionados a no colaborar con los opositores al proyecto. Cualquier filtración de información o colaboración con los opositores les significaba el despido. Mario Martínez lamenta que “así se polarizaron las relaciones en la localidad. Todo el pueblo estaba enfrentado, pero la mina seguía trabajando.”

Aunque a algunas personas les fue relativamente bien con su empleo en la minera, las afectaciones ambientales los perjudicaron a todos. Con la remoción del Cerro de San Pedro, que incluso forma parte del escudo de armas del estado de San Luis Potosí, se modificó el clima: se hizo más caluroso, se perdió la vegetación, ahora hay muchas corrientes de polvo que generan enfermedades respiratorias a la gente, explica Ana María Rosas, ejidataria de Cerro de San Pedro y productora apícola.

Gana la minera, pierden todos los demás

En México más de 20 millones de hectáreas del territorio se encuentran concesionadas a la minería, lo que representa más del 12 por ciento de la superficie del país. Esta actividad extractiva goza de privilegios especiales, como el uso preferente de los territorios para su práctica sobre cualquier otro uso de la tierra, por considerarse en la legislación como una actividad de interés público.

A pesar de las enormes ganancias que las minas producen a los dueños de las concesiones para esta actividad, al Estado mexicano esta actividad le genera escasos ingresos económicos, enormes pasivos ambientales -que no atiende- y a los dueños legítimos de los territorios concesionados y los habitantes de las comunidades aledañas, la actividad minera les deja, ante todo, pérdidas de todo tipo, incluida la de sus medios de vida y conflictos y división entre los habitantes.

Ejemplo de ello es la Minera San Xavier, que enfrentó a los habitantes y removió más de 120 millones de toneladas de material mineral para la extracción de oro y plana en el Cerro de San Pedro, poblado que dio origen a la ciudad de San Luis Potosí.

Además de alterar radicalmente el paisaje en este pueblo, comunidades aledañas, como La Zapatilla, fueron reubicadas para instalar las áreas de trabajo de la mina; se gastaron millones de metros cúbicos de agua para lixiviar los minerales y se emplearon enormes cantidades de cianuro para la obtención del oro y la plata.

La comunidad de La Zapatilla, aledaña a Cerro de San Pedro, aceptó ser reubicada a un par de kilómetros, donde les dieron terrenos con dimensiones equiparables a los que tenían en el asentamiento original y les apoyaron con la construcción de pequeñas casas.

Lo que queda hoy de la comunidad original de La Zapatilla son montañas inmensas de residuos lixiviados. Se acabaron las actividades de esta región y de Cuesta de Campa, donde hace algunos años se producían maíz y frijol y se elaboraban quesos y melcochas de tuna y pulque, entre otras.

Por rentarle sus tierras a la minera para los patios de lixiviación, hoy lo que tienen los habitantes de esta región son inmensas montañas de residuos tóxicos al aire libre. Tierras muertas de las que escurre todo el tiempo una solución cianurada. La renta que los habitantes de Cuesta de Campa recibieron durante casi todos los años de operación del proyecto fue de 15 mil pesos al año. Este último año la renta es de poco más de un millón de pesos al año, que se dividen entre todos los ejidatarios.

“La minera llegó por la ignorancia de la gente, debido a la pobreza que existe en la región. La gente vio buena la llegada de Minera San Xavier en ese momento. No sabíamos el daño ecológico que iba a causar y que nuestras tierras iban a quedar inservibles”, dijo Amalia Silva Loredo, habitante de Cuesta de Campa, en el municipio de Cerro de San Pedro.

La minería de este tipo contamina ríos, lagos y acuíferos; destruye la orografía de las regiones y debido al uso excesivo de sustancias tóxicas para los procesos de lixiviado de los minerales contamina grandes extensiones territoriales que tardarán miles de años en perder esa toxicidad.

Además, la actividad minera, en especial mediante la técnica de tajo a cielo abierto, se asocia con la presencia o el incremento de enfermedades en los habitantes de los poblados aledaños a la actividad minera, entre ellas el cáncer y enfermedades estomacales y renales, entre otras.

Así quedaron Cerro de San Pedro y San Luis Potosí

Aunque la ciudad de San Luis Potosí sufre de manera cotidiana problemas de abasto de agua, la minera nunca tuvo ese inconveniente, siempre se le garantizó el abasto para sus actividades. De hecho, la compañía minera tenía el control del paso del agua hacia otras comunidades, lo que le sirvió de medida de presión para contener a los pobladores inconformes con la operación de la mina.

De acuerdo con los habitantes del ahora pueblo mágico de Cerro de San Pedro, la minera obtuvo ganancias diarias por aproximadamente 7 millones de pesos durante un periodo de al menos 10 años. Estas ganancias sin embargo no se ven reflejadas en el nivel de vida de los pobladores de las comunidades aledañas a la mina San Xavier.

El pueblo de Cerro de San Pedro no cuenta con escuela ni clínica de atención médica. “La clínica se usa como bodega para guardar materiales de la minera”, refiere Mario Martínez Ramos.

Ana María comenta que antes de la llegada de la minera, en Cerro de San pedro se daba muy bien la apicultura, se obtenían mieles de buena calidad y de distinta floración. Ella logró instauran un par de apiarios muy productivos que le generaban buenos ingresos a su familia. Pero con los trabajos de extracción del mineral en el que removieron todo el monte, se perdió la floración y las abejas murieron.

“Aunque intenté en otra ocasión armar un proyecto con otras mujeres de instalar apiarios, ya no se produjo ni una sola gota de miel,” lamenta Ana María.

Sin remediación y con más proyectos

La minera San Xavier terminó formalmente sus actividades de extracción de mineral en 2016, luego de diez años de intensa actividad de detonaciones y remoción de tierra. Desde entonces ya solo sigue lixiviando una montaña de 120 millones de toneladas de material mineral para seguir obteniendo oro, para lo cual rocía diariamente 16 toneladas de cianuro disueltos en 32 millones de litros de agua.

Con las altas temperaturas de la región la solución de cianuro se evapora y se traslada a kilómetros a la redonda en donde se esparce en forma de nubes. La principal población afectada es la ciudad de San Luis Potosí.

Por si esto fuera poco, por los montes de Cerro de San Pedro escurre el 30 por ciento del agua que abastece a la capital de San Luis Potosí. Es muy probable, de acuerdo con académicos de la región, que las aguas lleven residuos de las sustancias y minerales cianurados que escurren del patio le lixiviación de la mina al acuífero.

De acuerdo con Mario Martínez la minera está obligada a realizar trabajos de remediación de las afectaciones ambientales ocasionadas por las actividades de explotación mineral desde hace un par de años y a la fecha no ha hecho nada ni hay claridad de en qué consistirían esos trabajos. “Lo único es que han pintado algunas casas, colocado señalética y otros adornos en el pueblo para hacerlo un destino más turístico”.

De hecho, comenta que hay un proyecto para realizar un parque turístico temático en Cerro de San Pedro para difundir la minería y resaltar la tradición minera de la región.

Pero no hay ninguna acción para evitar que la montaña de lixiviación no contamine el ambiente ni el acuífero, tampoco hay labores de de reforestación ni de remediación de la cobertura vegetal que había en la región y que se perdió con la mina.

Más allá de avanzar hacia la remediación, los pobladores de Cerro de San Pedro hablan sobre otros proyectos mineros que tienen algunas empresas para seguir atrayendo oro, plata y otros minerales tanto a tajo abierto como con minería subterránea.

“El pueblo de Cerro de San Pedro se salvó del avance de la mina San Xavier, pero aún está amenazado por la ambición de las mineras de seguir explotando la tierra. Hay estudios que indican que debajo del pueblo hay una gran veta de minerales preciosos”, subraya Mario Martínez.

“Ahora el pueblo está más informado y ya vio que la minería no nos dejó nada y que destruyó la región, esperemos que no vuelva a pasar ningún otro megaproyecto por aquí”, concluye.

Tomado del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, fotografías de Enrique Abe.

 

Fuente:https://potosinoticias.com/2019/07/03/reportaje-msx-en-cerro-de-san-pedro-ilegalidad-despojo-y-destruccion-ambiental/

Mexico

Piden acciones contra jales

Debido al asentamiento de diferentes metales y minerales durante varios años

Integrantes de diferentes organizaciones civiles ambientalistas reclamaron que no existan políticas públicas enfocadas en la atención de los jales, los cuales, señalaron, deterioran la calidad del medio ambiente tanto en el aire como en la tierra y atenta contra la salud de la población.

Luis Eduardo Vázquez, integrante de la asociación Pachuca Amigable, dijo que la situación se presenta en mayor medida en los municipios de Mineral de la Reforma y Zimapán, donde prevalecen los jales, los cuales almacenan diferentes tipos de metales y minerales que al combinarse con el ambiente pueden ser nocivos para la flora y fauna de la zona.

El también biólogo refirió que han trabajado con vecinos de las colonias aledañas a los jales que han indicado que desde hace años se ha tratado la problemática que representan los jales, pero ninguna autoridades municipal ni estatal se ha enfocado en resolver la situación, por lo que acudirán en los próximos días al Congreso local para pedirle a los integrantes de la comisión de Medio Ambiente que se tomen medidas al respecto.

Por su parte, Marco Antonio Moreno Gaitán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense, reconoció que no existen políticas públicas dirigidas a solucionar la problemática que representa para los ciudadanos en un futuro la acumulación de distintos materiales químicos que pueden ser nocivos para la población, por lo que incluso ha disminuido la fauna por esta situación.

El activista expuso que es una problemática que debe ser atendida tanto por las autoridades federales como municipales y estatales para que se solvente dicha situación, pues reconoció que en el caso de Zimapán han incrementado las condiciones adversas para el municipio.

Los defensores ambientales indicaron que los municipios han sido omisos en la atención del problema, por lo que los ciudadanos se han organizado para buscar revertir el daño que se ha causado, por lo que incluso algunos investigadores han reconocido el asentamiento de minerales y materiales pesados que fueron extraídos en su momento de las actividades de minería.

Por su parte, los diputados locales que forman parte de la comisión ambiental han asegurado que atenderán las problemáticas derivadas de los jales y las decenas de años que han permanecido como un problema de infección para la población.

 

Fuente:/www.elsoldehidalgo.com.mx/local/piden-acciones-contra-jales-3833680.html?fbclid=IwAR3c4_9FNftYSQcGZP9bEZ2CYZ0Co4O_Byr9X6JTCY9LipHrOKwPOUZ6Ec4

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[Artículo] Ixtacamaxtitlán: 60 días de tensión por mina canadiense

La Semarnat tiene dos meses para definir si avala o no la propuesta de mina a cielo abierto para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, realizada por la canadiense Almaden Minerals. Durante el proceso, la empresa ejerce presión en el pueblo

En las playeras amarillas leían “Sí al proyecto Ixtaca”. Era una sesión informativa y pública realizada por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Una minera canadiense, Almaden Minerals, pretende pasar de fase de exploración a la más destructiva: explotación del oro de este pueblo; quienes portaban la playera con esta frase no eran pobladores de la comunidad, si no acarreados llevados por la empresa canadiense desde Veracruz.

El foro público de la Semarnat del 25 de junio se enmarca en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó la empresa canadiense para poder modificar el permiso que tiene y pasar conseguir pasar a la fase de explotación.

La empresa canadiense entró al municipio el 24 de enero de 2019 con una filial mexicana, Minera Gorrión, directamente a la comunidad más afectada: Santa María Zotoltepec. En febrero entregaron la MIA a la institución federal. Sin embargo, desde 2001 cuenta con oficinas en la zona.

En el documento la empresa anuncia su interés de ocupar 1,044.02 hectáreas de territorio en Ixtacamaxtitlán, donde hay yacimientos de oro y plata en la cuenca alta del río Apulco, y solicita el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para extraer mediante una mina a cielo abierto.

Entraron al evento público realizado por Semarnat favoreciendo la opción de la mina y la población se enfureció y lo denunció mediáticamente y a través de organizaciones sociales como Poder Project. La práctica fue evidente, pues contrasta con las asambleas regionales que organizan comunidades Masehual-Totonaku en defensa del Territorio en las que participan.

Semarnat tiene 60 días para devolver la MIA con su decisión, pero en algunos medios de comunicación se ha manejado el dato de 30, y el antecedente que en abril el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla emitió una resolución que obliga a la canadiense a realizar una consulta con comunidades. Pobladores, sin embargo denuncian desconocer si esta infiltración es parte de ese requisito.

En la Sierra Norte de Puebla existen 105 concesiones mineras, 72 por ciento son de Almaden Minerals; Ixtacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Desde el 2011 que fue realizado el primer conteo, el número de concesiones mineras se ha triplicado.

 

Los pobladores de la comunidad más cercana a la mina se han opuesto a su operación en distintas ocasiones, han protestado ante Semarnat, en Palacio Nacional, incluso desde el periodo donde sólo estaba explorando. Ahora que la minera tiene intenciones de operar, recabaron información sobre una serie de puntos que esperan les dé la razón para que la Semarnat no les avale la manifestación.

El primer argumento que están planteando es que el proyecto está basado en una serie de concesiones que no existen porque se encuentran en litigio.

El amparo es el mismo que interpuso la comunidad de Tecoltémic desde el 9 de abril del 2015, en el Juzgado Segundo en Materia Civil Distrito de Puebla, el cual les otorgó la suspensión provisional y por ello la Secretaría de Economía suscribió en los títulos de concesión minera que éstos no podían revocarse, transferirse o hacerse ningún acto sobre ellos hasta que no concluyera el juicio.

Diana Pérez, abogada de la organización Tiyat Tlalli, que lleva el caso de la comunidad, explicó cuál es la estrategia de la minera: “quieren intentar reducir el número de concesiones; reducir las concesiones es algo así como partir el pastel en varios pedazos pequeños para después desistirse, decir, ‘bueno, yo no quiero estos pedazos’, pedazos que afectaban a Tecoltémic, ésa fue su estrategia para dejar sin estrategia el juicio”.

En marzo de 2018, un Tribunal Colegiado le volvió a dar la razón a Tecoltémic y le dijo a la Secretaría de Economía que no puede modificar los títulos de concesión que abarcan casi 14 mil hectáreas en el municipio –el 80 por ciento del municipio de Ixtacamaxtitlán– porque eso iría en contra de la sentencia que se dictó en el 2015.

Otro de los argumentos de los pobladores es que se omiten los impactos ambientales que el proyecto minero en la región. A lo que la empresa ha prometido en reiteradas ocasiones que la mina funcionará con agua de lluvia y que no hará uso del agua subterránea.

Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua, denuncia que el uso de agua que prevé la mina es desproporcionado con lo que los pobldores utilizan.“Con datos de los ponentes, la conclusión es que no es suficiente llevar a cabo el proyecto minero en tanto que están previendo utilizar cinco millones cuatrocientos mil litros de agua diarios, esta cantidad de agua es el doble de la cantidad de agua que utilizan las 120 comunidades de Ixtacamaxtitlan en su conjunto”, argumenta.

 

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3239-articulo-ixtacamaxtitlan-60-dias-de-tension-por-mina-canadiense?fbclid=IwAR2FDn52iSKIGD0FnO6SE901cqfNTM3MiHfQLjOOdTkzbrime1r6OMaKZtU

Mexico

Semarnat da permiso a minera para construir presa en Jalisco: REMA

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), denunció este martes que el pasado 18 de junio la empresa minera canadiense Endeavour Silver Corp, recibió autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la construcción de una presa de relaves, en su proyecto de la mina de plata y oro Terronera, ubicada en Jalisco.

Esta autorización, advierte la organización, pone en evidencia que a pesar de que recientemente se designó como titular de la Semarnat a un prestigiado académico e investigador mexicano, Víctor Toledo, las políticas públicas en el sector minero y medio ambiental siguen al servicio de los grandes capitales.

“El neoliberalismo sigue totalmente vigente por más frases mediáticas que nos impongan, queda en evidencia el estrechísimo margen de maniobra que tiene el actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el maestro en ciencias Víctor Toledo Manzur”.

Es claro advierte la REMA, que “con esta nueva autorización otorgada por quienes se supone cuidan el ambiente, al cambiar de bosques por minería, se ratifica el alineamiento de las instituciones, leyes y procedimientos a favor de los capitales privados”.

“Ya sólo nos falta que la Guardia Nacional también sume, a sus nuevas funciones antimigratorias, algunas tácticas para dispersar y desterrar –ironiza la organización social en su comunicado-, a las peligrosas resistencias comunitarias, quienes son una real amenaza para los capitales porque prefieren cuidar su territorio y los bienes naturales, de los depredadores”.

En su portal de internet (www.edrsilver.com), la minera Endeavor Silver Corp informó –en inglés-, sobre la autorización que obtuvo de la Semarnat, “el permiso final de relaves para el proyecto de la mina Terronera en el estado de Jalisco”.

Es permiso comentó la minera canadiense, es una “autorización para cambiar el uso del suelo en tierras forestales”, que entre otras cosas “le otorga a Endeavor Silver el derecho de almacenar los relaves (también llamados jales), de la mina subterránea de plata y oro de alto grado Terronera, propuesta en una instalación de relaves de pila seca filtrada y segura, adyacente al sitio de la planta propuesta”.

“Se considera que los relaves filtrados de pilas secas representan las mejores prácticas en el sector minero porque los relaves se filtran para reciclar el agua de regreso a la planta antes de apilarlos detrás de una presa de almacenamiento”, explicó.

La empresa minera canadiense informó que las instalaciones de relaves de pila seca, “cuestan más para construir y operar que las instalaciones convencionales de relaves húmedos, pero son más seguras y ‘más verdes’, y representan el futuro del almacenamiento de relaves”.

Con la autorización de la Semarnat, indica la compañía, se planea completar un estudio final de “prefactibilidad mejorado”, lo cual permitirá a sus propietarios canadienses “organizar el financiamiento adecuado para construir el próximo activo principal de Endeavour”. Es decir la entrada en operación de ésta mina la Terronera, en suelo jalisciense.

Para ello después de un período de construcción de dieciocho meses, la mina Terronera se espera produzca más de 5 millones de onzas de plata equivalente (en una proporción de plata:oro de 80:1) durante un mínimo de 12 años de vida útil de la mina, “a un costo total de mantenimiento por onza de plata producida, en el cuartil más bajo de pares de la industria”.

Endeavor Silver Corp es una empresa minera de metales preciosos de nivel intermedio que posee y opera cuatro minas subterráneas de plata y oro de alta ley en México, también con proyectos en Chile.

La autorización de la Semarnat denunciada por la REMA, se produce en un momento de incremento en los precios internacionales del oro. Este martes 25 de junio, agencias especializadas en temas financieros dieron a conocer que el oro alcanzó su mayor precio en los últimos seis años, al cotizarse en 1 mil 439 dólares la onza.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/25/semarnat-da-permiso-a-minera-para-construir-presa-en-jalisco-rema-6075.html?fbclid=IwAR3F-39hvDRyEk5ck-SUP9F84miT3Fje2M_BsanELRFmQfHJ6OswuCO164c
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Este viernes iniciarán trabajos de comité para rescate en Pasta de Conchos

Representantes del comité técnico que trabajará en el rescate de los cuerpos de mineros atrapados en Pasta de Conchos se reunirán este viernes con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para recibir el expediente único, traducido al inglés, sobre las condiciones y aspectos técnicos del accidente.

De esta manera iniciarán formalmente los trabajos para determinar la forma adecuada de rescatar los 63 cuerpos de los mineros atrapados desde febrero de 2006, como parte del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos.

Entre los técnicos que participarán en esta reunión se encuentra el presidente del Servicio de Rescate de Minas del Estado de Qeensland, Australia, Brett Garland, así como técnicos de Alemania y Estados Unidos, cuyos nombres la STPS está por confirmar.

A este encuentro además asistirá personal directivo de la STPS, de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía (SE), de la representación de las víctimas de Pasta de Conchos y de la Organización Familia Pasta de Conchos.

De igual forma, el comité está integrado por miembros del Servicio Geológico Mexicano, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH).

La conformación de este comité de técnicos, cuya misión es darle seguimiento al proceso de rescate de los cuerpos que aún yacen en la mina siniestrada, se determinó el pasado 10 de mayo.

A partir de que reciban el citado expediente único, los especialistas comenzarán con los respectivos estudios para determinar tanto la viabilidad del proyecto como el método más adecuado para el rescate de los cuerpos.

También, establecerán una hoja de ruta que desglose las actividades que se llevarán a cabo en fechas determinadas, para que a más tardar en 2020 inicie la fase física del rescate.

Al respecto la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, precisó que para enriquecer la opinión de los expertos alemanes, australianos, mexicanos y estadounidenses que colaboran en este equipo técnico, se tiene prevista una visita al lugar a fin de que hagan los estudios físicos y hablen con todos los que ha intentaron algún rescate en otro momento.

Así, una vez que tengan la metodología con la cual llevarán a cabo el rescate de los mineros, la Secretaría del Trabajo iniciará con las labores correspondientes.

Alcalde Lujan aclaró que la misión del rescate no es una búsqueda de pruebas de culpabilidades del accidente, ya que lo que se solicita a los expertos es una opinión técnica de cómo se puede lograr con éxito el rescate de los cuerpos.

El accidente de Pasta de Conchos ocurrió el 19 de febrero de 2006, cuando trabajadores de la mina de carbón, operada por Grupo México, quedaron atrapados luego de una explosión a las 2:30 horas, provocada por una vena de gas natural.

Pese a los esfuerzos realizados, fue hasta el 23 de junio de 2006 que se rescató el primer cadáver, correspondiente a Felipe de Jesús Torres Reyna, de 49 años, y posteriormente el de José Manuel Peña Saucedo, el 1 de enero de 2007.

Con esta iniciativa, se prevé que el resto de los cuerpos puedan ser recuperados a partir del próximo año con lo que finalmente se le daría sepultura digna a los trabajadores que perdieron su vida en esta mina de Coahuila.

 

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2019/06/este-viernes-iniciaran-trabajos-de-comite-para-rescate-en-pasta-de-conchos/?fbclid=IwAR0mk7oJdRGxOslruG-3o2jwGVIk1HFZe2UQerFadowDJWn8-R7OZlX0qfA

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El futuro del agua desde la Mina Peñasquito

El caso de Peñasquito nos enfrenta con la pregunta, central a nuestra futura Ley General de Aguas: ¿Quiénes deben decidir cuánta agua hay, y cómo se debe aprovechar?».

 

La mina Peñasquito de la empresa Goldcorp es un cráter de dimensiones inimaginables en el semidesierto zacatecano. Cada día, megamáquinas automatizadas pulverizan 130 mil toneladas de roca para extraer oro, así generan 1.4 mil millones de dólares anuales para la empresa. Los gigantescos tubos que surten la mina con agua que hubiera podido abastecer a un millón y medio de personas, son un símbolo del poder histórico de los “intereses” sobre la Comisión Nacional del Agua. Las comunidades aledañas que reclaman el resultante desecamiento de sus manantiales y pozos representan una primera línea de la defensa del agua de la Nación.

Para los 8 de cada 10 mexicanos habitantes de ciudades en el país, estas batallas por el agua pudieran parecer lejos y poco significativos. Pero el masivo concesionamiento de nuestros minerales, gas y petróleo en años recientes ponen en riesgo directo nuestro acceso al agua de calidad. El caso de Peñasquito nos enfrenta con la pregunta, central a nuestra futura Ley General de Aguas: ¿Quiénes deben decidir cuánta agua hay, y cómo se debe aprovechar? 

Para la actual Ley de Aguas Nacionales la respuesta a esta pregunta fue sencilla: estableció la Comisión Nacional del Agua como autoridad única en cuestión de la disponibilidad, la calidad y la asignación de nuestras aguas nacionales, sin contrapesos, ni medidas de exigibilidad, ni garantías del presupuesto requerido. Dejó nuestras aguas nacionales en manos de una institución terriblemente vulnerable a las presiones de los “intereses”.

Así es que cuando la empresa Goldcorp descubrió nuevas vedas de oro en Peñasquito en 2007, la Conagua le permitió realizar un estudio “demostrando” que había una recarga en el Acuífero Cedros más de cinco veces mayor (54.5 vs 10.1 millones m3/año) de lo que se había originalmente determinado.  La Conagua publicó el estudio en el DOF en 2009 y otorgó concesiones para los 40.3 millones m3/año adicionales.

De igual manera, la empresa Aguas de Barcelona “comprobó” que había 31 millones m3/año adicionales en el Acuífero Saltillo Sur, siendo el volumen exacto que requería para su proyecto de trasvase a una nueva ciudad industrial, y el Grupo Aeroportuario “descubrió” cuantiosos volúmenes inesperados de recarga en el sobreexplotado Acuífero Texcoco.

Bajo las mismas presiones, en años recientes, la Conagua ha estado levantando las vedas decretadas para proteger las aguas subterráneas en el 60% del país y las cuencas en el 80% de nuestro territorio. Además, la Ley de Geotermia y los Lineamientos de la Conagua autorizando aguas nacionales para la fracturación hidráulica, se fundamentan en el cuestionable concepto emergente de “acuíferos hidráulicamente independientes,” a ser “descubiertos,” reportados y aprovechados por empresas interesadas bajo esquemas de autorregulación.

Nuestra Carta Magna nos indica cómo salir de este predicamento. Las reformas a los Artículos 1, 2 y 4 exigen no dejar solo a la autoridad federal, sino lograr una dinámica de coadyuvancia entre los tres niveles de gobierno, la ciudadanía y los pueblos para lograr el acceso equitativo y sustentable.  En preparación para esta nueva etapa de buen gobierno del agua, ya han surgido procesos replicables en donde las universidades, los pueblos, la ciudadanía y gobiernos locales monitorean la disponibilidad real del agua, y en donde se consensan planes para garantizar los derechos humanos y colectivos al agua, a la alimentación y a un medio ambiente sano, en armonía con actividades productivas.

Deseamos que la crisis en Peñasquito, en donde los pobladores tuvieron que frenar las actividades de la mina por más de un mes para exigir su acceso al agua, sirva como lección para que podamos lograr una Ley General de Aguas a prueba de semejantes desafíos.

 

Fuente:https://aristeguinoticias.com/2506/mexico/el-futuro-del-agua-desde-la-mina-penasquito-articulo/?fbclid=IwAR02hjzVQO6fm233wFCkSMLhAQA742wC9UNJTA2MZ_JD3YrVlUUHK-ewDpc#.XRaFmfpMQXI.facebook

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COMUNICADO REMA «SEMARNAT….. CAMBIAR BOSQUES POR MINERÍA»

El pasado 18 de junio la empresa minera canadiense Endeavour Silver, anunció en su web que recibió el permiso final de relaves para el proyecto de la mina de plata y oro Terronera, ubicada en el estado de Jalisco, México. La nota cita que recibe el permiso del Estudio Técnico Justificativo (ETJ), o “Autorización para cambiar el uso del suelo en tierras forestales”, el cual fue emitido por SEMARNAT. https://www.edrsilver.com/English/news/default.aspx#2019#Endeavour-Silver-Receives-Final-Tailings-Permit-for-the-Terronera-Mine-Project-in-Jalisco-State-Mexico.

No hay mucho más que decir; el neoliberalismo sigue totalmente vigente por más frases mediáticas que nos impongan, queda en evidencia el estrechísimo margen de maniobra que tiene el actual Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el MC. Víctor Toledo Manzur y, con esta nueva autorización otorgada por quienes se supone cuidan el ambiente, al cambiar de bosques por minería, se ratifica el alineamiento de las instituciones, leyes y procedimientos a favor de los capitales privados.

Ya sólo nos falta que la guardia nacional también sume, a sus nuevas funciones anti-migratorias, algunas tácticas para dispersar y desterrar a “las peligrosas resistencias comunitarias” quienes son una real amenaza para los capitales porque prefieren cuidar su territorio y los bienes naturales de los depredadores.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/comunicado-rema-semarnat-cambiar-bosques-por-mineria/

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Pobladores rechazan Mina Ixtaca, clausuran oficina

Pobladores marcharon contra el proyecto de mina Ixtaca, que impulsa Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, y clausuraron la oficina de información que tienen instalada en Ixtacamaxtitlán.

Esto, a dos días de una reunión pública de información que ha sido convocada por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para el 25 de junio.

Los opositores al proyecto convocaron a la población a sumarse a la protesta y acusaron que se trata de una actividad que terminará por contaminar el agua de la zona y causar muertes en la región.

Además de marchar por las calles, instalaron una carpa y sillas frente al auditorio de la localidad Santa María Zotoltepec, donde se tiene prevista la reunión informativa que forma parte del proceso de evaluación de la Semarnat como parte de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

Cabe señalar que dicha reunión ya había sido postergada en semanas anteriores, situación que lamentó la empresa minera.

“Le decimos a las instituciones de gobierno municipales, estatales y federales involucradas en el análisis y autorización de este proyecto, que no permitiremos que antepongan la ganancia económica a la vida de todos los pueblos que habitamos al o largo de la cuencia del río Apulco”, señalaron en un comunicado.

“Manifestamos nuestro rechazo a las consultas que se han convertido en una herramienta del poder para legitimar sus decisiones, por ser consultas hechas desde la hipocresía para cumplir formalismos, atropellando nuestra autodeterminación, siendo el ejemplo más claro la supuesta consulta del Proyecto Integral Morelos, que se celebró a pesar del atroz asesinato de nuestro compañero Samir Flores”, continúa el documento.

El proyecto de Mina Ixtaca, abarca un área de mil 44 hectáreas y un tajo a cielo abierto de 133 hectáreas, con una vida útil de 14.5 años, según ha informado la empresa, que calcula generar 00 empleos durante la construcción y 420 más a partir de cinco años de operación.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/pobladores-rechazan-mina-ixtaca-clausuran-oficina/

Mexico

La Minera San Xavier y el saqueo al patrimonio en SLP

La recién creada Sociedad Civil Artículo 27, encabezada por los especialistas en derechos culturales José Manuel Hermosillo y Carlos Lara González, solicita que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no siga adelante en su pretensión de declarar Zona de Monumentos Históricos al municipio de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí (SLP).

Piden incluso que el escudo de armas de la entidad potosina –que se distingue por tener en el centro la imagen del Cerro de San Pedro con la imagen de San Luis Rey de Francia posando en la cima mientras sostiene una cruz, y a los costados dos barras de plata y dos de oro– sea modificado para dejar constancia de la destrucción que la Minera San Xavier hizo del emblemático cerro.

El 18 de febrero de 2017, el gobernador de SLP, Juan Manuel Carreras López y el director general del INAH, Diego Prieto, firmaron un convenio de colaboración y coordinación para llevar a cabo acciones de investigación, protección, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural de la Zona Arqueológica de Tamtoc, el poblado de Real de Catorce y Cerro de San Pedro. Sobre este último destaca un comunicado del INAH:

“Se buscará iniciar un expediente para que el cercano Cerro de San Pedro sea declarado mediante decreto presidencial Zona de Monumentos Históricos, con miras a diversificar sus fuentes de trabajo, toda vez que la minería ya es una actividad en decadencia y podría suscitar su despoblamiento, corriendo una suerte similar a la que tuvo Real de Catorce”.

Lo que no menciona el comunicado del INAH es que la minería, a la cual declara “en decadencia”, literalmente voló el Cerro de San Pedro, que la empresa canadiense Minera San Xavier –que logró la concesión para explotar los restos de plata y oro que quedaban en el montículo– lo pulverizó, que ya no existe más y que, incluso, la población fue presionada de diversos modos para abandonar su lugar de origen y fundar una nueva ciudad, llamada La Zapatilla, y por ello estuvo en riesgo de convertirse como Real de Catorce en un “pueblo fantasma”.

“De nada sirvió en su momento –exponen los especialistas en el punto de acuerdo– informar a la empresa y al gobierno, a través de grupos de la sociedad civil organizada, de que se trataba de un pueblo histórico, declarado zona de monumentos, y de que el cerro donde estaban ya cavando, era el emblema del escudo de armas del estado de San Luis Potosí”.

Agregan que la zona del Cerro de San Pedro y los municipios conurbados, cuentan con declaratoria como zona de protección de la vida silvestre, por decreto del 24 de septiembre de 1993, con lo cual se protege al Valle de San Luis de los impactos ambientales:

“De hecho habla de la instalación de cualquier tipo de industria en toda la zona decretada. Que, si ésta se da, los vientos dominantes que pudieran venir de esa zona decretada al Valle de San Luis vendrían hacia la ciudad de forma natural por los vientos. Como se puede ver, se violó el decreto ambiental y el decreto que lo clasifica como zona de monumentos al Cerro de San Pedro”.

Señalan, asimismo, que en la desaparición de cerro –que evocaba el famoso Potosí de Bolivia– participaron los tres órdenes de gobierno, “la federación (durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón), el estado y el municipio”, sin tomar en cuenta los reclamos de defensores del medio ambiente y del patrimonio cultural del estado.

Asunto crítico

Desde que la Minera San Xavier (MSX) solicitó autorización para su proyecto de explotación de oro y plata, mediante el método de minería de tajo a cielo abierto se encendieron las luces de alerta entre la población y los defensores citados. En el año 2000, el entonces Instituto Nacional de Ecología tenía clasificado al proyecto como “crítico y coyuntural”.

El método se conocía poco entonces, pero se puede resumir así: Mediante toneladas de cargas de explosivos, se fue demoliendo el cerro, el material extraído se lava con grandes cantidades de cianuro (“32 millones de litros de agua mezclada con 16 toneladas de cianuro se han utilizado diariamente para el proceso”, dice el punto de acuerdo) para separar el oro y la plata de la piedra y demás materiales que conformaban el cerro.

Lo que quedó donde antes existió el cerro son montañas de desechos contaminantes alrededor y una zona semiárida. El cerro es hoy un tajo a cielo abierto. Se advirtió desde el inicio de los trabajos que quedaría un cráter “semejante al estado Azteca” y similar al que ya había dejado la mina Real de Ángeles en el municipio de la Noria, en Zacatecas, y un entorno ecológico devastado en 14 kilómetros a la redonda con sedimentos de cianuro en los mantos freáticos. Una imagen de la destrucción puede verse en línea.

En un breve resumen realizado por esta reportera con motivo del anuncio del cierre de actividades de la empresa, se recordó que para tratar de frenar su instalación en el pequeño poblado se formaron grupos como Pro San Luis Ecológico A.C., y el Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier (empresa filial de la empresa canadiense Metallica Resources Inc, y luego New Gold).

En septiembre de 2000 (Proceso 1245), el entonces responsable de relaciones públicas de MSX, Pedro Manuel de la Fuente, declaró en entrevista que el principal objetivo de la transnacional era la salvaguarda del poblado, pero añadió que era más costoso sostener el templo de San Pedro que hacer uno nuevo. Y de plano, construyeron una nueva ciudad, llamada, La Zapatilla, con todo e iglesia.

Histórico saqueo

En abril de 2007, Proceso publicó el reportaje “La minera San Xavier quiere doblar al INAH”, en el cual se consignó que mientras el histórico Cerro Rico de Bolivia, cuya riqueza en plata dio origen al dicho “¡Vale un Potosí!”, fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, el Cerro de San Pedro fue pulverizado. Y en una evidente contradicción se buscaba que la capital de SLP se reconociera como patrimonio mundial.

Se mencionaron sus 400 monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI al XIX, catalogados por el INAH, entre ellos antiguas haciendas de beneficio y los templos de San Pedro del siglo XVIII y San Nicolás Tolentino del XVII, puestos en riesgo por las detonaciones y la contaminación de la minera.

La historiadora Marta Terán hizo pública una carta dirigida al entonces titular del INAH, Alfonso de Maria y Campos, en la cual le recordó su deber de colocar sellos de clausura en la MSX, “rectificando y revisando la actuación del director anterior” (Luciano Cedillo).

También historiador, el investigador de El Colegio de San Luis, Juan Carlos Ruiz Guadalajara relató a su vez que a diferencia de ciudades como Guanajuato y Zacatecas que habían crecido por la minería, Cerro de San Pedro siempre fue tratada con desdén y desde la llegada de los españoles sólo fue saqueada, sus riquezas eran extraídas y llevadas a la ciudad de San Luis Potosí e incluso a la Ciudad de México, sin reportar ningún beneficio económico o social para el pequeño poblado que fue quedando en el abandono.

Y, sobre el origen del escudo de armas dijo a esta reportera que se remite a la historia novohispana y atañe no sólo a los potosinos, sino a la nación en su conjunto. Así se publicó en Proceso:

“Hay elementos similares en varios escudos de armas relacionados con pueblos mineros. El mismo del cerro del Potosí en Bolivia tiene como elemento iconográfico al cerro, sobre el cual está posada una virgen, su mantón protector es la montaña. Son reflejo del “imaginario español en torno de las montañas llenas de oro y plata”, así como de los buenos gobernantes o vírgenes protectores del imperio y la riqueza. El de San Pedro es el Potosí novohispano”.

Nadie imaginaria, agregó, que una minera como Metallica Resources o San Xavier llegara al Potosí boliviano y dijera ‘vamos a triturarlo’.

Y más saqueo

Desde que se supo del proyecto de explotación de la minera se afirmó que ejecutaría a partir de julio de 2001, y abarcaría diez años, ocho de ellos para la explotación y los dos restantes para “dejar remediada la zona”, acorde con el compromiso que firmaron entonces la minera y el gobierno potosino.

Sus actividades iniciaron “formalmente” en 2007. Entonces se perfilaba no sólo como un proyecto industrial de gran envergadura sino “como la amenaza más grande contra la ecología y la salud de los habitantes del municipio de Cerro de San Pedro y de la propia capital”.

En diciembre de 2015 se anunció que la MSX salía por fin de SLP. Aunque no se iba por un cierre impuesto por las autoridades mexicanas, sino que ella misma daba por concluidas sus actividades y la liquidación de sus 300 empleados.

Ahora, se señala en el punto de acuerdo, “la empresa ya está por terminar sus operaciones y hasta el momento nunca se cumplió la promesa de riqueza para la población; también se terminarán los pocos empleos que ofrecía y nos dejará un daño que aún no ha sido calculado”.

Consideran sus promotores, que lo ocurrido con el Cerro de San Pedro va en contra de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y del principio de desarrollo sostenible:

“Debemos tener claro que son ya instrumentos internacionales que forman parte de nuestro derecho vigente, a partir de la nueva antropología jurídica. Considérese que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido como parte de este nuevo marco, que el derecho a la identidad cultural es un derecho humano de naturaleza colectiva que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Lo anterior por la relevancia que tiene tanto para el individuo, como para su comunidad y el entorno en el que se desarrollan”.

Mencionan que el actual director del Centro INAH en SLP, Juan Carlos Machichena, ha afirmado que tiene ya listo el expediente para que el poblado sea declarado como zona de monumentos a nivel federal, pero aclaran que para que se cumpla el objetivo debe contarse con las firmas del alcalde, el ejecutivo estatal y el presidente de la república y advierten:

“… sería inadmisible; una especie de burla a la protección, conservación y correcta difusión del patrimonio cultural. Sería un tanto como decir, de ahora en adelante, ya que la Minera nos desapareció, no sólo el elemento de identidad que aún figura en el escudo de armas del estado y de la capital, sino también que da nombre al municipio, vamos a comenzar a hacer las cosas bien”.

Y es que debe recordarse que la historiadora Marta Terán demandó en su momento que Cerro de San Pedro se declarara zona de monumentos, pero con el fin realmente de poner un alto a la MSX y proteger el patrimonio cultural de la población.

Hermosillo y Lara piden asumir la desaparición del Cerro de San Pedro como un símbolo y retirarlo del escudo de armas para “asumir la responsabilidad histórica ante las acciones y omisiones de nuestros gobiernos pasados… y como el comienzo de una nueva etapa en nuestra sociedad que busca remediar el daño cultural y ecológico sufrido”.

Entonces solicitan que se pida al INAH abstenerse de seguir adelante con la “pretendida declaratoria de zona de monumentos” en tanto no haya la reparación del daño y al gobierno estatal de seguir usando el escudo “toda vez que dicho elemento de identidad acultural ya no existe”.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/587469/la-minera-san-xavier-y-el-saqueo-al-patrimonio-en-slp?fbclid=IwAR1DzzKdN-2NpBhX4N4B77BTW5sN21PyrHMLNoWDL2xdp6CpMTc5yCsOY98
Mexico

Más mentiras del Progreso y Desarrollo Minero.

Desde la semana pasada está bloqueada la mina El Coronel, confirma Sezac

Carlos Bárcena Pous, secretario de Economía en la entidad, confirmó que hay un bloqueo en la mina El Coronel por parte de habitantes de la comunidad de Boquillas, quienes piden que se cumplan acuerdos respecto al apoyo de viviendas.

Detalló que el bloqueo inició la semana pasada, por lo que se están realizando mesas de trabajo con los involucrados, en las que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, participa como mediador.

Sin embargo, al parecer son dos personas, vecinas de la mina, quienes de manera radical decidieron bloquear la mina, pues hay disposición de los representantes de El Coronel, de dar cauce a sus peticiones.

Dijo que “se han firmado algunos acuerdos entre habitantes de la comunidad y representantes de la mina, se está radicalizando la posición de los habitantes, creemos que no debe ser así, porque son 10 o 12 personas que afectan a más de 900 trabajadores”.

Aclaró que este bloqueo no tiene que ver con el tema de la producción, o de cómo se trabaja en la mina. Y lo que se propone desde el gobierno es que de manera razonable y que ninguna de las dos partes lo dirima, sino que acuda un perito o director responsable que haga un levantamiento en la zona.

Comentó que después de que se evalué si hay un daño; en caso de haberlo, la empresa ha mostrado la disponibilidad para hacerse responsable de los gastos para la reparación.

“Los señores están un poco radicalizados, es decir, pues oye no queremos que nos arregles daños, sino que nos hagas una casa tres veces más grande, eso no es razonable. Por lo que buscamos que se llegue a un arreglo claro para ambas partes. Lo que quieren es llegar a un acuerdo razonable sobre el tema en específico de sus casas habitación, no vemos más de eso”, indicó.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/mas-mentiras-del-progreso-y-desarrollo-minero/