Sus aguas albergan el 39 por ciento de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y un tercio de los cetáceos, además de peces como el tiburón ballena, la totoaba, la mariposa limón, la morena castaña, tigre o pargo pitero, además de 3 de las 13 colonias reconocidas de lobos marinos en California, se encuentran dentro de la biosfera de la Bahía de los Ángeles , en las costas de las islas de Ángel de la Guarda y Granito. Ahí también habitan pelícanos, delfines y muchos peces.
En el mar de Cortés o golfo de California habitan animales únicos en el mundo. Fue declarado patrimonio natural mundial en 2005. Es uno de los espacios naturales de mayor protección en Norteamérica ya que la comunidad científica internacional la considera el laboratorio más grande del mundo.
Geológicamente, es una parte de la corteza terrestre que se ha ido separando del continente americano por el movimiento de placas, mismo que ha formado el golfo de California, también conocido como el mar Bermejo, por el color de sus aguas.
A sus costas arriba la ballena gris para reproducirse, y más de 56 especies de aves marinas, 26 de ellas migratorias, y seis casi endémicas, además de 154 especies de aves terrestres de 30 familias.
Otra muestra de su riqueza son sus reptiles: de las 864 especies descritas para México, 115 se desarrollan en aguas y costas del mar de cortés, de las cuales, 48 son endémicas.
Los archipiélagos de Ángel de la Guarda y de Bahía de los Ángeles así como la zona costera frente a los canales de Ballenas y Salsipuedes forman parte del mar de Cortés y son áreas de apostadero, previo a la reproducción para miles de gallitos, gaviotas, pelícanos, cormoranes, garzas y pájaros bobos entre otros.
Además constituye una zona de refugio importante para un gran número de aves playeras, marinas y de presa durante su periodo de reproducción o en sus rutas de migración .
Sus aguas albergan el 39 por ciento de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y un tercio de los cetáceos, además de peces como el tiburón ballena, la totoaba, la mariposa limón, la morena castaña, tigre o pargo pitero, además de 3 de las 13 colonias reconocidas de lobos marinos en California, se encuentran dentro de la biosfera de la Bahía de los Ángeles , en las costas de las islas de Ángel de la Guarda y Granito. Ahí también habitan pelícanos, delfines y muchos peces.
De acuerdo con la Semarnat, sus islas y costas se recrean con el follaje de casi 700 especies de plantas vasculares, como los cactus columnares y las biznagas, así como la medicinal Larrea Tridantata.
El mar de Cortés alberga más especies que cualquier otra región insular y marina, incluida en las listas de patrimonios mundiales
El fallo de una de las válvulas en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, de Grupo México, cuyo propietario es Germán Larrea, causó que se derramaron 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés.
La empresa dirigida por Larrea informó en un comunicado que el derrame registrado ayer no generó daño a alguna persona y afirmó que se aplicaron medidas de atención y la situación fue controlada rápidamente.
El 19 de febrero de 2006 la mina 8 Unidad Pasta de Conchos en el estado de Coahuila, sufrió una explosión por acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados.
El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas.
La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 26/2006, determinó que “los servidores públicos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.
Inexplicablemente, las labores de rescate quedaron a cargo de la propia compañía responsable de las condiciones de trabajo: Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos, y en una decisión inédita, la empresa decidió suspender el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas. Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos; en ambos casos, la parte patronal es Grupo México.
Las familias y organizaciones acompañantes señalaron que la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.
El 6 de agosto de ese año, la mina Buenavista del Cobre –subsidiaria de Grupo México– derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron a siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.
A finales de abril de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos casos relacionados con estos desastres.
La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace tres años como una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.
A la comunidad jamás se le informó nada. El 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población…
El (anterior) derrame de 20,000 litros de agua con sedimentos de una mina propiedad de Grupo México en un río de San Martín, Zacatecas, este 11 de mayo, fue considerado por la empresa como no peligroso, pero recorrieron 200 metros sobre un arroyo fuera de su propiedad.
Aunque el consorcio se comprometió a resolver la catástrofe, habitantes de San Martín denunciaron que el río de su comunidad había sido contaminado y que la afectación repercute en dos mil habitantes de la comunidad, además de aquellos quienes se encuentran río abajo como las localidades de San Antonio de Belén y Carretas, que utilizan el agua para consumo humano y doméstico, denunciaron habitantes.
De acuerdo con las denuncias, el derrame contiene reactivos como cianuro, sulfato de zinc, sulfato de cobre, y desemboca en los sembradíos frutales y demás cultivos de granos básicos…
***
La muerte de 70 trabajadores por la inseguridad de sus instalaciones y el desastre ambiental que provocó en Sonora han terminado en multas irrisorias impuestas a Grupo México por parte del gobierno federal y que, la empresa, ni siquiera ha pagado.
Por el deceso de los trabajadores en dos hechos distintos y el desastre ambiental de Sonora, las penalizaciones contra la empresa de Germán Larrea suman 57.3 millones de pesos.
Dicha cantidad representa apenas 0.97% de los 5 mil 900 millones de pesos de ganancias que obtuvo en el segundo trimestre del presente año.
Sin embargo, de las sanciones impuestas sólo ha pagado 1.3 millones de pesos correspondientes a una resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por el accidente en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en 2006.
El resto, es decir, 56 millones de pesos, aún está en duda que se vayan a cobrar.
Por la muerte de cinco trabajadores a consecuencia de las condiciones de inseguridad de sus instalaciones en Charcas, San Luis Potosí, ocurrida el 12 de febrero pasado, la STPS anunció una multa “histórica” de 13 millones de pesos [¡!], contra la cual Grupo México se amparó.
Y en el caso del impacto ambiental en Sonora, multas y sanciones por 43 millones de pesos, aún deben ser validadas por un órgano jurisdiccional.
La diferencia es notable respecto a daños ambientales como el de El Paso Texas, Estados Unidos, donde por un caso de contaminación con plomo, cadmio y arsénico que provocó graves problemas a la salud en niños, adultos mayores y embarazadas, enfrentó una sanción cercana a los mil millones de dólares.
En México, la empresa de Germán Larrea Mota-Velasco, el segundo hombre más rico de México y el número 58 del mundo –cuya fortuna personal se estima en 16 mil 100 millones de dólares–, debe emitir un leve desembolso pues esos tres hechos no le representan ni 1% de lo que gana en tres meses…
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Así se “resuelven” asuntos tan perniciosos, como el del ecocida consuetudinario Grupo México en el país.
Contaminar, e infringir jubilosamente la ley, sigue siendo el mejor de los negocios posibles.
Aunque excepción en este otro caso a la regla neoliberal, distinto es -a pesar de los desastres del Trumpismo– en la Unión Americana, con un consorcio planetario que (en ámbitos cietamente distintos a los del esperpento de Larrea) tiene capacidad de emponzoñar mentalidades y conciencias.
Y ante tanta miseria humana un breve colofón que reaviva la esperanza:
En México existen alrededor de 26 mil 500 concesiones mineras vigentes, tanto territorio indígena y agrícola ha sido entregado a empresas o particulares como concesión minera y representa del 13 al 30% del territorio del país, señaló Gustavo Lozano.
El integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) mencionó que esta actividad es el megaproyecto más violento que existe contra la salud, el territorio y el medio ambiente a nivel nacional y mundial.
“Hay un discurso oficial de los últimos tres gobiernos de que la minería puede ser socialmente responsable, nosotros consideramos que no es así, la extracción de minerales no tiene que ver nada en lo absoluto con las relaciones que las sociedades hemos construido”, dijo.
Una minera de Grupo México derrama 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.
La empresa, propiedad del segundo hombre más rico de México, provocó en 2014 una de las mayores catástrofes ambientales en la historia del país, al verter 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos de Sonora.
Un ducto de la minera Grupo México derramó 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes, en el estado de Sonora, al noroeste de México.
Se trata de un nuevo desastre ambiental provocado por la empresa propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, y que en 2014 ocasionó la mayor catástrofe ecológica en la historia de México.
Ácido en el mar
El reciente derrame de ácido sulfúrico ocurrió en la ciudad costera de Guaymas, Sonora, el cual fue captado por algunos usuarios de redes y difundido por medios locales.
Grupo México, de Germán Larrea, se ve involucrado en un derrame tóxico. Esta vez fueron 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Es la compañía minera más grande del país. En 2014 también cometieron un ecocidio en el río Sonora. #Guaymas#fail |
De acuerdo con un comunicado de Grupo México, el incidente ocurrió el 9 de julio alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en la Terminal Marítima de Guaymas, provocado por la falla de una válvula en las tuberías que transportaban el químico.
En la Terminal Marítima de Guaymas se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico que ocasionó la liberación de 3 (tres) m3. Se aplicaron de inmediato medidas de atención y la situación se controló rápidamente.
Abraham Larios, titular de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, entidad gubernamental encargada de administrar el puerto, responsabilizó a la empresa minera por el derrame.
«Grupo México es el responsable de esta falla y los eventuales daños deberán ser reparados a la brevedad por esa empresa», dijo Larios en entrevista con Milenio.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) actualmente se encuentra evaluando los daños, de acuerdo con la versión oficial, a pesar de que tras dos días del desastre la dependencia no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.
«Ya va intervenir la Semarnat para atender este caso. Se van a evaluar los daños. Es un hecho que sí hubo el derrame, esa es la información que tengo, y sí se va a actuar», aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina de este 11 de julio.
No es la primera vez
El 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre –considerada en su momento como la tercera más grande del mundo en este mineral y filial de Grupo México– derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi, en un hecho calificado por las autoridades federales como «el desastre ambiental más grave de la minería en México».
Un total de 24.000 personas fueron afectadas. Muchas de ellas, presentaron enfermedades en la piel y gastrointestinales por el contacto con el agua contaminada.
En 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente multó a Grupo México con un monto de 23,5 millones de pesos (1,4 millones de dólares) tras incurrir en 55 «irregularidades», además de constituir un fideicomiso privado para remediar los daños. Una multa que representó apenas el 0,09 % de las ganancias que obtuvo Grupo México el mismo año en que ocasionó el derrame: 1.705 millones de dólares en 2014.
Germán Larrea, accionista principal de Grupo México, es considerado el segundo hombre más rico del país, después de Carlos Slim, con una fortuna valuada en 13.300 millones de dólares, según la revista Forbes.
De acuerdo con el Informe Final Diagnóstico Ambiental en la Cuenca del Río Sonora, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el derrame provocó «el incremento en la mortandad de los árboles«, así como la presencia de metales pesados en especies, causando efectos negativos a mediano y largo plazo para personas y animales, debido a la acumulación de tóxicos dentro de la cadena trófica.
El reporte también documentó presencia de arsénico y plomo en productos lácteos, además de altas concentraciones de cadmio en frutas y verduras. También se documentó que el 70 % de los niños de la comunidad de San Felipe de Jesús, uno de los 7 pueblos más afectados por el derrame, tenían altas concentraciones de plomo en la sangre.
Sin embargo, Grupo México no cumplió con las medidas de reparación de daños a las que se comprometió, lo cual fue calificado por Naciones Unidas como un ejemplo «descarado y flagrante» de impunidad.
«Estamos hablando de una de las compañías más grandes de todo el mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer. Si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad, entonces, no sé qué más podría ser», declaró en mayo de 2018, Baskut Tuncak, relator de Naciones Unidas para el manejo de sustancias tóxicas sobre el incumplimiento de Grupo México.
Un análisis de la organización PODER encontró múltiples irregularidades en el fideicomiso privado que se creó con la finalidad de que las empresas responsables pagaran para remediar, reparar y compensar los daños por el derrame.
Entre las irregularidades detectadas, se encontró que apenas el 10 % del dinero sirvió para pagar directamente a las personas afectadas, mientras el 90 % de los recursos restantes «es incierto», debido a triangulaciones y gastos sospechosos.
Esto, además de que Grupo México apenas desembolsó la mitad de los 2.000 millones de pesos a los que se había comprometido originalmente con autoridades gubernamentales.
La empresa también se había comprometido a construir 63 nuevos pozos de agua con el fin de que las comunidades afectadas pudieran acceder al vital líquido, pero hasta 2018, cuatro años después del derrame, la Comisión Nacional del Agua sólo había reportado 17 nuevos pozos.
Y todo, sin que las autoridades mexicanas intervinieran para sancionar a Grupo México por incumplir con sus compromisos.
En octubre de 2018, el Tribunal Latinoamericano del Agua, un organismo no vinculante que busca evidenciar los agravios contra los pueblos cometidos por empresas y autoridades gubernamentales, resolvió que el Estado mexicano «ha incumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente y sobre todo ha afectado a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y campesinos», tras el derrame en los ríos de Sonora.
Asociaciones ambientalistas han exigido que el estado se declare libre de ella ante los daños ambientales que provoca, las cantidades de agua que exige y el deterioro que origina a las comunidades
Xalapa, Ver.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a cargo de Víctor Manuel Toledo Manzur, se comprometió a prohibir la minería tóxica en Veracruz.
De acuerdo con el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez Curiel, tras el compromiso que hiciera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, esa decisión también está siendo respaldada por la Federación.
«Hablamos con el gobernador y Víctor Toledo, ambos se comprometieron a hacer lo necesario y buscar los instrumentos para que la minería tóxica no vaya en Veracruz»
Tras sostener una reunión con ellos, apuntó que el funcionario federal está convencido de que la minería “no va”, por lo que les dio certezas al respecto y confían en que cumpla su palabra.
Asociaciones ambientalistas han exigido que Veracruz se declare libre de minería tóxica ante los daños ambientales que provoca, las cantidades de agua que exige y el deterioro de las comunidades que origina.
HACE UNA DEFENSA FÉRREA DE LA ACTIVIDAD MINERA DE LA EMPRESA CANADIENSE ARGONAUT GOLD Y ES SECUNDADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE, MAURICIO USABIAGA QUIEN PIDE ROMPER TABÚS EN CUANTO A LA INDUSTRIA MINERA.
Guanajuato, Gto.- Salvador García Ledesma presidente del Comité Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, llamó “ridiculos” a quienes piensan que la actividad minera puede tener consecuencias negativas para la salud, refiriéndose al proyecto de la empresa minera Argonaut Gold Cerro del Galloperteneciente a la comunidad de San Antón de las minas en Dolores Hidalgo.
“Expo México Minero” señaló que, aunque las comunidades que se encuentran aledañas a este proyecto se hallan manifestado en contra, no tienen bases científicas para señalarlo, señalando que los habitantes tienen solo la creencia de que la actividad minera puede traer malformaciones en los recién nacidos, pero dijo esto es por falta de información.
“Se imaginan Guanajuato que tiene casi 500 años de minería cómo serían sus habitantes, esto es totalmente ridículo pero lo más grave es que alguna gente lo cree”.
De la mima forma mencionó que uno de los principales retos de la minería es mostrar a la ciudadanía los grandes beneficios que esta actividad trae a los ciudadanos, señalando que ha sido un obstáculo para la minería las organizaciones civiles que se oponen a este tipo de desarrollo por considerarlos nocivos para el medio ambiente.
Por su parte Mauricio Usabiaga señaló que hay que quitarse los tabúes generados, según sus palabras por la desinformación por planteó un proyecto para capacitar a artesanos para con ello crear una industria de artículos guanajuatense producto de la minería.
Líder del sector advierte por falsos representantes de pueblos; el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas urgió a las autoridades a establecer estrategias de seguridad antes de que paros lleguen a las minas de la entidad
María Espino
Guanajuato.- Salvador García Ledezma, presidente del Comité Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México, exhortó a las autoridades a vigilar las zonas mineras para evitar extorciones a empresas y a pobladores por parte de pseudorepresentantes que llegan con la bandera de defensores de los derechos, pero que sólo buscan timar a la población.
Pues mencionó que dichas acciones a las compañías mineras propician temor y hasta la suspensión de operaciones en algunos lugares.
Por ello urgió a establecer una estrategia de seguridad para brindar certeza y seguridad a las empresas, materiales, empleados y pobladores en general.
“Es cada vez más frecuente la intromisión de personas ajenas a las comunidades mineras, que motivadas por obtener beneficios personales y con la bandera de defensores de los derechos de las comunidades se han autodenominado representantes, sin embargo, extorsionan a las compañías mineras y a las mismas comunidades hasta propiciar que la suspensión de operaciones”.
Recordó que hace poco que finalizó el bloqueo a la mina Peñasquito en Zacatecas, como el ejemplo más reciente de una situación ante la que el gremio está indefenso y que sólo se podrá evitar a través de la ley.
Preocupan recortes a la exploración
Salvador García manifestó que para los mineros resulta preocupante la reducción de inversiones en exploración, porque es ir contra la tendencia del sector a nivel internacional.
“Desagraciadamente no tenemos signos tan alentadores, el valor de la producción minera mexicana no creció en el 2018 y la inversión programada por las empresas mineras para este año es ligeramente superior a la del año pasado”.
“Recordemos que la minería es una actividad globalizada y si un país no garantiza las mejores condiciones, los inversionistas buscan otros destinos”.
La empresa canadiense Argonaut Gold pretende explotar su Proyecto Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia. De realizarse, su proyecto abarcaría un área total demás de 20,000 hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua.
En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del “Acuífero de laIndependencia”, el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterranea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, la empresa minera canadiense Argonaut Gold pretende iniciar las operaciones de su Proyecto Cerro del Gallo, aubicarse en el territorio de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.
El Proyecto se ubica dentro la Cuenca de la Independencia, un territorio así denominado por formar
parte de un solo Acuífero subterráneo, como ha sido demostrado por los estudios realizados desde
1998 por el Centro de Geociencias de la UNAM, aunque la Comisión Estatal del Agua no lo
reconozca así. Este Acuífero abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato, desde
San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José
Iturbide y San Miguel de Allende. La sobreexplotación del Acuífero es tan grave que el agua está
siendo tomada más allá de los límites de extracción sustentable, ello se constata con los pozos
que existen en la región que alcanzan entre 400 y 700 metros de profundidad. El agua extraída a
esas profundidades, contiene un exceso de elementos químicos como el arsénico y el fluoruro, los
cuales son altamente dañinos para la salud de toda la población.
Si el Proyecto Minero del Cerro del Gallo empezara a operar los riesgos para los habitantes se multiplicarían de manera exponencial ya que generaría de inmediato graves afectaciones al equilibrio ecológico de la zona, como de hecho está sucediendo en todas las minas a cielo abierto que se encuentran en el territorio nacional, toda vez que para su operación, además de extraer grandes cantidades de agua, la cual es insuficiente para el consumo humano y las actividades agropecuarias de las familias campesinas, arrasaría un cerro completo, tal como sucedió con el emblemático Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, dejando en su lugar un enorme cráter;además de ello, el proceso de cianurización de las enormes cantidades de material extraído, con el propósito de separar los minerales, generaría gravísimos efectos de contaminación afectando todo tipo de vida.
Por tales razones, los habitantes de las comunidades cercanas al Proyecto Cerro del Gallo han manifestado su rechazo absoluto a la explotación minera de Argonaut Gold, ya que ello conllevaría a la violación de sus derechos humanos, el desplazamiento involuntario de muchos habitantes, impactaría negativamente su economía, y comprometería la calidad de vida de las familias en el presente y en el futuro. Ante esta convicción, las mismas comunidades exigen al Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo que no otorgue ningún tipo de permisos y/oautorizaciones a la empresa Argonaut Gold para su Proyecto Cerro del Gallo.
8 de julio 2019Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
AT E N T A M E N T E
Comunidades Opositoras al Proyecto Minero Cerro del Gallo
SANTA BARBARA | CERRITO DE GUADALUPE | LA COLMENA | EL DURAZNO
| PALACIO DE ABAJO | EL POTRERO DE GUADALUPE | SAN JOSÉ DE LA CAMPANA | SAN JOSÉ DE LA PALMA | EL LLANITO | LA VENTILLLA | SANISIDRO EL SISOTE | SAN MARCOS | PURISIMA DE CEBOLLETAS | CABAÑA DESAN JERÓNIMO | LA TINAJA
Después de 7 años y gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe Preventivo que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista, que la empresa echó a funcionar sin el consentimiento de los pobladores
La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace 3 años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.
A la comunidad jamás se le informó nada. Este 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población.
El biólogo Germán González Siqueiros recita a la comunidad de Bacanuchi el informe que Grupo México entregó para abrir la presa de desechos tóxicos de la mina de cobre. Este informe fue redactado en 2012 y aprobado en 2013; el histórico y terrible derrame ocurrió en 2014. La presa de jale opera desde 2015. La gente, que apenas se recuperaba del derrame de 2014, se enteró del proyecto hace un año y medio porque vio la construcción, y porque Grupo México quitó el camino comunitario a Cananea. Hace un año, la comunidad, apoyada por la Organización Poder, interpuso un amparo que, en septiembre pasado, fue otorgado por la Segunda Sala de la SCJN.
La reunión de este 5 de julio de 2019 es resultado de ese amparo.
Al lado del biólogo se encuentra Dulce María Villarreal, suplente por ausencia del delegado de la Semarnat en Sonora, quien guarda silencio durante todo el evento. Del otro lado se encuentra Cristina Martin, directamente enviada por el nuevo titular de Semarnat, Víctor Toledo. Al frente, un centenar de personas de la comunidad y de poblados también afectados río abajo; hay observadores de derechos humanos, y también dos enviados de Grupo México: un notario y lo que parece ser un guardaespaldas.
El biólogo da el informe con la ayuda de un powerpoint. Este trámite debió haberse realizado por 2012, antes de que Semarnat aprobara el proyecto. Pero se lleva a cabo en 2019, después de que Grupo México obtuvo aprobación, compró ejidos, movió caminos, construyó una presa tan grande que tan sólo la corona es de ocho kilómetros de circunferencia y el muro de 117 metros (a lo lejos recuerda el muro de hielo de Juego de tronos) y le permite albergar el equivalente de 102 millones de pipas con desechos tóxicos. Es decir, unas 51 mil veces el derramado en 2014. Si la presa se reventara, sumergirá por completo Bacanuchi.
El biólogo Germán González lee con voz somnífera el informe que Grupo México entregó en aquel 2012 a la Semarnat, para que se aprobara su proyecto. Según su dicho, el proyecto contempla los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Recalca que las presas de jales (es decir, de desechos y lodos tóxicos) son usadas en todo el mundo. Que el diseño lo hicieron con un software muy moderno. Y que por eso se aprobó.
Los pobladores de Bacanuchi y de comunidades río abajo escuchan, mientras se abanican con revistas o papeles el calor del mediodía bajo la resolana del kiosko. La reunión es lenta; pero pobladores, mujeres amas de casa, hombres de botas y sombrero no quitan la atención: saben que es de vida o muerte, literal.
Visita de Semarnat a Bacanuchi, para presentar el informe preventivo de Grupo México para construir Presa de jales de la mina Buenavista del Cobre. Foto: Lydiette Carrión
Al terminar, vienen las preguntas, y estas son quizá lo más interesante de la reunión:
“¿Por qué hasta ahora nos vienen a informar?”, pregunta María Elena Bustamante, una de las 42 quejosas que interpusieron el amparo ante la SCJN.
“Cuando aprobaron esos informes ¿fue trabajo detrás del escritorio o hicieron trabajo de campo?”, pregunta otra mujer. Otro más cuestiona: “¿Por qué dan tantos permisos detrás del escritorio si nosotros somos los afectados?”
Un hombre lanza: “¿Cómo no revirtieron la autorización, si ustedes la aprueban en 2013 y en 2014 se dio el derrame?”
Óscar Pineda, investigador de Poder, toma la palabra, otorgada por María Elena Bustamante. Se levanta y entrega un sobre color manila con todas las observaciones halladas: los volúmenes del vaso contenedor de la presa de jales que presenta Semarnat no son los mismos que los que han sido conseguidos vía transparencia. Hay discrepancias, de 1 mil 700 millones cúbicos a 2 mil 40 millones cúbicos.
Agrega que no se contemplan normas vinculadas a la salud humana. Tampoco se contempla el impacto acumulado del derrame de 2014, ni de las décadas y siglos de explotación minera.
No es posible hablar de la nueva presa de jales sin mencionar el desastre de 2014. Es imposible, a pesar de que las autoridades piden eso. Juan Flores, un joven originarios de Bacanuchi, explica: lo que más les importa es la salud. Cuando ocurrió el derrame de 2014, las autoridades les prometieron construir un pequeño hospital o clínica para dar seguimiento médico. No solo no construyeron nada, sino que el pequeño centro de salud que tenían ahora está cerrado.
Juan Flores también advierte que hay corrientes de agua donde antes no había. Eso, explica, son ya las filtraciones de la presa. ¿Qué software revisa eso? Porque saben que el agua lleva cadmio, plomo, arsénico y fierro, todo el tiempo.
Héctor Vega, profesor investigador de la Universidad de Sonora, pregunta: “Acaban de decir que la empresa manifestó que se realizarían análisis de agua y aire periódicos para monitorear el medio ambiente. ¿Por qué no presentan ustedes los datos?”
Y más cuestionamientos: en el informe elaborado por la empresa en 2012, se advierte que la presa tendría un fondo protegido contra la filtración de minerales y tóxicos. Pero a nosotros nos consta que no es así. En 2015, que comenzó a operar la presa, no tenía recubrimiento alguno. ¿Por qué no han dado seguimiento? Tampoco tiene pileta de recuperación, como asegura el documento que Grupo México entregó.
Por otro lado, la empresa ha construido 15 pozos alrededor de arroyos que van hacia el norte (es decir, del lado contrario a los escurrimientos). Esos pozos no son para recuperar escurrimientos tóxicos, sino para llevarse el agua limpia, sospechan los pobladores.
Pero Mario Salcedo, ejidatario, es quien mejor explica el sabor de la reunión: “oiga”, advierte al biólogo, “de todo lo que dijo, a mí no se me pegó nada”, dice, mientras se lleva la mano a la cabeza. “Nada, pero sé de un derecho: el derecho a la vida. Estoy hablando por los niños.” Aquí, remata: “nos están matando”.
Cristina Martin es amistosa: recalca todo el tiempo el interés de escuchar, de dialogar. Se compromete a que la Semarnat revise si Grupo México cumplió con todo lo que aseguró que haría para prevenir un nuevo desastre; revisar temas específicos de Salud, agua, y sobre todo, hacer una próxima reunión, esta vez extensa, que incluya a todas las comunidades (esta, al ser mandatada por la Scjn y luego implementada por un juez de distrito tenía limitaciones: solo los 42 firmantes del amparo) tenían voz y voto.
Los que estuvieron en 2014, recuerdan que en aquel entonces la Semarnat no accedió a dialogar con la población. “Se metieron a hablar con los de la mina, los funcionarios, y nada más”, “firmaron todo en secreto”, recuerda Héctor Vega, académico.
Autor: El Heraldo dslp.mx Conflicto Relacionado: Cerro San Pedro
Su estrategia fue utilizar un contrato de arrendamiento, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso
De acuerdo con el asesor jurídico del FAO, Carlos Covarrubias Rendón, la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX), nunca obtuvo las licencias de uso de suelo, de funcionamiento y de construcción, durante el tiempo en que estuvo operando en un área de 136 hectáreas, las cuales hicieron pasar como parte del municipio de Cerro de San Pedro, siendo que en realidad pertenecen al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El también activista ambiental manifestó que este acto por sí mismo implica una demostración del estado de ilegalidad en que la empresa operó con la más absoluta impunidad y sin que la autoridad ambiental actuara a favor de la legalidad y del medio ambiente.
Explicó que la MSX elaboró un contrato de arrendamiento con el ejido Palma de la Cruz, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso, ya que en la Cláusula Novena la empresa se deshace de los cerca de 200 millones de toneladas de material sulfuroso cargado de metales pesados que por cientos de años van a estar generando drenajes ácidos, contaminando el aire el agua y la tierra, dejándoles absolutamente toda la responsabilidad a los habitantes del ejido.
Carlos Covarrubias refirió que de acuerdo con los compromisos que le impuso SEMARNAT a la MSX, como condición para poder operar su proyecto, la empresa ya debería de estar llevando a cabo la remediación del sitio, lo que es imposible, y que por lo tanto lo que hay que exigirle a la empresa son medidas efectivas de seguridad ambiental.
Indicó que por desgracia se sabe que la empresa no está dispuesta a invertir los millones de dólares que implica un proyecto de remediación, o mitigación, y que a fin de evitarlo está intentando hacer arreglos con los ejidatarios para concertar una indemnización por daños a sus tierras, inconformándose debido a que en este caso el problema no solo es ejidal, sino más bien de agravios a la biodiversidad, concluyó.