Mexico

Reiteran wixárikas lucha contra minería

No habrá marcha atrás en el amparo interpuesto por autoridades tradicionales de San Sebastián Teponahuaxtlán, comunidad wixárika enclavada en Mezquitic, Jalisco, mediante el que se busca frenar la intervención de mineras en su territorio sagrado de Wirikuta.

En 2011, los wixaritari de Jalisco interpusieron la demanda de amparo 819/2011-VI ante la entrega de concesiones a la empresa First Majestic Silver Corp. Con esa acción, consideraron, el Estado mexicano incurrió en omisiones para garantizar sus derechos al medio ambiente sano y a la protección del territorio.

Aunque en 2013 un juez federal decretó la suspensión provisional de todas las concesiones mineras de la zona, con lo que también quedó prohibida la realización de cualquier trabajo prospectivo mientras se dicta la sentencia definitiva sobre la revocación o no de las autorizaciones, el pueblo wixárika denunció que la empresa y un grupo de ejidatarios aglutinados bajo la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte “han maniobrado” para que las comunidades se desistan de la acción legal.

Por ello, mediante un pronunciamiento derivado de una reunión sostenida el miércoles en Tepic entre autoridades civiles, tradicionales y agrarias de comunidades wixaritari de Jalisco, Durango y Nayarit, refrendaron su posición.

“No desistiremos de este amparo, ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo, así como nuestros derechos a seguir existiendo como pueblo originario y practicar nuestra espiritualidad ancestral”, expusieron.

Así, a la par de anunciar que no asistirán a una reunión convocada por los ejidatarios para mañana en Estación Catorce, San Luis Potosí, enfatizaron que se oponen al uso de cañones antigranizo y al desarrollo de otros megaproyectos.

“Apoyamos las exigencias y solicitudes que han venido haciendo en los últimos años habitantes y colectivos del Altiplano Potosino y la sierra de Catorce para proteger al Altiplano-Wirikuta de la depredación del territorio y para mejorar la calidad de vida de los habitantes con propuestas de desarrollo armónicas al medio ambiente y no destructivas, como es la minería, que ofrece unos pocos puestos de trabajo a cambio de la destrucción de su patrimonio, o como la agroindustria que arrasa la biodiversidad, o como los campos eólicos que despojan a los dueños de sus tierras y destruyen la flora y la fauna, entre otra afectaciones sociales, culturales y naturales”, concluyeron.

“No desistiremos de este amparo, ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo”

Extracto del pronunciamiento

Fuente:https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=131018&fbclid=IwAR0EtiXbX7RNiAc3IXdkTiT78GwCJ4KKxTTkYu4D9dO_0LbvF9GGh1dYWjk

Mexico

Exigen revocar licencia a minera en Hidalgo

Proyecta depositar 90 mil toneladas de jales en un predio de Epazoyucan.

Pachuca, Hgo., Legisladores, especialistas y activistas pidieron al gobierno federal revocar el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó en julio de 2016 a Minera del Norte SA de CV, para efectuar un cambio de uso de suelo en un predio de 400 hectáreas del ejido Jometitlán, municipio de Epazoyucan, y depositar ahí 90 mil toneladas de jales provenientes de yacimientos de Pachuca y Mineral de la Reforma.

En compañía de integrantes de la Comisión Ciudadana en Defensa de la Tierra de Epazoyucan (CCFTE), Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado local de Morena, afirmó que el terreno de 400 hectáreas está situado a menos de dos kilómetros de distancia de zonas pobladas de Jometitlán y el traslado de desechos provocará la contaminación del aire y el agua de una zona boscosa.

Señaló que en 2015 Minera del Norte SA de CV, subsidiaria de Altos Hornos de México, anunció su intención de trasladar las 90 mil toneladas de desechos, con el argumento de que se extraería oro y plata –con valor en el mercado de mil 432 millones de pesos–, que aún existen en los jales, pero estos minerales no pudieron extraerse por falta de tecnología.

Externó que en 2018 las pretensiones de Minera del Norte para trasladar los jales seguían en pie, pero confió que con las nuevas acciones que ha emprendido el gobierno federal de clausurar a empresas mineras contaminantes se estudie el caso de Epazoyucan y se revoque el permiso de uso de suelo. Dijo que en los próximos días hará un exhorto ante la tribuna del Congreso de Hidalgo, dirigido a la Semarnat, para que se haga una revisión de cómo se dio la licencia, tomando en cuenta los daños ecológicos que se podrían generar, y que se proceda a su revocación.

Óscar Estrada, integrante de la CCFTE, advirtió que si Minera del Norte lleva a cabo el traslado de jales al predio de Jometitlán, se verán afectados varios kilómetros de las faldas del Cerro Alto, donde hay un manantial, así como grandes extensiones de matorrales xerófilos, entre ellos de lechuguilla.

“En el lugar la gente acampa los fines de semana y bien podría ser habilitado como centro de recreo. Si se instalan los jales hay riesgo de que se contamine una ‘olla de agua’ instalada por la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), a menos de un kilómetro del terreno adquirido por Minera del Norte”, informó.

Explicó que la‘olla de agua’, con capacidad de 4 mil 322. 25 metros cúbicos para uso agropecuario, se construyó a través del Programa Integral de Desarrollo Rural 2015 para campesinos del poblado de Santa Mónica y costó más de 3 millones 400 mil pesos.

“No sabemos cuáles fueron los criterios para dar el permiso de cambio de uso de suelo, pero a legüas se ve que en 2016, personal de Semarnat no se enteró que en las cercanías donde se pretenden verter los cerros de jales está la ‘olla’ de la Conaza”, puntualizó.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/estados/027n1est?fbclid=IwAR1WUOMgf7nByyDxClodIrjbdT-k_jIfsYjoKP_b0ns4WeONVYEfMfU9nxE#.XT53Ou8n8IQ.facebook

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Celebran Guelaguetza contra el extractivismo de 41 proyectos de minería

Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Mineríaconvencidos de que hacer comunalidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/celebran-guelaguetza-contra-el-extractivismo-de-41-proyectos-de-mineria/

 

Mexico

Mineras ganan millones, pero pagan impuestos simbólicos.-Fundar

La recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano por parte de las mineras es casi simbólicos frente a los montos económicos que este sector logra en forma anual.

Más allá del impacto ecológico que la actividad extractiva representa para las diversas regiones del país, en donde se asientan 18 mil 874 minas muchas de ellas a cielo abierto, la recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano por parte de las mineras es casi simbólicos frente a los montos económicos que este sector logra en forma anual.

Lo anterior queda evidenciado en el informe “Las Actividades Extractivas en México: Minería e Hidrocarburos Hacia el Fin del Sexenio. Anuario 2017” presentado este día por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., en donde se establece que esta irregular situación prevalece pese a que dos de las cinco mineras más importantes de América Latina, son mexicanas.

El aporte tributario de las mineras que raya en lo simbólico se revela al considerar que México, a pesar de su importancia minera, es el país que menos impuestos cobra a ese sector, comparado con otros países mineros de América Latina: en el periodo 2010-2014, en México apenas el 1 por ciento de los ingresos fiscales provinieron de esta actividad, mientras que en Chile, Perú y Bolivia la proporción fue de 13.8 por ciento, 6.4 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente.

Entre las causas que se reconocen que favorecieron a los bajos impuestos pagados por las mineras, se encuentran “la evasión fiscal, la existencia de privilegios e incentivos fiscales injustificados, o la ausencia de políticas tributarias que graven de manera efectiva la riqueza de personas y empresas”, señala el informe.

Así, aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que en el 2017 la industria minera pagó por concepto de ISR (Impuesto Sobre la Renta) un total de 28 mil 805.6 millones de pesos, su contribución tributaria al erario en realidad fue menor, debido a que las industrias mineras lograron deducir saldos de IVA e IEPS (Impuestos Especial sobre Producción y Servicios), para dejar el monto de pago en un total de 4 mil 973.2 millones de pesos.

La tesis de la aportación tributaria del sector minero de manera casi simbólica, se fortalece con el hecho de que durante el periodo del 2006 al 2015 las mineras en su conjunto obtuvieron ingresos por el orden del Billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero solo pagaron de impuestos la suma de 22 mil 397 millones de pesos, esto debido a las condiciones tributarias laxas permitidas por la autoridad federal.

Otra de las razones que reconoce Fundar como la causa de la baja recaudación de impuestos mineros es la desorganización que en el sistema federal existe para saber siquiera quienes y donde están los depositarios de las concesiones mineras: la Secretaria de Economía (SE) no cuenta con un registro actualizado que relacione de manera precisa a los concesionarios mineros con sus concesiones, lo que ha imposibilitado el trabajo de fiscalización del SAT.

Ejemplo de lo anterior es el hecho de que hasta octubre del 2017 el Sistema de Administración Tributaria únicamente pudo ubicar a 3 mil 227 contribuyentes mineros, a quienes pertenecen 19 mil 174 concesiones de un total de 24 mil 961 registradas por la SE, lo que significa que el gobierno federal no sabe con exactitud a quién le pertenecen, ni cuáles son las características del 23.1 por ciento de las concesiones mineras que ha otorgado.

De la misma forma el gobierno federal ha sido omiso en el cobro del derecho adicional sobre minería, el que resulta en multas que van desde los diez a los 2 mil días de salario mínimo o la cancelación del permiso cuando los concesionarios no han realizado obras o trabajos de exploración durante dos años continuos sobre las minas entregadas.

En ese sentido la Secretaría de Economía ha sido omisa en sancionar a los titulares de Mil 918 concesiones mineras que se encuentran en ese parámetro, en donde Fundar señala que esa misma dependencia “incluso omitió entregarle al SAT la información básica de los concesionarios que se encontraban en esta circunstancia”.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/mineras-ganan-millones-pero-pagan-impuestos-simbolicos-fundar/

Mexico

Comunidades de la costa de Chiapas exigen freno a proyectos hidroeléctricos y mineros

El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco.

Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.

Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades.

“Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región”, refiere la organización chiapaneca que se opone a la construcción de la represa en la zona media alta de Tapachula entre los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y El Cairo, en el municipio de Huehuetán.

Al mismo tiempo las comunidades se oponen al proyecto que pretende instalarse en los ejidos Chespal Nuevo y Chespal Viejo, afectando territorios indígenas Mam de los municipios de Tapachula y Cacahoatán.

De acuerdo al testimonio de Claudia Ytuarte Núñez, integrante de la La Voz del Pueblo, existen por lo menos siete proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región costa sur de Chiapas.

También, en la misma zona existen 78 conseciones mineras (de un total de 99 en todo Chiapas) en los municipios de Escuintla, Chicomuselo, Acacoyagua y Tapachula. Los minerales son extraídos por empresas canadienses y chinas, los cuales van del oro, plata, mercurio, zinc, plomo, hierro hasta el titanio, éste último clave para las industrias tecnológicas, aeronáutica, naval y armamentista.

“En 2014 vimos la relación presa-minería”, relata Ituarte, antropóloga quien ha colaborado con la organización del Soconusco desde su creación. “Dónde había permisos de exploración mineras en la costa fue donde ubicamos un punto cerca de Congregación Zaragoza donde esta la (presa) de Cuilco. La (presa) de Coatán donde está cerca el punto de Aguacaliente. Descubrimos que todos los minerales que son importantes extraer, la mayor parte marcaron desde Ciudad Hidalgo por toda la llanura hasta Mapastepec y el mar; con las presas realmente toda esta franja costera desaparecería porque es un sistema bien interconectado. Por ejemplo, los manglares desde San José hasta Pijijiapan están conectados por la (reserva) Encrucijada”.

 

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos.

Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano.

Ubicación del proyecto hidroeléctrico en el río Cuilco.

“El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

Específicamente, el proyecto de Cuilco presentado en 2012 planteaba la construcción de una cortina de 35 metros de alto, lo cual inundaría un área de nueve hectáreas de terreno donde los campesinos siembran café y plátano.

A pesar de que la empresa Hidrochiapas, S. de R. L. de C. V. argumentó desde la presentación del proyecto que “cuenta con la anuencia de la mayoría de los propietarios de la zona”, fue hasta el año de 2014 cuando representantes de las empresas Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. se dieron cita en el lugar para intentar comprar tierras para la instalación de mini centrales hidroeléctricas en los ríos Coatán y Cuilco.

 

Afectaciones

En el comunicado de este 2019, los habitantes de Huehuetán y Tapachula enumeran las afectaciones al ambiente y comunidades si es realizado el proyecto hidroeléctrico: “deterioro del canal fluvial, erosión del lecho del río, los eco-sistemas que viven en él, evaporación del agua dulce, pérdida de los nutrientes que lleva el río y que alimentan la tierra; así como evitar decisiones restringidas de un bien de uso colectivo ( agua) que se dan en procesos de privatización y mercantilización”.

Las cabeceras municipales de Tapachula, Cacahoatán y Huehuetán, podrían resultar afectadas con la construcción de las (mini) hidroeléctricas, porque las empresas particulares tendrán la posibilidad de cerrar o abrir compuertas y bajaría el agua cuando ellos quieran”, relata un testimonio publicado por medios locales sobre la problemática de los campesinos de la región, quienes dependen de las aguas para la agricultura.

Huehuetán recibiría el agua de la presa. A ellos les afecta porque tienen muchos sembadios de mango, tienen cacahuatales y es un municipio que vive de la agricultura y esa agua llega a la Reserva de la Encrucijada”, agrega Ituarte sobre la preocupación de los campesinos sobre el bloqueo del flujo fuvial.

“Las pequeñas y medianas hidroeléctricas en el país dejarán una derrama de poco más de 30,000 millones de pesos en los siguientes 10 años, señaló en 2013 Jacobo Mekler Waisburd, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica. Dicha asociación, através del Grupo Comexhidro promueve los proyectos de Cuilco y Coatán. A su vez, Amexhidro representa los intereses de un conglomerado de 19 empresa, las cuales cuentan con 4 proyectos en operación, 23 permisos aprobados por la Comisón Reguladora de Energía y 43 proyectos en desarrollo.

Paradójicamente para los campesinos, la energía producida por las mini centrales hidroeléctricas de los ríos sería distribuida a clientes privados e incluso se habló desde 2012 que el excedente sería vendido a ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

El caso de Grupo Comexhidro es un ejemplo del suministro de energía eléctrica producida por la inversión privada mediante proyectos de energía “limpia” en México la cual responde a intereses corporativos como lo exhibe su catálogo de clientes: Walmart, Comex y General Motors así como a 10 ayuntamientos de estados del centro-norte de México.

Lavado verde

La inversión privada en proyectos de generación energética mediante recursos renovables cobraron auge después de la reforma energética promovida por la administración federal en el año de 2013.

En particular, la reforma al artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energía, adicionó la densidad de potencia como criterio para evaluar si los proyectos de pequeñas y medianas hidroeléctricas pueden calificar como renovables.

Con la reforma implementada desde hace seis años, la energía de cualquier planta hidroeléctrica con una capacidad mayor a 30 Megawatts que presente una relación entre capacidad de generación y superficie del embalse superior a 10 Watts/m2 será considerada renovable siguiendo los lineamientos del Protocolo de Kyoto.

“Actualmente, hay 81 proyectos hidroeléctricos registrados a pequeña escala que emplean este tipo de metodologías avaladas por Naciones Unidas con la siguiente participación por países: India 20 por ciento, Brasil 15 por ciento, República de Corea 12 por ciento, China 10 por ciento y el 43 por ciento restante están distribuidos en la región de Latinoamérica y el Caribe. En México Grupo Comexhidro desarrolló la primera metodología para que proyectos hidroeléctricos participen dentro del Protocolo de Kyoto y dicha metodología fue aprovechada por diferentes proyectos hidroeléctricos a nivel mundial”, expuso Jacobo Mekler Waisburd presidente de la Amexhidro, asociación que desde 2014 ha cabildeado con el gobierno mexicano para que los Certificados de Energías Limpias otorgadas a mini hidroeléctricas adquieran un mayor valor pues argumenta “que son menos impactantes al Medio Ambiente (reconocidas mundialmente) que otras Energías Limpias Renovables”.

Hidroeléctricas: abuso y violencia en México

Mientras el negocio en energías renovables ofrece gran rentabilidad para las corporaciones, en las comunidades donde se instalan los proyectos abundan las denuncias por prácticas ilegales tales como corrupción y violencia contra quienes se oponen a las represas.

Un ejemplo es lo que sucede con las comunidades en la región donde opera la central hidroeléctrica en la sierra de Zongolica, Veracruz. La implementación de la hidroeléctrica a cargo de Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. en conjunto con Electricidad del Golfo de S.L y Conduit Capital Partners LLC, ha sido señalada por pagar sobornos para obtener licencias irregulares o inexistentes y omitir consultar a las comunidades dentro del rango de afectación en las cuencas.

De acuerdo al reporte Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, de un total de 304 megaproyectos registrados en todo el territorio mexicano donde se ha suscitado hechos violentos, la industria hidroeléctrica se encuentra en tercer lugar en generación de conflictos, sólo después de la actividad minera y petrolera.

Entre las empresas hidroeléctricas que suman mas reportes de violencia se encuentra Grupo Comexhidro.

“Regularmente, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción institucionalizada, como los juicios y recursos de amparo. En tanto que las comunidades que buscan la negociación de beneficios son las que realizan acciones ‘no institucionalizadas’, como la toma de instalaciones, de oficinas públicas, de las empresas, o retención de funcionarios”.

“Por otra parte, expertos relacionados con la industria extractiva en México, dentro del sector público y privado –que fueron consultados para esta investigación– coincidieron que la consulta previa frente a un megaproyecto sirve para legitimar la implementación del proyecto y la actuación del Estado más que para las propias comunidades”, denuncia el reporte presentado en marzo de 2019.

Aún con toda la documentación e incluso con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las comunidades circundantes al río Cuilco han impedido la realización de la obra pues “coloca en riesgo la vida del río Cuilco que abastece a cientos de comunidades que subsisten de él y a la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, donde desemboca”, enfatizó la organización La Voz del Pueblo.

“Nosotros lo hemos detenido. Acacoyagua (donde se detuvo la operación minera) y todos los que estamos aquí lo hemos detenido por esa parte de el compromiso de la sociedad con el lugar donde vive”, señala Claudia sobre la firmeza de la organización en hacer frente a la imposición de proyectos que las comunidades nunca solicitaron.

Fuente:https://avispa.org/comunidades-de-la-costa-de-chiapas-exigen-freno-a-proyectos-hidroelectricos-y-mineros/?fbclid=IwAR1OM_JbzUOPLtutFE9FirjZLjOchQkSnrxwsn02bS1SdrnSK64oClh1Kck

Mexico

Megaminería a cielo abierto

El pasado 18 de julio, aniversario luctuoso de Benito Juárez, el presidente López Obrador (AMLO) declaró que la producción minera en México debe continuar, porque según él, esta actividad representa empleos y distribución de la riqueza (sic). Sin embargo, complementó su dicho señalando que no se puede destruir el medio ambiente en aras de la creación de riqueza: …sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente, si se tratara de crecer por crecer podríamos decir ¡vamos!, ¡a seguir con las rondas petroleras!, ¡a seguir entregando concesiones para la minería, no le hace que sea a cielo abierto, no le hace que contamine!.. entonces, podríamos crecer en 6 por ciento anual, pero destruimos el territorio, y ¿qué le dejamos a las nuevas generaciones?, eso es muy irresponsable… Estas declaraciones se dieron en el contexto del reclamo ciudadano de sanciones contundentes a Grupo México por los criminales y reiterados daños ambientales que ha provocado su negligencia.

La postura de AMLO en defensa del medio ambiente frente al depredador modelo extractivo minero es una señal positiva, mas no deja de contrastar con las ambigüedades jurídicas que en la materia se ha mostrado. Por un lado, el gobierno suspende el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y por otro se niega a la abrogación de la Ley Minera de 1992, la cual declaró la explotación de minerales como actividad preferente por sobre cualquier otro aprovechamiento del territorio. Se trata de una de las joyas jurídicas del neoliberalismo salinista que ha traído a México miseria, división social, violencia, muerte, desplazamientos, pérdida de soberanía y destrucción irreversible del patrimonio ambiental y cultural. Algo similar encontramos en las contradicciones de política pública: mientras las áreas responsables de la minería en la Secretaría de Economía fueron entregadas a empleados de la industria minera trasnacional, la Secretaría de Medio Ambiente ahora es dirigida por uno de los mayores defensores del territorio frente a la crisis civilizatoria que representa el neoliberalismo.

 

¿Por qué entonces no desterrar la ambigüedad y dar pasos definitivos hacia la protección del territorio frente a la megaminería, principalmente la de tajo a cielo abierto?, ¿por qué no ha iniciado el proceso de desmantelamiento jurídico del neoliberalismo y su postura extractivista?, ¿por qué siguen vigentes las leyes y normas que lo han hecho inatacable, profundamente injusto y peligroso para la biodiversidad?, ¿no acaso elegimos a AMLO con estas esperanzas por delante? Es fundamental insistir en ello, sobre todo ante la llegada de un nuevo 22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, fecha en que los pueblos se solidarizan con las poblaciones que padecen el desgraciado arribo de ésta a sus regiones. Pero también es vital recordarle al gobierno que mientras da balbuceantes pasos para intentar detener la destrucción que la megaminería a cielo abierto provoca sobre nuestros territorios, los corporativos mineros, con los canadienses a la cabeza, dan pasos firmes en sus objetivos de fracturar, con mentiras y dinero, a las comunidades para imponerles sus fugaces e irracionales proyectos.

 

En cuanto a la megaminería canadiense, su arrogancia no encuentra límite. No sólo tiene pendiente responder, entre otros, por el crimen que una de sus empresas realizó en el ahora desaparecido Cerro de San Pedro Potosí, sino que mantiene la presión y el chantaje sobre muchas comunidades. Ejemplos actuales de aguda amenaza minera los encontramos en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En aquella población y su región, la canadiense Almaden Minerals lleva años dividiendo a los habitantes para imponer un megaproyecto de tajo a cielo abierto que le permita obtener el medio gramo de oro que por tonelada de subsuelo existe en la zona, en un proceso que duraría tan sólo 14 años y que dejaría como herencia perpetua más de mil hectáreas destruidas, incluyendo un enorme cráter de kilómetro y medio de diámetro y 400 metros de profundidad, además de la aparición de dos enormes montañas con más de 50 millones de toneladas de desechos contaminantes y la contaminación de millones de metros cúbicos de agua que se usarían en los procesos de beneficio del mineral.

 

Un panorama similar se presenta en San Antón de las Minas, municipio de Dolores-Hidalgo, donde la canadiense Argonaut Gold pretende imponer un proyecto de megaminería a cielo abierto para triturar, a punta de explosivos y en tan sólo siete años, el Cerro del Gallo y sus profundidades, lo que provocaría un ecocidio de grandes dimensiones en el territorio que vio nacer la lucha por la Independencia. Los canadienses, con sus serviles aliados mexicanos, pretenden extraer medio gramo de oro por tonelada de subsuelo dolorense, utilizando más de mil 500 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de la Independencia, cuya cuenca hidrológica se encuentra en situación crítica.

 

Nada de esto tendría que estar sucediendo si la declaratoria de muerte del neoliberalismo fuese verdad. Por ello, las resistencias organizadas desde los pueblos son la única esperanza para detener esta depredación y heredar vida y dignidad a los que vienen.

*Investigador de El Colegio de San Luis.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/07/20/opinion/016a1pol?fbclid=IwAR0W6XKJXL8VBKt8OKjkRD_RyUAEL2pL5EjaIRl5bC_uE54GqVTeS_-nm2M#.XTNsNGuPnbA.facebook

Mexico

Clausuran temporalmente terminal de Grupo México en Guaymas

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente la terminal de Mexicana del Cobre, filial de la empresa Grupo México, en la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Sonora, ante lo cual el consorcio minero nuevamente aseguró que el derrame de 3 mil litros de ácido en el Mar de Cortés sucedido el pasado 9 de julio no significó ningún daño para el ecosistema.

La Profepa señaló que la clausura es por no contar con la autorización de impacto ambiental para obras y actividades en las instalaciones de la terminal, donde la falla de una de las válvulas provocó el derrame de ácido sulfúrico.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el derrame, que duró cuatro minutos, no causó daños ambientales, pues la sustancia se diluyó rápidamente. El informe de la Semarnat fue retomado por Grupo México para asegurar que no hubo impactos negativos en el ecosistema marino, sin embargo, se ha reportado la muerte de peces y otras especies en la zona.

Varias organizaciones, activistas, artistas e intelectuales exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que imponga una sanción a la empresa no sólo por el derrame del 9 de julio, sino también por las “decenas de otras” tragedias “que por más de 20 años han sido responsabilidad directa de Grupo México”.

Este 6 de agosto, por ejemplo, se cumplen cinco años del derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, que provocó enfermedades, imposibilidad de acceder a agua potable y daño en los cultivos.

 

Fuente:https://desinformemonos.org/clausuran-temporalmente-terminal-de-grupo-mexico-en-guaymas/?fbclid=IwAR2dRW6izMi462Ux3LqR6lYg1eykb8Vy6wCjAlE58Gj3JYgixGEnBeJlkZ4

Mexico

El ecocidio permanente de Grupo México. La punta del iceberg de la industria minera

#DíasdelFuturoPasado volumen 23

“Hay un par de muertes menores, pero nada de qué preocuparse señor” Hard Boiled, Miller, Darrow, Stewart

Hace unos días Grupo México volvió a ser noticia al derramar más de 3 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en la Bahía de Guaymas, Sonora, con todos los impactos negativos que esto conlleva a corto, mediano y largo plazo, donde el gobierno federal ya ha declarado que no existe peligro alguno de contaminación.

Este derrame se suma a una larga lista de “accidentes” que el grupo minero ha causado desde hace algunos años en el Estado de Sonora y me atrevo a decir que la situación es bastante similar en todo el país. El ocurrido hace ya casi cinco años en la cuenca del Río Sonora con el derrame de las presas de jales de la minera Buenavista del Cobre en la ciudad de Cananea, Sonora. Uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de México y el cual aún no ha sido ni reparado, ni restaurado, demostrando con esto que la impunidad y la falta de justicia trasciende sexenios gubernamentales y proyectos de nación.

Antes de hablar de los daños a corto, mediano y largo plazo que este nuevo derrame dejará, ahora en el Mar de Cortés, que sumados a los daños sin reparar en la Cuenca del Río Sonora ponen al Estado en una situación tristemente histórica; en este aspecto es importante generar el debate sobre el impacto negativo de la industria minera que va en aumento en Sonora y que con esta administración estatal actual ha sido indiscriminada, pues es bien sabido de los nexos de la gobernadora con la industria minera.

Abramos el debate. Primero, en los últimos cinco años, Sonora pasó de tener concesionado aproximadamente el cincuenta por ciento de su territorio a más del setenta por ciento para este 2019; aunque no es lo mismo una concesión que un proyecto minero, si es un peligro latente de convertirse en uno y si entendemos que la minería es una actividad extractiva, que impacta negativamente en la naturaleza y las poblaciones humanas cercanas a donde se realiza, estamos ante costos socio-ambientales mucho mayores que las ganancias de la propia industria.

El mito de la minería sustentable es solo eso, un mito sin bases, ni fundamentos, sin embargo, esta cobertura mediática que se está dando de nuevo con Grupo México debe ser aprovechada para tratar de abrir el debate de cuan necesaria es la minería en este momento y si vale la pena los riesgos y los costos socio-ambientales que pagan la naturaleza y las comunidades. Los daños “accidentales” causados por Grupo México son la punta del iceberg de todos los daños que causa la industria minera en el mundo y donde el Estado de Sonora no es la excepción, de hecho si consideramos la cantidad de proyectos extractivos (minería incluida), la agro-industria, el turismo de sol y playa, las granjas acuícolas, entre otros, nos deja un Estado en plena devastación, como todo el país, como todo el Sur Global que está destinado a ser la zona de sacrificio del Norte y sus corporaciones, con gobiernos cómplices, que permiten todo bajo el discurso del derecho al desarrollo.

 

Hablar de los impactos que tendrá este nuevo derrame, es muy amplio. En corto plazo las afectaciones, principalmente en los mamíferos marinos, las tortugas y sobretodo en los marco-invertebrados bentónicos será muy evidente, va desde abrasiones en la piel hasta la muerte por quemaduras y/o envenenamiento, lo que a mediano y largo plazo se traduce en una disminución en las poblaciones de algunas especies, muchas de ellas con valor socio-económico -pesca- por lo que las acciones de reparación del daño deben de incluir un diagnóstico de la pesquería tanto artesanal, que será la más afectada hasta la industrial con mucho énfasis en la de arrastre por su impacto negativo ya de por si en el ecosistema del Golfo de California/Mar de Cortés.

Este diagnóstico debe de incluir planes de manejo y cuidado de los macro-invertebrados bentónicos, especialmente los bivalvos y crustáceos, mamíferos marinos poniendo énfasis en la zona de la vaquita marina que con esto el riesgo de su desaparición aumenta y en la disminución de algunas especies de peces. El Golfo de California ya de por si devastado por el mega turismo, la pesca de arrastre y los proyectos extractivos río arriba, está en una posición aún más vulnerable. Asegurar que el daño está controlado sin antes haber hecho este diagnóstico habla muy mal de SEMARNAT y sus dependencias encargadas de dictaminar el daño.

Si la 4T es coherente con su discurso tendría que comenzar cancelando todos los proyectos mineros de Grupo México, además de obligarlo a reparar y restaurar todos los ecosistemas afectados por esta empresa. También debe de hacer desde un análisis muy serio, con una investigación exhaustiva de la necesidad de la industria minera, evaluando los costos socio-ambientales y de justicia ecológica por sobre el concepto de desarrollo que se tienen y las necesidades reales de las comunidades de mantener los ecosistemas sanos y funcionales, de lo contrario es continuar con la farsa que tiene al país y al mundo al borde del colapso.

Desde la rebelión contra la extinción

Zinacantepec, julio 2019.

 

Fuente:http://www.liberaradio.com/el-ecocidio-permanente-de-grupo-mexico-la-punta-del-iceberg-de-la-industria-minera/?fbclid=IwAR2Z1Z3eP_GiLGD4nRvfyYWYx_2w170zUPSYXDSUh-fDC0QzuggyMStkVn8

Latinoamerica, Mexico

Los espejos del despojo, la militarización y contrainsurgencia en el sureste mexicano y Centroamérica

Sudamérica se vuelve a los brutales tiempos de la Colonia, ahora con el “nuevo” extractivismo, que no es sino el ancestral saqueo de recursos naturales, tipificados como “materias primas”, y que, en los gobiernos progresistas de la región, se avala y promueve como un “extractivismo de izquierda” -que viene siendo algo así como un capitalismo de izquierda o una izquierda capitalista o a saber qué quiere decir eso-, pero igual destruyen y despojan, sólo que es por una “buena causa” (¿?).  Cualquier crítica o movimiento opositor a la destrucción de los territorios de los originarios es catalogada como “promovida por el Imperio”, “de aliento derechista”, y demás equivalentes a “es un complot de la mafia del Poder” 300. Sub comandante insurgente Moisés y SupGaleano

El 16 de agosto del 2014, el Congreso Nacional Indígena publicaba la segunda declaración sobre el despojo de nuestros pueblos, donde exponían a manera de metáfora, 24 espejos del despojo territorial y la guerra contra los pueblos a nivel nacional estructurada en una relación intrínseca entre violencias políticas del estado, a decir; la militarización, las reformas, la creación de leyes etc., y las violencias destructivas y anónimas del capitalismo; desde el actuar de las grandes corporaciones -mineras, petroleras etc.- hasta las del crimen organizado en su gran diversidad de carteles. A 5 años de dicha declaración, la guerra no solo se ha agudizado, sino que ha permitido la continuidad de la militarización y el despojo, so-pretexto de la lucha contra el crimen organizado.

El despliegue de la Guardia Nacional previsto para el 30 de junio del presente año, se ha adelantó para el pasado martes 18 de junio (1) debido a los acuerdos tomados entre el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, y Mike Pence secretario de gobierno de EU. La intimidación de una guerra arancelaria impulsada por el presidente Trump a México puso a temblar al estado, sus instituciones y alguno que otro despistado y liberal dentro de esta geografía. Ante esto, detener el flujo migratorio en 45 días fue la condición del gobierno estadounidense para frenar la causa de lo que podría ser una “crisis económica por el alza a los aranceles en el futuro”.

Unas semanas antes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en conferencia matutina junto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador una propuesta nombrada “Plan de desarrollo integral: El Salvador, Honduras, Guatemala, México” como respuesta para combatir el fenómeno migratorio en Centroamérica. Dentro de dicho plan resalta la posibilidad de establecer una interconexión eléctrica entre los países de dicha región que implicaría la construcción de un gasoducto de 600 km para “la integración entre el sur de México y América Central para llevar el exceso de gas natural y bajar el costo”, además, una terminal de gas natural y una central energética en el puerto Cortés en Honduras, el mejoramiento de infraestructura fronteriza en 950 km entre Guatemala y México, y una conectividad ferroviaria de 710 km desde la ciudad de Hidalgo en Chiapas, hasta en el puerto de la libertad en el Salvador (2) que pueda conectar, de la misma manera, Guatemala, Honduras, el Salvador y México. Sumémosle a esto, los proyectos de inversión en presas hidroeléctricas, en proyectos de parques eólicos y paneles solares, minería etc., como parte de la continuidad del proyecto Mesoamérica financiado por distintas corporaciones -como la petrolera EXXON, SHELL, ETC- y también por el Banco Mundial, (3) impulsados y justificados, de la misma manera, por la CEPAL.

El 14 de Junio se publica en el diario oficial de la federación el decreto en el que se crea el organismo “público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado denominado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ” (4) órgano que asumirá la dirección de la construcción de la diversidad de proyectos dentro Plan de Desarrollo Integral para el Istmo. Una semana antes, pobladores de distintas comunidades del estado de Oaxaca y de diferentes organizaciones sociales se habían reunido en un encuentro denominado “el Istmo es nuestro”, para rechazar la propuesta del canal interoceánico del gobierno federal.

A partir de las negociaciones el 5 de junio en la Casa Blanca, estas iniciativas, tanto de la CEPAL como del Corredor Interoceánico, se han acelerado para proteger los intereses no solo del vecino del norte, sino de las propias corporaciones. Este complejo de megaproyectos implica la materialización de un entramado económico con variables políticas netamente neoliberales que lo único que intentan es “resolver” la crisis dentro de los mismos marcos que la generaron. Crisis que se presenta ahora como migratoria, energética, política y económica.

Como respuesta al éxodo migratorio, se efectúa en estos momentos el despliegue de la Guardia Nacional -que comenzó el martes 18 de junio- que implica la movilización de 6000 elementos, así como 825 agentes del Instituto Nacional de Migración (5) en distintos puntos estratégicos de paso de migrantes en la zona sur-este.

Ante este panorama, el viernes 14 de junio renuncia Tonatiuh Guillen, comisionado del Instituto Nacional de Migración y especialista en temas de migración con fuertes críticas hacia las políticas anti-migrantes del gobierno estadounidense.  Ante esta deserción, asume la responsabilidad Francisco Garduño, quien había fungido como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social  a nivel Federal, a decir pues, un especialista en cárceles (6). Y entra en escena, el nombramiento de Kevin McAleenan como jefe del departamento de seguridad de los Estados Unidos, y la posibilidad de que Thomas Homan,  ex director de la agencia migratoria conocida como ICE, asuma este cargo en los próximos días, quien ha sido conocido también como el nuevo“zar fronterizo”, que, además de defender la separación de familias de los migrantes en el proceso de detención, promete redoblar 4 o 5 veces la inspección y deportación de migrantes, y fortalecer(7) los nuevos campos de concentración instalados ya en la frontera sur de este país. Esta ha sido la respuesta del gobierno de Trump al flujo migratorio, la militarización no solo de la frontera norte, sino el reacomodo del Comando Sur en Guatemala y la capacitación de este comando a militares hondureños en diferentes tareas, “incluyendo salas de limpieza, calificación de armas, registros de vehículos y puntos de control táctico” (8) con intención de combatir el éxodo y otras amenazas internas. Las prácticas de militarización y detención de migrantes han llegado a puntos extremos similares a los campos de concentración Alemanes del siglo pasado, como afirma David Brooks, “hemos entrado a lo que yo llamaría un sistema de campos de concentración… y la definición de eso es la detención masiva de civiles sin un juicio”. Por cierto, “la semana pasada se reveló que el gobierno de Trump usará una base militar en Oklahoma que fue campo de concentración para japoneses-estadunidenses internados durante la Segunda Guerra Mundial, para detener a unos mil 400 niños inmigrantes no acompañados”. (9)

El éxodo migratorio no puede entenderse sin la formula despojo-militarización, que en clave geopolítica se traduce como zonas de sacrifición (territorios estratégicos en recursos naturales, culturales) y zonas de acumulación, puntos geográficos que se “desarrollan” a costa de otros puntos geográficos y que descansan sobre  una lógica común; la violencia del capital, respaldado por los diferentes tipos de estado (desde los progresistas como Nicaragua hasta los neoliberales) y la injerencia de estrategias de contrainsurgencia, principalmente de Estados Unidos.

Es precisamente ahí donde entra la militarización de México con la Guardia Nacional. El control territorial del sur no es más que un esfuerzo de cuidar un proceso de reordenamiento territorial a favor del capital y sus grandes corporaciones, el Tren Maya y el Plan de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec y el de Centroamerica, se incertan ahora en la llamada “economia verde ó capitalismo sustentable” (10) como “nuevos espacios globales, en los cuales el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero” (11), un proceso de industrialización que implica la construcción de grandes zonas maquileras, -estrategicas a nivel global- y proyectos de “desarrollo”. El mismo papel que cumplirian las Zonas Economicas Especiales, sólo que ahora, con un nombre más amigable.

La década de los 80´s y 90´s estuvo marcada por una fuerte violencia entre grupos guerrilleros y ejércitos estatales auspiciados y asesorados por las distintas instituciones y departamentos de seguridad del gobierno gringo. Tanto el pentágono, el departamento de defensa y la CIA cumplieron un papel especifico en contrarrestar a los grupos insurgentes a partir de la instalación de bases militares en todo territorio centroamericano, esa estrategia en lenguaje militar se ha denominado “dominación de espectro completo”, que implica control y vigilancia de todo el globo a través de 5 comandos especiales, como ya sabemos, de Guatemala a la Patagonia vigila el Comando Sur. Centroamérica ha sido un laboratorio de contrainsurgencia impulsado por estos distintos departamentos de seguridad estadounidenses, que han llevado a imponer, en esa región tan estrecha, cerca de 28 bases y centros de operación militar. La estrategia de “dominación de espectro completo” no solo ha servido para combatir las subversiones, sino también para vigilar y controlar los recursos naturales. Renán Vega Cantor y Felipe Vega lograron retratar el establecimiento de las bases militares y centros de operaciones gringas en Latinoamérica a través de su investigación “Geopolítica del despojo; Biopiratería, genocidio y militarización” y “Los economistas neoliberales, nuevos criminales de Guerra” (12)  . La distribución de centros de operación y bases militares se distribuye de la siguiente manera:

México:

1).- Bases de Chicomuselo y Juquipilas en Chiapas, con 600 efectivos. Se funda como parte de la iniciativa Mérida, y la militarización del sur de México, sumado a los 14000 militares que se encuentran en Chiapas.

2).- Academia Estatal de formación y desarrollo policial en las Encinas, San Salvador de Chachapa al oriente de Puebla. El FBI y otras agencias gringas tienen participación directa.

Guatemala:

3).- Fondo de mantenimiento contra el narcoterrorismo, en San José Guatemala creada por el comando SUR.

4).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo en Champerico, creado por el comando Sur. Cuartel-centro de operaciones y muelle con inversión de 1.75 millones de dólares.

5).- Centro de Operaciones contra el narcoterrorismo en Tecun Uman, creado por el comando sur con una inversión de 1 millón de dólares.

6).- Centro de entrenamiento de fuerzas especiales Kaibiles. Poptún. Comando Sur y operaciones especiales Sur con una inversión de 1.15 millones de dólares, funciona como centro de operaciones y base aérea.

Honduras:

7).- Centro anti-narcóticos. Comando Sur. Contrato asignado en junio de 2010 por 1.2 millones de dólares.

8).- Puerto Castilla, Comando Sur. Con una inversión de 350 mil dólares.

9).- Base aérea y militar Sotocano y Palmerola. Se origino para contrarrestar la revolución sandinista y el movimiento guerrillero en el Salvador.

10).- Fuerza de tarea conjunta BRAVO-Sotocano.

El Salvador:

11).- Fuerza de tarea conjunta el Águila, base aérea de Comalapa.

12).- Locación de operaciones avanzadas Miraflores, por el Comando de operaciones especiales Sur.

Belice:

13).- Centro anti-narcoterrorismo. Callao Hunting y Callaos Sapodilla. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 1´750.000 dólares.

14).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo. San Pedro. Cuartel, centro de operaciones, muelle, almacenamiento de combustibles y dispensario, financiado por el Comando Sur con una inversión de 1.5 millones de dólares.

Nicaragua:

15).- El Bluff Bluefields. Construcción de un cuartel contra el narcoterrorismo por parte del comando sur, que aportó 1 millón de dólares.

16).- Cuartel contra el Narcoterrorismo. Isla Cuerno. Comando Sur con una inversión de 500 mil dólares.

17).- Corinto. Cuartel y muelle. Comando Sur con una inversión de 3.9 millones de dólares.

Costa Rica:

18).- Base Antinarcóticos. Liberia. Construcción por el Comando Sur en 2009. Construcción de un radar y hangar por EEUU. USEN.

19).- Base Naval Punteras. Calderas, Costa Rica. Creación de escuela de guardacostas. El Comando Sur aportó 2009 1,5 millones de dólares para la construcción de muelles e instalaciones.

Panamá:

20).- Centro contra el terrorismo. Isla Grande, Panamá. Cuartel, centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el Comando Sur por 3.5 millones de dólares.

21).- Centro contra el narcoterrorismo. El porvenir, Panamá. Centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el comando sur por 3.5 millones de dólares.

22).- Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Piña. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 4 millones de dólares.

23).-Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Obaldía. Inversión del Comando Sur por 3.5 millones de dólares. (13)

Los mapas muestran el reparto de dichas bases militares aquí mencionadas.

La militarización y control de Centroamérica permitió que en esta región se practicaran todo tipo de tácticas y estrategias de contrainsurgencia que fueron, en todos los aspectos, los generadores de la violencia que hoy repercute y expone sus efectos en el fenómeno migratorio.

Por otra parte, en el territorio dominado por el estado mexicano, la distribución del ejército se da a través de 46 zonas militares distribuidas a lo largo y ancho del país(14). Del estado de puebla a Chiapas encontramos por lo menos 10 zonas a cargo de esta institución castrense. Aunado a esto, de los 266 centros de operación de la Guardia Nacional, tan solo Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco se establecerán 50 de estos centros operativos, los cuales fueron los primeros en funcionar -desde el 18 de Julio- debido a la crisis migratoria.

La crisis que se presenta ahora ha venido acompañada de estrategias de “desarrollo integral” como respuesta a dichas problemáticas, no sin antes, como en el caso mexicano, militarizar la zona del problema con un muro de contención contra las y los despojados. Pero estas propuestas de desarrollo integral lo único que hacen es agudizar la violencia propia del capitalismo, mostrando una cara más amable. No olvidemos que fue la CEPAL – mediante sus análisis desde el enfoque de la economía política o capitalismo con rostro humano- quien propuso y dio las pautas “científicas” para el desarrollo de Centroamérica mediante el proyecto Mesoamérica.  No podemos obviar que “desarrollar integralmente una zona” en el lenguaje de la economía política, es simplemente la continuación de la reproducción del actual modo de producción que tiene como fundamento el despojo permanente mediante la violencia.

Y, como era de esperarse, a poco más de una semana del despliegue de la Guardia Nacional, los efectos de la represión comienzan a hacerse notar, la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes denuncio el hostigamiento y violencia con la que han actuado los elementos de la Guardia Nacional sobre migrantes y defensores de derechos humanos en los últimos días (15), no solo en la zona norte del país, sino sobre todo en la parte sur, donde el Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional han actuado en redadas contra los migrantes (16). Y, como se previa, la zona sur-este del país, se ha vuelto un muro de contención militar en contra de las personas que vienen migrando.

En los últimos meses,  distintas organizaciones sociales y comunidades han denunciado al gobierno federal y al Intituto Nacional de Pueblos Indigenas por llevar acabo consultas amañadas (17) con la clara intención de darle continuidad a proyectos de despojo.

Por otra parte, el Congreso Nacional Indigena registra 117 asesinados desde su creación en 1996 y 11 desaparecidos, en tan solo 5 meses del actual gobierno se registaron 10 asesinatos contra miembros del CNI (18). Hay una guerra declarada contra el zapatismo, que no implica solamente el refuerzo de la militarización en territorio del EZLN, sino la agresión permanente hasta el asesinato de quienes se oponen a la toma del estado como forma de organizar la vida.

Pero es una imagen la que muestra la realidad de la guerra que ya esta en curso y de la que se avecina. El 26 de junio aparecieron muertos Oscar Martinez de 25 años y su hija Valeria de 23 meses de edad en los limites del Rio Bravo, en el norte del país al tratar de cruzar la frontera. La Organización Internacional para las Migraciones publico un estudio nombrado “Fatal Journeys Missing Migrant Children” donde señalan que son tres las cusas de muerte en el paso de migrantes en méxico 1).- Accidentes en el tren llamado la bestia, 2).- las causas desconocidas como desaparición y 3).- la violencia, (19) y afirman, que en 5 años, del 2014 a la fecha suman 1907 muertes registradas de migrantes, pero se les olvido explicar las causas puntuales que originaron la violencia y el despojo de quienes ahora migran, y el papel de las fuerzas armadas en dicho proceso.

La imagen del asesinato de Bertha Cáceres en Honduras, de los pueblos Xincas y Mayas en Guatemala, de las y los estudiantes y pobladores reprimidos y asesinados en Nicaragua, de la crisis política en Panamá y de los despojos territoriales en Costa Rica, nos muestra que es precisamente esta violencia de la clase criminal transnacional, las corporaciones y sus actores ilegales y legales, su vinculo con las instituciones del estado y la militarización y para-militarización, los factores que han obligado a las personas a abandonar sus territorios y/o resistir hasta ser asesinados.

Centroamerica y el sureste mexicano se nos presentan como un mosaico de imágenes, cada mosaico enfrenta su propia versión de la crisis e intenta salir de ella. La guerra que esta en curso y la que viene será la guerra de lxs nadie, de lxs dueños de nada, de lxs despojadxs y excluidxs, de lxs desplazadxs por la violencia de los estados, de lxs asesinadxs por las balas del capital, de lxs encarceladxs por las grandes corporaciones, de lxs desaparecidxs por el crimen organizado transnacional, la guerra que viene será la guerra de lxs nadie, de aquellxs que, como dice Galeano, cuestan menos que la bala que lxs mata.

 

Fuente:https://avispa.org/los-espejos-del-despojo-la-militarizacion-y-contrainsurgencia-en-el-sureste-mexicano-y-centroamerica/?fbclid=IwAR02wK9TNgGvXrhBqNpDnOAnO61G_BKEMmV5BKi_HaohKE7WobstfffAC0g

 

Mexico

La Cuenca de la Independencia amenazada por proyecto minero

Se contaminaría el acuífero que surte a municipios como Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

La Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia y el colectivo Guardianes de la Cuenca, advirtieron que el proyecto minero de la empresa Argonaut Gold va a contaminar el acuífero que surte a siete municipios del Estado de Guanajuato.

El proyecto, conocido también como de San Antón de las Minas, representa para los ambientalistas un ecocidio que ocasionaría afectaciones en la salud para los habitantes de los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende.

La explotación minera a cielo abierto que pretende la empresa canadiense tendrá una respuesta el próximo domingo con la marcha que saldrá a las 9:30  horas del Parque Álvaro Obregón de Dolores Hidalgo y que demandará detener cualquier actividad minera que dañe el acuífero de la Cuenca de la Independencia.

En contraste, esta semana la ciudad de San Miguel de Allende, por cuarto año consecutivo, recibió el reconocimiento como la “Mejor Ciudad de México”, por la influyente revista de viajes “Travel and Leisure.

 

Fuente:https://lacoperacha.org.mx/cuenca-independencia-amenazada-proyecto-minero/?fbclid=IwAR27r8ipZk2vXjIJBO47WgvbGGOYABy2SS2kPj7OHl5Wf-OAelhkrZv2vDk