Mexico

Pidió ayuda a la embajada de Canadá, y a los 4 meses lo asesinaron

Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por incumplimiento de normas que le exigen apegar su actuar respetando los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire, siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.

En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.

Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar a el ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.

En un video que quedo registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. Ahí señaló, “nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.

Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia, sostuvieron que durante cuatro la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados. “Ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.

No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada. La embajada canadiense pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.

La respuesta llegó después. El 17 de agosto de 2009 Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.

El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.

La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de una centena de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.

Con estos y otros elementos, la familia Abarca presento en febrero de 2018 una denuncia ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, para que investigue las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México. En dos ocasiones se ha negado iniciar el proceso. Este 19 de agosto, en conferencia de prensa, la familia del líder ambientalista dio a conocer que este día interpuso un nueva apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación.

“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no solo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo Uriel Abarca, hermano de Mariano Abarca.

 

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/08/pidio-ayuda-a-la-embajada-de-canada-y-a-los-4-meses-lo-asesinaron/?fbclid=IwAR1rKQJyoRG5911c6RFhY0tWCMk_44GasbBcXs9zSAoYv0YsxvSvpUHFSpM

Mexico

‘Pasta de Conchos es facultad de federación’

Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, dijo ayer que para la conformación del comité que participa en las mesas de diálogo para el rescate de los restos de los mineros, no se corrieron invitaciones a otros niveles de gobierno y este órgano forma parte del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos.

«La minería del carbón es del ámbito federal y el tema de Pasta de Conchos lo ha tomado la Federación, quien tiene facultades para hacerlo. De hecho, siempre ha sido la minería del carbón, facultad de la Federación, entonces, eso explica porque está todo, todas las secretarás de Estado Federales», precisó.

Dijo que el Comité Técnico es presidido por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y diversas dependencias del ámbito federal.

El Comité Técnico está conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Minas, la dirección general de Minas, así como el Sistema Geológico Mexicano.

Además del Fideicomiso para el Fomento Minero, la Secretaría de Gobernación, la SEMARNAT y PROFEPA, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

«Está la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, porque obviamente no estamos hablando de recuperar cuerpos, sino de recuperar restos óseos; entonces, el tratamiento de identificación es distinto», refirió.

Ayer trascendió que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, afirmó que no se le había notificado sobre ninguna reunión para programar dichas acciones entre el Gobierno federal, expertos y familiares de las víctimas.

Fuente:https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/308277.pasta-de-conchos-es-facultad-de-federacion.html?fbclid=IwAR2JR_ACuccD148BXKnSiuvDbmQxkGa6-3w3_nuidA1Rrh17lUsnuhUrNlk

Mexico

El neoextractivismo de la “cuarta transformación” en México: el “molino satánico” y una mirada crítica al patriarcado

Extractivismo, destrucción de la tierra, profundización del sistema patriarcal, ocultamiento de las culturas originarias, son las políticas enquistadas en el Estado mexicano.

Lo que el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, llama la “cuarta transformación” (4T) es la actual forma en que se nombra el despojo. Mientras que, para los regímenes anteriores, fueron megaproyectos frustrados e inacabados, para el actual grupo de poder narco-empresarial-político-militar, es una pulsión terca que pretende territorializar la histórica maquinaria de destrucción.

La metáfora del “molino satánico” es retomada de Karl Polanyi (2009), quien se percató de “la gran transformación” del siglo XIX al XX, identificando la maquinaria del progreso como la prolongada guerra contra los territorios y formas de autoabastecimiento de los pueblos.

En la actual realidad que vivimos, dicha ofensiva aparece con el Proyecto Integral de Desarrollo (PIC), focalizado en la región sur-sureste mexicano. Este es continuidad de aquello que, desde hace 40 años, el neoliberalismo ha pretendido territorializar en la región mesoamericana desde diversas iniciativas: el Sistema de Integración Centroamericana, el Proyecto Pantera, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamericano y las Zonas Económicas Especiales.

El “molino satánico” de la iniciativa político-económico y cultural de la 4T aparece en el sur-sureste mexicano como un proyecto que pretende ser más eficaz y audaz en la forma de devorar los mundos de vida indígenas-campesinos. Las aspas de la maquinaria pretenden triturar y transformar los espacios de vida en no vida. Se presenta desde el Proyecto Integral Morelos, el Proyecto Integral del Itsmo de Tehuantepec y el Proyecto Integral de la Península mexicana, donde aparece el “caballo de troya” de lo que amañadamente llaman “Tren Maya”. Los circuitos de las vías férreas de dichos proyectos para algunas regiones estarán conectadas con super-autopistas. Para el caso concreto de la selva Lacandona, en Chiapas, se concretaría la super-vía San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

En la misma geografía se suma la territorialización de plantaciones para amarrar la dependencia asistencialista del tutelaje estatal mediante el programa desarrollista “Sembrando vida” que es un mecanismo de cambio de uso de suelo y mediando la monetarización/bancarización para efectuar el cultiricidio de regiones campesinas. Del lado opuesto a la selva, se cartografía la minería a cielo abierto con extracción de oro, plata, cobre, entre otros, y, a la militarización ya existente de todo Chiapas, se suma una nueva fuerza represiva institucionalizada en la recientemente creada Guardia Nacional. Como ya dijeron decenas de intelectuales: “Más que una estrategia de seguridad, parece una estrategia de guerra”. En cuya misión se suma el combate de flujos migratorios de Centroamérica y más allá, que manifiestan el continuo vendaval multicromático de desposeídos y despojados, quienes se topan con el corrimiento del muro del río Bravo al río Suchiate, Usumacinta y el Hondo, en la frontera estatal de México y Centroamérica.

 

 

Mexico

En Gómez Palacio no quieren fábrica de cianuro

Desde hace dos años la población de varias comunidades agrarias de Gómez Palacio, Durango, luchan contra la instalación en su cercanía del complejo industrial Chemours. Produciría cianuro de sodio sólido que se emplea en la industria minera para separar oro y plata durante el proceso de extracción. El complejo incluye un gasoducto cuya finalidad es abastecer a las mineras. Se trata de una inversión de 250 millones de dólares. Ya en funcionamiento daría empleo a 350 personas. Las autoridades dicen que la oposición a esos proyectos se debe a la mala información que existe y a personas y organizaciones que no quieren que a Gómez Palacio le vaya bien.Chemours es parte de la trasnacional Dupont y México le es estratégico como consumidor y productor. Sus exportaciones y ventas locales superan los 2 mil millones de dólares. Desde 1960 tiene presencia en Tamaulipas, donde elabora dióxido de titanio. También cuenta con centros de envasado y almacenes en Monterrey y centros de distribución en San Luis Potosí y Hermosillo.

Las personas que no desean ese complejo industrial consideran que el cianuro es altamente tóxico, muy contaminante y que ocasiona daños irreversibles en la salud humana y el medio ambiente. El último cuarto de siglo hubo por lo menos 30 tragedias por el vertido de tan peligrosa sustancia. Por eso la oposición de muchos países, como los de la Unión Europea, para utilizarlo en, por ejemplo, la minería.

En abril del año pasado, un juez federal ordenó suspender la construcción de la citada planta que tenía un avance de 40 por ciento. Sus directivos aseguran que todo se resolverá en su favor y que casi convencieron a las comunidades inconformes de que Chemours y las obras complementarias les traerán progreso, no problemas. Mas los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna (región en la que destaca el corredor urbano-industrial integrado por las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) indican que sigue vigente el juicio promovido en 2017 para pedir la nulidad de los permisos para establecer la planta y obras complementarias; así como un amparo sobre el mismo asunto que estudia la Suprema Corte de Justicia de La Nación. Denuncian que, pese a ello, los trabajos en Chemours siguen con el cobijo de los gobiernos estatal y municipal.

El mes pasado se anunció que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales visitaría La Laguna para escuchar a los inconformes. Aún no lo hace. Existe otro problema: a 10 opositores al proyecto se les sigue proceso penal en libertad acusados de daños, lesiones y ataques a las vías de comunicación al sostener un violento enfrentamiento con la fuerza pública en marzo de 2018. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario federal de Derechos Humanos, asegura que las autoridades locales dejarían sin efecto el proceso penal si se permite construir a Chemours y realizar las obras complementarias.

Luis Rebollar, vicepresidente de la compañía, espera una resolución judicial definitiva y favorable para concluir el proyecto, el cual beneficiaría la economía regional sin atentar contra la salud ni el medio ambiente. Cabe recordar que el manto freático de varios de los municipios que integran la región lagunera está contaminado con arsénico.

Y por agua de mala calidad no paramos. Hace un año La Jornadainformó de las inundaciones causadas en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán por el desbordamiento del canal La Compañía, pestilente río conformado por las aguas negras y de lluvia provenientes de la zona más poblada del estado de México. Cada año varias colonias de esos dos municipios y otros vecinos se inundan, pues el canal está metros arriba de los asentamientos humanos debido al hundimiento que sufre esa parte de la cuenca de México a consecuencia de la explotación irracional del mantro freático y al avance de la mancha urbana sobre zonas de recarga.

Las autoridades llevan años prometiendo medidas para evitar las inundaciones. El remedio lo conocen bien: dragar el cauce del canal La Compañía para extraer la basura y el lirio que impiden el flujo normal del agua. Y lo fundamental: que no sea ya el destino final de la basura de hogares, la industria y el comercio, ni del cascajo de obras que se realizan en los municipios ubicados al oriente del estado de México.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/19/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR00Xsm8nKsTnJNxSBkA_QoRla8XHMMjx6r5Dnt-X0eH-2UOVhO948ZguV0

Mexico

Señalan intereses económicos en previa negativa a rescate minero

La activista y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach expresó fuertes opiniones sobre la anterior negativa al rescate de los cuerpos.

– La reunión del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos les trae esperanza a los colectivos compuestos por familiares de las víctimas de la terrible explosión ocurrida hace ya más de 13 años en la infame mina. Estas familias han intentado, ya por varias administraciones federales, recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Es de hacer notar que no todos aceptaron la versión oficial sobre los riesgos y complejidades del rescate, pues hay quienes aseguran que la decisión tuvo desde sus orígenes tintes económicos y políticos.

Sobre ello, la activista y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, entrevistada por nuestro conductor Francisco Juaristi Guerra, dio las siguientes declaraciones.

“Esto no es un dictamen ni un peritaje para ver si se hace o no se hace, eso fue un invento genial de Javier Lozano; jamás se habían hecho dictámenes ni peritajes para ver si hace la recuperación del minero atrapado, se recupera y punto.”

Sobre los expertos que el gobierno federal invitó al proyecto, Auerbach señaló:

“Todos los que vienen son ingenieros en minas de carbón con experiencia en rescate minero, no son abogados ni funcionarios. No es un Javier Lozano de la Libre de Derecho quien va a decidir si se hace o no se hace una recuperación de restos. El rescate de restos se va a hacer.”

 

Fuente:http://superchannel12.com/senalan-intereses-economicos-en-previa-negativa-a-rescate-minero/?fbclid=IwAR24u4vhrCCBnEUN5DtnrQRFKXmDTjNGGkkH2tfxhqATPPP78PAvOnf0jKA

Mexico

Se ha extraído 5 veces más oro en este siglo que en toda la Colonia

La sobrexplotación implicó graves problemas sociales y ambientales, señala estudio realizado por Fundar

Entre 2000 y 2018, las empresas mineras extrajeron cinco veces más oro del territorio mexicano que todo el que se explotó durante los tres siglos de la Colonia, etapa considerada históricamente como sinónimo de saqueo.

En lo que va de este siglo, sobre todo a partir de que se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, la actividad extractiva se fortaleció, trayendo consigo graves problemas sociales, económicos y ambientales.

Así lo señala el Anuario 2018, Actividades extractivas en México. Retos para la Cuarta Transformación, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que se presentó ayer en Casa Lamm. El documento asienta que de 2013 a 2018 los proyectos mineros en México aumentaron 77 por ciento.

Indica que mientras en 2010 había 667 proyectos mineros en el país, para 2018 sumaban mil 531. De ese total, mil 113 estaban dedicados a la exploración y 68 por ciento estaban destinados a buscar minerales preciosos, en particular oro.

Al presentar la investigación, Francisco Reynoso, titular del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, informó que entre 2000 y 2010 las mineras, la mayoría extranjeras, se llevaron el doble del oro extraído durante la Colonia; de 2011 a 2014 se extrajo una cantidad similar, y tan sólo entre 2017 y 2018 también se consiguió el doble de ese mineral al que se logró obtener durante 300 años.

Cada vez es más rápido ese saqueo intensivo en este país a costa de las comunidades, señaló.

Contra el argumento de desarrollo esgrimido por gobiernos y empresas, las regiones donde se explotan los minerales no gozan de los beneficios económicos. En las zonas donde se extrae oro y plata, los índices de pobreza superan la media nacional, pues más de la mitad de habitantes viven en la miseria.

Tan sólo donde se explota la plata, la cuarta parte de la población vive en rezago educativo, una de cada tres personas no cuenta con los recursos suficientes para acceder a la canasta básica, 60 por ciento viven en la pobreza y 30 no cuenta con servicios básicos de vivienda.

El reporte también critica que el gobierno de López Obrador apueste por invertir en el sector de los hidrocarburos, cuando éstos, además de contaminantes, son cada vez menores en el país.

Tan sólo en el periodo de vigencia de la reforma energética (2013-2018), los ingresos petroleros pasaron de 33 a 19 por ciento, a raíz de un declive porcentual de 28 puntos en la producción del energético al finalizar el sexenio pasado.

Pese a esa realidad compleja para los hidrocarburos, la administración federal sigue apostando por esa industria, pues para el actual ejercicio fiscal se destinaron 25 mil millones de pesos extra a la Secretaría de Energía para fortalecer a Pemex, más 82 mil 527 millones a la paraestatal para rescatar su sistema nacional de refinación.

Reynoso celebró que el presidente López Obrador se haya pronunciado contra el fracking, sin embargo, lamentó que aún no se prohíba legalmente.

El informe de Fundar revela que las actividades extractivas en México aportan apenas 0.66 por ciento del total del empleo asegurado en el país y prácticamente la tercera parte del personal (27.4 por ciento) se contrata a través de tercerización.

 

Mexico

Pidió ayuda a la embajada de Canadá, y a los 4 meses lo asesinaron

Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por incumplimiento de normas que le exigen apegar su actuar respetando los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire, siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.

En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.

Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar a el ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.

En un video que quedo registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. Ahí señaló, “nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.

Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia, sostuvieron que durante cuatro la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados. “Ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.

No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada. La embajada canadiense pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.

La respuesta llegó después. El 17 de agosto de 2009 Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.

El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.

La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de una centena de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.

Con estos y otros elementos, la familia Abarca presento en febrero de 2018 una denuncia ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, para que investigue las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México. En dos ocasiones se ha negado iniciar el proceso. Este 19 de agosto, en conferencia de prensa, la familia del líder ambientalista dio a conocer que este día interpuso un nueva apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación.

“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no solo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo Uriel Abarca, hermano de Mariano Abarca.

 

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/08/pidio-ayuda-a-la-embajada-de-canada-y-a-los-4-meses-lo-asesinaron/?fbclid=IwAR0vP8Ml35h0W35m8XtDaoksGtixG7v9Y3MlsLiIZUMrsMs3Gy2VKfSYItI

Mexico

Presidente de México elogia proyectos mineros en Canadá; activistas canadienses creen que es un error

Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, dijo este lunes en su conferencia diaria, que su país debe pedir que los estándares salariales y de protección del medio ambiente efectivos en Canadá sean aplicados en México.

Cuestionado por un ciudadano sobre los proyectos mineros canadienses y estadounidenses en su país, López Obrador dijo que poco a poco se pediría a las empresas mineras extranjeras que pagaran salarios más elevados, semejantes a los que tienen los mineros en Canadá y Estados Unidos así como los mismos niveles de protección ambientalEscuche aquí.

 

Se mantienen concesiones ya otorgadas

Después de explicar que en los últimos sexenios se habían otorgado licencias de explotación y exploración minera equivalentes al 40% del territorio nacional, el presidente de México también confirmó que su administración no cancelará ninguna de las actuales concesiones mineras, pero agregó que tampoco se entregarán nuevas concesiones mineras.

«En primer lugar, vamos a mantener las concesiones actuales y no entregar nuevas concesiones porque no son necesarias» López Obrador en su conferencia de prensa diaria.

El presidente dijo que no se aprobarían otras porque tomando en cuenta la envergadura territorial de las ya entregadas, éstas serían suficientes por  muchas generaciones a venir.

Los estándares canadienses no son ideales

El organismo canadiense Above Ground trabaja desde al menos una década abogando por la defensa de los derechos ambientales y humanos en relación con proyectos mineros. Su directora Karyn Keenan, cree que México no debería aspirar a que los estándares canadienses se reproduzcan allá ya que en Canadá, la situación ambiental alrededor de la industria extractiva canadiense deja mucho que desear. Escuchar audio aquí.

El desastre ambiental por mina en Mount Polley en Canadá

Como mencionó Karyn Keenan, de Above Ground, el 4 de agosto de 2014, 24 millones de metros cúbicos de desechos de relave de una mina en esa comunidad fueron vertidos en el arroyo Hazeltine Creek hasta el lago Quesnel y otras vías fluviales de la zona. El accidente surgió luego del colapso de la presa de los residuos de relave, cerca de la ciudad de Likely, en Columbia Británica.

Según un informe independiente sobre el desastre, la presa se construyó sobre un lago glaciar inclinado, lo que debilitó sus cimientos. Dijo que el diseño inadecuado de la presa no tenía en cuenta las fallas de drenaje o erosión asociadas con los glaciares hasta debajo del estanque.

Un plazo de cinco años para los cargos de la Ley Federal de Pesca expiró el domingo 5 de agosto del 2019, mientras que la posibilidad de otros cargos en virtud de la misma ley sigue sin plazo para una decisión. Colombia Británica no cumplió con el plazo de tres años para proceder con los cargos bajo la Ley de Manejo Ambiental y la Ley de Minas de la provincia.

El salario promedio – sector minero canadiense
Un trabajador en el sector de la minería en Canadá gana en promedio $77,251 dólares anuales o $39.62 por hora. Los puestos de nivel inicial comienzan en $35,015 por año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta $131,326 por año.

Contaminación de minas en Canadá
Según el Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes, en 2017, 7.001 instalaciones mineras en Canadá reportaron un total de 4.920.807 toneladas de más de 320 sustancias:

  • 3.226.906 toneladas de contaminantes fueron liberadas directamente al medio ambiente;
  • 1.693.901 toneladas fueron eliminadas en vertederos, esparcidas en tierra o inyectadas bajo tierra, ya sea en el emplazamiento de la instalación o fuera de él;
  • 288.328 toneladas fueron transportadas fuera del emplazamiento para su tratamiento previo a la eliminación definitiva o para su reciclado y recuperación energética.

 

Fuente: Radio Internacional Canadá

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/presidente-de-mexico-elogia-proyectos-mineros-en-canada-activistas-canadienses-creen-que-es-un-error/

Mexico

A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA: El Gobierno de Canadá acepta omisión manteniendo la impunidad al negar su investigación

Comunicado de Prensa leído en conferencia de presa sobre el Caso de Mariano Abarca en la Ciudad de Tuxtla Gutíerrez –

A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA

El Gobierno de Canadá acepta omisión manteniendo la impunidad al negar su investigación

Mariano Abarca acudió hace 10 años a la embajada de Canadá para denunciar el hostigamiento y acoso de la minera Black Fire a comunidades de Chiapas. La respuesta fue su encarcelamiento y posterior homicidio. Una década después la familia Abarca continúa apelando a los tribunales de México y Canadá para exigir justicia.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la lucha por la conservación del medio ambiente, cuando en Chiapas iniciaba el avance del Modelo Extractivo Minero. La canadiense Black Fire entró al ejido Grecia en el municipio Chicomuselo para extraer barita. Con engaños intentó someter a la población mientras contaminaba sus ríos y tierras.

Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, encabezó las protestas contra el proyecto minero. La respuesta a su lucha fue el hostigamiento y las amenazas. El 22 de julio del 2009, Mariano Abarca acudió ante la embajada canadiense en México para advertir sobre las amenazas y los riesgos contra su vida y demás habitantes de Chicomuselo involucrados en el proceso de defensa del territorio y el medio ambiente, por parte de la minera canadiense.

Palabras de Mariano Abarca ante la embajada de Canadá:

“la compañía está utilizando a sus trabajadores como grupos de choque, para repeler en contra de nuestra resistencia, los trabajadores que apenas suman 40, cuando ellos llegaron a Grecia, dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura, nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México. Entonces ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas de los que estamos en el movimiento, entonces nosotros pensamos que nos es justo, verdad, que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país.”

La respuesta a la manifestación de preocupación de Mariano ante las oficinas de la embajada canadiense en México, fue que el 17 de agosto de 2009, justo hace 10 años, Mariano fuera arrestado. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación.

 

La falta de pruebas y la solidaridad nacional e internacional hicieron que el 24 de agosto del año 2009 Mariano Abarca Robledo fuera liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano presentó una queja ante la policía, en la que manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado.

La familia y las organizaciones que los acompañan han pedido durante los 10 años que han pasado desde entonces, que se investigue y detenga a los culpables de su asesinato, que la embajada de Canadá en México asuma su responsabilidad por haber protegido a la empresa que violó los derechos humanos de los habitantes de Chicomuselo, y que puso en riesgo la vida de Mariano, hasta llegar a su muerte.

El 06 de febrero de 2018 la familia de Mariano presento una denuncia al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en la que solicitó la investigación de las acciones y omisiones de la embajada en México, cuya petición fue negada por lo que se interpuso un recurso de revisión frente al Tribunal canadiense. La petición fue negada, pero la corte asume que si la embajada hubiera actuado de una determinada manera Mariano seguiría vivo. Continuamos en la búsqueda de justicia para Mariano Abarca. Continuamos en la búsqueda de la justicia para que ninguna otra persona tenga que morir en Chiapas, en México y en América Latina como consecuencia de lucha para conservar el medio ambiente.

¡Exigimos justicia y cese a la criminalización a las y los defensores del medio ambiente y respeto a sus derechos humanos!

19 de Agosto 2019, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

 

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-defensores-y-defensoras-bajo-ataque/justicia-para-mariano-abarca/3277-el-gobierno-de-canada-acepta-omision-manteniendo-la-impunidad-al-negar-su-investigacion?fbclid=IwAR1VRgpR3D4MZrc5mToUYzRwuEvwTcGuTWTBCbOw2tUr2mIqIqYuG26Sc5s

Mexico

“Persiste el despojo de los grandes corporativos mineros a los pueblos”

■ En su proyecto de gobierno, AMLO ha dado pasos hacia una opción de neoextractivismo

■ Necesaria, reforma integral al Artículo 27 constitucional y la Ley Minera: Guzmán López

A pesar de que el Gobierno Federal no ha otorgado concesiones mineras, según lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita reciente a Zacatecas, “el problema que persiste es que no ha detenido el despojo de los grandes corporativos a los pueblos y comunidades”, afirmó Federico Guzmán López, egresado del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

El presidente, “en su proyecto de gobierno, ha dado apenas unos pasos hacia una opción de neoextractivismo, porque hace referencia a una mejor distribución de la renta minera en beneficio de las comunidades. Sin embargo, su postura antineoliberal de la Cuarta Transformación, que dio a conocer el 17 de marzo de 2019 en aquella declaratoria de fin de la política neoliberal en México, en el rubro minero no se ha dejado ver de manera contundente en lo legal, programático, institucional y presupuestal”, dijo.

Aunado a ello, “otro problema que persiste es que no ha detenido el despojo de los grandes corporativos a los pueblos y comunidades para sus proyectos mineros, cuando vemos que una de las tendencias en la forma de explotación de la industria minera es transitar de minería subterránea de alta ley de minerales hacia minería a cielo abierto, ello para volver rentable las vetas de baja ley de metales preciosos”.

EN MÉXICO SE TIENEN REGISTRADOS 98 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DE LOS 2 MIL 856 QUE EXISTEN A NIVEL GLOBAL

Expuso que en su visita al municipio de Concepción del Oro, el presidente señaló que no habrá más concesiones de minería ya que gobiernos anteriores concesionaron 80 millones de hectáreas del territorio nacional.

No obstante, indicó que la cifra que mencionó sobre las 80 millones de hectáreas (equivalentes a 40 por ciento del territorio mexicano) que fueron concesionadas a la industria minera durante los gobiernos de Salinas de Gortari hasta la actualidad, es equivocada.

Guzmán López comentó que, de acuerdo a información de la Semarnat de 2012 y de la Secretaría de Economía de 2016, además de solicitudes de acceso a la información pública de 2018 y 2019, “hay una cifra acumulada que indica que durante los años de 1982 a 2018 se concesionaron 114.8 millones de hectáreas, que representan 58.5 por ciento de la superficie del territorio mexicano”.

Incluso refirió que ese indicador se puede medir de manera desglosada por partido político en el poder, y se concluye que en tres periodos del Partido Revolucionario Institucional se concesionaron 52.5 millones de hectáreas, de las cuales 8.6 fueron con Carlos Salinas (1989-1994); con Ernesto Zedillo (1995-2000) 34.5 millones de hectáreas, y con Enrique Peña (2013-2018) 9.4 millones de hectáreas.

En las dos administraciones del Partido Acción Nacional se concesionaron 59.4 millones de hectáreas, de las cuales 25.1 fueron con Vicente Fox (2001-2006), y 34.3 millones de hectáreas con Felipe Calderón (2007-2012).

Respecto a la afirmación de López Obrador de que durante su gobierno en México no habrá concesiones de minería, dijo que en los primeros seis meses de gobierno lo cumplió, ello de acuerdo a datos obtenidos en junio pasado a través de una solicitud de acceso a información pública con folio 0001000149119.

Según expuso Guzmán López, la respuesta mencionó lo siguiente: “Al respecto, la Dirección General de Minas a través de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, manifiesta que NO SE OTORGARON CONCESIONES MINERAS en el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2018, así como en el periodo de 01 de enero al 31 de mayo de 2019”.

Por otra parte, el especialista manifestó la necesidad de una reforma integral al artículo 27 constitucional y la Ley Minera vigente desde 1992 reformada en el año 2014, sobre todo para quitarle el carácter de actividad pública preferente que tiene la minería establecido en el artículo 6, así como el periodo de 50 años para las concesiones mineras con posibilidad de prórroga por otros 50 años como señala el artículo 15 de dicha ley.

Explicó que en el discurso del presidente, presentado el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los puntos refería que “se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral”.

Por el contrario, “cuando se revisa el texto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, disponible en el Diario Oficial de la Federación, lo único que aparece es que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tendrán como parte de su oferta educativa la carrera de ingeniería en Minas”.

En el tema institucional, Guzmán López comentó que es importante vigilar cómo evolucionan los datos de los pasivos ambientales por temas mineros, los procedimientos administrativos, multas y sanciones impuestas, y sobre todo cuántas y cuáles empresas mineras que han contaminado les suspenden de manera temporal o definitiva las explotaciones mineras. Asimismo, será importante revisar los alcances, los rubros y montos asignados al fondo minero en los próximos ejercicios fiscales.

Sobre la relación megaminería y desarrollo nacional que ha manifestado el presidente, señaló que, “si bien pareciera algo esperanzador por detener el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, mencionar la homologación salarial de los trabajadores mineros en México, Canadá y Estados Unidos, repartir de manera más justa los recursos de la renta minera y que las empresas exploten los minerales cumpliendo con las normas ambientales como en los países desarrollados, todos estos planteamientos en este momento son solamente enunciativos y pretenden acercarse a una postura basada en modelo de desarrollo que pone en el centro el neoextractivismo. Sin embargo, es insuficiente, y se aparta muy poco del credo neoliberal”.

“Quizá una forma de creerle al presidente López Obrador sería que aparte de la declaratoria de moratoria minera, se impulsara una reforma integral al Artículo 27 constitucional y a la Ley Minera, para regular el funcionamiento o cancelar algunas de las concesiones mineras vigentes en México, prohibir las explotaciones mineras a cielo abierto que implican el desplazamiento forzado interno de las comunidades”, expresó.

Guzmán López informó que hay organizaciones ambientalistas mundiales como el Atlas de Justicia Ambiental, coordinado por Joan Martínez Alier, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y existen altas expectativas sobre el desempeño de Víctor Toledo al frente de la Semarnat, ya que “no queremos que México siga figurando entre los seis países con más conflictos socioambientales, pues en nuestro país se tienen registrados 98 conflictos socioambientales de los 2 mil 856 que existen a nivel global”.

“Tampoco queremos que se sigan repitiendo las historias de saqueo de los minerales, de desplazamiento forzado de las comunidades y de violación de los derechos humanos como ocurrió recientemente en Mazapil, Noria de Ángeles, Chalchihuites, Sombrerete, Vetagrande, y otros municipios zacatecanos.

Tampoco queremos que se sigan repitiendo historias de extractivismo legal, donde las empresas mineras promueven contra gobiernos nacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, cuyos litigios han acumulado 4 mil 40 millones de dólares que deberá pagar el gobierno de México si los resolutivos son a favor de empresas mineras”.

Por último, exhortó a los actores políticos y de instituciones académicas posturas y propuestas sobre este tema, entre ellos de la presidenta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en el Senado de la República, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre; del rector de la Universidad Autónoma Chapingo, José Solís Ramírez, y del mismo Rector de la BUAZ, Antonio Guzmán Fernández.

 

Fuente:jz.mx/2019/08/19/persiste-el-despojo-de-los-grandes-corporativos-mineros-a-los-pueblos/?fbclid=IwAR2tj2IzcEHFADDf3UCDRB1F_wtSyRV0g35E249_cnOvNnkF-PeqXKc_Rzg