Diálogo con Esperanza Salazar, del M4
Nadie escucha. Ni los organismos del Estado mexicano que se presume deberían velar por los derechos de los pueblos indígenas amenazados en sus derechos básicos, ni los que están dedicados a evitar daños ambientales. En el estado mexicano de Colima, el consorcio minero Peña Colorada extrae 16 mil toneladas diarias de materiales para la explotación de hierro mediante uso de grandes cantidades de agua. Para la ampliación de su explotación se plantea expulsar a tres comunidades indígenas Nahua-Otomí y las amenaza con sepultarlas bajo desechos venenosos.
Así lo comentó a Radio Mundo Real Esperanza Salazar, integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y acompañante de este proceso que tiene como protagonistas a tres comunidades indígenas y a la minera, de origen ítalo-argentino-indio.



El último manantial en Capulálpam de Méndez, comunidad indígena zapoteca, podría estar en riesgo: este año vence la suspención temporal que decretó en 2006 la Profepa contra la minera Natividad, por considerarla altamente contaminante. De no conseguirse un fallo definitivo de las autoridades ambientales, en breve la filial de la canadiense Sundance podría reactivar los trabajos extractivos de oro y plata en la zona. En 2007, la comunidad que perdió 13 veneros por la actividad minera fue declarada Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo federal