24/11/2020
Posted by MARTÍN CATALÁN LERMA
Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

Roberto de la Rosa, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo

Advierten que la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras

Roberto de la Rosa, representante de Salaverna, advierte que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas”

Durante un foro realizado este lunes sobre la industria minera en Zacatecas, organizado por la Legislatura en la entidad, diputados, académicos y activistas se pronunciaron contra ésta debido a las afectaciones y agravios que provoca en las comunidades; en contraparte, ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo.

Sin embargo, la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras, según advirtieron algunos asistentes al foro efectuado mediante la plataforma de videoconferencias de Telmex, lo que generó inconformidad en la diputada Gabriela Pinedo y en el académico Álvaro García Hernández.

Roberto de la Rosa Dávila, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso en su intervención que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad. Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad no tenían antecedentes registrales y por lo tanto sus escrituras no tenían legalidad jurídica.

En 2010, recordó, “el gobierno de Miguel Alonso y los abogados de Tayahua ayudaron a convencer a la gente de que debía aceptar una reubicación, hasta que en el 2012 nos dijeron que el cambio era necesario porque había una falla geológica y que Salaverna podía colapsar. Después, en diciembre de ese mismo año provocaron un hundimiento y es un atentado que no ha sido castigado”.

Según relató, siguieron las presiones hasta que, con el uso de la fuerza pública, intentaron sacar de Salaverna a las 17 familias que quedaban e incluso tumbaron viviendas con maquinaria pesada, ello mediante contubernio entre el gobierno y la minera.

“Hoy seguimos resistiendo y a mi manera de pensar personal, y por experiencia de vida, creo firmemente que la minería no ha sido una buena actividad para nosotros, porque la región donde se asienta es depredada y acaba con formas de vida. Sólo nos deja enfermedades, contaminación y escasez de agua”, dijo.

De la Rosa Dávila expuso que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas, como Providencia, Aranzazú, que están convertidas en un montón de escombros, además de que son un foco de contaminación para el entorno”.

Manifestó que la legislación ambiental debería tener como objeto la protección, preservación y conservación de los ecosistemas y la salud pública, y las actividades económicas deben realizarse de una manera racional sin que se comprometa la supervivencia de esta y las futuras generaciones.

Propuso que se retome el proyecto para declarar como Área Natural Protegida un territorio de 2 millones de hectáreas de semidesierto zacatecano y que se emita una nueva legislación minera que sea respetuosa de la soberanía nacional y de los derechos de las comunidades campesinas.
También propuso que se eleve a rango constitucional el derecho de las comunidades a decidir respecto a nuevos proyectos mineros, y que la Legislatura impulse una consulta ciudadana para avalar o prohibir la minería a cielo abierto en el estado.

La diputada Gabriela Pinedo Morales cuestionó que, en la primera edición del foro, se le dio la oportunidad de participación a los representantes de las mineras sin límite de tiempo para la defensa de sus intereses, pero en esta ocasión, en la que se suponía que se iba a hablar directamente con los afectados, se le dio más apertura a personas que fungieron como voceros de las empresas.

El caso concreto de Roberto de la Rosa, comentó la legisladora, se evidencia la manera en que las corporaciones mineras operan en el estado, al grado de que muchos lugares ya no son habitables por los daños que generaron las empresas mineras.

“Las empresas mineras se llevaron toda la riqueza y dejaron sólo muerte y destrucción para las futuras generaciones. La destrucción de pueblos enteros jamás se va a justificar por el interés económico de las empresas”, enfatizó.

En ese sentido, destacó el compromiso del actual Gobierno Federal de no otorgar más concesiones mineras, pues “el saqueo y el nivel de devastación ya no se puede permitir. Mucho tiempo se privilegió el interés económico antes que la vida de las personas y la autodeterminación de los pueblos y eso ya no se debe permitir”.

Pinedo Morales se refirió a la iniciativa que presentó, junto al diputado Jesús Padilla, para declarar como Área Natural Protegida a un polígono en el municipio de Mazapil, lo que impediría más proyectos mineros, y precisó que esa decisión no le corresponde a la Legislatura, pero es un exhorto para que las autoridades responsables lo consideren.

Reiteró que el foro tuvo un sesgo muy evidente, al grado que la lista de participantes original no se respetó, ya que tuvieron intervención más personas de las que se incluyeron en el programa, y todas ellas para dar posturas en favor de las empresas mineras.

“Hay cosas más importantes que toda la riqueza que se genera, que además no se queda en Zacatecas. Pero lo que sí se genera es despojo, afectaciones al medio ambiente, contaminación de mantos acuíferos con metales pesados que después generan muerte a todas las especies, generación de drenaje ácido, deforestación del suelo, entre otros”, agregó.

Álvaro García Hernández, docente de la Unidad Académica de Derecho, aseguró que la numerosa cantidad de personas que participa en estos foros, habitantes de las comunidades, es una estrategia que tiene la finalidad de crear una imagen positiva de las empresas mineras.

“Lo mismo pasó en Wirikuta, donde fueron concesionadas 70 mil hectáreas a empresas canadienses, Ahí se están utilizando indígenas y los están organizando en contra de quienes ya ganaron amparos para proteger la zona sagrada que también es un Área Natural Protegida. No me extraña que haya posturas aquí totalmente inciertas de lo que realmente pasa en Mazapil”, puntualizó.

Refirió que hay mucha evidencia sobre las afectaciones al agua, el suelo y salud de los pobladores a causa de las mineras; “¿Y ahora resulta que le vamos a prender veladoras a las empresas y a aceptar mentiras enormes de que nuestra economía se la debemos agradecer a las mineras?”.
Recordó que la riqueza que se obtiene a través de la minería no se queda en las comunidades, la región o el estado, sino que se acumula en los lugares de origen de las empresas.

García Hernández manifestó la necesidad de acudir a las comunidades para conocer los agravios y las afectaciones que las empresas han realizado, pues hay “agravios directos a los derechos humanos, se han pasado todas las declaraciones internacionales en materia de medio ambiente y en Zacatecas no se cumple un solo objetivo del desarrollo sostenible de la ONU, y aun así vienen a decirles que la minería es fabulosa”.

En el foro participaron otros habitantes de Mazapil, entre ellos Sonia Cervantes, quien expresó que “la minería vista desde el punto de vista satánico nos puede dar una visión muy diferente a la que nosotros tenemos como habitantes de Mazapil”.

“Si bien es cierto que toda actividad económica tiene sus pros y sus contras, yo puedo hablar de un Mazapil antes y después de la minería. Por eso, nuestros diputados y nuestras autoridades deben legislar sobre la coexistencia entre la minería y medio ambiente. Nosotros no ponemos al recurso económico encima del medio ambiente, pero hablamos de que coexista”, expresó.

Aricela Zapata, por su parte, aseguró que la empresa concesionada para el proyecto de Camino Rojo “nos apoya en todo y nos da información de lo que nos puede beneficiar y lo que nos puede perjudicar. Entonces estamos contentos con el apoyo que nos dan, ayudan mucho y nos informan sobre respetar las reglas de tránsito y respetar al medio ambiente”.

Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la BUAZ, distrito Zacatecas, manifestó que la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a no otorgar más concesiones mineras, y se decrete como Área Natural Protegida al municipio de Mazapil, “no es pertinente ni acertada”.

“Pareciera ser que la iniciativa pasa por alto el hecho completamente real de que, hoy en día, se hallen varias empresas mineras desplegando intensas faenas de exploración en esa región. Esto en estricto apego a la ley y, por lo tanto, intentar cambiar las reglas ahora, no sólo es un axioma de falta de certeza jurídica, sino que es también un claro mensaje que ahuyenta la inversión”, expresó.
http://www.remamx.org/2020/11/diputados-academicos-y-activistas-rechazan-a-la-industria-minera-por-afectaciones-y-agravios-a-comunidades/

25/11/2020
Foto: Grupo México
Este 2020, México cerrará con 16.8 millones de hectáreas concesionadas a la industria minera. Es decir, las concesiones en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disminuyeron un 20.8 % en comparación con el cierre de 2018, cuando finalizó el gobierno de Enrique Peña Nieto y 45.3 % debajo de lo concesionado con el exmandatario Felipe Calderón.

Esto debido a la revisión de las licencias que inició la Secretaría de Economía desde hace dos años, lo cual se suma a la política del gobierno federal de no otorgar nuevos permisos, con excepción de los que ya estaban pactados por ley. Por ello, actualmente no hay nuevas concesiones mineras, ni siquiera para encontrar gas, cobre, plata o litio, materiales importantes para el sector energético, el médico, farmacéutico, electrónico y automotriz.

“El hecho de que nos den una concesión no nos están dando una mina, nos dan la posibilidad de explorarla para tener la probabilidad de encontrar algo, pero no es garantía de tener una mina (…) en el periodo de Calderón hay un aumento importante porque el Servicio Geológico Mexicano declaró una serie de designaciones importantes incluyendo zonas del mar para encontrar gas, pero actualmente no hay nuevas concesiones”, comentó en un seminario Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

Alanís detalló que solo 4 millones, de los 16.8 millones de hectáreas concesionadas, están produciendo y agregó que las áreas productivas de las minas ocupan 201 mil hectáreas; es decir, solo 0.1 % del territorio nacional.

“Hay un profundo desconocimiento de la industria minera (…) La minería es esencial para la vida, el progreso del ser humano y para el desarrollo económico de México”, explicó Alanís.

A pesar de las políticas del nuevo gobierno, las empresas mineras siguen considerando al país relevante para la inversión extractiva en las concesiones existentes y más ahora con la pandemia, comentó Douglas Coleman, presidente y CEO del México Mining Center, firma de consultoría e información de la industria en el país para capital foráneo.

“El incremento en el interés por México a largo plazo se está observando por la demanda de metales para manufacturas de industrias que se están recuperando muy rápido del Covid-19, un ejemplo es la industria energética donde necesitan plata y litio”, comentó el directivo.

La plata es un elemento importante en la manufactura de paneles solares, mientras que el litio es considerado un insumo importante para el desarrollo de sistemas de almacenamiento de electricidad, como las baterías de los autos eléctricos.

Un ejemplo es que la firma china Ganfeng Lithium aprobó el viernes 13 de noviembre una resolución para aumentar su participación en el proyecto de litio en Sonora de la firma minera Bacanora Lithium del 22.5 % al 50 %.

“El proyecto de litio de Sonora ahora está bien situado para estar en producción en 2023 y entregar productos de litio de grado de batería en el mercado de almacenamiento de energía de rápido crecimiento”, dijo Peter Secker, director general de Bacanora.

Este proyecto representa una inversión de USD 420 millones en su primera etapa y generará más de mil empleos en el período de construcción; se tiene considerado que solo esta mina representa 5 % de la producción de litio mundial.
Fuente: El Financiero

México disminuyó en 21% el territorio que se concesionó a las mineras

23/11/2020
Foto: Equinox Gold
Los esfuerzos de Equinox Gold para reiniciar su mina Los Filos en México, detenidos desde el 3 de setiembre, se han retrasado después de que miembros de la cercana comunidad de Carrizalillo reanudaran el viernes 20 de noviembre el bloqueo de la mina.

La canadiense Equinox Gold había suspendido las actividades en la mina, en el Cinturón de Oro de Guerrero, luego de que los locales bloquearon el acceso a la misma, alegando que la empresa no había cumplido con el acuerdo de colaboración social comunitario firmado en 2019.

Según noticias mexicanas, miembros de la comunidad de Carrizalillo dijeron que Equinox no había cumplido con aproximadamente el 70% de las cláusulas establecidas en el documento que permitía a la empresa explotar Los Filos hasta 2025.

Equinox dijo la semana pasada que el bloqueo se había levantado mientras que las “negociaciones de buena fe” continuaban para llegar a un acuerdo final relacionado principalmente con los beneficios para la comunidad. El objetivo de la empresa era alcanzar la plena operatividad en diciembre.

Sin embargo, hubo que suspender los preparativos para reiniciar las actividades mineras.

“Equinox Gold continúa comunicándose con estas personas y espera lograr una solución a largo plazo que permita que la mina opere de manera efectiva y continúe brindando beneficios a sus empleados, contratistas, proveedores y socios comunitarios”, dijo la compañía.

El Consejo Agrario de Carrizalillo dijo que la nueva acción fue una respuesta directa a la decisión de la empresa de comenzar a llamar a los trabajadores y contratistas al sitio antes de llegar a un acuerdo final con la comunidad. Señalaron que vieron la acción de Equinox como una provocación, lo que generó serias preocupaciones sobre posibles enfrentamientos.

“Continuamos vigilando las puertas de la mina para evitar un reinicio, limitando el acceso al personal responsable de las medidas de seguridad durante el cierre”, dijo el consejo en un comunicado de prensa.
Minería limitada en 2020

Equinox también había suspendido las operaciones en Los Filos durante la mayor parte del trimestre de junio debido a las restricciones covid-19 impuestas por el gobierno.
Recientemente, la compañía retiró la guía de producción y costos de 2020 para la mina, que se esperaba que produjera 90.000-110.000 onzas de las 470.000-530.000 onzas de la compañía este año.
Los Filos fue una de las cuatro minas que Equinox ganó a través de su fusión con Leagold Mining a principios de este año.
El complejo minero Los Filos inició su producción comercial en 2008. La operación consta de dos grandes tajos abiertos (Los Filos y Bermejal) y una mina subterránea (Los Filos).
Fuente: Equinox Gold y Mining.com

México: Se reanuda bloqueo en mina Los Filos de Equinox Gold

▲ Un camión yucle con una carga de 330 toneladas de material sale del socavón Chile Colorado, uno de los dos tajos a cielo abierto de la minera Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas.FotoFoto Alfredo Valadez  Rodríguez

▲ La planta metalúrgica de sulfuros, donde se procesan el zinc y el plomo de la mina.Foto Alfredo Valadez Rodríguez

A. Valadez y R. Medrano
Corresponsal y Enviado, Periódico La Jornada, 16/11/2020
Mazapil, Zac., A la industria del oro en Zacatecas nada la detiene, ni siquiera el Covid-19. Cada 24 horas, con gigantescas máquinas, 500 mil toneladas de materiales rocosos se extraen del corazón de la mina Peñasquito, el yacimiento polimetálico propiedad de la estadunidense Newmont que el consorcio presume como «de clase mundial», equiparándola con sus proyectos en Australia.

Hasta este páramo ubicado en el Valle de Mazapil, en el desierto norte del estado, en medio de yucas, matorrales, cactos y mucho polvo, acuden miles de trabajadores y contratistas a prestar sus servicios, procedentes de distintos lugares de México, y algunos desde Canadá, Chile, Perú y Alemania, a pesar de los riesgos por la emergencia sanitaria global.

Para operar, la empresa puso en marcha un estricto plan sanitario –en el que ha invertido más de 24 millones de pesos en los últimos meses– para proteger a sus empleados y evitar la propagación del virus entre su personal, porque aunque tiene asombrosas máquinas y avanzados sistemas de extracción, sus obreros siguen siendo su principal activo. Sin ellos no se produciría oro.

Así, tras una fuerte inversión en equipos, insumos, pruebas y personal médico contratado para contener los contagios –todo financiado por Newmont con un fondo global creado ex profeso, y a pesar de la reducción de mano de obra en sus operaciones–, Peñasquito ahora es, paradójicamente, cuatro veces más productiva que antes del Covid-19.

Hasta abril de 2019, esta mina era propiedad de la trasnacional canadiense Goldcorp, pero Newmont la adquirió para colocarse como uno de los principales productores de oro en el mundo, dentro del exclusivo grupo de 28 miembros del The World Gold Council, entre ellos China Gold, Barrick y Royal Gold Inc.

Aunque en el primer trimestre la pandemia ensombreció los planes de Newmont en Peñasquito, por las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno mexicano, que la obligaron a parar operaciones en abril y mayo, desde el primero de junio (cuando las autoridades federales declararon la minería «actividad esencial»), sus gigantescas máquinas volvieron a rugir para extraer los valiosos minerales de este yacimiento.

En una cadena de procesos que no se detiene, día y noche cientos de miles de toneladas de rocas son sometidas a fases de quebrado, molienda y métodos metalúrgicos –según sus características–, en dos enormes plantas de sulfuros, o con el método Merrill-Crowe, que incluye el proceso de lixiviación por montones, con una solución de agua y cianuro (cuestionado por ambientalistas en todo el mundo), para obtener oro y otros valiosos subproductos.

Detrás de este auge hay un motor geopolítico: la guerra comercial entre China y Estados Unidos, así como la crisis económica global por la pandemia, que empujaron este año el precio del oro al alza, hasta un precio promedio de 2 mil dólares la onza (30 gramos) en agosto pasado.

Además, la proyección de algunos economistas es que, a pesar de que ha habido variaciones a la baja, a mediano plazo el metal dorado seguirá escalando en los mercados internacionales, pues también se ha incrementado la demanda de oro físico.

Aunado a estos incentivos, Newmont encara, con la pandemia de Covid-19 a cuestas, el reto de no renunciar a la ambiciosa tarea que sus inversionistas planearon justo antes del confinamiento por el Covid-19, en febrero de 2020: incrementar sustancialmente la productividad de Peñasquito para llevarla al mismo nivel de Boddington Gold, la segunda mina de oro de mayor tamaño en Australia, también de su propiedad.

Montañas artificiales, huella de la minería a cielo abierto

Decenas de kilómetros antes de llegar al complejo minero se observan cerros de piedra estéril, tepetate y desechos terrosos de los procesos metalúrgicos, conocidos como relaves, que en más de una década de operaciones se han acumulado. Esa es la huella del extractivismo minero en la región.

El cerro artificial más grande es precisamente el almacén de relaves, un monte de 100 metros de altura y 11 kilómetros de perímetro, de forma rectangular, diseñado por los ingenieros para contener un volumen superior a 822 millones de toneladas de materiales rocosos.

Tras el impacto visual que causan los cerros de desechos mineros al arribar al yacimiento de Newmont, ubicado 300 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas –muy cerca de la frontera con Coahuila–, destacan los campamentos instalados en el sitio, perfectamente alineados, con letreros que ordenan silencio.

Son los dormitorios para el ejército de trabajadores de la mina, y ahora una parte de ellos son habitaciones para aislar a los empleados contagiados de Covid-19.

Centenares de habitaciones, casi todas rectangulares, parecidas a un campo militar por lo parcas y lo alineado de las barracas prefabricadas; por su color uniforme y casi monocromático, blanco y beige claro.

En este sitio Newmont posee la concesión minera otorgada en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para explorar, explotar y beneficiar los minerales que se encuentran en un polígono de 5 mil 462 hectáreas, rentadas a campesinos de cinco ejidos.

Por su dimensión territorial y sus reservas de metales preciosos, probadas y probables, para la compañía estadunidense, Peñasquito representa ya 20 por ciento de la producción global de oro que sus filiales producen en el mundo: Australia (20 por ciento), la mina Nevada Gold (18 por ciento); Sur América (17 por ciento), otros proyectos en Norteamérica (14 por ciento) y África (11 por ciento).

En el enclave zacatecano laboran 5 mil 300 empleados directos: 2 mil 99 sindicalizados, además de otros 763 no sindicalizados –trabajadores de confianza clasificados como «colaboradores»– y unos 2 mil 300 obreros que prestan servicio en el yacimiento y dependen de subcontratistas externos (outsourcing). Actualmente el complejo minero opera con 50 por ciento de su personal; aun así, es más productiva que antes. Es el ideal capitalista: producir más con menos.

Hoy día Peñasquito tiene reservas probadas de 8.1 millones de onzas de oro, lo que extenderá la vida del yacimiento los próximos 12 años, sin contar sus reservas de plata, zinc y plomo.
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