En un informe que examina documentos internos procurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD) se establece tanto la complicidad de diplomáticos canadienses en México al intentar Excellon Resources de Toronto evadir su responsabilidad por violaciones de un contrato de arrendamiento y deficiencias en las condiciones de trabajo, como el apoyo de diplomáticos a la represión de una protesta pacífica.
El informe de Alerta Minera Canadá y el sindicato United Steelworkers, Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá, y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México, se basa en un cuidadoso análisis de casi 250 páginas que se obtuvieron del MAECD, durante un período en que se intensificó el conflicto y represión entre julio y noviembre de 2012.
En ese momento, miembros del ejido La Sierrita y trabajadores de la Sección 309 del Sindicato Nacional Minero en la mina La Platosa, propiedad de Excellon, llevaron a cabo una protesta pacífica durante varios meses, luego de haber antepuesto dos quejas formales en Canadá sobre supuestas violaciones graves a los derechos humanos y a la tierra, sin obtener ningún resultado.
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de la Ley Minera y su aplicación, cuando las concesiones a una empresa del ramo afecte derechos de comunidades indígenas.
Grupo de empresarios, ecologistas e investigadores del CIAD denominada “Voces por el Agua” urgieron a endurecer protocolos de seguridad y realizar estudios del sedimento de 50 kilómetros de la presa de Pánuco por donde se derramaron materiales de jales, antes de que levanten la alerta y contamine a los sectores productivos como la ganadería, la pesca, la agricultura, a la presa Picachos y llegue al mar.
Grupo México, empresa responsable de uno de los desastres ecológicos más grandes en la historia de México, en el Río Sonora, busca operar una mina de cobre dentro del Área Natural Protegida en Valle de los Cirios, al sur de Baja California, donde hay escasez de agua. 
El pasado 18 de febrero de 2015 se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo en el Municipio de Xochitepec, Morelo, México. Entre los temas a tratar en el acta del día los proyectos mineros estuvieron presentes.
Hasta el mes de enero, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) diagnosticó a 272 pacientes afectados en su salud por la contaminación del río Sonora a consecuencia del derrame tóxico de la minera Grupo México.
Para la minería 2015 es un año mucho más complicado que en 2014.
La empresa minera de inversión canadiense Media Luna, asentada en la comunidad de Nuevo Balsas municipio de Cocula, pagaba un millón de pesos al mes al jefe de plaza de la organización delictiva La Familia Michoacana en los municipio de Cocula y Cuetzala, Uriel Vences Delgado, La Burra o El 50, para que permitiera los trabajos de la empresa y el libre tránsito de sus empleados.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho.