Tras un fuerte rumor de que el Cabildo de La Paz habría aprobado el cambio de uso de suelo y con ello dar “luz verde” a la instalaciones de la minera “Los Cardones” en la Sierra de la Laguna, la ex Alcaldesa y actual Diputada federal, Esthela Ponce Beltrán, hace llegar un comunicado de prensa donde expresa su preocupación por esta suposición y hace un llamado a no aprobarlo, infiriendo que los integrantes del Ayuntamiento sí pretenderían hacerlo.
Con el sello de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el comunicado de Ponce Beltrán dice textualmente que “He recibido con especial preocupación, el comentario de que en sesión de Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz, se ha pretendido aprobar el cambio de uso de suelo, con el propósito de autorizar la instalación de las empresas que pretenden la explotación de MINERÍA EXTENSIVA Y TÓXICA, que va en contra del desarrollo sustentable de nuestro municipio”.
Las 99 concesiones mineras otorgadas por autoridades federales en el subsuelo de tierras campesinas y territorios indígenas, podrían incrementarse en los próximos años. En las últimas administraciones, los permisos para la exploración y explotación de minerales creció pese a los conflictos sociales, despojo e impactos a la salud de los pobladores.
De 2013 a la fecha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha atendido 44 emergencias ocasionadas por derrames de jales, soluciones ácidas, cianuradas y lixiviados.
Los pobladores y vecinos del ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, acordaron no permitir más la explotación minera del proyecto El Bambú, a cargo de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y de El Puntal S.A. de C.V, que extraen titanio desde hace varios años en dicha comunidad.
Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa entregaron en concesión a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
El impacto ambiental de las industrias extractivas, como la minera y la petrolera, es una faceta opaca en México, como por ejemplo el uso de la fractura hidráulica, dijo a Sputnik Nóvosti Aroa de la Fuente, coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.
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A partir de la “Declaración de Acacoyagua”, elaborada en el marco del foro Estatal de Afectados por la Minería los días 15 y 16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, Chiapas, en donde “refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida”, avanzamos en diversas acciones políticas para denunciar la actividad minera.
El Inai desechó una primera versión pública entregada por la Semarnat a un ciudadano por haber suprimido información de carácter ambiental; la minera está implicada en el derrame de materiales tóxicos en Río Sonora y Bacanuchi.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró una mina que operaba en el municipio de Mulege, BCS., sin contar con la Licencia Ambiental Única (LAU) ni el aviso de inicio de operaciones que exige la ley por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).