El pleno de la XIV Legislatura al Congreso del Estado conoció en la sesión ordinaria de este jueves la primera lectura  del dictamen presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Ecología en el que se propone modificar la Constitución Política del Estado  y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de la entidad, con la finalidad de blindar a Baja California Sur contra proyectos de minería tóxica que pretendan  instalarse en la media península y que con su operación pondrían en riesgo tanto la calidad como la existencia del recurso agua para consumo humano.

Con esta propuesta presentada se busca impedir  legalmente en la Constitución y en leyes secundarias del estado que se otorgue la autorización para el uso de suelo “a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o trajo abierto, ni a proyecto metalúrgico alguno, cualquiera que sea su denominación, que utilicen en su proceso de lixiviación cianuro, mercurio o cualquier otra sustancia que pueda contaminar los suelos y las aguas”. En la Carta Magna sudcaliforniana se busca establecer que la prohibición sea tanto por el Gobierno del Estado como por los ayuntamientos de la entidad.

El dictamen igualmente contempla que se eleven a rango constitucional  el cuidado que en Baja California Sur se debe de tener del agua, por lo que la propuesta de adición al Artículo Sexto de la Constitución estatal precisa que “el Estado, promoverá como política pública, la recarga de los mantos acuíferos y la prevención de su sobreexplotación”, y que de alguna manera la política pública relacionada con el recurso hidráulico sea política de Estado y no de gobierno.

Asimismo en la modificación del Artículo 79 de las Facultades del gobernador del Estado, se propone en el dictamen que el titular del Ejecutivo Estatal tenga como facultad “decretar mediante declaratoria el establecimiento por causa de utilidad pública de las Zonas de Salvaguarda de Agua subterránea para consumo humano. Aquellas zonas del territorio estatal, cuyos atributos ambientales y servicios ambientales derivados, permiten la recarga de los acuíferos y cuerpos de agua superficiales para proteger las aguas subterráneas”.

Para la elaboración del dictamen que fue presentado, diputados de diversas expresiones políticas en el Congreso del Estado fueron presentando iniciativas, como la que se entregó en octubre de 2015 por los legisladores Rodolfo Davis, Alejandro Blanco y Alfredo Zamora y la Diputada Rosa Delia Cota en el sentido de prohibir la minería tóxica en la entidad por los perjuicios que causa al medio ambiente.

Quienes presentaron la inciativa son claros: “no se autorizará el uso del suelo a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o tajo abierno, tampoco se autorizará el uso del suelo a proyectos minero metalúrgico alguno, cualquiera que sea su denominador que utilice el proceso de lixiviación cianuro o mercurio”.

Otra fuente de alimentación del dictamen fue la propuesta presentada por la Diputada Guadalupe Rojas Moreno en julio de 2016 en donde la representante popular aporta información de un trabajo de investigación realizado por especialistas en el tema, sobre los efectos que tendría el medio ambiente sudcaliforniano con la presencia de la minería que depreda.

En el caso de la Diputada Eda Palacios Márquez presenta una iniciativa para elevar a rango constitucional el cuidado del agua, ante la compleja realidad que se vive en la entidad con respecto al recurso. La legisladora  pide que se incluya “como una política pública del Estado la recarga de los mantos acuíferos y la prevención de su sobreexplotación”, y que los planes hidráulicos en sudcalifornia trasciendan genraciones.

En el caso de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, se reforman y adicionan diversos artículos que tienen como finalidad hacer operativas las reformas que legisladoras y legisladores plantean a la Constitución Política del Estado.

Para la lectura del documento de 40 páginas hicieron uso de la vos la Diputada Eda Palacios, y los legisladores Alfredo Zamora, Marco Antonio Almendariz Puppo y Rodolfo Davis Osuna.

Fuente:https://colectivopericu.net/2017/04/20/de-una-vez-cerrar-el-paso-a-toda-la-mineria-toxica-en-baja-california-sur/

Ciudad de México, 4 de abril de 2017 – Un grupo de pobladores afectados por la   actividad   minera   de   la   empresa   Almaden   Minerals   en   el   municipio   de Ixtacamaxtitlán,   estado   de   Puebla,   denunció   que   esta   empresa   ha   dado información falsa a sus inversionistas, al gobierno mexicano, y a la población local con el fin de continuar la exploración en la región para extraer oro y plata.

En febrero de 2017, Almaden Minerals informó, a través de un comunicado de prensa, que continuará “agresivamente” la exploración en la zona, a pesar de que su   informe   preventivo   fue   rechazado   por   la   Secretaría   de   Medio   Ambiente   y Recursos Naturales (SEMARNAT) por no identificar plenamente “que las obras y actividades a realizar cumplan con los lineamientos que establece la NOM-120- SEMARNAT-2011”. SEMARNAT negó el permiso para realizar 69 nuevos barrenos; no obstante,   en   su   informe   anual   de   2016,   publicado   el   29   de   marzo   pasado,   la empresa no ha informado a sus inversionistas que SEMARNAT  le ha negado el permiso para seguir explorando.

A pesar de lo anterior, Almaden Minerals está cotizando acciones para financiar una nueva fase de exploración, y no ha informado a sus inversionistas que una comunidad   indígena   inició   un   recurso   legal   (amparo   445/2015   radicado   en   un Juzgado de Puebla). Revelar esta información es una exigencia de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) debido a que implica un riesgo para los inversionistas,  entre  los que se encuentra el Royal  Bank  of Canada.

La minera tampoco ha informado a sus inversionistas que la Procuraduría Federal de   Protección   al   Ambiente   (PROFEPA)   inició   una   investigación   a   partir   de   la denuncia  interpuesta   por   la  Unión   de   Ejidos   y   Comunidades   en   Defensa   de   la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua. La empresa está investigada por violar normas mexicanas al realizar 236 barrenos más de los autorizados, con una profundidad mayor, y con riesgo de haber perforado el acuífero, según información generada por la misma empresa, la cual no fue come partida con las autoridades mexicanas ni con los habitantes de la zona.

Desinformación y falta de claridad de Almaden

Acompañados de las organizaciones civiles  Centro de Estudios para el Desarrollo Rural   (CESDER),   Instituto   Mexicano   para   el   Desarrollo   Comunitario   (IMDEC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), y la mencionada Unión de Ejidos, los pobladores de Ixtacamaxtitlán señalaron que la empresa   no   ha   comunicado   los   alcances   de   su   proyecto   a   las   comunidades afectadas ni les ha informado su intención de explotar un bien común, y se ha reservado   la  información   sobre   los   riesgos   que   conlleva   este   proyecto   para   el medio ambiente, el agua y la salud.

El   Comité   del   Agua   de   Ixtacamaxtitlán   denunció   que   la   empresa   ha   buscado desinformar a la población al decir que el cianuro usado en el proceso de lixiviación no   contamina   el   agua.   Además,   señaló   que   la   empresa   fomenta   relaciones clientelares con los pobladores mediante el otorgamiento de apoyos económicos para las fiestas patronales a cambio de que toda una comunidad firme en apoyo a su proyecto.

Los pobladores y las organizaciones civiles presentaron una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) que realizaron con apoyo de expertos en geoquímica, biología y salud. Esta evaluación concluye que la presencia de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán pone en riesgo los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud de la población, e incrementa la competencia por el agua y la tierra.

Los afectados instaron a SEMARNAT a que no otorgue más permisos a la empresa; y a PROFEPA a que sancione a la compañíapor las irregularidades documentadas.

El documento completo de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) puede consultarse en esta liga: http://ow.ly/BmiI30awZ5x

Fuente:http://www.imdec.net/minera-canadiense-afecta-comunidades/

La resolución es un triunfo de la sociedad sudcaliforniana que lleva más de 7 años oponiéndose a la mina de la empresa relacionada con Salinas Pliego

Una investigación de la periodista Celia Guerrero para el medio Pie de Página relata la historia de cómo la sociedad de Baja California Sur se unió y peleó durante siete años hasta que consiguió cancelar un proyecto de mina a cielo abierto de la empresa Desarrollos Zapal, relacionada con Ricardo Salinas Pliego, la cual iba a ubicarse en en un Área Natural protegida e iba a contaminar su agua y, por ende, matar sus cultivos, sus animales y contaminar sus alimentos.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa decretó la nulidad de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la empresa Desarrollos Zapal para construir la mina a cielo abierto “Los Cardones”, en Baja California Sur.

El juicio de nulidad fue promovido por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, en agosto de 2015. Esta resolución significa que la autorización de la Semarnat a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) queda cancelada por resultar ilegal, dijo Irina Trasviña Mar, vocera del Frente.

El resultado del Tribunal se basó en el artículo 48 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual establece que en una zona de amortiguamiento de un Área Natural Protegida solo pueden realizarse actividades productivas de comunidades locales.

“Es obvio que no se trata de una actividad de la comunidad, por lo tanto, la Semarnat tendría que volver a publicar un resolutivo de la misma MIA ya presentada y la empresa no puede agregar más información, por lo que el proyecto queda cancelado”, insitió Trasviña Mar.

En 2014, Semarnat otorgó la autorización para construir la mina a cielo abierto a la empresa Desarrollos Zapal, una subsidiaria de Grupo Invecture, a su vez relacionada con el Grupo Salinas. El año pasado, Pie de Página documentó la relación empresarial de Salinas Pliego con Desarrollo Zapal, así como la denuncia de despojo de dueños de terrenos en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en donde se desarrollaría la mina.

Antes, los grupos opositores a la mina habían documentado los riesgos del proyecto, al tratarse de una zona que abastece de agua a las zonas bajas del estado.

El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida fue formado en 2014 por más de 30 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Baja California Sur para oponerse al proyecto que, argumenta, pone en peligro de contaminación la zona más importante de abastecimiento de agua del estado.

“Se expusieron muchas pruebas del riesgo de la mina en su momento, pero aún así la Semarnat la autorizó. Ahora, con la decisión del Tribunal, hay más razones para que el resolutivo de la Semarnat sea negativo. Si fuera positivo, sería ilegal”, agregó la vocera.

El proyecto minero, inicialmente llamado Paredones Amarillos ha sido promovido desde el año 2009 y, en el pasado, organizaciones, académicos y ciudadanos se le opusieron, llegando a ser suspendido temporalmente en 2010. Sin embargo, en 2013 Grupo Invecture adquirió el proyecto y reinició la solicitud de permisos, consiguiendo la autorización condicionada de la Semarnat en 2014. Hoy el proyecto minero queda nuevamente cancelado y a la espera de la resolución de la autoridad ambiental.

“Esta resolución es un triunfo de la sociedad sudcaliforniana que lleva más de siete años oponiéndose al proyecto minero. No los hemos dejado pasar y no los vamos a dejar pasar porque luchar por el agua es el equivalente a luchar por nuestras vidas”, concluyó Trasviña Mar.

Fuente: http://regeneracion.mx/juez-cancela-mina-de-salinas-pliego-en-bcs/

Ante la pretensión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar en este abril una iniciativa para establecer la deducibilidad de impuestos en favor de las empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) manifiesta su enérgica oposición, porque antes de facilitarle aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras, y de continuar vulnerando la soberanía del Estado, deberían legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en República de El Salvador. La iniciativa pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan en su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías. Pero además, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no están en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México. La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos. Por respeto a la vida y por dignidad, planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, ha otorgado.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/04/afectados-por-la-mineria-piden-cancelar-concesiones/

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) manifestó su “enérgica oposición” a los intentos de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar este mes una iniciativa para deducir impuestos a empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración.

En un comunicado destacó que “antes de facilitar aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado”, los diputados deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.

Y lanzó: “¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitando toda prebenda que la industria extractiva exige para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, la premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad misma de sus territorios?”.

La iniciativa –añadió– pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías.

Pero además, subrayó, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no están en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.

De acuerdo con la Rema, la pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de “servilismo” a favor de intereses económicos contrarios al bien común de la población y nuestros territorios.

La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental. Únicamente se basa en una idea de beneficio económico a corto plazo que no toma en cuenta el medio ambiente y la salud pública, puntualizó.

Según el texto de la Rema, la iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.

Y se aduce que a partir de reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera, se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron, sostuvo.

Remató: “Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/481965/reprueban-iniciativa-deducir-impuestos-a-empresas-mineras

OAXACA, Oax. (apro).- El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).

El defensor de los derechos humanos y también de la tierra y territorio contra las altas tarifas y minería en la localidad de San Pedro Tapanatepec, fue agredido a golpes el pasado sábado 8 de abril, alrededor de las 20:00 horas en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec y falleció un día después en el Hospital de Juchitán.

El cuerpo presentaba múltiples huellas de golpes y contusiones en la cara, mientras que el moto taxi número 13 de la Unión de Mototaxis 12 de octubre de Chahuites, se encontraba destruido totalmente.

Integrantes de Apoyo denunciaron que Toledo Villalobos, quien pertenecía a la Red Nacional de Resistencia Civil, llegó a recibir amenazas de muerte y advertencias de que dejará de exigir bajas tarifas de energía eléctrica.

Según versiones, el defensor fue atacado por varias personas hasta dejarlo en estado de gravedad, razón por la que ingresó al hospital básico comunitario de Tapanatepec, sin que se le brindara la atención médica adecuada y finalmente lo trasladaron al Hospital General de Juchitán donde falleció.

Precisaron que Toledo Villalobos, era el representante común de los compañeros que se encuentran en resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, además era un acérrimo defensor del territorio contra la mineras que se piensan instalar en esa zona oriente de la región del Istmo.

Durante el mes de febrero, integrantes de Apoyo de Tapanatepec, Zanatepec y Chahuites realizaron diversas acciones de resistencia contra la CFE, porque la superintendencia de la Zona Istmo no estaba respetando los acuerdos nacionales, entre la Red Nacional y la paraestatal.

Pese a esto, la CFE se dedicó a hostigar a los compañeros de la Zona Oriente cortándoles el suministro eléctrico durante todo el mes de marzo.

Finalmente, responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad como actora intelectual del asesinato de Toledo Villalobos, así como al gobierno estatal y federal por su incapacidad para dar seguridad a los defensores de derechos humanos.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/481876/asesinan-a-activista-opositor-a-la-mineria-las-altas-tarifas-luz-en-oaxaca

Denunciamos el contubernio del gobierno de Chiapas con las empresas mineras en el Soconusco. La empresa minera el Puntal S.A. de C.V. hostiga, amenaza y bloquea a los ejidos que denuncian la actividad minera. El gobierno de Chiapas omite las denuncias de la población, simula atención al conflicto y apoya a las empresas mineras.

En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) comunicamos nuestra decisión de suspender las mesas de trabajo establecidas con el gobierno de Chiapas por incumplimiento de acuerdos, así como los hechos que nos demostraron su complicidad con la empresa El Puntal S.A de C.V. para crear división comunitaria en los ejidos y deslegitimar nuestra lucha .

Hoy, alzamos la voz y llamamos a los medios de comunicación, organizaciones y colectivos para denunciar que las amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera El Puntal S.A de C.V. se elevan con la protección de la Policía Estatal y que las instancias de Salud y Medio Ambiente del gobierno de Chiapas cierran el trabajo de investigación que les correspondería realizar para atender los casos de afectación a la salud, niegan todo tipo de contaminación o alteración al medio ambiente, justifican los permisos autorizados a las empresas y desvían responsabilidades entre diferentes instancias para no asumirlas.

Lo que afirman las instancias de Salud y Medio Ambiente, y lo que les contestamos:

a) El Dr. José Esaú Guzmán Morales, Jefe de Jurisdicción Sanitaria No.7 afirma no encontrar casos sospechosos de afectación a la salud o indicios de algún problema en el agua por la minera en el ejido Libertad, tampoco acepta aumento en la mortalidad en Acacoyagua (Oficio no. JST/ST/005/2147/2017).

Contestamos: Las conclusiones que elabora el Dr. José Esaú Guzmán Morales son a base de una brigada de visita al ejido Libertad que realizó una campaña de limpieza de manos, en una sola visita de 3 horas el 6 de octubre del 2016, sin presentar perfil profesional del personal, protocolo de investigación epidemiológica y estudios del agua que comprueben que la comunidad no se encuentra expuesta a ningún tipo de contaminación.

b) Amado Ríos Valdez, Delegado en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) detalla que los permisos para la explotación y exploración para la empresa El Puntal S.A de C.V. fueron otorgados para que la ilmenita (la roca de donde se extrae el titanio) fuera extraída en bruto y se llevara a otro lugar para la separación de minerales (oficio Núm. 127DFSMARNT/15S.114.3/626/2017). Expone que el titanio no es contaminante e incluso que el dióxido de titanio se utiliza en varios productos.

Contestamos:

– El proyecto «Casas Viejas» es solo uno de los cinco proyectos establecidos desde el 2012 en Acacoyagua y Escuintla que se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo y en un área de una de las fallas tectónicas más importantes de México: la falla de Matagua (de la que ya se han extraído 49,000 toneladas de titanio, según reporte de la empresa Male S.A de C.V.).

– Además, la SEMARNAT no contempla los impactos acumulativos de todos los proyectos para la Reserva de la Biósfera La Encrucijada (ubicada río debajo de los ríos Cacaluta y Cintalapa): deforestación, riesgo para la biodiversidad que mantiene el ecosistema, daño a los mantos acuíferos por los barrenos, entre otros. Además, aunque afirma que no ha otorgado permisos en área de reserva natural si los ha otorgado para 17 concesiones más.

c) La PROFEPA por su parte, junto con la delegación de la SEMARNAT, asegura que no realiza ninguna inspección porque la mina «Casas Viejas» apenas se encuentra en fase de exploración.

Contestamos: La población ha comprobado la extracción del mineral y dos carreteras clandestinas para transportar el material. La PROFEPA no presentó los reportes semestrales de atención a medidas de mitigación para la supuesta fase de exploración.

Por todo lo anterior, denunciamos que el gobierno de Chiapas no cumplió con los compromisos que tomó en el marco de las mesas de trabajo y simuló atender el conflicto minero y las violaciones a derechos humanos que sufrimos en la región a causa de la actividad minera.

Expresamos nuestra preocupación por el avance de las amenazas y hostigamiento hacia los campamentos y a los integrantes del FPDS:

– El bloqueo de la empresa El Puntal S.A. de C.V. al paso para la administración del agua potable en el ejido de La Cadena, en el lote «El Encuentro»;

– Hostigamiento a los y las integrantes del FPDS por parte de elementos la Policía Estatal el 8 de abril 2017 en el campamento «José Luciano» ubicado en La Cadena;

– Notas en periódicos y en la radio donde se asegura que los/as integrantes del FPDS son grupos de choque, amenazan a la población y extorsionan a la población para dar paso en los campamentos.

Exigimos:

1. La suspensión definitiva de la actividad minera en la región, así como realice la vigilancia correspondiente por parte de las Autoridades ambientales;
2. El cese al hostigamiento y amenazas al FPDS. Alertamos sobre el incremento de las amenazas y protección del gobierno hacia las mineras;
3. La cancelación definitiva de los permisos y concesiones otorgados a empresas mineras en Escuintla y Acacoyagua.

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_-_Chiapas_Defensore_as_del_territorio_de_la_Costa_denuncian_el_contubernio_del_gobierno_estatal_con_las_empresas_mineras

COMUNICADO

10 de Abril 2017

Ante la pretensión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar en este mes de abril de 2017 una iniciativa para establecer la deducibilidad de impuestos a favor de las empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifiesta su enérgica oposición al respecto, porque antes de facilitarle aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado, deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.

¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitándoles toda prebenda que la industria extractiva exige, para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, las premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad

misma de sus territorios.

La iniciativa pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías. Pero además, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no está en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.

La pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de servilismo a favor de intereses económicos contrarios al bien común de nuestra población y de nuestros territorios.

La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más y categóricamente, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental . Únicamente se basa en una idea de beneficio económico cortoplacista que no toma en cuenta el medio ambiente

y la salud pública.

La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.

Se aduce que a partir de reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron. Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

REMA

OAXACA, Oax. (apro).- La asamblea comunitaria en San Mateo Macuilxóchitl acordó de manera unánime impedir que se instale una base militar en ese territorio zapoteco, pues asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende militarizar el estado de Oaxaca ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos.

La Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (R.E.D.T.) señaló que, pese a las presiones de Sedena para que la comunidad zapoteca “donara” 34 hectáreas de tierras comunales para instalar una base militar y un hospital de especialidades castrense a cambio de otorgarles concesiones de taxis, la población rechazó la oferta.

La “donación” que pedía la Sedena era a cambio de una concesión de taxis para los dueños de los terrenos que ocuparía, pero la asamblea comunitaria de Macuilxochitl lo analizó y decidió rechazar la propuesta, pues sólo se beneficiaría a unos cuantos y no a toda la comunidad.

De igual forma, rechazaron la instalación del hospital de especialidades para elementos castrenses porque los pobladores de Macuilxochitl no tendrían acceso, por tal razón, la respuesta comunitaria fue negativa.

El asunto se analizó en la asamblea de la comunidad del pasado domingo 5 de marzo de 2017 y los pobladores concluyeron que “si permitimos la instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo nuestro”.

Consideran que la petición de la Sedena es instalar una base militar en esta comunidad del valle de Tlacolula, la cual albergaría a cerca de 5 mil soldados del Ejército Mexicano, además de que se construiría un hospital de especialidades para militares al cual no tendría acceso la población civil de San Mateo Macuilxóchitl.

El Colectivo Quiyehuixitao de San Mateo Macuilxochitl sostuvo que “comprendemos así la urgencia del Estado para tener el control de un territorio sumamente concesionado para megaproyectos, que junto con empresas extranjeras y nacionales, tienen planeados para las regiones de Oaxaca”.

Mencionó que “por control entendemos la militarización completa de la región para así allanar el camino a los grandes intereses de la industria extractivista y energética, desembocando esto en más violencia y represión para las comunidades que se resuelvan a defender su territorio ante el despojo inminente”.

Y es que tan solo en el distrito de Tlacolula se tienen contabilizadas hasta ahora 39 concesiones mineras distribuidas a lo largo y ancho de este territorio, así como otras siete en su colindancia.

Aunado a esto, se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético “Ixtepec – Yautepec Morelos”.

Pero Macuilxóchitl no fue la única comunidad que rechazó el proyecto de la Sedena, porque la comunidad de Teotitlán del Valle también acordó dar un rotundo “no a la donación de 300 hectáreas y/o venta de la propiedad comunal para instalaciones de las fuerzas castrenses.

Ahora, las autoridades estatales y federales pretenden convencer a los habitantes de la cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros, ofreciendo una cuantiosa suma de dinero a cada propietario para la compra de sus terrenos.

Recordaron que desde que comenzó el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se aprobaron una serie de megaproyectos para Oaxaca, ya que la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera en el estado para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre.

Lo grave es que “todo esto se realizó sin consultar a las respectivas asambleas de los pueblos donde se pretenden explotar dichos minerales y de paso contaminar y dejar inservible el agua que abastece a todo el Estado de Oaxaca”.

Fuente:http://www.grieta.org.mx/index.php/2017/03/27/denuncian-intencion-de-militarizar-pueblos-indigenas-en-oaxaca-para-imponer-megaproyectos/

Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5 por ciento del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234 mil 991.8 hectáreas.

En el resumen del documento de ese estudio titulado: “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a diciembre de 2016”, Poder revela que, tan sólo en el sector agrícola se desarrolla en una extensión proporcionada de 45.7 por ciento del territorio poblano, donde el agua disponible es principalmente destinada a esta actividad.

Destaca que Puebla se ha convertido en un territorio estratégico que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, por lo que se despertó el interés para que la industria extractiva, hasta el año 2016, tenga registrada 753 concesiones mineras que compiten con la población por el agua y la tierra, lo que significa que la industria minera posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio poblano, a través de 39 empresas.

El segundo lugar en extensión concedida para exploración/explotación minera la tiene Industria Peñoles con 152 mil 253.1 hectáreas. Con más del 700 por ciento de distancia del segundo lugar, la tercera posición la ocupa Autlán Holding con 19 mil 13.9 hectáreas. Las otras 38 mil hectáreas se dividen entre Sunshine Silver & Refinig Corporation, Minera Frisco, Goldcorp, SCR-Sibelco NV, Corporativa la Cruz Azul e Ingersoll-Rand Plc.

Según Poder, Almaden Minerals cotiza en la Bolsa Canadiense de Valores, donde –en 2015– reportó ingresos por 303 mil 403 millones de dólares. Esa firma es la dueña de las subsidiarias Minera Gavilán y Minera Gorrión que operan en Ixtacamaxtitlán.

El documento destaca que hay nueve países con injerencia en el subsuelo poblano, donde la compañía canadiense tiene el 7.7 por ciento de las concesiones en nuestro país, lo que significa 263 mil 957 hectáreas, contrastado con el 5.7 por ciento de empresas mexicanas que tienen concesiones mineras, es decir, 194 mil 568 hectáreas y, Estados Unidos, apenas logró el 1.5 por ciento, lo que significa 51 mil 550 hectáreas.

En el estado de Puebla hay 189 títulos mineros, principalmente en la tierra, que tienen dominio sobre 372 mil 408.5 hectáreas. En la Sierra norte de Puebla se concentran el 38.13 por ciento de las hectáreas concesionadas en todo del Estado, donde Almaden Minerals ostenta el 53 por ciento, con 19 títulos. Seguido por empresas particulares que ostentan el 24 por ciento y la estadounidense Freeport-McMoran INC ostenta el 11 por ciento. Autlan Holding el 5 por ciento Industria Peñoles solamente el tres.

Estos proyectos operan en Tetela de Ocampo, Zapotitlán, Zautla, Xochiapulco, Ixtacamaxtitlán, Aquixtla, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacatlán, Cuyoaco, Ahuatlán, Huehuetlán el Grande, Tepeyahualco, Hueyapan, Tlacuilotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Huitzilan, Zongozotla, Cuautempan, Hahuazotepec, Tepango de Rodríguez, Zaragoza, Naupan, Chila, Honey y Pahuatlán.

Los 19 títulos de la canadiense Almaden Minerals se distribuyen así: 5 en Zautla, 4 en Ixtacamaxtitlán, 3 en Xicotepec, 5 en Libres, 2 en Ahuazotepec. Concesiones compartidas con Tepeyahualco, Chignaupan, Tetela, Aquixtlay Xochiapulco. Los cuatro títulos de Freeport-McMoran INC: 2 en Ixtacamaxtitlán, 1 en Chignauapan, 1 en Cuyoaco. Los cinco títulos de Industria Peñoles: 2 en Zautla, 3 en Tlatlauquitepec. La también minera mexicana Autlan ostenta 22 títulos, distribuidos así: Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Hueyapan, Zaragoza.

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/mineria-compite-por-tierra-y-agua-con-poblaciones-de-puebla