Mexico

#Resistencias: Mujeres contra la mina

En la sierra de Puebla las mujeres han emprendido una resistencia contra los proyectos mineros. Desde la cocina, la militancia, el comercio o la manifestación pública, desde los espacios tradicionales o irrumpiendo los destinados para hombres, ellas buscan proteger un territorio y una forma de vida.

Ixtacamaxtitlán, Puebla. Es sólo una llovizna tupida, pero las gotas que estallan en el techo de lámina causan un tronadero. Adentro, truena también la leña que calienta la estufa y truenan, además, los chiquereyes que doña Ángeles Cruz Montiel fríe en el sartén.

La luz se mete apenas en la cocina a través de dos ventanas. Una, la más grande, ilumina una mesa larga, la otra, más pequeña, permite espiar hacia el patio donde están las gallinas y los chivos.

Doña Ángeles se mueve rápido: en pocos minutos pone sobre la mesa una salsa verde que ha hecho en molcajete y tortillas calientes para los chiquereyes.

Un mes atrás preparó varios guisos durante casi una semana para darle de comer a las personas que fueron a apoyar a su hijo Nacho, quien se opuso a que las camionetas de la empresa minera Almaden Minerals cruzaran por sus terrenos en la comunidad de Loma Larga.

Entre los guisos de aquellos días también hubo chiquereyes o escamoles, huevos de hormiga, un manjar que en cualquier restaurante gourmet cuesta cientos de pesos y en casa de Doña Ángeles se comen cada primavera.

Ella, de 74 años, ojos claros y acuosos, piel curtida y trenzas largas, defiende así su territorio, la “sagrada agua” y la vida: desde su cocina, donde cuida que nadie se quede sin comer lo que prepara con lo que da la tierra.

La amenaza

Ixtacamaxtitlán está a 130 kilómetros de la capital del estado de Puebla, es el quinto municipio más extenso y tiene 126 comunidades separadas por una geografía a veces imposible.

Aquí viven 24 mil 512 personas, hay un tristísimo museo de sitio, una presidencia municipal pintada hace 3 o 4 años con los colores institucionales de la empresa minera -amarillo y naranja-, y muchas lagartijas que en tiempos de lluvia cruzan las calles y trepan las paredes. Y hay, además, oro y plata en el subsuelo, bajo la misma tierra de la que sacan los chiquereyes, esos bichos que le gusta cocinar a doña Ángeles.

Angeles Cruz Montiel defiende su territorio y la “sagrada agua” desde su cocina, donde da de comer a las personas que se organizan para impedir el paso a las camionetas de la minera

En 2003, el gobierno federal dio la concesión minera a la compañía canadiense Almaden Minerals y su subsidiaria mexicana Minera Gavilán -ahora también participa su subsidiaria Minera Gorrión-, sin conocimiento de quienes habitan la zona.

El principal accionista de Almaden es el empresario agrícola sinaloense Ernesto Echavarría Salazar, quien junto con James Duane Poliquin, presidente y fundador de la empresa, controlan más del 5 por ciento de las acciones y tienen poder de veto. Entre los 37 principales accionistas está el Royal Bank of Canada. La minera cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York.

El proyecto está aún en etapa de exploración y desarrollo, pero ya ha cometido varias ilegalidades que han sido documentadas por cuatro organizaciones -Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder)- a través de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos.

El “Proyecto Tuligtic o Ixtaca” se proyecta en distintas zonas del municipio de Ixtacamaxtitlán. El tajo a cielo abierto se haría en la comunidad de Santa María Zotoltepec, y la presa de jales (una estructura que retiene materiales de desecho) en la cabecera de la cuenca del río Apulco, en las tierras de cultivo de Loma Larga, donde vive doña Ángeles Cruz Montiel, y muy cerca de Almeya, Zacatepec, Tuligtic, Vista Hermosa y Xiuquenta.

El riesgo de degradamiento y contaminación abarca más municipios de Puebla y otros tantos de Veracruz.

Almaden Minerals – que fue multada en 2009 por la Profepa por irregularidades durante la exploración y tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos en otros proyectos en México (Caballo Blanco, Veracruz) y Canadá – pretende iniciar la explotación en 2018, para la cual utilizaría 38 mil toneladas de explosivos provocando gases con efecto invernadero y violando la norma de uso de explosivos dada la cercanía del lugar de almacenamiento con las viviendas. En Santa María Zotoltepec ya resienten la presencia minera en el medio ambiente, el tejido social y la salud, como bien lo sabe Francisca Zamora Morales, quien nació aquí.

Francisca se dedica a la venta de productos cosméticos y alrededor de ella se reúne una fuerza laboral de 180 mujeres repartidas en los pueblos cercanos a Santa María y Tetela, municipio vecino a Ixtacamaxtitlán. En esta región hay más mujeres solteras que casadas, viudas o divorciadas, así que su movilidad y disponibilidad es amplia.

Francisca forma parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, y no entiende que haya quien no quiera ver los daños. El primero, dice, es social.

—Un pueblo dividido no tiene fuerza y en Ixtacamaxtitlán la hay (división), porque unos quieren empleos sin ver las consecuencias y otros no queremos empleos porque sabemos a cambio de qué. Es algo grave, porque se pierde fuerza, los gobiernos o las empresas, quien tiene poder, lo que más le interesa es que haya divisiones sociales.

El asunto de los empleos no es nada sencillo, en una región donde dos terceras partes de los habitantes no es económicamente activo y sólo 3 de cada 100 han ido a la universidad.

Pero Francisca no tuvo ni que leer toda la información que recibió sobre los riesgos de la minería durante un foro en Tetela para saber su significado: muerte.

En su modesto auto va y viene, aprovecha su red laboral para regar advertencias entre la gente. Es como esos trabajadores de empresas multinivel que andan convenciendo adeptos a la menor oportunidad, aunque en este caso no es para vender productos, sino para cuidar su tierra.

Francisca es terca: “no debes andar sola” le dice la gente, pero no hace caso. Tampoco le importa que digan que, como no tiene marido ni hijos o hijas, “se manda sola”. Y, ya se sabe, para algunas personas una mujer sola es una mujer peligrosa.

—También hay afectaciones por los químicos para barrenar, son peligrosos, allá donde tienen su bodega y hacen su lavado de metales hay una barranca donde pasa el agua y pasa el ganado, y ya se murieron muchas cabezas de ganado porque tomaron de esa agua. Otra cosa importantísima es el agua, únicamente con la barrenación ya la desviaron, los acuíferos no sabemos adentro cómo están, al perforar pasaron por donde salía un manantial y lo desviaron y ya no le salió el agua a mi hermano de un día para otro: mi hermano es discapacitado y tenía un riego de ajo y le iba bien, pero ya no hay agua.

El agua, “la sagrada agua” —destinada para uso humano y agrícola— es la principal preocupación de las mujeres que resisten contra el proyecto minero. Almaden Minerals perforó el acuífero sin permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), modificó el curso del agua y contaminó el manto freático, como documentaron las organizaciones en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos. Los habitantes de Santa María han solicitado a Conagua una visita para inspeccionar el daño que la minera ha causado. Un daño que la empresa ha ocultado a sus inversionistas, a quienes aseguró que usaría agua de lluvia (un método que no usa ninguna minera en el país).

La autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a Almaden Minerals le permite hacer perforaciones de máximo 150 metros, sin embargo, la empresa reconoció que está haciendo excavaciones a 701 metros de profundidad, lo que viola las normas mexicanas, y los derechos al agua y al medio ambiente, ante la omisión de la autoridad.

El Consejo Tiyat Tlali

En 2011, mientras el país se inundaba de muertos en el penúltimo y más violento año de gobierno de Felipe Calderón, unos extranjeros llegaron a la Sierra Norte de Puebla a “hacer agujeros” —barrenos para exploración minera—, en Tetela y Zacatlán. Al mismo tiempo, al noreste de Zacatlán, en Xochicuautla, una comunidad totonaca del municipio de Ahuacatlán, empresarios de Canadá y Grupo México le dijeron a la gente que harían una hidroeléctrica que les iba a beneficiar.

Movidas sobre todo por la intuición, varias organizaciones comenzaron a investigar y “mapear” los megraproyectos. En un primer conteo, encontraron que en la Sierra Norte de Puebla, que concentra a un millón 220 mil habitantes de 65 municipios, había 27 concesiones mineras y 5 proyectos hidroeléctricos que ya tenían estudios de factibilidad hechos por el gobierno federal, a partir de concesiones otorgadas en 2003 y tienen una vigencia de 50 años.

Ante la amenaza de los que denominaron “proyectos de muerte” crearon el Consejo Tiyat Tlali “en defensa de nuestro territorio”, una red de organizaciones -entre otras el Imdec, la Unión de Ejidos y el Cesder- conformada por hombres, mujeres, indígenas totonacas y nahuas, no indígenas, comunidades campesinas, rurales y urbanas, la pastoral social y cooperativas.

Desde entonces, el Consejo es un espacio donde se coordinan, comparten información y enfrentan el embate de los proyectos que ponen en riesgo la vida de los pueblos.

En la actualidad, en la Sierra Norte existen 105 concesiones mineras –72 por ciento son de Almaden Minerals– y 9 hidroeléctricas. Ixcatacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Es decir, desde el 2011 que hicieron el primer conteo, se ha triplicado el número de concesiones mineras y se ha duplicado el de proyectos hidroeléctricos.

Un camino largo

El camino de Zautla a Ixtacamaxtitlán bordea en buena parte al río Apulco, que en primavera recorre su cauce con ritmo pero sin furia.

—Acá viven mis papás -señala a la izquierda Ignacia Serrano Arroyo-. Se llama Las Barrancas.

Y allá debajo lo que se alcanza a ver son los techos de un caserío.

Ignacia es asesora en el Cesder, donde también estudió, y aunque vive en Zautla, su familia, su sangre y sus orígenes están en Ixtacamaxtitlán.

—Me dio mucha pena, sabiendo que soy de este municipio, cuando me enteré que la mina ya tenía 10 años.

Para Ignacia, defender el territorio, la vida y el agua ha sido difícil. Ella supo del proyecto minero cuando, en 2012, la comunidad de Tlamanca, en Zautla, logró correr a la empresa china que pretendía establecer una mina de socavón. Aquella experiencia, que contó con el apoyo de varias comunidades y sus autoridades, concluyó con una asamblea en la que participaron entre 5 y 7 mil personas, que decidieron negar el permiso de uso de suelo, clausuraron simbólicamente la empresa y le dieron 24 horas para abandonar el municipio. Ignacia creyó que aquí podrían hacer lo mismo.

—De repente nos entraba la angustia y la desesperación, hasta que hubo momentos en que esto se convertía en fiesta, todo mundo llevaba sus antojitos, hubo un lugar en que hasta nos recibieron con música y entonces dijimos “esto es festejo”. Ahí caímos en la cuenta que estos procesos hay que disfrutarlos, no hay que sufrirlos. Entonces dijimos: en el caminar y transcurrir de esta lucha nosotros nos vamos divertir, lo vamos a disfrutar, vamos a honrar el agua, la tierra, los recursos que le están dando sentido a esta lucha, vamos a compartir, vamos a convivir, no la vamos a pasar mal.

Cuando se cansa, Ignacia piensa en Máxima Acuña, la indígena que enfrentó y venció el proyecto minero en Cajamarca, Perú, que ponía en riesgo las lagunas que rodean su terreno.

Dilo como mujer

A Irma González Rodríguez le gusta ver cómo corre el río. Ella, como Ignacia, también es asesora en Cesder, nació en Ixtacamaxtitlán y vive en Zautla. Es una mujer pequeña, de sonrisa fácil y mirada cálida. Está sentada en una mesa larga en casa de doña Ángeles Cruz Montiel, frente a Hermila Morelo Escamilla, vecina de Loma Larga. También están Ignacia, Francisca y Rosa Govela.

—Yo digo que, lo que he escuchado personalmente (la mina afecta) a uno, porque está uno viviendo aquí, los principales somos nosotros, porque nos quedamos sin agua, la contaminación, los animales, se acabaría todo -dice Hermila.

Las mujeres hablan de cómo participan en la defensa contra la mina. Hermila reconoce que ella apoya, pero quien va a las juntas y se entera de todo es su marido, a ella le toca quedarse en casa salvo cuando, como ahora, él no está.

—Poco sabemos de las mujeres y pocas somos las que estamos mostrándonos y así, pero yo creo que el que usted haya venido demuestra que sí hay mujeres que están defendiendo y alertas, y al pendiente, y que Loma Larga no es sólo doña Ángeles que ayuda desde la cocina y eso no se ve, no se visualiza ante los mismos hombres -reprocha Irma-. A veces que nos den voz nos intimida, que nos digan “a ver tú, dilo como mujer”, no nos salen las palabras porque no estamos acostumbradas a esta manera, lo hacemos más desde el silencio, desde el hacer, más que desde lo hablado.

—Siempre el hombre está al pendiente y nosotras siempre estamos atrás y en la cocina -continúa Hermila.

—En Tetela al contrario -interrumpe Francisca-, las más entronas de la lucha son mujeres, como que las del frente (son) casi más mujeres, así hombres nada más (hay) como 3 o 4.

—En Tetela había más mujeres pero afuera al único que la gente veía era a Germán (Romero González) -replica Rosa-, todo el mundo, todos los periodistas, sólo a Germán. Él mismo decía: “ahí están las maestras, ahí está no sé quién”, pero no lo oían porque estamos acostumbradas a que los hombres estén al frente.

—Aunque la lucha fuerte era de mujeres sobresalía el hombre -concluye Francisca y las demás asienten.

Cómo resisten las muejres

En este defender las mujeres cumplen con un rol que si bien no suele ser protagónico, siempre es relevante para el sostenimiento de la resistencia.

Mina Lorena Navarro, catedrática del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), especialista en políticas de despojo, lo dice claro.

—El papel de las mujeres es muy importante para defender y para sostener las ideas colectivas de las resistencias, sobre todo en estos momentos de peligro, de amenaza, un papel que no necesariamente se ve.

De modo que Francisca, Rosa, Irma, Ignacia, Hermila y doña Ángeles aportan a la resistencia desde su ser mujer y en los límites de los roles tradicionales que histórica y culturamente han sido establecidos para ellas, aunque empiezan a romperlos. Es decir, si bien resuelven el asunto de la comida, el cuidado de los hijos e hijas propios o ajenos, incluso de la economía del sustento haciéndose cargo del huerto o el traspatio, también participan en las movilizaciones, aportan en la denuncia y la defensa legal.

—Hay un tipo de sensibilidad más allá de la maternidad que genera una experiencia concreta de cómo se produce y reproduce la vida, también hay una sensibilidad que las mujeres han ido cultivando, una sensibilidad política en términos de cómo se necesita defender lo importante o estratégico para seguir reproduciendo la vida.Silvia Villaseñor, integrante del Imdec y del Consejo Tiyat Tlali, recuerda que en un ejido llamado Tecoltemic las mujeres reclamaron porque no se enteraban de las asambleas, ni de las decisiones que tomaban los hombres sobre las tierras ejidales, pues son ellos quienes las poseen y heredan.

—La participación de las mujeres -dice Silvia- es fuerte y siempre con una mirada muy clara, profunda y comprometida. Estos proyectos de muerte ponen en riesgo la vida de la comunidad, el agua que es sagrada e indispensable y las afectaciones a la salud ¿Y quiénes son quienes cuidan al otro o la otra? Mujeres.

La minera miente

La Evaluación de Impacto en Derechos Humanos fue un proceso participativo que las organizaciones dirigieron para saber cuál era la situación en el municipio, pero en voz de las comunidades afectadas.

—Se eligieron regiones, se reunió a la gente y se les dio a conocer los derechos y (les preguntaban) cuál es el derecho que creen que se verá afectado, fue un proceso colectivo. La mayoría de la gente coincidió -explica Irma González Rodríguez- que los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud son los que no están garantizados con el proyecto minero.

La Evaluación arroja que “el agua en toda la región es de buena calidad. No obstante, es escasa y no todos los habitantes pueden cubrir sus necesidades”, además, que si bien “existen suficientes tierras tanto para cultivos como para áreas de conservación” se trata de un ecosistema “vulnerable si se emprenden nuevas actividades económicas desconocidas en la región, especialmente las industriales. (…) En la región se encuentran especies amenazadas y en peligro de extinción. La Semarnat la ha determinado como de prioridad alta de conservación”.

Sobre la salud revela que “las principales enfermedades de la región están asociadas a las vías respiratorias y, en caso de llevarse a cabo el proyecto minero, se incrementarán por el polvo”, y el 57 por ciento de la población “no cuenta con seguridad médica”.

La investigación documenta una sumatoria de irregularidades, omisiones e ilegalidades por parte de la empresa y las autoridades.

Por ejemplo, Almaden Minerals ha dicho a sus inversionistas que la zona del proyecto está deshabitada y ocultó que enfrenta el Amparo 445/2015, interpuesto en 2015 por ejidatarios de la comunidad nahua de Tecoltemic, por invadir sus tierras, y que hay una suspensión que la obliga a detener los trabajos, aunque en la práctica continúa con ellos. Ocultar esta información es ilegal, de acuerdo con las leyes de valores de Canadá y Estados Unidos, por lo que las organizaciones civiles solicitaron en mayo pasado una investigación al respecto en ambos países.

Las autoridades municipales, estatales y federales, por su parte, niegan su competencia ante violaciones normativas de la empresa, como la perforación del acuífero, la realización de más barrenos y más profundos de lo que tenía permitido. Incluso, el Consejo Tiyat Tlali acusa a la minera de cooptar a las autoridades de Santa María Zotoltepec, pues aduciendo responsabilidad social donó a la clínica un ultrasonido, cinco monitores de signos vitales, y pintó prácticamente todo el pueblo con los colores institucionales de la empresa (amarillo y naranja); también ha regalado mochilas y hasta sillas de ruedas, que fueron repartidas en un evento público por Marta Erika Alonso, esposa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

La minería a cielo tiene consecuencias fatales e irreversibles: su impacto en el medioambiente impide la regeneración de flora y fauna, y se pierden terrenos de cultivo. Organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería han advertido, por ejemplo, que la producción de cada gramo de oro deja una tonelada de tierra contaminada con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados, que por siglos envenenarán los mantos de agua.

A los pobladores, la empresa les ha dicho que el cianuro no es dañino para la salud y que no tiene intención de explotar la mina, aunque compró un molino para ello. Rechaza reunirse con la población afectada, y no acepta una consulta a la que la obliga la ley.

El 20 por ciento de la población que participó en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos ya siente que el proyecto, aun en su fase de exploración, ha afectado su salud (incluida la emocional) y la de su familia.

Acciones de resistencia

Silvia Villaseñor, integrante del Imdec, explica que la estrategia para detener a Almaden Minerals es aumentar el costo económico, pero ponérsela difícil no ha sido fácil.

—La lógica en general de los proyectos de muerte desde el Consejo es: (la minería) es negocio, entonces si quieres evitarlo, tiene que haber una manera en la que no sea negocio, mientras lo sea las empresas van a querer avanzar. Buscamos con las acciones de resistencia elevar el costo económico a la empresa. Por eso una de las razones es que se interpuso una demanda de amparo, el 44/2015, contra las autoridades federales que han dado autorizaciones para que este proyecto avance, alegando el derecho al territorio, a la tierra de la comunidad, el derecho al agua y su derecho al medio ambiente sano.

Rosa Govela Gutiérrez, compañera en Cesder de Irma e Ignacia, lleva más de una década viviendo en Zautla y vinculada a la resistencia contra la instalación de la mina en Ixtacamaxtitlán, pero su resistir va también más allá.

—Estamos resistiendo a un modelo de desarrollo, a un modelo de vida que lo que quiere es aniquilar a las mujeres, a las campesinas, a los niños y niñas y lo que quiere es basarse en la ganancia y la acumulación. El agua es lo primero que estamos cuidando, la tierra, estamos cuidando en sentido amplio la vida, esto que nos da el agua y la tierra, el viento, la posibilidad de existir, de decir aquí estamos, la posibilidad de ser felices, de vivir de acuerdo a lo que creemos, la posibilidad de compartir, de estar alegres, de encontrarnos con el otro, con la otra y de construir otro mundo.

Para Rosa, en este momento la resistencia es más de calidad que de cantidad, aunque cuando es necesario muestra músculo, como sucedió cuando Nacho, el hijo de doña Ángeles, decidió negarle el paso a la minera a pesar de la intimidación verbal y judicial en contra de él y otras 4 personas.

Ese día al terreno de Nacho llegó mucha gente y volvieron a cavar una zanja para impedir el paso de las camionetas de la empresa canadiense, que buscaban llegar del otro lado de un cerro, donde planean construir la presa de jales. Lo que pasó ese día fue un pequeño triunfo. Y, justo como dice Ignacia, la resistencia se convirtió en festejo cuando doña Ángeles sacó los chiquereyes.

Fuente:http://ladobe.com.mx/2017/07/resistencias-mujeres-contra-la-mina/

 

Mexico

Mineras frenan la defensa federal del desierto de Zacatecas

Tres años después de que el gobierno federal demostró científicamente, mediante un estudio realizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las comisiones nacionales Forestal y la de Áreas Naturales Protegidas, la viabilidad para declarar el desierto semiárido de Zacatecas área natural protegida, todavía no se ha publicado el decreto.

Con esa declaratoria se pretende dejar bajo protección y conservación las cientos de especies de flora y fauna aún no estudiadas en su totalidad que habitan en 2 millones 577 mil hectáreas de 300 comunidades de los municipios de General Francisco Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil.

Sin embargo, hasta ahora no se ha promulgado el decreto de reserva de la biosfera de ese sistema biológico, debido a la oposición y presión política que han ejercido las grandes compañías mineras nacionales y extranjeras sobre las autoridades locales.

El estudio que justifica técnica, legal y científicamente la declaratoria, fue publicado en junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Desde entonces, representantes de las trasnacionales han cabildeado para boicotear la publicación del decreto por el presidente Enrique Peña Nieto, sostiene el doctor Rodolfo García Zamora, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

En entrevista con La Jornada, Patricio Tavizón, doctor en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Gustavo Cervantes, académico de la UAZ y consultor ambiental –ambos especialistas en manejo de vida silvestre, involucrados en la elaboración del estudio justificativo de la Semarnat, plantearon algunos aspectos de por qué es de importancia nacional emitir la declaratoria de reserva de la biosfera.

Geografìa favorable

Explicaron que debido a su geografía Zacatecas es un territorio que favorece la proliferación de muchas especies. Forma parte del gran desierto de Chihuahua, que abarca también Durango, Coahuila, Chihuahua, parte de Nuevo León, Texas y Nuevo México.

Paralelamente, el poniente de la entidad forma parte de la Sierra Madre Occidental, otro de los corredores biológicos más grandes de América, subrayan los expertos.

Tavizón subrayó que una parte del territorio estatal pertenece al sistema de sierras de pliegue, que son el corazón de la Sierra Madre Oriental (norte de Zacatecas, suroriente de Coahuila y gran parte de Nuevo León), integrado por cordilleras montañosas delgadas, largas y altas que forman islas biogeográficas.

Entre las especies que habitan en el desierto semiárido de Zacatecas están el puma, oso negro mexicano, tejón, jabalí, coyote, venado cola blanca, águila real y colibríes. Incluso, llegó a haber jaguar, pero fue exterminado por ganaderos y cazadores.

Contrario a los que funcionarios como Víctor Armas Zagoya, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente estatal, así como representantes de compañías mineras han argumentado en los últimos tres años, de que no es viable la declaratoria de reserva de la biósfera, porque en la entidad solo hay cerros pelones, apenas cubiertos con matorrales y cactáceas, los dos investigadores difieren de esas opiniones.

Minería daña hábitat de colibríes

Tavizón afirmó que Zacatecas alberga 30 por ciento de todas las especies de colibríes de México, “y eso que estamos rodeados en gran parte de ‘cerros pelones’, ironizó. Sólo en el desierto tenemos tres especies de chupamirtos residentes, esto quiere decir que están aquí todo el año”

Resaltó que existen dos especies migratorias que hibernan aquí, una de ellas proveniente de Alaska. Estas aves realizan viajes larguísimos, de miles de kilómetros y por etapas, entonces, si aquí dañamos el hábitat del desierto (con la minería extensiva, a cielo abierto), estamos provocando un severo daño a esta y muchas otras especies.

En total, 10 especies de colibríes viven y se alimentan de las flores de maguey, nopales y otras cactáceas y arbustos; otras dos variedades se adentran en territorio zacatecano provenientes de otras regiones del país, principalmente para reproducirse, y como se considera el desierto zona de amortiguamiento ecológico arriban aquí cinco especies migratorias más.

Entre los tipos de colibríes identificados en la región están el corona violeta, de barba negra, magnífico, garganta azul, zumbador canelo, de Allen y tijereta norteña, entre otros.

Considerando el flujo de picaflores en este desierto, debemos entender que éstas minúsculas aves son muy importantes, pues son indicadores de la buena calidad del hábitat, manifestó Tavizón.

–Entonces ¿no es el desierto de Zacatecas un páramo desolado, sin vida?, se le preguntó a al especialista Gustavo Cervantes,

–Claro que no, es un verdadero paraíso de biodiversidad. Las personas que incluso aseguran tener una relativa alta cultura, dicen ¿Pero qué hay ahí? ¡Si son puros cerros pelones! Bueno, en realidad los cerros pelones de nuestro desierto tienen una biodiversidad increíble –respondió.

ncluso, destacó, el oso negro es una especie que prácticamente había desaparecido de Zacatecas, y actualmente, investigadores y ambientalistas avistaron de nuevo varios ejemplares en un hábitat de bosque mixto con agave, al noroeste de la entidad.

Desierto rico en biodiversidad

–¿Zacatecas pierde sin esta reserva de la biosfera? –se le preguntó a Cervantes.

–Sí, porque se pierde el control para la conservación de la biodiversidad. El desierto es una de las áreas más ricas en esa condición; es triste que especialistas que trabajan para las mineras, se expresen de una manera tan precaria de la pobreza del desierto, al decir que ahí no hay nada, cuando es evidente que hay otros intereses que prevalecen.

El 2 de julio de 2014, se pronunciaron contra la reserva de la biosfera los representantes de las principales mineras de capital nacional y extranjero que operan en el estado: Minera Peñasquito de la canadiense Goldcorp (en Mazapil); Grupo Frisco, de Carlos Slim Helú, que opera las unidades mineras Tayahua (en Mazapil y Concepción del Oro), así como El Coronel (Ojocaliente); Minera Fresnillo PLC y Peñoles de Alberto Bailleres (en Fresnillo, Sombrerete y Zacatecas) y Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco (Sombrerete), entre otras. A su oposición se sumó también la Cámara Mexicana de Minería.

Este sábado se conmemoró el Día Mundial contra la Megaminería.

Fuente:http://ljz.mx/2017/07/23/mineras-frenan-la-defensa-federal-del-desierto-de-zacatecas/

Mexico

Conflictos mineros: Puebla es primer lugar nacional y México segundo de América: Rema

Puebla ocupa el primer lugar nacional en conflictos mineros y México es el segundo país de América por enfrentamientos entre empresas extractivas y grupos de resistencia, destacó la Red Mexicana Afectados por la Minería (Rema) en el marco del Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, que se celebró el 22 de julio.

Con motivo del suceso, el colectivo retomó los estudios del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en donde se especifican los problemas, proyectos georreferenciados de las regiones con documentos; para destacar que Perú concentra 39 casos de resistencia minera y después sigue México con 37 estallidos sociales; de los cuales cinco se han detonado en Puebla.

Los conflictos que encontró el observatorio en territorio poblano van desde 1980 hasta 2015, estos se ubican en los municipios de Tetela de Ocampo, Zutla, Tlatlauquitepec y Huehuetlan El Grande.

El estado concentró 13 por ciento de las movilizaciones sociales que se tienen registradas a nivel nacional, después de Puebla se ubicaron Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Colima y Jalisco.

En medio de este escenario, la Rema recordó que en la actualidad diversas compañías mineras tienen más de 28 mil títulos de concesión, mediante los cuales controlan 61 millones de hectáreas –equivalentes a cerca de 30 por ciento del territorio nacional–, además de que pagan una cantidad ínfima de impuestos, contratan muy poco personal mexicano y pisotean los derechos humanos de las comunidades donde se asientan.

“Lo único que han logrado con su progreso y desarrollo es la generación de pasivos ambientales pavorosos, daños irreversibles a la salud, despojo y desplazamiento forzado de pueblos enteros, asesinatos, criminalización de la protesta social, campañas de difamación para defensores, incremento de alcoholismo en los pueblos donde se instalan, contubernio con el crimen organizado que gobierna implantando el terror, a la vez que se colude con las fuerzas armadas nacionales, su aportación al erario público es ridícula de tal manera que tampoco contribuyen de forma contundente a las finanzas nacionales y tienen un pésimo nivel en la generación de empleo temporal”, indicó la Rema en un comunicado.

Además advirtieron que la “minería verde”, “sustentable”, socialmente responsable” y “uso adecuado del cianuro”, “estándar de oro libre de conflictos”, “certificados de industria limpia” son mentiras que son promovidas por serviles gobernantes que han perdido toda dignidad y rumbo social.

“Las resistencias continuaremos desnudándolas, enfrentando sus mentiras con hechos reales y concretos, porque saben que cada vez las acorralamos más, como ha sucedido recientemente en El Salvador, que las expulsó de su país, o la suspensión en Guatemala o la sentencia a favor del pueblo indígena en México que les impide regresar a su territorio.

“Consistentemente se les van cerrando los caminos gracias a que en toda Latinoamérica los pueblos organizados en resistencias luchan por la vida y contra ustedes y su modelo extractivo, a pesar de los gobiernos serviles y alineados al capitalismo”, expuso la agrupación de ambientalistas.

Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/07/24/conflictos-mineros/

Mexico

Rechazan pueblos indígenas de Oaxaca, nueva incursión de minera de Canadá

 Habitantes de las comunidades San Martín de los Cansecos, Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, el Vergel y Los Ocotes  se manifestaron la mañana de este jueves para exigir a los gobiernos estatal y federal, frenen la incursión de la minera Fortuna Silvers Mine  a través de su filial Cuzcatlán en su territorio, al argumentar que significaría un grave deterioro para su medio ambiente y daño irreversible para su única actividad sostenible: la agricultura.

Los inconformes dijeron que desde hace dos años el proyecto minero denominado «San José» comenzó a expandirse y «no estamos dispuestos a permitirlo», dijeron los manifestantes que montaron su protesta en dos frentes; el primero en el exterior del emblemático Convento de Santo Domingo y el segundo sobre la carretera Puerto Ángel-Oaxaca, en inmedicaciones de la comunidad de San Martín de Los Cansecos, sitio en el que colocaron una manta en señal de inconformidad y bloquearon el paso de vehículos.

A la protesta también se sumaron autoridades agrarias de San Matías Chilazoa, Cerro de las Huertas, el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán y la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

Fue en noviembre de 2015 cuando los habitantes de la región realizaron una declaratoria en la que sus territorios quedan como «prohibidos para ejercer la minería».

Los comisariados de Bienes Ejidales de cada comunidad así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, dijeron que está en marcha la concesión de la minera Progreso II desde 2015, en un área dedicada al cultivo y de fuentes de agua como la presa Bordo Vallito, ubicada en San José del Progreso y la presa Yoguvene, ubicada en San Martín de los Cansecos.

«Nuestros mantos acuíferos estarían en peligro y nuestra actividades económicas serían afectadas», sostuvieron los manifestantes, además de acusar a organismos oficiales como la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al  Ambiente de ser laxas y beneficiar al proyecto extranjero pese a haber denunciado las afectaciones.

También dijeron que la protesta es en el marco del Día Estatal de Rebeldía Contra la Minería y se solidarizaron con todas las comunidades de Oaxaca que «están luchando por sualvar su patrimonio».

Fuente:http://www.nvinoticias.com/nota/64873/rechazan-pueblos-indigenas-de-oaxaca-incursion-de-minera-de-canada

Mexico

Letalidad a cielo abierto

Organizaciones de defensa de la tierra en México convocan para que este sábado, en el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, se alce la voz de las comunidades para reclamar un cese a la explotación minera irracional.

En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que ocurre este sábado, organizaciones de defensa de la tierra han vuelto a poner sobre la mesa de discusión el trabajo de extracción de minerales que se realiza en México, en donde la actividad minera es señalada de causar devastación ambiental, desplazamiento, intimidación y muerte.

Actualmente, la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano mantiene en concesión más de 25 mil permisos para la exploración y explotación del subsuelo, donde al menos el 70 por ciento son para la explotación de minas a cielo abierto, consideradas como “letales para toda forma de vida”, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

El conflicto de las minas a cielo abierto no sólo se circunscribe a México. De acuerdo con el informe “Defender la Tierra” de la organización Global Witness, durante el 2016 “cuatro personas fueron asesinadas cada semana por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería”.

Desde la visión de Global Witness, “el asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas (por las empresas propietarias de las minas) para silenciar a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, en donde también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales”, por lo que establece que como ahora “nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente”.

Dan la vida por sus tierras

La letalidad de la minería a cielo abierto es expuesta por Global Witness al contabilizar, sólo en el 2016, casi 200 asesinatos de personas que se opusieron en todo el mundo a ese tipo de proyectos.

Casi el 60 por ciento de ellos ocurrieron en América; Brasil es el país con más muertes de este tipo.

En la lista, México aparece en el sitio 11 a nivel mundial en cuanto a muertes de opositores a los proyectos mineros, con 3 homicidios; aunque el reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) señala que en el 2016 fueron 47.

Oaxaca se ubica como la primera entidad dentro de ese índice con 19 asesinatos, Veracruz con 12 y Chihuahua con tres; también aparecen Chiapas, Sonora y Estado de México con un asesinato en cada uno.

Para la organización OCMAL, México y Chile comparten el segundo sitio con 37 conflictos entre mineras y grupos sociales; el primero es Perú, con 39 casos.

Otros países de América en el ranking son Argentina con 27 confrontaciones que han detonado en asesinatos; Brasil, con 20, y Colombia, 14.

Organizaciones de defensa de la tierra y de derechos humanos y ambientales de México han convocado para que este sábado, en todo el territorio nacional, se alce la voz de las comunidades originarias y propietarias naturales de los recursos para reclamar un cese a la explotación minera irracional a cielo abierto.

La salud de por medio

De todos los conflictos sociales que la minería a cielo abierto ha dejado en el país, uno de los más graves, según lo reconoce la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), es la afectación a la salud de las poblaciones originarias.

“Los pasivos ambientales, la destrucción del territorio, la división de las comunidades, la pérdida de soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos son parte del enorme precio que pagan nuestros países por permitir este tipo de minería”, señala la REMA en un comunicado.

La problemática también es reconocida por el Instituto Nacional de Salud Pública, en un informe realizado en 2015 por Magali Hurtado Díaz, directora de Salud Ambiental, se establece que el deterioro de la salud colectiva va de la mano a la contaminación del agua y el aire.

De acuerdo con el informe “La Salud Ambiental en México”, el 73 por ciento de los cuerpos de agua de todo el país están contaminados como resultado de que allí van a parar el 80 por ciento de las descargas de aguas negras de centros urbanos y el 85 por ciento de las descargas de aguas industriales.

En las descargas industriales mucho tiene que ver la minería, que ha tenido un crecimiento constante de casi el 70 por ciento en los últimos años, al pasar en el 2012 de 32.6 millones a 52.8 millones de hectáreas concesionadas hasta el primer trimestre del 2017.

Las emisiones de aguas contaminadas de la minería a cielo abierto, con altos contenidos de cianuro y metales pesados como manganeso y plomo, impactan severamente a la salud.

De acuerdo con Hurtado Díaz, se estima que el plomo es responsable de 820 mil casos de retraso mental ligero en niños de 0 a 4 años.

Por citar un ejemplo, el estudio señala que en Torreón, Coahuila, el porcentaje de niños con valores de plomo en sangre mayor a 15 microgramos/decilitro en tres escuelas fue de 92.1 por ciento, 84.9 por ciento y 6.8 por ciento, respectivamente, dependiendo de la distancia de la fundidora Peñoles con cada plantel analizado.

En el estado de Hidalgo, se encontró que niños de 7 a 11 años de edad de las comunidades Chiconcoac y Tolago expuestos a manganeso tienen casi la mitad de capacidad de memoria para el aprendizaje comparados con los de una comunidad no expuesta (Agua Blanca), y esto está asociado a las concentraciones de manganeso en cabello.

Continente en problemas

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) enlista las confrontaciones entre la población y empresas mineras:

País                      Conflictos

Perú                      39

México                  37.

Fuente:http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/conflictos-empresas-mineras-explotacion-ambiente-pobladores-cieloabierto

Mexico

Refrendan rechazo a expansión de minera en el Valle de Ocotlán y Ejutla

Pobladores del Valle de Ocotlán y de Ejutla de Crespo refrendaron el rechazo a la operación y expansión de proyectos mineros al contaminar y destruir sus riquezas naturales, con la anuncia de las dependencias federales.

Advirtieron que en caso de continuar la cerrazón de las autoridades federales bloquearán, la carretera a la altura de la comunidad de San Martín de los Canseco, Ocotlán.

Cuestionaron las irregularidades que se cometen por parte de la empresa minera “Fortuna Silver Mines”, quien realiza trabajos de exploración sin el consentimiento de las comunidades.

Indicaron que las comunidades exigen la intervención y detención de los trabajos de exploración y explotación minera en la zona, como también las acciones que hoy realizan están dentro del marco de los que llaman “Día Estatal de Rebeldía contra la Minería”.

Indicaron que desde hace dos años las empresas mineras realizan trabajos de exploración y explotación minera, hasta el 2017 ninguna de las poblaciones aledañas a la comunidad de San José El Progreso, ha sido informado sobre estos trabajos que se hacen por parte de las empresas mineras en sus límites agrarios, generado una serie de irregularidades, entre ellas amenazas y engaños.

Profepa, Semarnat y Conagua han emitido dictámenes que favorecen la expansión de este proyecto, aún cuando las comunidades han denunciado la grave contaminación generada por las empresas “Fortuna Silver” y “Minera Cuzcatlán”, que va desde la emisión de polvos de manera excesiva como la contaminación de mantos freáticos, afirmaron.

Los habitantes de Ocotlán y de Ejutla de Crespo, denunciaron que el proyecto minero ha roto el tejido social, situación que genera zozobra, por lo que no permitirán la entrada de estas empresas a su territorio y convocan a la sociedad a sumarse a la defensa del territorio y la cancelación de proyecto minero San José.

“Advertiremos a las empresas Fortuna Silver y Minera Cuzcatlán, a que no desacaten la decisión de la vida de las comunidades”, cerraron los inconformes.

Fuente:http://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/30469/refrendan-rechazo-a-expansion-de-minera-en-el-valle-de-ocotlan-y-ejutla/

Mexico

Victoria me’phaa sobre proyecto minero Corazón de Tinieblas

La comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel el Progreso, o Júba Wajiín, en el municipio guerrerense de Malinaltepec, triunfó literalmente sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas mediante una fallo legal de trascendencia nacional. Al sentenciar en favor del amparo y la protección judicial demandada por dicha comunidad contra la explotación minera, en ese territorio de la Montaña de Guerrero, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de sus derechos, y que se demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria.

En conversación con La Jornada, Valerio Mauro Amado Solano, presidente de la comisión de bienes comunales de Júba Wajiín, describe la espiral extractivista que comenzó a cernirse sobre esa y otras comunidades vecinas desde 2010: Primero, puros rumores de que iban a poner minas, sin ninguna notificación del gobierno. Fuimos los últimos en saber lo que pretendían hacer en nuestras tierras. Se dijo que estaban concesionadas por la Secretaría de Economía (SE). El comisariado investigó y la SE tardó un año en dar respuesta, diciéndonos que sí, era cierto. En 2011 una acta de la asamblea rechazó la minería y la presentó a la autoridad agraria. Nos arrimamos a Tlachinollan (centro de derechos humanos con sede en la ciudad de Tlapa), y en 2013 se interpuso nuestro primer amparo.

Miguel Santiago Lorenzo, representante ñuu savi (mixteco), quien preside el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, recuerda que siguen vigentes las concesiones San Javier, La Diana y Toro Rojo en tierras de Iliatenco y Malinaltepec, otorgadas a Hochschild Mining y Camsim Minas. En el Consejo seguiremos vigilantes de lo que pretenda hacer el gobierno.

Como excepción, en el núcleo agrario me’phaa de Paraje Montero (Malinaltepec) la asamblea dio anuencia a la empresa Camsim. Totomixtlahuaca (Tlacoapa), Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua (Malinaltepec) y los bienes comunales de Iliatenco rechazaron los proyectos y anunciaron que harían lo posible para que la explotación fuera cancelada.

Maribel González Pedro, defensora de Tlachinollan, recuerda que en 2011 hubo sobrevuelos de exploración sobre esa área. La SE y el gobierno estatal propalaron que en Guerrero el potencial minero representaba un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera. Cabe mencionar que en 2008 la empresa Goldcorp ocupó Carrizalillo (municipio Eduardo Neri) para una suculenta extracción de oro. Hoy, la zona de Carrizalillo padece una fuerte presencia de organizaciones criminales, uno de los efectos secundarios de la minería.

En el corazón de las tinieblas

El Observatorio de Instituciones Territoriales reportaba en 2013 que la filial en México de la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining recibió de la SE dos concesiones: Reducción Norte de Corazón Tinieblas y Corazón de Tinieblas, que abarcan más de 59 mil hectáreas en los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa, en donde se presumía la existencia de yacimientos de plata y oro.

Corazón de Tinieblas sería la concesión más grande en la Montaña, con 43 mil 759 hectáreas, afectando los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, San Miguel el Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec.

El número de concesiones empezó a crecer desde 2005, hasta involucrar una tercera parte de la Montaña, es decir, 19 municipios que abarcan 692 mil hectáreas. La mayoría de sus más de 361 mil habitantes pertenecen a los pueblos nahua, me’phaa y ñuu savi.

El Centro Tlachinollan documenta que la Montaña ha sido concesionada por el gobierno federal sin el consentimiento de las comunidades. Para 2016, la SE tenía registro de 44 concesiones en la región Costa-Montaña. Ante las violaciones a sus derechos, diecisiete comunidades agrarias decidieron no dar su anuencia a la exploración y la explotación minera. Júba Wajiín adoptó la decisión en abril de 2011. En septiembre de 2012 obtuvo su registro ante el Registro Agrario Nacional.

Valerio Solano destaca que la comunidad ancestral de Júba Wajiín demandaba la titulación de sus tierras desde la década de 1940, y fue hasta 1994 que el Tribunal Unitario Agrario dictaminó en su favor y se emitió el decreto presidencial. El trámite tomó seis décadas de lucha. En 2009 la comunidad se unió a la Policía Comunitaria (CRAC-PC). Antes de la amenaza minera, sus conflictos solían ser de límites con comunidades vecinas, y de seguridad.

En 2012 el gobierno decreta una reserva de la biósfera de 157 mil hectáreas en la Montaña, recuerda Armando Campos, también de Tlachinollan. Desde 2004 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal implantaron una programa de la ONU que promovía zonas de reserva comunitaria. Las mismas dependencias y la Universidad Intercultural de Guerrero impulsaron la reserva, la cual restringía actividades a las comunidades en sus propias tierras y la hacía perder la administración de ese territorio. La reserva afectaría 13 núcleos agrarios de cinco municipios. Como reacción, las comunidades se reúnen en octubre de 2012 y se topan con el problema de las mineras.

Santiago Lorenzo, del Consejo Regional, cuenta que los indígenas bloquearon la Universidad Intercultural y lograron la renuncia del rector por impulsar la reserva a espaldas de los pueblos. El gobierno cancela la reserva. Las comunidades organizadas se plantean entonces resistir a la minería. El consejo crece hasta abarcar 200 comunidades de 20 núcleos agrarios en ocho municipios de la Costa y la Montaña. Los pueblos me’phaa, nahuas, ñuu savi, amuzgos y afromexicanos protagonizan una resistencia que no ha sido derrotada. Tienen en común que no reaccionaron contra mineras en sus suelos, sino antes de su llegada.

Armando Campos, de Tlachinollan, apunta: Son cinco años de logros jurídicos y declaratorias de territorios libres de minería. Se cierra la pinza legal para que ninguna minera tenga margen de entrada. Estos pueblos se habían negado antes al pago por servicios ambientales. En 2014 interponen su primer amparo, y lo ganan. La SE impugna la sentencia ante la SCJN en 2015. Las empresas titulares de Corazón de las Tinieblas se desisten. En noviembre de ese año la SE publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno.

Así, detuvieron un amparo que sentaría precedente para declarar inconstitucional la Ley Minera, explica Maribel González. Se coordinan la SE y la Cámara Minera para echar abajo el amparo y evitar el análisis de la Ley Minera. En diciembre, las comunidades se amparan contra la declaratoria de liberación de terrenos, que abría la posibilidad de concesionarlas a otras mineras. “La SE argumenta que Júba Wajiín ‘no es comunidad indígena’ y por tanto no le asiste el derecho a consulta, lo cual ofende a los me’pha”. La juez en Chilpancingo recibe el amparo y ordena un peritaje antropológico que favorece a los indígenas. Aunque la Ley Minera no reconoce tal derecho, sí la Constitución y los tratados internacionales.

Logro inédito

Tlachinollan destaca que la sentencia dictada por la jueza en el amparo 429/2016, es un logro inédito para una comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de San Miguel el Progreso por defender su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto. Por primera vez, un juzgado federal ordena que, si la SE pretendiera otorgar ahí nuevas concesiones mineras, deberá cumplir con su obligación constitucional y convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

La Cámara Minera reaccionó presentando ante la SCJN el Amicus Curie Estudio sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas y su problemática en torno a las concesiones mineras, donde solicita que se niegue el amparo y protección solicitado por Júba Wajiín, y cuestiona que la consulta previa sea necesaria en un otorgamiento de concesiones ya que no hay susceptibilidad de afectación potencial o real de los derechos de los pueblos o comunidades indígenas.

Valerio Solano expresa con orgullo: “En nuestro territorio hemos controlado la violencia: No entran el narco ni la minería”. Y concluyen los defensores de Tlachinollan: El Consejo Regional y su lucha son referentes de lo que se consigue cuando se juntan los pueblos para defender el territorio común.

Fuente: La Jornada

http://movimientom4.org/2017/07/victoria-mephaa-sobre-proyecto-minero-corazon-de-tinieblas/

Mexico

Generan empresas extractivas más daños que beneficios

Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen, advirtió el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

En el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales “despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental”.

Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades “de utilidad pública”, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.

De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.

Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses (13.2 por ciento).

Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.
El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburos “genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables”, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.

De igual manera, Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.

Fuente: http://ljz.mx/2017/07/03/generan-empresas-extractivas-mas-danos-que-beneficios/

Mexico

Piden al Gobernador que detenga proyecto minero de exploración “Caballo Blanco”

Veracruz, Ver.-El físico matemático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Salas Mar, exigió al gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares, intervenga para que de una manera u otra, detenga el “Proyecto Minero de Exploración Caballo Blanco”, ubicado en el municipio de Alto Lucero, por poner en riesgo la estabilidad de la Central Nuclear de Laguna y con ello a toda la población cercana.

Y es que advirtió que recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó a la industria minera la puesta en marcha de este proyecto en el que utilizará grandes cargas de dinamita, cuyas explosiones podrían provocar sismos de mediana y gran intensidad, lo cual podría ocasionar fallas y fisuras en las instalaciones de Laguna Verde e incluso en los reactores.

Dijo que la administración estatal pasada, Javier Duarte de Ochoa, se opuso rotundamente y canceló este proyecto, precisamente por estar a un costado de la misma planta lo que pone en riesgo a la población de toda esta zona del estado.

Acusó que la autorización irregular la firmó el delegado federal de la Semarnat, José Antonio González Azuara, de acuerdo al oficio SGPARN.02.IRA.0395/17, con fecha 23 de enero de 2017.

El científico veracruzano exigió una investigación a este funcionario federal, ya que dijo es el mismo que autorizó la construcción del Almacén de Combustibles Gastados dentro de la Central Nuclear Laguna Verde, sin exigir las manifestaciones de impacto ambiental.

Dijo que estas autorizaciones que tienen consecuencias graves sobre la salud y la vida de los veracruzanos, podrían también tipificarse como ecocidio y solo se pueden explicar como acto de corrupción, pues la causal de incompetencia resulta increíble.

“El pasado 13 de junio informe al Órgano Interno de Control de la Semarnat respecto a esta nueva irregularidad quedando ampliada la primera queja en contra de José Antonio González Azuara, con el oficio 16/113/TAQ0955/2017, con expediente 2017/SEMARNAT/DE88, de fecha 16 de marzo y firmada por la licenciada María Linda Alcántar Vargas, titular del área de quejas de Semarnat, quien hasta hoy no ha hecho absolutamente nada”, acusó.

“Igualmente el 16 de junio de 2017 informe a la Comisiona Nacional de Derechos Humanos de esta nueva irregularidad, pues se atenta contra la salud y la vida de los veracruzanos, queja que quedó radicada en la Sexta Visitaduria General a cargo de Nayeli Maricela Hacha Álvarez, quien tampoco ha hecho nada al respecto, es más ni siquiera se han pronunciado al respecto”, finalizó.

Fuente:http://www.noreste.net/noticia/piden-al-gobernador-que-detenga-proyecto-minero-de-exploracion-caballo-blanco/

Mexico

Grupo México tiene 2,600 denuncias en contra por derrame

 Las acusaciones fueron presentadas a la PGR y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los habitantes del Río Sonora y el Sindicato Minero.

SONORA, Jul. 08.- Reina Castro Longoria, integrante del departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, señaló que el expediente legal contra Grupo México será analizado por la Suprema Corte de Justicia la Nación.

El expediente está conformado por 2 600 denuncias. Las denuncias fueron presentadas a la PGR y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los habitantes del Río Sonora y la Sección 65 del Sindicato Minero.

Esto se debe a los daños que fueron ocasionados por el derrame de tóxicos de 2014. La investigadora Castro Longoria, mencionó que el hecho que la Suprema Corte tenga el caso es una buena señal. Castro Longoria ha encabezado varias investigaciones sobre el caso de la contaminación provocada por el derrame tóxico.

También, señaló que la administración ha limitado la atención en daños “ísicos a sólo 270 habitantes, cuando cada semana aparecen más personas afectadas.

lasillarota.com

Fuente:http://nopasanada.mx/grupo-mexico-2600-denuncias-derrame/