Estimadas amigas y amigos,
Above Ground ha producido un resumen de los juicios transnacionales contra empresas mineras que han sido juzgados por cortes canadienses y aquellos que siguen en proceso, denominado «Demandas contra empresas extractivas presentadas en Canadá: Avances en el litigio civil transnacional, 1997-2016».
Una plataforma ciudadrealeña expone sus dudas sobre la viabilidad de una extracción proyectada en el campo de Montiel por posibles daños medioambientales y económicos.
El representante de Ecologistas en Acción en Ciudad Real Juan Pablo Castaño denunció ayer ante los medios y con el respaldo de las ruedas ciudadanas de Podemos en las Cortes regionales un proyecto de minería en trámite que afecta a poblaciones ciudadrealeñas. La empresa Quantum está detrás de esta propuesta a cielo abierto con al menos tres explotaciones de la llamada ‘Tierra rara’, que ha producido una movilización en el campo de Montiel, con la plataforma ‘Sí a la tierra viva’ a la cabeza. Al respecto, denunciaron opacidad en este proceso y enumeraron una serie de dudas sobre la viabilidad de esta iniciativa que se extendería por más de 300 hectáreas, ampliables hasta 1.500 hectáreas aunque elevaban a 27.000 las afectadas. De este modo, ponen sobre la mesa si compensan los supuestos beneficios con el daño medioambiental. Por todo ello, piden a la Junta de Castilla y León que dé su opinión al respecto, pendiente aún de la declaración ambiental.
Los dos permisos de exploración aurífera solicitados por Grupo M-FM 2001 S.L., «Isabela II» (4.368 hectáreas), ya autorizado, y «Livia» (4.536 hectáreas), todavía en tramitación, copan buena parte del territorio de este municipio de la comarca coruñesa de la Terra de Soneira, frente a áreas de menor extensión en los ayuntamientos de Vimianzo, Coristanco, Santa Comba y Mazaricos. De la fase de exploración a la de explotación hay sólo un paso y este rincón de Galicia podría encontrarse con un conflicto socioambiental equivalente al vivido en Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso estos últimos años.
Las cifras que la empresa refleja en la documentación presentada a la Consellería de Industria no dejan dudas respecto a las intenciones de la minera, pues el presupuesto total calculado asciende a 548.347 euros para un período de investigación de tres años, incluyendo la realización estimada de 34 sondeos, 100 calicatas y un número indeterminado de rozas en las zonas afectadas por el permiso en busca principalmente de oro y de manera secundaria plata y otros metales afines.
El Ministro de Geología y Minas, Francisco Queiroz, consideró el viernes, en Luanda, las actividades mineras como las que más impacto tienen sobre el medio ambiente, debido a la actividad que desarrollan.
Los operadores mineros tienen la plena conciencia de que las actividades mineras son las que mayor impacto causan al ambiente, subrayó Francisco Queiroz, cuando se refería al Día Mundial del Ambiente, que se celebra el domingo.
Se trata de de la fecha de reflexión sobre los problemas del ambiente y del desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, una oportunidad para movilizarse toda la sociedad para las cuestiones ambientales, dijo.
Hizo un llamamiento a los operadores mineros en el sentido de cumplir con la legislación minera en vigor, en especial el Código Minero, dado, que este tiene reglas muy específicas sobre el ambiente.
El Gobierno de Luxemburgo ha mostrado su intención de invertir en la minería espacial, concretamente practicada en asteroides. Su intención es apoyar la I+D en tecnologías que harían posible esta práctica, así como invertir directamente en algunas empresas.
Además, el Gran Ducado pondrá en marcha un marco legal para dar confianza a los operadores que tienen su base en el país a que se dediquen a este negocios. Para ello, han optado por asesorarse por el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Jean Jacques Dordain.
Las noticias que se van conociendo del proyecto que la empresa Grupo M-FM 2001 S.L tiene para la comarca de Bergantiños van dejando pequeño el frustrado proyecto minero de Corcoesto. Según denuncia el colectivo ecologista Salvemos Cabana, la firma dedicada a la exploración, extracción y beneficio de recursos metálicos tienen solicitados permisos de investigación para 318 cuadrículas – un total de 8.904 hectáreas – en varios municipios de la comarca.
Esta superficie corresponde al permiso de investigación «Isabela II» para 156 cuadrículas mineras, ya concedido, al que se suma «Livia», en tramitación, que añadiría otras 162 cuadrículas en los concellos de Zas, Santa Comba y Mazaricos y multiplicaría en la práctica por diez el área prevista inicialmente para el frustrado proyecto minero de Corcoesto.
La empresa, por su parte, ya ha indicado que no será hasta el segundo ejercicio de la fase de investigación cuando se reflejen las zonas de la campaña de sondeos, que se puede desarrollar en cualquiera de los ayutamientos afectados.
Fundamental alegar
Desde Salvemos Cabana inciden en que presentar alegaciones contra este nuevo proyecto, tanto a nivel personal como colectivo, es «fundamental». El expediente puede consultarse para tal fin hasta mediados de febrero en la sección de Minas de la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de A Coruña.
La Comisión Europea (CE) ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad sobre las ayudas públicas concedidas a la empresa minera española Iberpotash en Cataluña, para determinar si supusieron una ventaja selectiva frente a sus competidores contraria a las normas comunitarias.
La investigación se centrar en determinar si los dos millones de euros de la garantía financiera es “muy inferior” al que exigen las normas medioambientales, la directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE y la legislación nacional y autonómica
Iberpotash, que en 2014 pasó a denominarse “ICL Iberia Súia & Sallent”, es propietaria y explota varias minas de potasa en Cataluña.
El gobierno canadiense no ha abordado cuestiones de responsabilidad empresarial que ameritan ser atendidas. Una serie de organizaciones de Naciones Unidas ya han expresado directamente a Canadá que debe adoptar “medidas legislativas o administrativas para evitar que actos de empresas transnacionales constituidas en Canadá” tengan un impacto negativo en los derechos de las personas fuera de Canadá. La Canadian Network on Corporate Accountability instó a la CIDH a emitir una declaración igualmente clara con respecto a Canadá.
Canadá es el principal centro de financiamiento de la industria minera a nivel mundial. Entre 2008-2009, por ejemplo, en las bolsas de valores de Canadá se negoció más del 70 por ciento del financiamiento con capital propio del sector (1). Si bien las empresas extractivas canadienses tienen una amplia presencia en América Latina, la industria ha sido objeto de numerosas acusaciones de abusos asociados a sus proyectos, que incluyen problemas relacionados con impacto ambiental, desplazamiento de las comunidades y conflictividad social. Estos problemas fueron planteados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2013 por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil de América Latina y por la Fundación para el Debido Proceso. El Grupo de Trabajo llevó a cabo una reseña de 22 estudios de casos relacionados con conflictos entre comunidades y empresas mineras canadienses (2).
La empresa ha anunciado la interrupción de sus actividades en las minas de oro del norte del país, que además cuenta con el total rechazo social de la población, tras la retirada de permisos para la construcción de sus instalaciones de procesamiento por parte de las autoridades helenas para ser sometidos a revisión y la imposición de multas por un total de 21 millones de euros por las infracciones medioambientales cometidas entre los años 2012 y 2014.
El Presidente de Eldorado, Paul N. Wright, ha acusado al Gobierno griego de obstruir «de forma sistemática» y en connivencia con los grupos de resistencia anti-minera de la zona, la extracción de oro en las regiones de Calcídica y Tracia, en el norte del país y anunciado que la decisión administrativa «no deja otra opción que la reducción de la actividad y del personal» en sus proyectos de Skouries, Olimpia, Stratoni, Perama Hill y Sapes, lo que conllevará un importante volumen de despidos.
El pleno de la DPZ ha aprobado por unanimidad una moción de CHA que reitera la oposición al proyecto de explotación minera de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria) y expresa su apoyo a los municipios aragoneses afectados por este proyecto ante el «grave» daño a sus recursos naturales y humanos, que «tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas» en esas zonas.
La iniciativa pide, igualmente, al Gobierno de Aragón que siga manteniendo su oposición a dicho proyecto y que tome las medidas necesarias, como dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que realice un informe sobre los trabajos que se están realizando actualmente en esta explotación.
Además, reclama un estudio para aumentar la protección ambiental, tanto de competencia autonómica como estatal, de los cursos fluviales afectados y que se determine exactamente cuál es la calidad del agua del río Manubles y su ecosistema con todas las especies vegetales y animales que existen, así como trasladar este acuerdo a Gobierno de Aragón, Junta de Castilla y León y Ejecutivo central para que paralicen este proyecto de forma definitiva.