El proyecto de un grupo chino-suizo prevé voladuras diarias con el empleo de hasta 15 toneladas de explosivos y productos químicos.

(España). – La reactivación de una megamina de extracción de cobre situada en los Ayuntamientos de Touro y O Pino, en plena área metropolitana de Santiago (A Coruña), ha puesto en pie de guerra a cuarenta colectivos de agricultores y mariscadores, dos de los sectores primarios más representativos de la economía gallega. La denuncia de estas plataformas sobre los graves efectos contaminantes que generaría la explotación minera, ha sido avalada por investigadores sobre economía aplicada y expertos en biología marina: “la nube de polvo de metales pesados se extendería 15 kilómetros y llegaría a la capital compostelana, mientras los vertidos contaminantes a la cuenca del río Ulla serían unos 3.000 millones de litros, los cuales tardarían medio día en llegar a los bancos marisqueros de la ría de Arousa que mueven anualmente 91 millones de euros”.

El proyecto de reactivar la vieja mina está pendiente de los informes medioambientales de la Xunta aunque sus promotores ya han dado por hecho que serán aprobados. Mientras anuncian la creación de más de 400 empleos directos, la empresa ha negado las acusaciones de las plataformas vecinales que ha tachado de ser “una contestación social puramente ideológica”. Atalaya Mining, con sede en Chipre, que cotiza en bolsa en Londres y cuyos socios de referencia son un grupo chino y otro con sede en Suiza, y Explotaciones Gallegas, la propietaria del terreno, que actualmente extrae áridos y a la que la Xunta abrió varios expedientes, son las compañías promotoras de Cobre San Rafael, que se encuentra en trámites con la Administración autonómica para explotar, en principio, unas 700 hectáreas de superficie.

La Plataforma vecinal Mina No y la Plataforma en defensa de la Ría de Arousa (PDRA) ya ha anunciado una gran movilización en Santiago para el 10 de junio contra el proyecto minero cuya puesta en marcha prevé voladuras diarias a cielo abierto en las que se emplearán entre 9 y 16 toneladas de explosivos cada una. Además, denuncian que el proceso de separación del cobre contempla la utilización de unas 15.000 toneladas de productos químicos altamente peligrosos y sospechosos de provocar cáncer. Otro de los capítulos negros del proyecto para los críticos es gasto estimativo anual de agua que prevé el proyecto (2,25 hm3, seis veces más que los dos Ayuntamientos afectados juntos), la eliminación en el entorno minero de 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural, pero, sobre todo, la creación de dos grandes balsas de lodos con un dique de 3,2 kilómetros y 80 metros de altura (como la catedral de Santiago). “Balsas que podrían romper, advierten, como ya ocurrió en Aznalcóllar, en 1998, con graves riesgos para la Aldea de Arinteiro, a 200 metros del dique”.

El consejero delegado de Atalaya Mining, el ourensano Alberto Lavandeira, ha sido el encargado de presentar el proyecto a los medios en marzo pasado. “Lo que más me duele es que la gente dude de los técnicos, de la administración y de los sistemas de control», ha comentado en medio de reproches los colectivos críticos con la mina: “Deben pensar que los metales nacen en los árboles», bromeó el ingeniero, con experiencia en las minas del Congo y actual responsable de la reactivación de la mina de Riotinto, en Huelva.

Según él, ha mantenido contactos con colectivos ecologistas, lo que le hace pensar que las críticas no vienen de ahí, sino de grupos «ideológicos». Una apreciación que contrasta con la de las más importantes asociaciones de defensa medioambiental en Galicia que no han parado de advertir sobre los riesgos que entraña este proyecto minero.

Las cifras que ha dado la compañía contemplan una inversión de 200 millones de euros en 15 años de vida de la mina que podrían ampliarse, y ha prometido que estos empleos, una vez conseguidos todos los permisos de la Xunta, serán ocupados por vecinos de la zona e indefinidos en un 90%. «No va a haber suficiente gente» en los pueblos de los alrededores, ha llegado a comentar el directivo. Durante los últimos dos años y medio, según los números ofrecidos por Lavandeira, Cobre San Rafael ha destinado cinco millones a investigación y lleva casi 600 sondeos realizados, 240 de ellos en fincas de particulares. La empresa dispone ya de 400 hectáreas, pero opta a comprar, alquilar o cambiar otras 300, la mayor parte de eucaliptales, asegura, pero también prado y cultivos, un 6% según la minera.

Fuente:https://elpais.com/ccaa/2018/05/28/galicia/1527461976_581397.html

El panorama que dibujan las plataformas contra la mina de Touro no es nada halagüeño. El proyecto de extracción de cobre tras el que está la empresa Atalaya Mining supondría unos daños «irreparables e irreversibles», indican. Según los datos que manejan, afectaría a 689 hectáreas «a cielo abierto » y la actividad requeriría «15 millónes de kilos de productos químicos, algúnos de ellos peligrosos y sospechosos de cáncer», se construirían dos balsas para los lodos contaminantes «Gigantescas» a solo unos 200 metros de la aldea de Arinteiro, las voladuras serían diarias (una media de entre seis y nueve cada jornada) y la nube de polvo con metales pesados que generarían se extendería 15 kilómetros y llegaría a Compostela, al tiempo que «se prevé verterá cerca de unos 3.000 millónes de litros de aguas contaminadas que permanecen en la antigua mina», los cuales -calculan- tardarían en llegar a al río de Arousa solo medio día.

Así fue expuesto ayer, en la capital gallega, por Aida Suárez y Julia Barbosa, de la plataforma vecinal Mina Touro-O Pino Non; Xoaquín Rubido (Xocas), presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa; y el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial. Todos ellos hicieron un llamamiento a la ciudadanía y a las autoridades políticas de los 13 concellos cuyas traídas se abastecen del agua del Ulla para sumarse a una nueva manifestación, que esperan sea multitudinaria, bajo el lema «No queremos una herencia envenenada». Será el 10 de junio en Compostela y con ella buscan «seguir haciendo presión» para que la junta rechace el proyecto, en este momento pendiente del informe ambiental.

Declararlo espacio protegido

Exigen, además, la recuperación ambiental de los terrenos y canales de agua afectados por la antigua explotación minera y que la zona se declare espacio protegido «por su vinculación con rede Natura 2000».

Suárez señaló que, entre las consecuencias, no solo estaría el peligro de contaminación hidrográfica, también el desvío de dos regatos, la destrucción de puestos de trabajo de ganaderos y agricultores, así como la afección directa al área del Camino de Santiago a su paso por O Pino. Rial recordó la importancia de la ría de Arousa para muchas familias. De ella dependen el 44 % de las mariscadoras de a pie, más del 41 % de las embarcaciones de artes menores y el 68,7 % de las bateas de mejillón de Galicia, dijo, y las lonjas arousanas mueven más 91 millones de euros anuales. «Se se aprueba este proyecto pondrá en peligro toda la actividad», sentenció.

«Esta no es una mina cualquiera, es una megamina, algo impensable en Galicia, de dimensiones proporcionales a catástrofe que puede producir en el medio ambiente», señaló Rubido, quien reclamó a la Xunta que apueste por el modelo productivo que genera empleo y riqueza en Galicia frente al proyecto «explotador que viene de fuera , se lleva el cobre que  nos deja destrucción y miseria». «Es una amenaza para todos», concluyó Barbosa.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/40723-advierten-que-mina-de-touro-utilizara-15-000-toneladas-

No es el único, pero sí el más visible. El joven ganadero Eduardo Quintás es un ejemplo de los efectos del polémico proyecto de extracción de cobre en los municipios de Touro y O Pino, muy cerca de Santiago, que ha provocado multitud de alegaciones y una fuerte oposición política, científica y vecinal. Quintás, asentado en la zona cero de la futura mina, perderá la pequeña explotación que heredó de su familia, de unas 40 vacas, que asumió con tenacidad de emprendedor. “Esto es la ruina total”, se lamenta. Una campaña de recogida de firmas trata de sensibilizar a la población de su caso, considerado un paradigma del cambio que supondrá el proyecto impulsado por la empresa San Rafael S.L., que eliminará 341 hectáreas de masa forestaly 150 de cultivos y vegetación.

Quintás ha publicado un vídeo en YouTube en el que resume en cuatro minutos el drama de los que acusarán de forma más directa el impacto del proyecto minero, consistente en la reapertura, amparada por el incremento del precio del cobre, de una explotación que funcionó entre 1972 y 1986 y de muy ingrato recuerdo para los habitantes de la zona. En el vídeo explica que hace solo cuatro años que se hizo cargo de la explotación de sus padres, mixta pero orientada principalmente a la producción láctea. Cuenta también que es el único titular de la misma y que allí es donde trabaja. El megaproyecto supondrá “el cierre definitivo” de su medio de vida.

Una fuerte contestación acompaña el proyecto de San Rafael S.L., una empresa con un capital social de 3.000 euros en la que irrumpió hace un año el gigante de la minería Atalaya Mining, que explota Riotinto. Durante el período de exposición pública se produjo una avalancha de millar y medio de alegaciones que alertan de la proximidad de la balsa del megaproyecto minero a las viviendas, la desaparición de manantiales, el cambio del curso de los ríos y la extensión de los terrenos ocupados, ya que la nueva mina será mayor que la que dejó de funcionar hace 30 años. Se teme especialmente el efecto de un eventual accidente que afecte al Ulla, un río que desemboca 80 kilómetros al oeste en la ría de Arousa, donde se encuentra el mayor banco marisquero de Galicia.

La denuncia de Eduardo Quintás es diferente, con el acento puesto en el modelo económico que se implanta a la fuerza en una zona rural. Su granja está situada “en la aldea de Arinteiro, parroquia de Loxo, Ayuntamiento de Touro”, recita. Ese paisaje de enorme belleza es el lugar elegido por San Rafael S.L., en asociación con Explotaciones Gallegas, titular de los terrenos, para reactivar la explotación minera. “Quieren coger prácticamente toda el área de Arinteiro y dejar únicamente las casas. La base territorial para los animales desaparecerá”, cuenta con resignación. También recuerda cómo el cierre minero de 1986 benefició la aparición de negocios relacionados con la agricultura y la ganadería. “Inicialmente quedó todo abandonado”, apunta, pero a partir de ahí, la ganadería, que se limitaba a dos o tres vacas por cada casa, empezó a florecer en naves de mayor tamaño.

Ahora lo que se producirá es el proceso contrario. Porque la explotación abarcará una zona muy grande, que afecta al Ayuntamiento de Touro y, en menor medida, al de O Pino. “Se van a arrasar cientos de hectáreas de terreno”, advierte. “El proyecto dice que son simples pastizales, pero es todo arable”, añade Eduardo, que alerta igualmente de otro peligro vinculado al proyecto y que afecta al sector primario: el de la utilización de los acuíferos. “Nos dejan sin la tierra, pero además desvían el manantial que pasa por Arinteiro para su propia nave y nos dejan sin el agua, sin las fuentes que tenemos para beber en las casas y en las explotaciones ganaderas”.

Los impulsores de la campaña de apoyo a Eduardo denuncian el mérito de que todavía existan jóvenes ganaderos como él trabajando en el sector primario, “en un momento en que la despoblación del mundo rural es cada vez más preocupante”. “Está sufriendo una gran injusticia. Es un afectado directo y necesita que todos lo apoyemos”, reclaman.

Eduardo Quintás alerta igualmente de otro peligro vinculado al proyecto y que afecta al sector primario en la zona: el de la utilización de los acuíferos

El valor de las propiedades es otro de los problemas que generará el megaproyecto. “¿Quién va a querer comprar nuestras casas? Ya no tienen valor alguno: quedamos encajonados entre dos balsas de lodo y de aguas ácidas, y además sin agua”, relata el joven de Arinteiro. Del peligro de esas balsas advierte Serafín González, edafólogo del CSIC y presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural (SGHN), una reputada entidad científica y ecologista con más de 40 años de trayectoria. A la SGHN acudió la Xunta para reclamar un informe externo del proyecto y el resultado fue demoledor. “El problema son los compuestos del azufre en las rocas. Al oxidarse, generan ácido sulfúrico y drenaje ácido en la mina”, explica González. También preocupan los productos químicos que se usan para separar el cobre de las rocas, “que no son inofensivos: tienen efectos en el ambiente y en la salud”. “Se van a generar dos grandes depósitos de estériles que quedan ahí indefinidamente, con esas rocas y esos compuestos”, alerta.

Pérdida de 150 puestos de trabajo

La pérdida de valor de las casas que tanto temen los vecinos no se verá contrarrestada por la creación de empleo, según los afectados. Relata Quintás en su vídeo, y corroboran diferentes estudios, que serán unos 150 puestos de trabajo los que se eliminarán, ya que en la zona hay numerosas explotaciones, alguna con hasta mil cabezas de ganado, que se verán afectadas total o parcialmente.

“Todo esto es totalmente negativo para nosotros porque aquí todos vivimos de la ganadería y la agricultura, no es que solo nos afecte a los ganaderos. Talleres mecánicos, fábricas de pienso, veterinarios… Todo en general se verá afectado. Es una cadena, de la que van a tirar y tirar y tirar, y van a destruir más puestos de trabajo que los que dicen que van a crear”. Al joven emprendedor de la ganadería en particular le afecta en tres hectáreas en una finca única y otras tres repartidas en varias zonas. “Me dejan sin un lugar donde criar el ganado”.

Fuente:https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2018-05-02/ganadero-galicia-mina-polemica_1556737/

España- El próximo fin de semana, días 5 y 6 de mayo, se celebrará la Marcha Ibérica en Tren contra la Mina de Uranio en Retortillo, organizada conjuntamente por la Plataforma Stop Uranio de Salamanca y las asociaciones portuguesas Quercus (asociación ecologista) y AZU (Asociación de Zonas Uraníferas). Las tres asociaciones realizarán una labor de difusión de los peligros que acechan a Portugal por la posibilidad de apertura de instalaciones radiactivas en Salamanca.

La marcha discurrirá por la línea de tren que recorre el valle del Duero en Portugal desde Pocinho hasta Oporto. Se repartirán folletos informativos en las estaciones de tren por las que discurre la línea, y se celebrará una rueda de prensa en la localidad de Reguo y un acto informativo en la misma ciudad de Oporto.

Ahora que se cumplen veinte años del desastre de Aznalcóllar, el desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto al otro lado de la frontera puede “suponer un tremendo riesgo para la vida del río Duero y de los habitantes que del mismo se nutren” aseguran desde Stop Uranio. Afirman desde la asociación que “un estudio encargado a WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) muestra como el río Yeltes, afluente del Duero, va a quedar muy dañado por la mina”.

Avisan además que “polvo radiactivo y gas radón que emitirán las minas que Berkeley Minera pretende abrir” serán peligrosos para los vecinos de Salamanca. Así lo manifiesta también la Agencia Portuguesa de Ambiente, señalando que el proyecto de explotación minera de uranio en Retortillo “era susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal” por la cercanía a la frontera portuguesa, en “atención a la dirección de los vientos”.

Según la asociación Stop Uranio “las administraciones españolas no han consultado con Portugal” las consecuencias de la explotación de la mina de uranio en Salamanca y tampoco han “sometido a información pública los distintos proyectos de minería de uranio en Salamanca” saltándose de esta forma “a la torera los tratados firmados por ambos países”.

Fuente:http://diario16.com/tren-oporto-protestar-la-mineria-uranio-cielo-abierto/

El de ‘tierras raras’ al sur de Ciudad Real, el de uranio en Retortillo (Salamanca), los de cobre entre los concellos coruñeses de Touro y O Pino, o los de litio y wolframio en Cáceres capital y su provincia respectivamente son algunos de los proyectos mineros que han ido surgiendo en el Estado en lo que muchos consideran una explosión del sector minero a la sombra de la especulación financiera.

El pasado 25 de abril se cumplieron 20 años del conocido como desastre de Aznalcóllar provocado por la rotura de una balsa minera —propiedad de la empresa sueca Boliden—, que causó vertidos tóxicos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Con motivo de este aniversario las cinco principales organizaciones ecologistas del Estado señalaron el riesgo de que un desastre así se vuelva a producir.

Ese mismo día, en Ávila, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León emitía una valoración negativa a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de cantera de feldespato en la sierra de Ávila, uno de los tres proyectos en marcha actualmente en esa provincia.

Otros muchos proyectos han ido surgiendo en fechas recientes, como el de las denominadas ‘tierras raras’, al sur de Ciudad Real, de uranio en Retortillo (Salamanca), de cobre entre los concellos coruñeses de Touro y O Pino; de litio y wolframio en Cáceres capital y su provincia respectivamente; de zinc y plomo en Cantabria; de potasas entre Aragón y Navarra y un largo etcétera que extiende esta lista a todas las provincias del Estado.

A la vista de estos múltiples casos, podríamos hablar de un intento de resurgimiento de un sector que, según los últimos datos disponibles —de 2015—, generaba 29.097 empleos directos en las 2.853 explotaciones con producción registradas en esa fecha.

No son casos aislados

Preguntamos a Roberto Martínez Orio, jefe del Área de Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre esta proliferación de casos. Para él existe un cierto repunte de solicitudes de explotación en la minería metálica, mientras que otros minerales tradicionalmente punteros, como la sepiolita o la glauberita, se han mantenido en un nivel alto. Sin embargo, en aquellos materiales relacionados con la construcción se ha producido un retroceso desde que ese sector entró en crisis hace ya una década.

Elena Solís, abogada ambientalista y miembro de Ecologistas en Acción, sí que nos habla, en cambio, de un auténtico “boom de la minería especulativa” por la cantidad de nuevos proyectos mineros que están surgiendo por doquier en casi todas las comunidades autónomas, resucitando minas dormidas y sacando a concurso multitud de proyectos nuevos.

Algo parecido opina Carles Mulet, senador de Compromís, para quien se trata de “una burbuja especulativa que concede licencias a empresas muy opacas” y que no responde a una demanda real, como por ejemplo la industria cerámica de Castelló en los casos de las minas de feldespato. Esta dinámica supone, en su opinión, una mayor desprotección de la población, ya que no saben cuáles serán las consecuencias de la proliferación de estas explotaciones.

“Podemos hablar de ‘minería especulativa’ porque, además de tener como objetivo final la reventa de los permisos a empresas mineras que extraerán recursos, con todo el daño ambiental y social que eso conlleva, su objetivo inmediato es obtener ganancias antes de la explotación”, explica Solís. Estas ganancias se generan en los mercados financieros, donde los proyectos se convierten en instrumentos que se usan como cebo para atraer inversores privados, y en bolsa, donde la compra de acciones de la compañía dueña de los derechos, a su vez, contribuye a inflar artificialmente su valor.

Como ejemplo, Solís nos cuenta el caso de la mina de litio de Cáceres y advierte: “Mientras Valoriza Minerías —el brazo minero del grupo Sacyr— tramita los permisos en Extremadura, su socio, Plymouth Minerals, va informando a sus inversores en la bolsa australiana de que casi tiene concedidos los permisos y hecho el estudio de viabilidad de la mina. Aunque el ayuntamiento de Cáceres haya paralizado las obras porque carecían de los permisos urbanísticos necesarios, las acciones de Plymouth Minerals han subido considerablemente. Esta empresa ya ha sido paralizada por las autoridades bursátiles australianas en dos ocasiones porque los permisos de investigación no llegaban a materializarse”.

Siguiendo este modelo de “finanzas del espectáculo”, numerosas compañías mineras internacionales con poco capital social cotizan en mercados secundarios poco regulados, como los de Toronto, Australia o Londres, para atraer a fondos privados de inversión, y están consiguiendo permisos mineros a través de empresas pantalla españolas.

A este respecto, Solís señala también que “el carácter especulativo de un proyecto no impide que no haya desastre ambiental” ya que, por ejemplo, “en el de uranio de Retortillo [Salamanca] la empresa Berkeley empezó hace mucho tiempo a talar hectáreas y hectáreas de encinas centenarias”. Para ella, estas imágenes sirven para que los inversores vean que hay avances convirtiéndose en un “espectáculo de destrucción para mantener el beneficio de la empresa”.

El caldo de cultivo: la ley de minas y la política de la UE

Pero todo este proceso, surgido por un lado al calor de la crisis financiera que se inició hace una década, tiene unas circunstancias beneficiosas que lo hacen posible en el Estado español en este momento. Por un lado, la ley de minas de 1973 y, por otro, la política estratégica de la Unión Europea con respecto a los recursos minerales.

La ley vigente en la actualidad se aprobó en los estertores del franquismo —es, por tanto, preconstitucional— y, según un informe publicado recientemente por SEO Birdlife, “es en realidad una herramienta de carácter técnico y existe una importante inercia que favorece su mantenimiento, tanto entre las empresas como entre las administraciones públicas”. Además,  es previa a la organización autonómica, que es sobre la que reposan buena parte de las competencias sobre minería, y “está lejos de incorporar criterios de sostenibilidad y no está adecuada a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que establece la normativa vigente”, según sostienen desde esta asociación dedicada a la conservación de la naturaleza.

Como ejemplo de este conflicto competencial entre ley estatal y normativas autonómicas, el senador Mulet nos cuenta el caso de Prat de Cabanes-Torreblanca, uno de los principales humedales de la Comunidad Valenciana. A pesar de estar protegido desde 1989, figurar en el listado Ramsar, ser Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y formar parte de la Red Natura 2000,  no se pudo impedir que se continuara con la práctica de la extracción de turba dentro de este humedal por primar la ley estatal sobre la protección autonómica.

La reforma se ha intentado en varias ocasiones, las más importantes en 2003 y 2015. Pero, según SEO Birdlife, hasta ahora ningún gobierno se ha esforzado realmente por cambiarla y el Partido Popular ni siquiera lo llevaba en su programa. Mulet explica cómo, dentro de los grupos políticos, todos están de acuerdo con la necesidad de cambio pero “nadie le pone el cascabel al gato” y observa que, al menos en el Senado, no hay debate global para el cambio de esta ley. A su juicio y el de su grupo parlamentario, es necesaria una reforma que dé como resultado “una ley que impida la especulación y que permita una explotación razonable que esté limitada desde una perspectiva medioambiental”.

Martínez Orio, del IGME, señala por su parte que la ley es muy antigua pero que se adelantó a su tiempo, y que el hecho de que haya durado tantos años prueba que era una buena herramienta legal. Reconoce sus carencias, ya señaladas anteriormente: no contempla la realidad autonómica y tiene grandes carencias en regulación ambiental y seguridad en el trabajo. Nos cuenta que, dentro del sector, hay diversidad de opiniones en cuanto a la necesidad de cambio legal, habiendo actores que temen que este cambio les pueda perjudicar al complicarse los procedimientos de explotación.

Mientras se produce este cambio, el actual marco legal permite, según Solís, que se desarrolle la “principal causa de la burbuja minera en España: la estrategia de materias ‘críticas’ de la UE”, que son “fundamentalmente metales, elementos metálicos y minerales industriales, como tierras raras, wolframio, litio, cobre, zinc, titanio, potasas o fosfatos”. La Unión Europea los considera fundamentales para el desarrollo económico y para la llamada “transición energética”, y, por ello, pretende extraerlas mayoritariamente de territorio comunitario, evitando así la importación de China.
Sin embargo, Solís afirma que esto es “una falacia”, puesto que “la demanda de estos metales ha caído porque la economía en China se ha ralentizado y habría que excavar toda Europa para conseguir la cantidad de metales que necesitamos”. Además, detrás de estos entramados empresariales especulativos se encuentran también involucradas, directa o indirectamente, empresas chinas, por lo que el mineral acabaría igualmente en sus manos.

Orio también señala como utópico el objetivo de un autoabastecimiento de materias primas en la industria europea, pero sí cree que es factible, al menos, tratar de ser menos dependientes en las que denomina como materias primas críticas, es decir, aquellas que están en manos de pocos productores mundiales, lo que puede poner en riesgo su suministro.

Por otra parte, Solís nos explica cómo la Comisión Europea lleva esta política a la práctica a través de acuerdos con las comunidades autónomas denominados planes estratégicos de recursos minerales no energéticos (PERMINE), fruto de los cuales, la mayoría de ellas han sacado estrategias incentivando la minería sin prácticamente ninguna información pública.

Pero no solo las organizaciones ecologistas se hacen eco de esta política europea, hace unos meses aparecía un artículo en la web de la empresa que explota la mina sevillana de Las Cruces en el que se hablaba del programa de la Unión Europea denominado Horizonte-2020 que pretende, con un ambicioso presupuesto de 80.000 millones de euros, impulsar la revitalización de la industria minera en la Unión. En este mismo artículo se recoge cómo esta inversión se utilizará para “afianzar un modelo tecnológico avanzado de minería sostenible” para la faja pirítica ibérica, en la que se sitúan las explotaciones mineras más antiguas de la península, así como las minas de Aznalcóllar.

“Los políticos han vendido nuestro territorio sin consultarnos y la UE ejerce de celestina entre compañías mineras multinacionales, universidades y empresas pantalla locales que se supone que están innovando nuevas formas de extracción y concentración”, concluye Solís. En contraste con esta supuesta innovación, pone como ejemplo el caso de Torrenueva (Ciudad Real), donde un supuesto laboratorio de última tecnología promovido por la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, Quantum Minerías y otros socios es, en realidad, un corral a las afueras del pueblo.

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/mineria/organizaciones-ecologistas-denuncian-el-boom-de-la-mineria-especulativa

La Comisión Provincial de Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Ávila ha rechazado por unanimidad el proyecto minero Leito, en la Sierra de Ávila, con informes contrarios al proyecto de investigación para extraer feldespato. La decisión se ha adoptado en la reunión de la comisión celebrada en la Delegación de la Junta en Ávila, ante la que se han concentrado integrantes de la Plataforma ‘No a la Mina’, que han manifestado su satisfacción al conocer la noticia.

La declaración de impacto ambiental ha sido negativa de forma “motivada y contundente”, según ha explicado el delegado territorial, José Francisco Hernández.

Para ello se han tenido en cuenta los informes en contra de la Confederación Hidrográfica del Duero y el Servicio Territorial de Urbanismo. El proyecto minero afectaba a las localidades de La Torre, Narrillos del Rebollar, Valdecasa y Sanchorreja.

La Plataforma se creó hace año y medio a raíz de conocerse que se había solicitado el permiso de investigación. Su portavoz, Sara de Paz, ha manifestado que esta jornada era “un día de satisfacción y alegría” para los pueblos de la zona, y ha recordado la “lucha mantenida contra el proyecto minero y los perjuicios que podría acarrear”.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/40283-la-junta-en-avila-rechaza-el-proyecto-minero-de-feldespato-en-la-sierra-de-avila

El Conselleiro de Industria parece vivir en un mundo paralelo ajeno a la realidad al olvidar que el Defensor del Pueblo consideró a su departamento y por extensión a la propia Xunta de Galicia como Administración “no colaboradora o entorpecedora” en su último informe anual.

En este sentido, resulta lamentable que tanto Francisco Conde en su intervención del miércoles en la Cámara gallega como el actual Director Xeral de Enerxía e Minas Bernardo Tahoces apelen reiteradamente a términos como la “minería responsable” o la “minería sostenible” cuando la situación actual de falta de control sobre el sector extractivo está dejando en evidencia la inacción de distintos departamentos de la actual Administración gallega.

De hecho, en el Anexo D de su último informe anual, la Oficina del Defensor del Pueblo consideró a la Consellería de Economía, Empleo e Industria y por ende a la propia Xunta de Galicia, como Administración “no colaboradora o entorpecedora” tras un tercer requerimiento de información sobre la degradación ambiental provocada por la actividad minera en Touro, a partir de una queja planteada por Salvemos Cabana en el año 2014.

De igual modo, en lo referente a la actividad minera en la Comarca de Valdeorras, el informe del Defensor afirma que “se han dirigido varias resoluciones a las consejerías de Economía y Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, para que evalúen los efectos sobre el medio ambiente de la actividad extractiva incluídas las afecciones al dominio público hidráulico, decidan las medidas correctoras que deban adoptarse e identifiquen al responsable de su adopción”, pero “de la información recibida se deduce que las administraciones no conocen con precisión el estado de las explotaciones mineras en una zona donde se han desecado cauces,contaminado ríos, y realizado depósitos de residuos incontrolados”.

Esta situación se refleja también en el informe anual de la institución en 2014, donde el Defensor del Pueblo afirmó que “ha sido preciso recordar al órgano autonómico ambiental que las atribuciones del órgano sustantivo (la Consellería de Economía e Industria) no privan de las suyas al órgano ambiental; y que este siempre es competente para preguntar al órgano de minas, instarle, recabar información, incluso denunciar actos y exigir el cumplimiento de las leyes; en suma, le compete siempre saber y conocer qué está ocurriendo con las explotaciones mineras en Carballeda de Valdeorras (Ourense)” insistiendo en que “la citada consellería aún no ha informado, pese a habérsele requerido dos veces”.

EUFEMISMOS DE LA PATRONAL MINERA

El panorama mostrado por el Defensor del Pueblo en relación con la falta de control sobre el sector minero y la manifiesta opacidad de la Xunta demuestra que los conceptos de “minería responsable” y “minería sostenible” a los que reiteradamente se apela desde la Consellería de Economía e Industria no dejan de ser un mero eufemismo creado por la industria minera en beneficio de sus propios intereses. A juicio de la asociación puede hablarse de una “minería razonable” en lo que al aprovechamiento de recursos del subsuelo se refiere, pero no de “minería responsable” o “minería sostenible”, más cuando se habla de actividades no perdurables en el tiempo, la explotación del recurso supone su agotamiento, y sobre todo cuando la dejación de funciones por la parte administrativa es a veces tan obvia como en el caso gallego, donde casos como los de Touro, Valdeorras, Monte Neme, Triacastela o San Finx sirven no dejan de ser un recordatorio de los verdaderos efectos de la actividad extractiva sobre el territorio cuando este tipo de actividades no se realizan con el debido control de las autoridades.

Fuente:https://www.noticiasvigo.es/desastres-ambientales-como-los-de-touro-y-valdeorras-contradicen-la-mineria-responsable-defendida-por-francisco-conde-en-el-parlamento-de-galicia/

Andalucía es la Comunidad Autónoma donde más minas y canteras en explotación existen, un total de 488 de 2.853, según datos de la Estadística minera de España 2015. Además, es la que tiene más proyectos en tramitación para abrir nuevas minas o reabrir explotaciones inactivas.

Existen tres grandes proyectos de megaminería metálica en la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla, Cobre Las Cruces, la mina de Riotinto reiniciada en 2015 y la mina de Los Frailes en Aznalcóllar, Sevilla, que se pretende reabrir.

Ecologistas en Acción consiguió, en septiembre de 2016, un fallo judicial histórico contra la compañía Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense First Quantum, que explota una de las minas a cielo abierto más grandes de Europa, situada en Gerena, Sevilla. Tras ocho años de denuncias, se ha conde

nado en firme a tres exdirectivos de la empresa por delitos contra el medioambiente y daños al dominio público, por contaminar con arsénico un acuífero para consumo humano.

La denuncia inicial, de 2008, consiguió la paralización de la actividad minera durante un año y obligó a la empresa a invertir más de 30 millones de euros en sistemas de depuración que iba a eludir.

Esta victoria debe eliminar la sensación de impunidad que dejó en Andalucía la falta de responsabilidades de la multinacional sueca Boliden, tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en la madrugada del 25 de abril de 1998, hace ahora veinte años.

La mina de Riotinto, explotada por Atalaya Mining, lleva tres años incumpliendo la autorización ambiental. Ha eludido la construcción de la planta de espesado de lodos y vierte en presas con una densidad inferior a la permitida, poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad de las mismas. Las balsas están colmatadas con 80 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que pueden provocar graves consecuencias en las marismas del Odiel y en la costa de Huelva y Doñana.

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De nuevo Aznalcóllar

Ahora se está tramitando la reapertura de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, cerrada en septiembre de 2001, después de la catástrofe. El desastre de la minera sueca Boliden supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, con arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y cinc, que afectaron a 4.634 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar, que desemboca muy cerca del Parque Nacional de Doñana.

En 2002 se archivó la única causa penal abierta y desde entonces la empresa no ha pagado ni un euro de los 250 millones en los que se valoraron los costes de recuperación ambiental. Tampoco pagó la multa de 45 millones impuesta por el Gobierno en 2002, ni los gastos de limpieza, 90 millones, que la Junta de Andalucía le requirió en 2004. Las administraciones fueron cómplices de la catástrofe de Aznalcóllar, por acción y por omisión.

En junio de 1995, Jesús Nieto, responsable medioambiental de la Junta de Andalucía otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de explotación de la nueva corta (explotación) de Los Frailes, desoyendo las advertencias de la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía. Se permitió el recrecimiento de los muros de una balsa, que ya estaba colmatada por la anterior explotación de la corta de Aznalcóllar, y que albergaba además residuos tóxicos procedentes del polo químico de Huelva, depositados de manera ilegal.

En enero de 1996, tanto la Junta como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desoyeron la solicitud de paralizar la acumulación de residuos en la balsa, tras la denuncia del ingeniero de minas de Boliden, Manuel Aguilar, que alertó de los peligros, grietas que ya existían en los muros, con riesgo de rotura. Ya entonces había filtraciones que contaminaban el río Agrio, tributario del Guadiamar. Estas denuncias fueron corroboradas por técnicos de la Junta, febrero de 1996, en un detallado informe. Nada hicieron para evitar una catástrofe.

Boliden no pagó, pero cobró más de 37,72 millones euros (6.277 millones de pesetas) en subvenciones públicas a fondo perdido entre 1994 y 1999. Todo esto, bajo el compromiso de mantener el empleo de 430 personas. Es decir, alrededor del 60 % de los costes laborales se sufragaron con dinero público. Incluso, llegó a cobrar 1,82 millones de euros, pocos días después de despedir a la plantilla, noviembre de 2001, en un ERE amparado y financiado por el fondo de reptiles del consejero de Empleo, Antonio Rivas, que está siendo juzgado por corrupción. Este dinero fue a parar a un entramado de empresas: Boliden Apirsa, Boliden Limited, Boliden AB y Boliden BV, con sede en España, Canadá y Suecia. Lo ocurrido hace 20 años no ha servido para que las administraciones cambien su actitud.

Desde 2013, cada vez que se acercan elecciones, la Junta anuncia la creación de cientos de empleos en la deprimida comarca de Aznalcóllar, mediante la reapertura de la mina. En febrero de 2015, justo pocas semanas antes de las elecciones andaluzas, de manera precipitada y sin garantías, la directora general de Minas, María José Asencio, resuelve en concurso, otorgar a Minorbis-Grupo México los derechos para realizar labores de investigación y la preferencia sobre futuros derechos de explotación.

En realidad la empresa que participó en el concurso fue Minorbis, empresa creada tres meses antes con un capital social de 3.000 euros. Es una filial de la empresa cordobesa Magtel, pero ni Minorbis ni Magtel han desarrollado nunca ningún proyecto minero, aunque cuentan con buenas relaciones con la Junta.

Multinacional mexicana

A mitad del concurso Minorbis presentó un ‘memorándum de entendimiento’ con el Grupo México en el que la multinacional presta su solvencia a Minorbis. La mesa de contratación del concurso se negó a valorar los desastres ambientales que el Grupo México ha provocado. Desde febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, en la región Nueva Rosita de Coahuila, México, donde siguen sepultados sesenta y tres mineros muertos en accidente, con sospechas de negligencia; en 2014, un vertido de 40.000 metros cúbicos de lixiviados a lo largo de 271,6 kilómetros en la cuenca del río Sonora y la contaminación de 322 pozos de agua potable. Todo apunta que Magtel, a través de Minorbis, actuaron como intermediarios del Grupo México, que así ha eludido ser evaluada.

El concurso minero está investigado por supuesta prevaricación tras la querella presentada contra once cargos de la Junta por la empresa perdedora, Emerita Resources. Pero la Junta ha dado los derechos de investigación y explotación a una nueva empresa creada al efecto, Minera Los Frailes, participada, al mínimo, por Minorbis y mayoritariamente por ACM Mining Iberia, filial española del Grupo México. Un conglomerado de empresas interpuestas para eludir responsabilidades, con conocimiento de la Administración, hasta el punto de que han otorgado a la compañía Minera Los Frailes la concesión 7976 Zona Aznalcóllar, sin evaluación ambiental, a pesar de las afecciones en Zona de Especial Conservación (ZEC), corredor ecológico del Guadiamar.

El proyecto prevé dos graves impactos ambientales: vaciar, durante tres años, las aguas contaminadas acumuladas desde 2001 en la corta minera de Los Frailes, y verterlas en una zona ZEC, vertido que va a modificar y, seguro, contaminará las aguas del corredor ecológico que alimenta Doñana. Y, en fase de explotación, prevén usar la vieja corta de Aznalcóllar como depósito de lodos, como ya se hizo en la catástrofe de 1998. Esto contaminaría el acuífero que aflora a media altura en esa corta minera. El mismo acuífero cuya contaminación provocó la condena por delito ambiental de la empresa Cobre Las Cruces. La Minera Los Frailes ya está efectuando tareas de investigación y el Seprona y la confederación hidrográfica ya han detectado vertidos al corredor ecológico del Guadiamar.

Fuente:https://www.salyroca.es/articulo/lyfestyle/20-anos-castastrofe-ambiental-aznalcollar-donana-medio-ambiente/20180424161336004739.html