Donald Trump afirma que muchos países se benefician y se aprovechan de Estados Unidos; que son víctimas a costa del enriquecimiento de otros. Sin embargo, las trasnacionales de Estados Unidos o las que se asientan en este país, así como grandes sectores industriales, son de las más ricas y poderosas del planeta, quienes se han enriquecido de los Tratados de Libre Comercio que ha impuesto a todos los países de América Latina y el Caribe así como en otros continentes.

La guerra comercial que ha desatado del presidente de Estados Unidos altera la estrategia extractivista y amenaza nuevos territorios campesinos y de los pueblos originarios, ya que conlleva otras repercusiones políticas, económicas, sociales, militares y ambientales. Nuevos frentes de resistencia se podrán abrir donde menos se esperaban. El conflicto de Trump con Canadá, Rusia, China, México, Japón y la Unión Europea entre otros frentes, les plantea a las grandes trasnacionales, a los potentes sectores industriales de Estados Unidos así como a las corporaciones mineras del mundo, buscar otros territorios, nuevos países dónde imponer las políticas extractivistas necesarias. O quizás extraer los minerales de su propio territorio, lo que implicaría mermar sus reservas minerales en algunos casos y agudizar conflictos sociales y ambientales.

El Departamento de Economía de Guerra de los Estados Unidos creó dos conceptos claves. El de “minerales estratégicos” y el de “minerales críticos”. Los minerales estratégicos son aquellos de urgente necesidad e imprescindibles para la industria bélica. En su momento fueron estratégicos: manganeso, cromo, níquel, estaño, tungsteno, vanadio, aluminio, magnesio, cobre y cuarzo hialino. Los minerales críticos son aquellos que no existen en su territorio o son muy escasos. (Ver Manual “La Mina nos Extaermina”)

En la medida en que la ciencia y la tecnología avanzan; cuando se descubren nuevos inventos y mejoras industriales; cuando se crean otras necesidades en el mercado; cuando se establecen nuevos Tratados de Libre Comercio; cuando se generan guerras comerciales y se modifican los acuerdos arancelarios; o cuando por su acceso y otras condiciones hacen poco rentables la extracción de ciertos minerales, algunos de ellos pierden relativa importancia y otros se vuelven “estratégicos” o “críticos”. Es así como la mirada hacia otros territorios cambia la estrategia de intervención. Esta intervención puede ser por medio de invasiones armadas, creación de conflictos internos para justificar la intervención o por Tratados de Libre Comercio o sus diversas variantes llamados Acuerdos de Alcance Parcial, Tratados Bilaterales de Inversión, Sistema Generalizado de Preferencias, Tratados de Integración, Acuerdos Comerciales Preferenciales, Acuerdos Parciales o Acuerdos de Asociación. Para ello, es necesario la modificación de las Constituciones nacionalesde los países donde se pretende extraer los minerales -así como de sus leyes secundarias- con el fin de armonizarlos y garantizar el extractivismo de las grandes empresas mineras.

Desde esta perspectiva habrá que contextualizar las políticas de Donald Trump. Estados Unidos abandona el Tratado Transpacífico; pretende negociar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México; China aplica de igual manera sanciones y aranceles en respuesta a medidas parecidas del presidente Trump; Estados Unidos se enfrenta a Canadá en otra guerra arancelaria cuando éste país negocia un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estados Unidos impone un arancel del 25% al acero y un 10% al aluminio y pretende cobrar arancel a la importación de vehículos de la Unión Europea, especialmente los provenientes de Alemania.

Todos los sectores industriales que usan acero y aluminio tendrán que subir sus costos o reubicarse en otros países para mantener la cuota de extracción, despojo y acumulación. La industria siderúrgica, alimentaria, química, médica, automotriz, bélica, espacial, de construcción, de energía, entre otras muchas, entran en cuestión frente a la modificación de la estructura arancelaria. Todos los sectores requieren de insumos minerales cuya ruta de extracción se ve modificada.

Según el Mineral Commodity Summaries 2018 del U.S. Department of the Interior y del U.S. Geological Survey, los 63 minerales claves para la industria y la economía de las corporaciones radicadas en los Estados Unidos se extraen de 53 países del mundo (ver cuadros más abajo). Sin embargo, su dependencia es más grave cuando la tercera parte de esos minerales depende al 100% de extraerlos principalmente de 24 países. Esto no significa que de dichos países son los únicos de donde se extraen los minerales, o los únicos lugares donde existen, sino que de ahí ha decidido extraerlos por condiciones geográficas, políticas o económicas ventajosas. Por tanto, el gobierno de Estados Unidos despliega una geopolítica específica para tener acceso a estos países y extraer lo que necesita para sus empresas.

Estos 21 minerales de los cuales Estados Unidos depende al 100% de extraerlos e importarlos de otros países son: trióxido de arsénico, asbestos, cesio, fluorita, galio, grafito natural, indio, manganeso, mica, sienita, niobio, cuarzo, tierras raras, rubidio, escandio, estroncio, tántalo, talio, torio, vanadio e itrio. Esto significa que la industria de Estados Unidos depende 100% de la importación de estos minerales para la industria de fármacos, construcción, papel, cemento, automotriz, energía, metalurgia, aleaciones, maquinaria industrial, vidrio, cerámica, medicina, turbinas, equipo médico, industria aeroespacial, aviones militares, relojes atómicos, pirotecnia, telefonía, satélites, computadoras, televisores, implantes médicos, combustible nuclear, filamentos de lámparas eléctricas, material cerámico de alta temperatura, lamparas electrónicas, lentes de alta calidad para instrumentos de precisión, electrodos especiales para soldadura, reactores nucleares, entre otros muchos productos y sectores. Esto tiene repercusiones en las empresas trasnacionales más importantes de estos sectores.

Desde otra perspectiva, Estados Unidos depende casi al 100% de 24 países: Marruecos, China, Bélgica, Brasil, Rusia, Canadá, México, Sudáfrica, Vietnam, Alemania, Reino Unido, Ucrania, Francia, República de Corea, Gabón, Australia, Georgia, Austria, Japón, Rumanía, Estonia, Ruanda, India y República Checa. Es significativo que de estos países hay algunos que aportan el 100% de todo el mineral que requiere, como es el caso de Canadá que aporta a Estados Unidos el 100% del cesio, sienita, turba y rubidio. Cabe destacar que el cesio no es muy abundante en la corteza terrestre y hay solo 7 partes por millón.

Por su lado, China aporta a Estados Unidos casi el 100% de escandio. China, Canadá y Rusia son los países que más le aportan minerales a Estados Unidos y es con quienes el Presidente Donald Trump tiene mayores conflictos comerciales. Rusia y Alemania le aportan casi el 100% del talio; India y Reino Unido el 100% del torio; Brasil y Rusia le aportan el 100% del asbesto.

México, China, Sudáfrica y Vietnam aportan a Estados Unidos casi el 100% de la fluorita que necesita para su industria. Cabe mencionar que en México se encuentra la mina de fluorita más grande del mundo y el país exporta entre el 60 a 75% de su producción total de fluorita.

Existen otros 31 minerales de los cuales Estados Unidos depende entre el 50% y el 99%; y por último, otros 11 minerales de los cuales depende en un porcentaje de entre el 26% y el 47%. Pero entonces, ¿por qué Donald Trump se enfrenta contra los países de quienes depende al 100% de sus minerales? ¿Por ignorancia? ¿Por estrategia? Sea cual fuera la causa, el problema para los pueblos es que el extractivismo de los minerales va cambiando, y por ello es necesario implementar estrategias de prevención contra el Modelo Extractivo Minero. Decretar territorios libres de minería es una tarea prioritaria para la defensa de la vida, así como mapear preventivamente los territorios con la participación y apropiación del conocimiento de los movimientos territoriales ayudará a enfrentar la depredación del modelo extractivo.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/06/el-escaramujo-76-la-geopolitica-minera-de-estados-unidos/

EFEVerde.- India tiene “hambre de energía”. Con 11 plantas de energía y 12 minas de carbón, esta región ha sido acuñada como la “Capital de la energía de la India”. Obviamente ocupa un lugar destacado en la lista de áreas del país gravemente contaminadas.

Un estudio en 2012, realizado por el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente (CSE), entidad no lucrativa con sede en Delhi, confirmó que el flúor, el mercurio y el arsénico superaban los límites permisibles en la mayoría de las muestras de agua, suelo y peces analizadas. También reveló que más del 84% de las muestras de sangre de la población local contenían mercurio por encima del nivel seguro. Los ecologistas advierten que los efectos en la salud mental de la población solo se extenderán con el tiempo.

Con 300 millones de personas todavía sin electricidad y cientos de millones cada vez más exigentes, el país necesita generar una gran cantidad de energía. Pero la generación de energía todavía depende en gran parte de las viejas plantas de energía térmica alimentadas con carbón.

1- “ Mira, tengo cáncer en la sangre desde el momento en el que la central empezó a funcionar. En el momento en que estuvo construido, empecé a tener problemas en los riñones. Tengo que gastar 9000 Rupees para 30 pastillas de PGI cada mes.”
Rajkmar Devi, 50, Anapara town, bordering Anpara Thermal Power plant.

2- En el colegio público al lado de su casa empieza el día con barrido y limpieza completos, pero el hollín negro se queda dentro de las grietas del suelo. En verano, las tormentas de polvo de carbón suelen convertir el día en noche. Incluso los profesores y niños tienen que taparse la cara con pañuelos mientras cantan el himno nacional.

Jagat Narayan Viswakarma, denunció al Gobierno de la India ante el Tribunal Nacional de Medio Ambiente por la contaminación de metales pesados que afecta la población de la zona.

Un estudio de 2012 realizado por una organización sin ánimo de lucro de Delhi, el Centre for Science and Environment (CSE), confirmó que los niveles de flúor, mercurio y arsénico estaban muy por encima de los límites permitidos en la mayor parte de las aguas, del suelo y del pescado de la zona. Reveló también que más del 84% de las pruebas de sangre de la población local contenía mercurio por encima del nivel seguro.

“¡Mira en qué se han convertido mis manos! Cuando llego después de conducir, me lavo las manos constantemente pero al cabo de unos minutos se quedan igual. Todos los que trabajamos en las minas tosemos constantemente. Cuando la flema sale, esta negra. El carbón mata el apetito. Todo lo que gano va para medicinas. ¿Mi futuro? Estaré 2, 3 máximo 5 años, luego mi historia habrá acabado. Cuando el cuerpo te falla, ninguna compañía te contrata”.
Vimlesh Sawhney, 40 años, conductor de la mina abierta, ha estado trabajando durante 15 años con Northern Coal Limited Coal Mines

El carbón quemado emite tanto gas que a veces parece que mi cuerpo esta prendiendo fuego. Cuando los desechos entran en nuestra cabaña, rompen el cristal se rompe y nos destrozan las cabezas. Tras habernos proporcionado una ayuda mínima, la compañía nos ha dicho que nos vayamos. Después de chuparnos la sangre, la compañía nos dice “marchaos, ya no nos sois útiles”.
– Vimlesh Sawhney, 40 años, conductor de minas a cielo abierto, Chilkadand.
Chilkadand es un pueblo situado precariamente en el borde de los campos de carbón del norte. Durante el monzón, los desechos de la mina se esparcen frecuentemente en el pueblo.

“Mi padre murió de tuberculosis en 2014. En 2015 fue mi turno. Tenía 10 años cuando cayó enfermo y tuve que dejar de estudiar para trabajar. La casa esta en manos de Dios ahora.” Cuenta Rohit Kumar, de 17 años, que esta viviendo la suerte de su padre. Desesperada, su madre, Sukhraj Devi, se dedicó a recoger trozos de carbón sueltos de noche para venderlos y pagar el tratamiento de su marido. Ahora, tras su muerte, Sukhraj viaja por todas partes para el tratamiento de su hijo – desde Ashram, Badwahi y Renusagar hasta NPC, Anpara y Buxar-, pero Rohit sigue prostrado en la cama.

El fango de cenizas que llega desde el estanque de Belvadah Ash, instalado por las centrales de NTPC Shaktinagar y Vidhyachal, se desliza hasta dentro de Rihand Dam. El comité constituido para examinar el caso de NGT, presidido por AB Akolkar, Secretario Miembro de la Junta Central de Control de Polución, comunicó su preocupación sobre la contaminación del río Rihand -la principal fuente de agua de la zona-. Las tuberías de cenizas de varias centrales térmicas tienen fugas, lo que se añade a la contaminación de los campos y del agua del suelo.

Nos estamos dando cuenta de que todo esto esta ocurriendo debido al agua – es el fluoruro lo que nos esta contaminando. Nos dicen que no bebamos del pozo, que no bebamos de la bomba manual. ¿Entonces de donde debemos beber el agua? Toda mi familia, nuestros 2 hijos se han vuelto discapacitados. Mi mujer y yo también, y nuestras columnas vertebrales se han inclinado. Nuestros cuerpos no tienen ni vida ni fuerza ni energía”.
– Laleram Yadav, Gariah, a 10 kms de la central térmica de Anpara

El lago rojo y estancado en Pipragaon Nayi Basti, a unos 20 kms de la Central Térmica de Obra, ha dado resultado positivo por un nivel de contaminantes muy por encima de los límites permisibles. Situado en dirección directa del viento que viene de la central, el lago da testimonio de la presencia de arsénico, mercurio y fluoruro en el aire. Esto sobrepasa el límite de 15 kms de radio admitido por el gobierno. Para los pacientes postrados de la región del Basti como Vijay Kumar y Viindhyanchal, incluso la esperanza queda olvidada.

11 “En nuestra época no había enfermedades. Durante los 10-15 últimos años hay enfermedades por todas partes. Anteriormente el agua no era así. Ahora el agua es la enfermedad en sí. Mi cuerpo entero se ha ido agarrotando como el hierro. Sólo puedo mover las manos un poco. Como, defeco… todo lo hago en esta camilla. ¿Cuánto tiempo puedo seguir viviendo así?” – Vindhyachal, paciente de 70 años

El Purpose Climate Lab es parte de la coalición Help Delhi Breathe que encargó este trabajo para arrojar luz sobre la historia humana que hay detrás y sobre la urgencia de que se respeten los estándares de emisiones de las centrales térmicas.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/06/viviendo-con-carbon/

El proyecto de una multinacional para volver a explotar la mina de cobre situada en los límites de los municipios de Touro y O Pino (A Coruña) ha recibido este domingo en Santiago un contundente rechazo por parte de 134 colectivos integrados en los sectores de la pesca y agricultura, que lo consideran una amenaza para sus intereses socioeconómicos. La multitudinaria manifestación que ha recorrido la capital de Galicia ha contado con el respaldo de varios Ayuntamientos, organizaciones sindicales y todos los partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia que han exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que impida la reapertura de la mina y firme ya la caducidad de la concesión.

Al igual que ocurriera en febrero de 2016 cuando una movilización similar logró que la Xunta paralizase el controvertido proyecto de ley de acuicultura, la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) emprendió una campaña informativa bajo el lema “No queremos una herencia envenenada” para apoyar las reivindicaciones de los vecinos de ambos ayuntamientos del área metropolitana de Santiago e impedir que la mina recupere la actividad treinta años después de su cierre. La entidad denuncia los daños que a su juicio provocarían los vertidos de la explotación en los recursos pesqueros y marisqueros de la ría de Arousa.

La movilización ha rematado con la lectura de un manifiesto en el que advierten a los poderes públicos del desastre medioambiental y económico que supondría la actividad minera. Los datos e informes que alertan de las consecuencias contaminantes que tendría la explotación para los sectores pesquero-marisquero y agrícola pretenden servir de argumento para evitar que la empresa multinacional Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas obtenga del Gobierno gallego los permisos administrativos para comenzar a operar en agosto.

Los promotores de la marcha han recordado que cuando en los años ochenta la minera Río Tinto abandonó la vieja explotación, dejó allí un desastre que todavía permanece, con ríos y regatos contaminados por las aguas ácidas y metales pesados: “En todo este tiempo, la Xunta miró para otro lado, pese a las numerosas denuncias que hubo, y es lógico, por tanto, que la posible reapertura genere un firme rechazo social. Un sentimiento que se acrecienta si reparamos en las cifras da explotación: 689 hectáreas de extensión donde meterían más de 100 millones de toneladas de lodos altamente contaminantes. Y todo eso a 200 metros de dos aldeas, Arinteiro y Torreis, que estarían condenadas a desaparecer”.

Consecuencias «peores que las del ‘Prestige»

Los detractores de la mina creen que los puestos de trabajo ofrecidos por la empresa promotora son un engaño ante las secuelas que tendría la explotación. “El proceso de extracción del mineral exigiría voladuras diarias que afectarían a la estabilidad de los diques de contención de las balsas por lo que estas podrían reventar sin ninguna capacidad de reacción”, afirman en el manifiesto. Y avisan que en 12 horas su carga letal ya estaría en la ría de Arousa. “Sería peor, mucho peor que el Prestige ¿Cómo se podría vivir en un entorno así?”, proclama el manifiesto que además crítica que Galicia se haya convertido «en una cuadrícula minera como consecuencia de una política que pone los intereses privados por encima de los de toda la sociedad”.

También advierten a la Xunta que “en cuanto el cobre deje de ser rentable [los promotores de la mina] huirían como ya ocurrió hace treinta años, y solo quedarían los restos del naufragio en forma de más contaminación e incertidumbre para nuestro futuro; y frente a eso no hay compensación posible”. Por eso piden a Núñez Feijóo que se restaure el daño causado por la anterior explotación y que los responsables paguen la recuperación medioambiental.

Cobre San Rafael, la filial promotora de la mina, ha acusado a los colectivos que se oponen al proyecto de generar «una alarma infundada» a través de «argumentos sin base técnica». En un comunicado difundido mientras se desarrollaba la masiva manifestación, asegura que la explotación cuenta con «garantías» de control y seguridad para la «no afección a las aguas y al medio natural» y ofrece «diálogo y transparencia» a los colectivos que se oponen a la mina.

La empresa niega que afecte al Camino de Santiago y, aunque admite que «se realizará una voladura al día, dividida en pequeñas cargas», sostiene que el polvo «se mitigará con riego de pistas, acopios y voladuras». Sobre los vertidos al río Ulla que los detractores del proyecto denuncian, Cobre San Rafael responde que habrá «cero salidas de aguas de proceso al exterior.

Fuente:https://elpais.com/ccaa/2018/06/10/galicia/1528640485_493819.html

Censura que se lancen «argumentos sin base técnica» y defiende que el proyecto «es compatible con cualquier actividad económica»

(España) Unas 80.000 personas, según las plataformas convocantes, abarrotaron este domingo las calles de Compostela para decir no a la mina de Touro y O Pino. Bajo el lema ‘Mina no, no queremos una herencia envenenada’, la multitudinaria protesta arrancó pasado el mediodía desde la Alameda para culminar dos horas y media más tarde en la Praza do Obradoiro.

Xosé Bocixa es miembro de la banda de rock gallega Zënzar y autor del documental A ceo aberto, un filme sobre la revuelta agraria de 1977 contra las expropiaciones de terrenos llevadas a cabo por Fenosa en la parroquia de As Encrobas, en Cerceda. Este domingo ha recorrido la manifestación contra la minería, para contar por qué la gente se ha manifestado en la capital.

Fuente:https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1107567/calles-compostela-escenario-nuevo-videoclip-mekanika-rolling-band

El pasado 22 de mayo, después de cien días protestando contra una planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper en el distrito indio de Tuticorin, una manifestación de 20.000 personas fue atacada por la policía con el resultado de 12 muertos. Después de la matanza y tras 20 años de lucha, la planta ha sido cerrada.

Un vídeo muestra una zona llena de policías que miran a los manifestantes que tienen enfrente. Uno de los agentes, rifle en mano y apostado sobre un vehículo policial, dispara contra la multitud. De fondo se oye una voz que dice en tamil: “Al menos uno debe morir”.

Murieron doce.

El martes 22 de mayo los habitantes del distrito de Tuticorin, en el Estado indio de Tamil Nadu, salieron en masa a protestar contra la planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper. Las calles se llenaron con 20.000 personas que exigían su cierre porque denuncian que está contaminando la zona. En realidad llevaban protestando 99 días. El día 100, aquel martes, la policía abrió fuego.

“Dispararon a matar y mataron. Indudablemente es un asesinato, ya que algunas personas atacadas parecen haber sido elegidas de forma deliberada”, afirma a este diario Nityanand Jayaraman, un activista que durante años ha investigado en profundidad el caso de esta planta industrial. “Todos saben que el Gobierno del Estado y la administración del distrito son leales a Sterlite. Creo que el Estado quería dar una lección a la gente y eliminar a algunos activistas clave en el proceso”, opina el miembro de la organización Chennai Solidarity Group.

Los enfrentamientos comenzaron cuando la marcha llegó a las oficinas de la administración. Antes de apretar el gatillo, los uniformados habían recurrido al gas lacrimógeno y los lathis, las tradicionales porras que usan para dispersar multitudes. Aquella jornada se saldó con doce muertos y un centenar de heridos. En las protestas del día siguiente falleció otro manifestante. Los vídeos corrieron por las redes sociales, como también corrió la sensación de que los disparos no fueron una respuesta espontánea ante una agitación incontrolable. En palabras del político Rahul Gandhi, India vio “un ejemplo brutal de terrorismo de Estado”.

“El asesinato de manifestantes pacíficos fue planeado previamente, algo premeditado. Es completamente antiético y en contra de la gente”, dice el reconocido ambientalista G. Sundarrajan, que lidera el movimiento ecologista Poovulagin Nanbargal en Tamil Nadu. “Nos sorprende que gente que protesta pacíficamente contra la planta Sterlite, contra la contaminación del medio ambiente y para defender sus sustentos, haya recibido disparos sin ningún signo de vergüenza o sentimiento de culpa por parte de quienes lo ordenaron”.

El Gobierno tamil, que anunció la creación de una comisión para investigar las muertes, sostiene que fue la multitud la que empezó los disturbios prendiendo fuego a vehículos y arrojando piedras. “La policía tuvo que actuar para controlar la violencia bajo circunstancias inevitables”, señaló en un comunicado.

Pero esa justificación no le ha servido para frenar una creciente indignación que se ha convertido en asunto nacional y que le ha obligado a ordenar el cierre permanente de la planta en defensa del interés público. Días antes, un tribunal había paralizado la expansión del complejo industrial, un plan con el que Sterlite pretendía doblar su producción anual de 400.000 toneladas. Hoy los habitantes de Tuticorin celebran una victoria popular que ha tardado dos décadas en llegar.

veinte años de lucha

Porque este caso viene de lejos. Los últimos 100 días han sido la enésima explosión de rabia de una población que lleva veinte años luchando contra la compañía Vedanta Resources, un conglomerado con sede en Londres que es propietario de su filial india, Sterlite Copper.

Las enormes instalaciones de su planta de cobre, que opera desde 1997, cuentan con una fundición, una refinería, una planta de ácido fosfórico y otra de ácido sulfúrico. “Las plantas de fundición de cobre son contaminantes por naturaleza. Contaminan el ambiente, el agua subterránea y la tierra. El arsénico, el sulfuro y muchos otros componentes químicos que se usan en la planta son altamente tóxicos y peligrosos para la salud de la gente que vive alrededor”, explica el activista Sundarrajan. “Además esta planta está ubicada muy cerca del golfo de Mannar, una reserva marina que también está en peligro porque sus residuos van al mar”.

En todo este tiempo a los vecinos les ha perseguido el fantasma de Bhopal: la fuga de gas de la compañía Union Carbide que en 1984 provocó 25.000 muertos y 500.000 afectados, muchos de los cuales siguen pagando las secuelas de uno de los peores desastres industriales de la historia. De hecho, la población de Tamil Nadu tiene un destacado historial en sus luchas medioambientales, enfrentándose a centrales nucleares, a las minas ilegales de arena o a las plantas de embotellamiento de Coca-Cola y Pepsi.

Los daños ambientales que ha ocasionado Sterlite han sido confirmados en infinidad de ocasiones. En 2005 el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental encontró altas concentraciones de cobre, plomo, cadmio, arsénico, cloruros y fluoruros en muestras de agua subterránea tomadas cerca de las instalaciones. Otros estudios posteriores concluyeron que el agua de los pozos próximos no servía ni para el cultivo ni para el uso doméstico porque “pone en peligro la salud humana y el medio ambiente”.

Los trabajos del investigador Nityanand Jayaraman se han centrado en documentar los impactos humanos y los excesos medioambientales de la polémica fundición, experta en violar las restricciones de emisiones. Jayaraman no ha dudado en señalar las facilidades que la compañía ha recibido por parte de las autoridades estatales y nacionales para obtener licencias ilegales. En 2013 el Tribunal Supremo llegó a admitir que la planta había contaminado al emitir gases nocivos y residuos peligrosos, pero en esa sentencia aprobaba que siguiese adelante con su producción porque el país necesitaba grandes cantidades de cobre. La multa por contaminación se fijó en casi 13 millones de euros.

El ambientalista Sundarrajan sostiene que las compañías multinacionales acuden a la India porque saben que tienen las manos libres. “Vedanta prefirió importar el cobre y la maquinaria desde Australia e instalar aquí su planta porque sabía que allí hay normas de contaminación, hay vigilancia. Aquí tienes permitido hacer todo; puedes contaminar el agua y la tierra, matar gente y crear problemas de salud en las comunidades cercanas, pero sobrevivirás porque eres Vedanta”, explica el ecologista.

Vedanta Resources fue fundada por Anil Agarwal, un multimillonario indio que preside su compañía minera y metalúrgica desde la capital británica. Sólo en India la firma obtuvo 1.800 millones en beneficios en el último año fiscal. Esta no es la primera vez que la empresa encuentra oposición autóctona; ya le ocurrió en los Estados indios de Maharashtra, Goa y Odisha, o en países como Zambia, donde tampoco coló la promesa de la creación de empleos.

En una reciente entrevista, el empresario afirmó que las protestas eran obra de “asociaciones antidesarrollistas” que desean “desestabilizar la industria india”. “Desde el primer día he dicho que esto sólo sucede en la India. Siempre hay personas que se aprovechan de nuestra democracia”, decía el millonario, que cree que es imprescindible “mantener los negocios alejados de la política”. Curiosamente, son conocidas las cuantiosas donaciones que realiza Vedanta a los principales partidos indios: más de millón de euros al histórico Partido del Congreso y al hoy gobernante BJP entre 2004 y 2010, y 2,8 millones al BJP en 2014, año de elecciones generales.
Ese tipo de conexiones dinamitan la esperanza de muchos ciudadanos a la hora de exigir una rendición de cuentas a la multinacional, más allá de su ya logrado cierre definitivo en Tuticorin. “Las grandes compañías disfrutan de una gran libertad en lo que se refiere a la acción reguladora. Los delincuentes ilustres nunca son castigados de la misma manera que los delincuentes más pequeños”, concluye el investigador Jayaraman.

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/asia/protestas-contra-planta-industrial-acaban-matanza-india

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos. En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por JCL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Fuente:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=94488

El proyecto de un grupo chino-suizo prevé voladuras diarias con el empleo de hasta 15 toneladas de explosivos y productos químicos.

(España). – La reactivación de una megamina de extracción de cobre situada en los Ayuntamientos de Touro y O Pino, en plena área metropolitana de Santiago (A Coruña), ha puesto en pie de guerra a cuarenta colectivos de agricultores y mariscadores, dos de los sectores primarios más representativos de la economía gallega. La denuncia de estas plataformas sobre los graves efectos contaminantes que generaría la explotación minera, ha sido avalada por investigadores sobre economía aplicada y expertos en biología marina: “la nube de polvo de metales pesados se extendería 15 kilómetros y llegaría a la capital compostelana, mientras los vertidos contaminantes a la cuenca del río Ulla serían unos 3.000 millones de litros, los cuales tardarían medio día en llegar a los bancos marisqueros de la ría de Arousa que mueven anualmente 91 millones de euros”.

El proyecto de reactivar la vieja mina está pendiente de los informes medioambientales de la Xunta aunque sus promotores ya han dado por hecho que serán aprobados. Mientras anuncian la creación de más de 400 empleos directos, la empresa ha negado las acusaciones de las plataformas vecinales que ha tachado de ser “una contestación social puramente ideológica”. Atalaya Mining, con sede en Chipre, que cotiza en bolsa en Londres y cuyos socios de referencia son un grupo chino y otro con sede en Suiza, y Explotaciones Gallegas, la propietaria del terreno, que actualmente extrae áridos y a la que la Xunta abrió varios expedientes, son las compañías promotoras de Cobre San Rafael, que se encuentra en trámites con la Administración autonómica para explotar, en principio, unas 700 hectáreas de superficie.

La Plataforma vecinal Mina No y la Plataforma en defensa de la Ría de Arousa (PDRA) ya ha anunciado una gran movilización en Santiago para el 10 de junio contra el proyecto minero cuya puesta en marcha prevé voladuras diarias a cielo abierto en las que se emplearán entre 9 y 16 toneladas de explosivos cada una. Además, denuncian que el proceso de separación del cobre contempla la utilización de unas 15.000 toneladas de productos químicos altamente peligrosos y sospechosos de provocar cáncer. Otro de los capítulos negros del proyecto para los críticos es gasto estimativo anual de agua que prevé el proyecto (2,25 hm3, seis veces más que los dos Ayuntamientos afectados juntos), la eliminación en el entorno minero de 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural, pero, sobre todo, la creación de dos grandes balsas de lodos con un dique de 3,2 kilómetros y 80 metros de altura (como la catedral de Santiago). “Balsas que podrían romper, advierten, como ya ocurrió en Aznalcóllar, en 1998, con graves riesgos para la Aldea de Arinteiro, a 200 metros del dique”.

El consejero delegado de Atalaya Mining, el ourensano Alberto Lavandeira, ha sido el encargado de presentar el proyecto a los medios en marzo pasado. “Lo que más me duele es que la gente dude de los técnicos, de la administración y de los sistemas de control», ha comentado en medio de reproches los colectivos críticos con la mina: “Deben pensar que los metales nacen en los árboles», bromeó el ingeniero, con experiencia en las minas del Congo y actual responsable de la reactivación de la mina de Riotinto, en Huelva.

Según él, ha mantenido contactos con colectivos ecologistas, lo que le hace pensar que las críticas no vienen de ahí, sino de grupos «ideológicos». Una apreciación que contrasta con la de las más importantes asociaciones de defensa medioambiental en Galicia que no han parado de advertir sobre los riesgos que entraña este proyecto minero.

Las cifras que ha dado la compañía contemplan una inversión de 200 millones de euros en 15 años de vida de la mina que podrían ampliarse, y ha prometido que estos empleos, una vez conseguidos todos los permisos de la Xunta, serán ocupados por vecinos de la zona e indefinidos en un 90%. «No va a haber suficiente gente» en los pueblos de los alrededores, ha llegado a comentar el directivo. Durante los últimos dos años y medio, según los números ofrecidos por Lavandeira, Cobre San Rafael ha destinado cinco millones a investigación y lleva casi 600 sondeos realizados, 240 de ellos en fincas de particulares. La empresa dispone ya de 400 hectáreas, pero opta a comprar, alquilar o cambiar otras 300, la mayor parte de eucaliptales, asegura, pero también prado y cultivos, un 6% según la minera.

Fuente:https://elpais.com/ccaa/2018/05/28/galicia/1527461976_581397.html

El panorama que dibujan las plataformas contra la mina de Touro no es nada halagüeño. El proyecto de extracción de cobre tras el que está la empresa Atalaya Mining supondría unos daños «irreparables e irreversibles», indican. Según los datos que manejan, afectaría a 689 hectáreas «a cielo abierto » y la actividad requeriría «15 millónes de kilos de productos químicos, algúnos de ellos peligrosos y sospechosos de cáncer», se construirían dos balsas para los lodos contaminantes «Gigantescas» a solo unos 200 metros de la aldea de Arinteiro, las voladuras serían diarias (una media de entre seis y nueve cada jornada) y la nube de polvo con metales pesados que generarían se extendería 15 kilómetros y llegaría a Compostela, al tiempo que «se prevé verterá cerca de unos 3.000 millónes de litros de aguas contaminadas que permanecen en la antigua mina», los cuales -calculan- tardarían en llegar a al río de Arousa solo medio día.

Así fue expuesto ayer, en la capital gallega, por Aida Suárez y Julia Barbosa, de la plataforma vecinal Mina Touro-O Pino Non; Xoaquín Rubido (Xocas), presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa; y el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial. Todos ellos hicieron un llamamiento a la ciudadanía y a las autoridades políticas de los 13 concellos cuyas traídas se abastecen del agua del Ulla para sumarse a una nueva manifestación, que esperan sea multitudinaria, bajo el lema «No queremos una herencia envenenada». Será el 10 de junio en Compostela y con ella buscan «seguir haciendo presión» para que la junta rechace el proyecto, en este momento pendiente del informe ambiental.

Declararlo espacio protegido

Exigen, además, la recuperación ambiental de los terrenos y canales de agua afectados por la antigua explotación minera y que la zona se declare espacio protegido «por su vinculación con rede Natura 2000».

Suárez señaló que, entre las consecuencias, no solo estaría el peligro de contaminación hidrográfica, también el desvío de dos regatos, la destrucción de puestos de trabajo de ganaderos y agricultores, así como la afección directa al área del Camino de Santiago a su paso por O Pino. Rial recordó la importancia de la ría de Arousa para muchas familias. De ella dependen el 44 % de las mariscadoras de a pie, más del 41 % de las embarcaciones de artes menores y el 68,7 % de las bateas de mejillón de Galicia, dijo, y las lonjas arousanas mueven más 91 millones de euros anuales. «Se se aprueba este proyecto pondrá en peligro toda la actividad», sentenció.

«Esta no es una mina cualquiera, es una megamina, algo impensable en Galicia, de dimensiones proporcionales a catástrofe que puede producir en el medio ambiente», señaló Rubido, quien reclamó a la Xunta que apueste por el modelo productivo que genera empleo y riqueza en Galicia frente al proyecto «explotador que viene de fuera , se lleva el cobre que  nos deja destrucción y miseria». «Es una amenaza para todos», concluyó Barbosa.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/40723-advierten-que-mina-de-touro-utilizara-15-000-toneladas-