Por Giorgio Trucchi*
Varias organizaciones(1) se movilizaron este último martes hacia la capital Tegucigalpa, para repudiar la decisión del Congreso de aprobar la reforma de tres artículos de la Constitución que dieron vida a las Zonas de empleo y desarrollo económico, popularmente conocidas como ciudades modelo (charter cities).
También rechazaron la aprobación de la Ley de Minería que, aseguran, representa un serio retroceso ambiental para el país.
Organizaciones garífunas, indígenas y populares les fumaron el puro a los diputados y “enterraron” simbólicamente el Congreso Nacional la mañana de ayer durante una protesta que realizaron contra la recién aprobada Ley de Minería y de las Regiones Especiales de Empleo y Desarrollo económico, o Ciudades Modelo.
Las protestas iniciaron muy temprano con la llegada a los bajos del Palacio Legislativo de miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Junto a ellos arribaron afiliados del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y del Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMH). Posteriormente, a ellos se les sumaron integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes primero protestaron frente a la Dirección de Fomento a la Minería (DEFOMIN).
La reciente aprobación de la Ley de Minería y de Regímenes Especiales de Desarrollo, la nueva versión maquillada de las denominadas «Ciudades Modelo», por parte del Congreso Nacional, es un indicador del colapso del estado-nación, el cual se encuentra a punto de ser subastado por retazos a inversionistas extranjeros.
Las concesiones mineras serán de hasta 15 años, con la posibilidad de renovación, extremos que rechaza la Coalición.
La Coalición de las Redes Ambientales rechazó la nueva Ley de Minería aprobada ayer por el Congreso Nacional, porque según ellos, las regulaciones que contiene para la explotación de minerales son más dañinas que el anterior decreto.
Tegucigalpa. La Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), ofreció una conferencia de prensa en un acto de protesta, por la Ley de Minería que se aprobó en el Congreso Nacional.
ALERTA URGENTE
¡ATRACO A LAS PERSONAS Y BIENES NATURALES EN HONDURAS!
Compañeras y compañeros de la solidaridad internacional:
En estos momentos se discute en el Congreso de la República de Honduras una nueva ley de minería que entre otras cosas provocará:
Solo la lucha emancipatoria, desde abajo, en los territorios y el ejercicio de nuestros derechos históricos y legítimos frenaran la voracidad de los grupos de poder, de los vendepatrias del Congreso Nacional y las grandes capitales de la industria minera.
Hermanos y hermanas, es inminente la aprobación de la Ley de Minería, hecha con la asesoría de las trasnacionales mineras y de las marionetas corruptas que esperan las migajas para terminar de vender el país, como si fuera poco lo que están haciendo con las reformas constitucionales: creación de zonas especiales de “desarrollo” y ciudades modelo.
Un proyecto consensuado sobre la Ley de Minería fue presentado ayer al pleno del Congreso Nacional, por una comisión especial presidida por el diputado nacionalista Donaldo Reyes Avelar.
El ministro de Recursos Naturales, Rigoberto Cuéllar, entregó el proyecto de ley en la cámara legislativa.
La normativa contiene lo más avanzado en la legislación para la explotación minera, acorde con una explotación racional de los recursos para la minería.
PRONUNCIAMIENTO
Las organizaciones aglutinadas en la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional en general, denunciamos lo siguiente:
Defomin dice que se dejan de percibir 200 millones de lempiras al año por falta de ley. Compañías mineras radicadas en el país hacen un pago voluntario a la espera de que se aprueben las reformas legislativas.
Honduras podría dejar de ser conocido en el mediano plazo como un país de vocación agroforestal, para transformarse en una importante nación exportadora de metales preciosos y de consumo básico.
Desde 2005, Honduras dejó de percibir entre 150 y 200 millones de lempiras anuales por concepto del pago de impuestos debido a que se derogaron 13 artículos de la Ley de Minería en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).