Guatemala

Un conflicto minero en Guatemala inquieta a la industria en toda Latinoamérica

Un conflicto minero en Guatemala inquieta a la industria en toda Latinoamérica

El drama que embarga a una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, ha impactado a los mineros en toda Latinoamérica y está representando una advertencia para que las empresas aborden los problemas indígenas con más cautela o paguen las consecuencias. El trabajo en la mina Escobal –donde la estadounidense Tahoe Resources ha invertido más de 500 millones de dólares– fue suspendido abruptamente en 2017 por jueces en espera de la consulta de las comunidades .

Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que dice tener unas 400.000 personas, se oponen a la mina ante preocupaciones de que dañará sus recursos ancestrales de tierra y agua. El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece «inmediatamente» las consultas, aunque el proceso ya está atascado en un litigio para definir cuáles comunidades deben participar. La disputa ilustra los escollos que las empresas pueden enfrentar con rivales cada vez más sofisticados a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector. «Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social», indicó Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima. El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.

«En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (…) casi no puede ganar», señaló un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá y con proyectos en todo el continente americano hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. El ejecutivo tiene décadas de experiencia en negociaciones sobre consultas indígenas requeridas por el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT).

El convenio 169 requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.

En el vecino México, alrededor de 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minería Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.

Fraga destacó que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.

AMENAZA A PUNTA DE MACHETE

Desde 2013, cuando obtuvo su licencia de extracción, Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017, pero la decisión de la corte de ponerse del lado de los ambientalistas y enemigos de Xinca significó la primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.

Las acciones de Tahoe Resources han caído en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de septiembre.

En un nuevo giro, la minera canadiense Pan American Silver Corp ofreció comprar Tahoe el mes pasado, incluido un pago condicional por el reinicio del envío de concentrado de plata de Escobal.

Gabriela Roca, ejecutiva y abogada de la unidad local de Tahoe Resources, Minera San Rafael, sugirió que las consultas ordenadas por el tribunal podrían tomar tan solo unos meses si todas las partes actúan de «buena fe». Si no, podrían prolongarse hasta cinco años. «La consulta no es un voto, no es veto, no es un plebiscito. Es un diálogo», dijo.

Leer mas: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-conflicto-minero-guatemala-inquieta-industria-toda-latinoamerica-20181224210156.html

 

Guatemala

El extractivismo tiene quien lo enfrente en América Central y el Caribe

Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre se realizó en Guatemala, el V Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4.
Hubo participantes de 12 países y tuvo como tema principal la “Manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo”. La intención fue discutir y analizar los actuales procesos de instrumentación de la consulta a las comunidades. En el encuentro se dio lectura a una declaración pública de las organizaciones partes del M4, en la cual califican de farsa la consulta cuando es montada desde los gobiernos y las empresas corporativas y se distorsiona el espíritu de la buena fe de la consulta como está incluido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.
Participan Lilian Ruíz del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) y Francisco Rocael de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH).
Producción de Olmedo Carrasquilla desde Radio Temblor de Panamá.
Guatemala

Las luchas nuestras, las luchas de las comunidades indígenas

¡Porque vivas, libres, sanas y dignas nos queremos! ¡Fuera empresas transnacionales de muerte, fuera de nuestros territorios!

A manera de expresión inicial, les digo: “En la red de la vida plural y diversa, vamos caminando, vamos tejiendo nuestras redes feministas, con un amor profundo a la vida, indignadas por las injusticias, rebelamos nuestras rebeldías territoriales y juntamos nuestros acuerpamientos para sanar juntas y recrear horizontes en la plenitud de nuestra propia existencia”.

Soy Lolita Chávez, integrante del consejo de pueblos K’iche’s, feminista comunitaria, maya K’iche’, defensora de la vida y los territorios. Vengo del pueblo Maya K’iche’, un pueblo valiente, rebelde, en donde desde patojas, chiquitas, aprendemos a encender el fuego, encender el fuego, es una expresión de vida, gratitud, celebración, es sentir nuestra luz y que somos luz, nuestras cosmovisiones ancestrales milenarias se entretejen resignificando nuestra vida.. Aprendemos a ser y vivir en comunidad, pero también de conexión energética, cósmica, intergeneracional.

En estas jornadas feministas hacemos nuestro este diálogo de saberes, desde nuestros feminismos y la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones y más profunda indignación por lo que estamos viviendo en los territorios, las múltiples opresiones.

Como defensora ratifico que como pueblo Maya K’iche’ tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al derecho al agua, como cualquier otra sociedad, y eso es lo que defendemos, por eso nos criminalizan, por eso nos persiguen por eso han asesinado a tantas y tantas defensoras.

Tenemos el gran reto como humanidad de detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Entre 2006 y 2016, perdimos un promedio de 38.600 hectáreas anuales de bosque dentro y fuera de áreas protegidas. Allí los ecosistemas proveen hábitat para la biodiversidad, regulan el sistema hidrológico y los microclimas, son sumideros de carbono y proveen estabilidad al territorio. ¡Estamos gritando a los cuatro vientos que las empresas madereras están acabando con árboles ancestrales! Datos estadísticos nos demuestran que la sociedad guatemalteca utiliza menos del 20% del agua disponible en nuestro país; tenemos agua, pero varía su disponibilidad en el tiempo y en el espacio, el agua se maneja con distribución exclusiva para quienes tienen privilegios.

Es prudente y urgente en este espacio hacer la siguiente crítica: los mundos tienen una limitada percepción de lo que somos los pueblos originarios, percepción que se han hecho en base a imposiciones de modelos como el modelo capitalista, el modelo patriarcal, el modelo colonial. En base a ello es que entonces generan conceptos epistemologías, por lo general bastante erróneas, y esto hace que los choques sean más frontales y que los diálogos no se den toda vez que la inferiorización de nuestro ser se implementa en el ser inferior de concepción de la humanidad.

Estamos conviviendo en territorios ancestrales, reconocemos que estamos en Abya Yala, que entreteje historia y memoria ancestral de pueblos, comunidades y modelos de vida vinculados profundamente con la madre tierra, que con nuestras propias vidas estamos deteniendo empresas transnacionales mineras hidroeléctricas, de monocultivos, petroleras, forestales, que llegan sin consulta previa, expolian utilizando los aparatos represores de los Estados genocidas, racistas, misóginos.

Abrimos aquí el debate, con certeza, con nuestra participación, como mujeres defensoras, para encontrar caminos que urgen hacia la construcción de otras justicias, donde nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros territorios, nuestros pueblos, sean protagonistas; y encontremos los modos de defendernos, sanarnos, y reivindicar nuestro derecho a rebelarnos ante todas las opresiones y a crear nuevos modos de vivir, de sentir, desde nuestras cosmovisiones, proyectos y formas de ver la vida.

La pregunta es cuales serían los mecanismos para entrelazar nuestras vidas, entrelazar nuestras agendas, entrelazar nuestros feminismos, entrelazar nuestros internacionalismos, nuestras autonomías y libres determinaciones, anulando privilegios, para vivir con justicia, trasformar vidas y generar libertades vidas dignas, y nunca resignarse a morir o a que mueran otras porque son de otro continente o porque son de otro pueblo o porque son de otros estratos sociales. Y así que nuestros caminos feministas transformen otros mundos y den la posibilidad de trascender en la vida entre pueblos comunidades y territorios, las sociedades, el compromiso de vida digna feminista es colectivo mujeres, lesbianas, trans, travestis, originarias, afro, negras, indígenas, campesinas y…

Y si resulta que los caminos ya están allí, solo hace falta retomarlos, solo que quizá no los vemos porque están las jerarquías generacionales, jerarquías de épocas, jerarquías de visibilidades, jerarquías de memorias, jerarquías académicas, jerarquías de jerarquías.

Y si resulta que los caminos están en la sabiduría de las generaciones de los tiempos no tiempos, y están en el horizonte de nuestras vidas sabias y no los vemos porque caminamos en este tiempo en este espacio y en este movimiento.

Porque honramos a nuestras ancestras y porque honramos a las hermanas que nos enseñan que “día con día crece la rebeldía”. (EZLN.)

Una de nuestras reflexiones entre muchas mujeres indígenas es que no estamos peleando por el derecho a la tierra, estamos exigiendo que nos devuelvan las tierras que nos robaron con sus planes de exterminio, devolver para sanar las tierras, devolver las tierras por justicia, devolver como una expresión de resarcimiento de la humanidad para los pueblos originarios.

¡Porque vivas, libres, sanas y dignas nos queremos! ¡Fuera empresas transnacionales de muerte, fuera de nuestros territorios!


Fuente:https://ctxt.es/es/20181107/Firmas/22666/Aura-Lolita-Chavez-mujeres-indigenas-empresas-transnacionales-jornadas-feminista-CTXT.htm?fbclid=IwAR0Felx-6BxDBDiYnm0fGS6yDoHSKllqmwfcUAxGkgd_DtjzHKBkKo7IJdU

Guatemala

El desastre ocasionado por el níquel en Izabal (y la posibilidad de cerrar la mina)

Hay una mina en Guatemala que ha sido de especial atención para políticos y empresarios extranjeros que presumen de su potencial y que al mismo tiempo ha dejado una estela de violencia, criminalización y contaminación en las comunidades en la región nor-oriente del país. Se trata de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que tras muertes en su propiedad, violaciones sexuales, privilegios fiscales y dudas sobre la consulta a comunidades mayas q´eqchíes, ahora tiene un expediente abierto en la Corte Suprema de Justicia donde se discute su continuidad. Esta es su historia reciente.

Capítulo 1: El pasado de la mina como argumento para su futuro

En la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia hay un nuevo debate sobre minería. El 17 de septiembre de 2018, doce magistrados escucharon los argumentos de los abogados de la mina CGN y su planta procesadora de níquel Pronico, y de empresarios y pobladores de El Estor, departamento de Izabal. De un lado un grupo pedía el cierre de la mina, del otro, la continuidad.

Lo que se disputa en este amparo es que, según los comunitarios, el Estado debió realizar una consulta en el año 2006, cuando el Ministerio de Energía del gobierno de Óscar Berger, renovó la licencia de explotación minera de la CGN para el proyecto Fénix, 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas equivalentes a casi 36 mil campos de fútbol dedicados la extracción de níquel en el municipio de El Estor, un territorio donde habitan comunidades indígenas q´eqchíes.

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

Para defender la continuidad de las operaciones, los abogados de la CGN utilizaron dos argumentos. El primero, sin un sustento documental, es que, en los años 70, los entonces dueños de la mina supuestamente realizaron una consulta comunitaria. De ser así, lo habrían hecho tres décadas antes de que Guatemala incluso ratificara el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el que regula el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre megaproyectos que puedan afectar su entorno.

Su segundo argumento es el derecho al trabajo.

– Sí se hizo una consulta (comunitaria) en 1970 cuando la minera empezó a operar para Exmigua. Si se suspenden las operaciones, se estaría violando el derecho al trabajo de los empleados de la mina y también el de sus proveedores, dijo el abogado de la CGN, Óscar Fernando Scheel, en la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia.

Los argumentos de la contraparte también inician en los años 70.

Rafael Maldonado, abogado que representa a las comunidades que piden la suspensión de la mina por falta de consulta a los pobladores indígenas, recordó a los magistrados que en esos años, diputados y académicos fueron atacados a tiros, asesinados y exiliados por su oposición a las operaciones de la mina.

En esa época el poder político de Inco/Exmibal era tal, que en 1962 sus dueños sugirieron al gobierno de Idígoras Fuentes que aprobara una nueva ley de minería que redactaron abogados contratados por la compañía, con el argumento de estimular las inversiones en Guatemala.

El nuevo código de minería se aprobó en 1965, con Enrique Peralta Azurdia como presidente. El libro Guatemala, petróleo y minería en las entrañas del poder, detalla que ese código fue la base para que meses después el gobierno de Carlos Arana Osorio le diera a la mina el permiso para explotar, por 40 años, 410 kilómetros de tierra entre Izabal y Alta Verapaz.

La relación entre la minera y esos gobiernos se puso bajo la lupa a finales de los años 60, cuando el presidente Julio César Méndez Montenegro pidió la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) la creación de una comisión para analizar los detalles tras el otorgamiento de la concesión. El resultado de las investigaciones fue muerte y exilio.

Presidía la comisión Rafael Piedrasanta Arandi, entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac; los otros miembros eran Óscar Adolfo Mijangos López, Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz. Todos fueron víctimas de ataques cuatro meses antes de que Arana tomara el poder y que la minera obtuviera los permisos del gobierno.

En artículos de opinión publicados en 2004, Bauer Paiz contó cómo fueron los ataques:

“Varios de los profesionales que habíamos asumido la responsabilidad ciudadana de oponernos a esa concesión a EXMIBAL, fuimos víctimas de atentados: el primero, el abogado Julio Camey Herrera, quien fue asesinado; luego a mí se me quiso secuestrar y al resistirme fui acribillado a balazos y, milagrosamente sobreviví. También fue víctima de secuestro el economista Rafael Piedrasanta Arandi, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, quien pudo evadir esa acción criminal y tuvo que salir al destierro. Fue cruelmente asesinado el doctor en Derecho, Adolfo Mijangos, a pesar de su condición de incapacitado motriz”.

Bauer Paiz escribió que las concesiones de explotación se otorgaron en una época en la que en el país no regía ninguna Constitución, sino un gobierno de facto y que el Código de Minería fue hecho a la medida de los intereses de Inco-Exmibal.

“(…) Las anomalías que se registraron en el trámite de los expedientes; la vinculación indudable de algún funcionario de la Dirección de Minería con EXMIBAL: la gran importancia estratégica del níquel; la no disimulable preocupación de INCO en el texto del Código de Minería y la falta de conocimiento que tuvo la ciudadanía guatemalteca respecto a la preparación y puesta en vigor del Decreto-Ley 342, Código de Minería, son presunciones graves a favor de la tesis, de que tal legislación es una casaca hecha a la medida de EXMIBAL y sus afiliadas o matrices”.

También recordó que entre las preocupaciones de la comisión de la USAC estaba la necesidad de derogar el código minero y que se replantearan las condiciones de la concesión, ya que en el proceso de extracción de níquel Guatemala aportaría otros servicios como carreteras, agua, vigilancia y protección para la empresa. Además, denunciaron que la compañía usaría la mayor parte de un muelle que le costaría al país más de 6 millones de dólares y la falta de controles adecuados a las operaciones de la empresa, especialmente con relación a la cantidad de mineral extraído y qué metales contenía.

Los problemas que la Comisión detectó en 1970 siguen vigentes. Guatemala quedó en desventaja frente a la concesión minera y la relación entre los gobiernos militares e Inco-Exmibal, dejó abierto el camino para que se propiciara un “desarrollo hacia afuera y nocivo para el país”, escribió Bauer Paiz en el 2004.

La extracción de níquel en Guatemala tiene un origen oscuro y sus recientes operaciones han dejado un rastro de conflictividad y violencia en El Estor. Sus dueños ahora son otros y el amparo de las comunidades para que se suspendan las operaciones de la mina no es la única batalla legal de la Compañía Guatemalteca de Níquel.

Desde los años sesenta las operaciones de la mina han recibido apoyo del Estado de Guatemala. Se repiten los patrones de los beneficios de los gobiernos para la empresa, así como la represión a quienes cuestionan o fiscalizan sus operaciones.

Capítulo 2: Dueños de Canadá, Suiza y Rusia

En 1982 Inco-Exmibal se retiró del país. El cierre de las operaciones de la mina sucedió cuando el gobierno intentó aumentar el porcentaje de las regalías de 1% a 5%.

La tensión en El Estor volvió en el año 2004, cuando la compañía canadiense Sky Resources-Hudbay Minerales, compró las acciones de Inco e inició las gestiones para renovar la licencia de explotación minera por 40 años más.

En el 2006, el Ministerio de Energía —a cargo de Luis Romero Ortíz Peláez—, renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas. Ese año la conflictividad en El Estor llegó a un nuevo punto: los comunitarios reclamaban ser propietarios de espacios de terreno donde la mina quería operar y el gobierno ordenó desalojos que terminaron en quema de casas de los agricultores y violaciones en grupo a mujeres q´eqchíes.

En 2011, la CGN cambió de dueño. En esa transición tres jóvenes universitarios murieron en las instalaciones de la mina. En marzo del 2012, tres estudiantes de la Universidad del Valle se encontraban en el lugar haciendo un monitoreo de cocodrilos del Río Dulce. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, en distintos puntos y con golpes extraños. Sus padres buscan justicia y que se esclarezca su muerte.

El consorcio suizo Solway Investment Group adquirió la mina por US$170 millones. Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos minero y metalúrgico. Es dueña de mineras que extraen metales que no tienen hierro en su composición química. Está registrada en Suiza, su matriz está en Malta y tiene proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.

Solway está registrada en Suiza y su casa matriz se encuentra en Malta. En su ficha de identificación menciona a sus tres directores. El presidente es Dan Bronstein, de nacionalidad alemana. Los otros dos son Denis Gerasev, de nacionalidad israelí, y Alexey Tsvetkov, de nacionalidad rusa. El director de la matriz en Malta es Aleksandr Bronstein.

Dan Bronstein, el presidente de Solway, llegó a la compañía en el 2000, cuando comenzó a trabajar para la compañía Romtrade Group como jefe del departamento de Fusiones y Adquisiciones, donde reorganizó las funciones y activos de Solway. También es miembro del Consejo Asesor de NR Growth Consulting, una firma de inversiones fundada en agosto de 2006 con sede en Moscú.

Capítulo 3: El interés de Rusia en Guatemala

Además de comprar la Compañía Guatemalteca de Níquel, Solway asegura en su página web que desde el 2001 han invertido US$600 millones en la mina, especialmente para crear la Planta Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), a través de la cual convierten el mineral húmedo de las montañas de El Estor, en ferroníquel, un material que contiene dos partes de hierro y una de níquel y que es utilizado como producto final en industrias que, principalmente, producen acero inoxidable. La empresa vende a compañías de construcción, ingeniería, transporte, metalúrgicas y electrónicos.

El níquel de Guatemala parece ser muy apreciado en el mundo. Solway describe el mineral que extraen del proyecto minero Fénix (CGN) como uno de los 10 más ricos y puros del mundo, y por ser un yacimiento de gran potencial en tamaño y calidad representa “un hito importante” en su estrategia para convertirse en uno de los cinco principales productores de níquel del mundo.

Para lograrlo, en Guatemala tuvieron el apoyo del gobierno. El 30 mayo del 2014, cuando reinauguraron la planta, junto con los gerentes de la compañía, sonriente, estaba el entonces presidente Otto Pérez Molina.

Días antes, el 7 de marzo de 2014, los ministros Sergio de la Torre (Economía), Erick Archila (Ambiente) y Mauricio López Bonilla (Gobernación) viajaron a Londres para reunirse con representantes de Solway y 9 grandes compañías más para explorar oportunidades de comercio e inversión.

El 26 de marzo de 2015, Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se reunió con Otto Pérez Molina. El periodista australiano John Helmer, basado en Moscú, escribió que la visita habría tenido como fin, intervenir por las inversiones rusas en el país y por los propietarios de Solway.

Pérez Molina dijo que, en la visita del canciller ruso, “se habló del comercio, ya que en Guatemala una de las empresas más grandes es de origen ruso, que se dedica a la extracción de níquel”.

En su visita Lavrov se reunión con sus homólogos de Centroamérica y pidió que Rusia fuera un miembro observador extrarregional del Sistema de Integración Económica y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Otros países observadores son Alemania, Australia, Taiwán, Francia, etcétera. Lavrov dijo que Centroamérica y Rusia tienen una “estructura de exportaciones afín”, por lo que deberían unir esfuerzos para aumentar los intercambios y optimizar la logística.

Meses después, en noviembre de 2015, mientras en el Congreso se aprobaba el presupuesto del Estado, diputados del Partido Patriota y Líder, propusieron aumentar el pago de regalías por actividades mineras, de 1% al 10%, pero no para todos los minerales. El níquel y el jade quedaron fuera de esa propuesta. En ese tiempo, el diputado Amílcar Pop dijo que el porcentaje de pago de regalías lo discutió el gobierno con el sector empresas extractivas.

Con el gobierno de Jimmy Morales el último acercamiento ocurrió la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas. Lavrov se reunió el 25 de septiembre con su homóloga guatemalteca, la canciller Sandra Jovel y posteriormente hubo un encuentro entre el jefe del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, Alexander Bortnikov, embajador especial de Rusia en Guatemala, Alexander Hoholikov y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

—Se discutieron temas del estado y perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales. Cabrera reafirmó el enfoque de la parte guatemalteca en la profundización del diálogo político, el aumento de la cooperación en varios campos, el fortalecimiento de la base jurídica de las relaciones ruso-guatemaltecas—, comunicó Rusia.

Capítulo 4: El mineral

Con la mina operando para Solway, en 2015 la Compañía Guatemalteca de Níquel extrajo 2.5 millones de toneladas métricas de mineral húmedo. En 2016 la producción fue más baja: 2,015 millones de toneladas. La desaceleración fue causada por un accidente en una de sus calderas, reportó la compañía. Lo que sucedió fue que, en agosto de ese año, una explosión en la planta procesadora de níquel mató a cinco personas e hirió a 20 más. La CGN la reparó y al año siguiente reportó un aumento del 40% de su producción. En sus informes públicos, se lo atribuyó a la construcción de nuevas calderas, más equipo y la exploración de nuevas áreas.

Más allá de los reportes que Solway publica en su página web, en Guatemala no hay certeza de ninguna autoridad ambiental, energética o fiscal que sepa cuánto y qué se exporta.

Datos de la Unidad de Información Pública de la Empresa Portuaria Santo Tomás (EMPORNAC), detallan que, desde 2014 a junio de 2018, la CGN descargó 10.7 millones de toneladas de mena de níquel. Esto a través de la Empresa Comercializadora Pahame, la que transporta la tierra roja que contiene el mineral, desde El Estor a Puerto Barrios, a la sede de la portuaria.

Pahame quería tener un acceso privado en la portuaria, su propia terminal. En 2015 EMPORNAC le concesionó el uso de 21 mil metros cuadrados para que instalara plataformas flotantes para descargar el níquel. La Contraloría General de Cuentas denunció este negocio y por órdenes de la presidencia, la Procuraduría General de la Nación lo declaró lesivo. El caso está en investigación en la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. En el Congreso, el diputado Luis Hernández Azmitia —Movimiento Reformador— tenía especial interés en este contrato. ElPeriódico reveló que detrás de su supuesta fiscalización al funcionamiento de la portuaria hay millonarios contratos que su esposa y su suegro han ganado.

Los sindicatos de empleados de la portuaria Siempornac, Sinepornac y Sintraport, el año pasado denunciaron algo más grave: la destrucción masiva de flora y fauna en la construcción del muelle privado y la instalación de pontones flotantes y removibles de 60 metros de ancho y 180 metros de largo. Esto en uno de los atracaderos de la Bahía de Amatique que la Portuaria Santo Tomás utiliza como área de fondeo y resguardo de las embarcaciones.

Ese nuevo muelle es para “la importación y exportación de graneles sólidos como la mena de níquel y el carbón mineral”, denunció el sindicato. Además, sería utilizado para la carga de contenedores de fruta gresca, así como buques de turismo y de graneles líquidos. Su preocupación es la destrucción masiva de flora y fauna en la Bahía de Amatique, una reserva natural y área protegida de Izabal. La construcción del nuevo muelle perjudicó en la tala inmoderada de mangle rojo, mangle blanco y mangle negro.

En octubre del 2014, cuando el muelle privado estaba instalado, la Portuaria lanzó un concurso en Guatecompras para contratar la empresa que prestara los servicios técnicos para cargar y descargar los buques de granel sólido. La frase “servicios técnicos” fue clave porque la Ley de Contrataciones dice que en esos casos no es necesario hacer una licitación o cotización. Así, la única empresa ofertante y por ende ganadora, fue Pahame.

Esa situación fue denunciada por el sindicato, además de otro caso por descombros en la construcción de un predio de Pahame de 300 metros de frente y 70 metros de fondo, usado para almacenar los contenedores con mena de níquel. Según los demandantes, no hubo un estudio de prefactibilidad ni un diseño de proyecto ni se anunció la supervisión de las obras.

En la PNC aparece un registro de mayo del 2017 vinculado a Pahame. Ese día fue aprehendido el piloto de una retroexcavadora de la empresa Caribe Gru cuando trabajaba en un área protegida. Según el reporte de la policía, el vehículo dañó dos árboles de guarumo, que aparece en el listado de especies amenazadas de Guatemala. Los agentes detuvieron al piloto y le devolvieron la retroexcavadora al gerente de Pahame, que se presentó a reclamarla.

En Canadá, la CGN tiene casos abiertos por violaciones de derechos en Guatemala. Aunque Hudbay Minerals vendió la mina en el 2011, se quedó responsable de las denuncias en Canadá. Hay un proceso que iniciaron 13 pobladores de El Estor, indígenas q´eqchíes, por el asesinato de Adolfo Ich y el ataque que dejó paralizado a un hombre más. Por estos hechos en Guatemala es señalado el general Mynor Melgar Padilla, exjefe de seguridad de la compañía.

El mineral es enviado en grandes buques a Ucrania, a la Planta de Procesamiento Pobuszhsky. Esa instalación era una empresa estatal soviética construida en 1972 para producir ferroníquel; por “por la baja calidad del níquel local” fue cerrada durante años. Solway la compró en el 2003 y reinició sus operaciones en el 2005 y con una inversión de US$204 millones echaron a andar la producción de ferroníquel a partir de minerales importados de Indonesia, Nueva Caledonia y Guatemala.

En su página, la compañía asegura que la planta es el mayor productor de ferroníquel en Europa, “beneficiándose de una base de recursos de mineral seguro y de bajo costo de producción”. Los clientes de Solway, luego de procesar el mineral en Ucrania, son del sector de acero inoxidable.

¿De dónde proviene todo ese dinero para invertir? Los orígenes de la planta y de la empresa se remontan a la primera década de opacas empresas rusas después de la caída de la Unión Soviética en 1991.

Un poco de historia: En la década de 1990, el grupo Solway poseía varias empresas metalúrgicas clave en la Federación de Rusia, en particular, plantas de aluminio de Volgogrado, Volkhov y Pikalevsky. En 2006, la compañía vendió todos los activos de aluminio a SUAL, que más tarde se convirtió en parte de RUSAL —de las empresas de alumnio más grandes del mundo—. En 2002, el Grupo Solway fundó el Solway Investment Fund, que se convirtió en accionista del holding automotriz Genser.

La planta Pobuzhsky está ubicada en una zona del conflicto militar entre ucranianos pro-europa y ucranianos pro-rusos. Pese a eso, afirma la compañía, las operaciones no se vieron afectadas.

En el 2015 procesó 1 mil 449 millones de toneladas métricas de mineral húmedo y 17 mil 952 toneladas métricas de níquel seco en ferroníquel. Un poco menos de la mitad de eso fue lo que produjo en 2015 en Izabal, Guatemala, a diez mil kilómetros de distancia.

En una entrevista, Dan Bronstein, el director del Grupo Solway, contó que, en el año 2000, la compañía reunió una cartera de empresas metalúrgicas en Rusia, que incluía a varios productores de aluminio y que para 2003, el volumen de metal producido por las entidades del grupo era de 180 mil toneladas.

—Entonces decidimos vender los activos de una de las estructuras de aluminio más grandes en ese momento, que más tarde se convirtió en parte de RUSAL. Con el dinero recibido de la transacción, comenzamos a reinvertir en el negocio de las ferroaleaciones en todo el mundo, particularmente en Ucrania. En 2003, adquirimos los derechos corporativos de LLC Pobuzhsky Ferronickel Plant (PFK), que los propietarios anteriores habían quebrado (…)

Ante la pregunta de las raíces rusas del grupo, Bronstein respondió que no, que Solway es una estructura europea, que todos los fundadores son ciudadanos de la Unión Europea y que las empresas clave del grupo están registradas en Suiza, Luxemburgo, Estonia y Chipre.

—En el mercado ruso, obtuvimos el capital inicial principal—, agregó.

Bronstein dijo que el esquema de trabajo en Guatemala es similar al de la planta en Ucrania, con la única diferencia que el proyecto en este país opera con sus propias materias primas. Era el 2015 y para esa fecha Solway proyectaba replicar el modelo en Indonesia.

Guatemala es clave para la compañía. En un informe para la agencia de calificación Fitch, Solway dijo que en 2012 tuvo ingresos de US$557 millones y ganancias de US$119 millones.

Dos tercios de los ingresos de Solway dependen de la mina guatemalteca y de la refinería ucraniana.

En la entrevista, Bronstein reconoció que, si no tuviera el proyecto en Guatemala, tendrían que detener su planta de operaciones en Ucrania, pues en el 2014 Indonesia prohibió la exportación de minerales, es decir, para sacar el níquel del país tendrían que procesarlo allí.

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s la consideró en 2013 como una minera relativamente pequeña pero estable, con ingresos para ese entonces de US$557 millones y una diversificación de productos aceptable, principalmente de níquel, que extrae principalmente de Guatemala.

Capítulo 5: Cárcel para los que protesten y denuncien

A inicios de 2017, los pescadores que trabajan en el Lago de Izabal notaron que el agua tenía un color diferente. Eso afectaba sus ventas. Empezaron a seguir el rastro de la contaminación y llegaron a un vertedero que vincularon con la Compañía Guatemalteca de Níquel. Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores contó que presentaron denuncias en la Fiscalía de Ambiente de Izabal, en el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Municipalidad de El Estor, la Gobernación departamental de Izabal y el Ministerio de Ambiente del gobierno de Jimmy Morales.

Como no obtuvieron ninguna respuesta en cuatro meses, el 3 de mayo de 2017 protestaron contra la empresa e impidieron el paso a los camiones que transportan la tierra de la CGN hasta el Puerto de Santo Tomás de Castilla en la puerta al Atlántico guatemalteco.

—Según la CGN, los comunitarios retuvieron a los pilotos de esos camiones. Dice su denuncia que fueron detenidos tres personas de Rusia y una de Ucrania, trabajadores de la CGN, fueron retenidos por la población. Y demandaron a los vecinos por detenciones ilegales—, relata el abogado de los pescadores, Vidal Ixcoy, miembro del Bufete de Derechos Humanos.

Entonces se emitieron diez órdenes de captura contra los pescadores. Cinco de las órdenes fueron canceladas por un juez por falta de evidencias de una actividad criminal. Otros cuatro tienen órdenes de captura vigente y aunque han pedido audiencia para presentarse al juzgado, no les ha sido programada.

El abogado Ixcoy dice que el caso contra cuatro de ellos se desestimó porque en la denuncia se les identificó con fotografías de perfiles de Facebook, no del lugar de los hechos, y que la declaración de los testigos no era consistente para acusarlos.

Los activistas en la zona están expuestos no solo a denuncias de las empresas a quienes cuestionan. También a organizaciones en la zona que los demandan por casos que no pueden sostener en los tribunales.

Uno de los casos que lo ejemplifica es el de Eduardo Bin, vicepresidente de la Gremial de Pescadores, quien está en prisión preventiva desde julio de 2018. La entidad ecologista FundaEco, que lo señaló de usurpar un área protegida, aunque meses después pidió que el caso se cerrara.

—FundaEco tiene un patrón de actuación. Pone la denuncia y después quiere una conciliación con las partes. Por eso coincidimos en que es una mala práctica utilizada para neutralizar o paralizar el actuar de los activistas. No es la primera vez que lo hacen. Allí vemos las estrategias que utilizan las empresas para neutralizarlo—, explicó la abogada Wendy Maldonado, que también los defiende.

Con Eduardo Bin detenido, la Gremial de Pescadores cuenta con un líder menos.

Los casos donde se criminalizan a los pescadores tienen eco en los juzgados de Izabal. Pasa lo contrario con las denuncias por contaminación ambiental. La abogada Maldonado explicó que la denuncia por la posible contaminación del lago no ha tenido ningún avance.

La única institución que respondió a la denuncia de la gremial de pescadores contra la mina lo hizo, pero en contra de los propios pescadores. Un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente del 15 de mayo de 2017 dijo que el análisis de la calidad del agua mostró que la contaminación no fue generada por las operaciones de la Compañía sino por las comunidades locales que residen a lo largo del río Polochic y la falta de un sistema de alcantarillado.

–El problema de las algas y el agua color marrón aumenta durante las temporadas de lluvia. Las aguas contaminadas fluyen desde el río Polochic al lago Izabal. Esto provoca un crecimiento de la población de ‘algas maliciosas’. Las autoridades están dispuestas a ayudar a las comunidades locales a resolver este desafío mediante el desarrollo de un plan de operaciones para la limpieza y el pago a los lugareños dedicados a la limpieza del agua de las plantas afectadas.

El Ministerio Público ya se aceró a esta petición. Aura Marina Morales, jefa de la Fiscalía del Medio Ambiente, dijo que en el 2016 examinaron las salidas de agua residual de la mina y que no detectaron metales o indicios de otro elemento que pudiera contaminar el lago, más allá de lo que ya está.

Los pescadores tienen otra versión. Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, dijo que en algunas áreas el agua del lago tiene un tono rojizo y que cada vez hay menos peces. Pide una investigación y asegura que existe un estudio de una universidad extrajera que concluyó que la CGN arroja grandes porcentajes de arsénico en el agua, pero se resiste a compartir los documentos, pues son su arma de defensa en los juzgados.

La mina y el Ministerio de Energía y Minas afirman que sí se hizo una consulta comunitaria. En una respuesta de solicitud de acceso a la información pública al abogado Rafael Maldonado se le entregó el acta de una reunión ocurrida en febrero del 2016, como la prueba de una supuesta consulta comunitaria.

Lo que dice el documento es que ese día hubo una reunión entre consejos comunitarios de Izabal, cinco alcaldes, organizaciones del Estado, universidades y un grupo de pobladores, donde se les habló de los beneficios que traería la mina en manos de la Compañía Guatemalteca de Níquel.

Luego de esa exposición las autoridades abrieron un espacio para preguntas. En el acta ministerial de ese día consta que hablaron aspectos positivos de la mina y ante la pregunta de las universidades sobre el impacto ambiental, la respuesta fue “ese aspecto ha sido considerado”. “No habiendo más que constar, se da por terminada la presente acta”. El documento fue firmado por el ex viceministro Jorge Antonio García Chiú.

Capítulo 6: Violencia sexual y ataques

La posible contaminación y el encarcelamiento contra líderes no son las únicas secuelas que se le endosan a la minera. Hay casos más graves.

El 28 de marzo de 2011, once guatemaltecas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Ontario, Canadá, en contra de la entonces dueña de CGN, la canadiense Hudbay Minerals, por apañar las violaciones colectivas que sufrieron a manos del personal de seguridad de la mina.

Según la denuncia, las violaciones ocurrieron en enero de 2007 durante desalojos forzados ocurridos en El Estor, un lugar donde comunitarios maya q’eqchíes cuestionaban la legalidad de la renovación de la licencia minera para el proyecto Fénix de Hudbay, y oponían al desplazamiento y reubicación de sus hogares y comunidad.

La justicia de Canadá también recibió demandas en 2009 y 2011 por golpes y ataques armados contra líderes de la resistencia contra la mina. Cada víctima alega US$1 millón en daños compensatorios, y US$4 millones en daños punitivos. El total reclamado por la demanda por todas las demandantes es US$55 millones.

Hasta hoy los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han resuelto si le darán la razón a las comunidades q´eqchíes y suspenderá las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel. Mientras tanto, la explotación y exportación del níquel continúa, así como los ataques a los comunitarios que se oponen a esa actividad.

 

Fuente:https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/el-desastre-ocasionado-por-el-niquel-en-izabal-y-la-posibilidad-de-cerrar-la-mina/?fbclid=IwAR3m73B_haMZX2h6InBMr5U8EJHkG7Tg2RWB2oeVypFRhdaCE9xhUjlJhwg

Guatemala

Declaratoria del V Encuentro M4: Manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo

Los Pueblos que conformamos el M4 en resistencia contra el Modelo Extractivista y capitalista por la transformación social

DECLARAMOS

En el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, los días 15, 16 y 17 de noviembre nos reunimos para discutir y analizar los actuales procesos de instrumentación de la consulta hacia nuestros pueblos y construir estrategias colectivas para unificar criterios en la defensa de los bienes comunes y naturales y condenar una vez más las artimañas montadas por las corporaciones empresariales y el papel que juegan los estados.

Ratificamos nuestra resistencia contra el modelo capitalista, corrupto y extractivista, que en su afán de acumulación de capital, mercantiliza la vida, nuestros territorios, ríos, y todos los elementos de la Madre Tierra, implanta el miedo como mecanismo de control y división social, mediante la militarización de nuestros territorios.

La consulta reglamentada es una farsa cuando montada por los gobiernos y empresas corporativas. A esa consulta la hemos llamamos consultas manipuladas porque han sido instrumentalizadas para legalizar y legitimar la intervención en nuestros territorios por el estado y por organismos financieros internacionales y de derechos humanos que distorsionan el espíritu de la buena fe implícitos en los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos, referidos en el convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Las oligarquías, empresas trasnacionales, sus gobiernos aliados y organismos financieros internacionales han venido justificando la violencia, el despojo, la destrucción del ambiente y de todas las formas de vida implantando el terror, asesinatos, criminalizando a defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos que son sometidas a torturas psicológicos mediante la estigmatización; la intervención de las corporaciones y sus megaproyectos, como monocultivos, mineras, hidroeléctricas, parques eólicos, geotérmicas, gasoductos, fracturación hidráulica y reservas de la biosfera en nuestros territorios. Todo lo anterior sirve para justificar el discurso del falso desarrollo, para “sacarnos de la pobreza”. Hecho que hasta ahora no ha sido real. Con la intervención en nuestros territorios lo que en verdad hay es un despojo- violento, destrucción de nuestros territorios. Desde este encuentro reafirmamos nuestra espiritualidad para la defensa de nuestros territorios, la unidad histórica y cultural de nuestros pueblos.

La historia la hacen los hombres y mujeres en condiciones desiguales que luchan por la defensa de los territorios y la cultura de los pueblos. Hacemos un llamado para reconocer la importancia de la incorporación en la lucha de hombres y mujeres en iguales condiciones.

Nos pronunciamos en defensa de la niñez y juventud en los procesos de liberación de los pueblos y condenamos las todas formas de criminalización de la protesta. Y en este sentido este espacio es abierto a los jóvenes a procesos de organización y formación.

Llamamos a todos los pueblos y organizaciones a hacer un frente común en contra de esta encrucijada retomando nuestros propios procesos de libre determinación, la construcción del buen vivir de nuestros pueblos.

Alertamos a las comunidades a no seguir el juego de las trasnacionales extractivistas.

El capitalismo de muerte está acabando con el ambiente

¡ DESDE PERÚ A CANADA LA CONSULTA REGLAMENTADA NO VA!

Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero -M4-

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/declaratoria-del-v-encuentro-m4-manipulacion-de-la-consulta-y-consentimiento-a-favor-del-extractivismo/

Guatemala

Encuentro M4: La manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo. Retos y desafíos de los pueblos

El origen del encuentro a realizar en Ciudad Guatemala del 15 al 17 de noviembre de este año, se gesta a partir de una añeja discusión que en toda la región Latinoamérica, así como en el Norte del continente, los pueblos originarios, tribales, afrodescendientes, campesinos y los pueblos equiparables han estado realizando para defender y reclamar el derecho a participar en todas aquellas leyes, proyectos, estrategias u obras que “afecten” sus territorios y sus vidas, misma que ha tomado dimensiones no previstas, a partir de que el modelo extractivo entró en una fase de expansión por todo el mundo.

Son varios los años en que esta discusión ha sido refrendada por los pueblos, sobre todo a partir de las definiciones establecidas tanto en El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dos de los documentos de referencia para las luchas de los pueblos, que han sido validados/firmados por la gran mayoría de las naciones en las que se desenvuelve el M4.

Una síntesis al respecto, pero que de alguna manera nos permite mirar parte de la problemática que enfrentamos actualmente, se observa en la cita –hoy ambigua y por ende inacabada-, realizada por el ex-relator especial de los pueblos indígenas de la organización de las naciones unidas, el Sr. James Anaya, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011).

“Los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos en pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las decisiones que les afectan, y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Todo esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos.”

Un análisis rápido sobre esta declaratoria realizada en el contexto del sistema capitalista que hoy, y bajo el “patrocinio” de la globalización, ha modificado totalmente el anterior rol del estado/nación, hasta posicionarlo como la nación/corporativa que opera en todo el mundo, hace impensable siquiera tener esperanzas, ilusiones o acciones con alguna perspectiva de participación en igualdad y equidad de condiciones, debido a la gran asimetría que existe entre la población, los gobernantes y las políticas empresariales. Es decir, bajo la fuerza que muestra el sistema capitalista, la creación de mecanismos efectivos de o para la consulta con los pueblos, aún sin que ello haya sucedido en la mayoría de las naciones, estos mecanismos ya se encuentran cuestionados, diezmados y otros, incluso en algunos países a pesar de estar agotados, se han impuesto como norma.

En este encuentro, se propone una revisión profunda de los efectos, ventajas y desventajas que hemos tenido en cada nación, tomando en cuenta la “diversidad” de formas en la implementación de procesos de consulta o de consentimiento que, de una u otra manera, hemos asumido en cada lucha dentro del contexto de quienes integramos el M4.

Objetivos

  •  Intercambiar experiencias e identificar los retos y desafíos que se presentan en el ejercicio del derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos que luchan en contra del Modelo Extractivo Minero en la región
  • Construir estrategias colectivas en función al ejercicio y respeto a los derechos fundamentales de los pueblos que luchan por la defensa de la vida y el territorio.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/encuentro-m4-la-manipulacion-de-la-consulta-y-consentimiento-a-favor-del-extractivismo-retos-y-desafios-de-los-pueblos/

Guatemala

Pronunciamiento en relación a la publicación en el Diario Centro América sobre el caso mina Marlin, el 7 de noviembre de 2018

 

Pronunciamiento en relación a la publicación en el Diario Centro América sobre el caso mina Marlin, el 7 de noviembre de 2018.

 

 

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/11/pronunciamiento-en-relacion-a-la-publicacion-en-el-diario-centro-america-sobre-el-caso-mina-marlin-el-7-de-noviembre-de-2018/

Guatemala

Encuentro M4: La manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo. Retos y desafíos de los pueblos

El origen del encuentro a realizar en Ciudad Guatemala del 15 al 17 de noviembre de este año, se gesta a partir de una añeja discusión que en toda la región Latinoamérica, así como en el Norte del continente, los pueblos originarios, tribales, afrodescendientes, campesinos y los pueblos equiparables han estado realizando para defender y reclamar el derecho a participar en todas aquellas leyes, proyectos, estrategias u obras que “afecten” sus territorios y sus vidas, misma que ha tomado dimensiones no previstas, a partir de que el modelo extractivo entró en una fase de expansión por todo el mundo.

Son varios los años en que esta discusión ha sido refrendada por los pueblos, sobre todo a partir de las definiciones establecidas tanto en El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dos de los documentos de referencia para las luchas de los pueblos, que han sido validados/firmados por la gran mayoría de las naciones en las que se desenvuelve el M4.

Una síntesis al respecto, pero que de alguna manera nos permite mirar parte de la problemática que enfrentamos actualmente, se observa en la cita –hoy ambigua y por ende inacabada-, realizada por el ex-relator especial de los pueblos indígenas de la organización de las naciones unidas, el Sr. James Anaya, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011).

“Los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos en pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las decisiones que les afectan, y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Todo esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos.”

Un análisis rápido sobre esta declaratoria realizada en el contexto del sistema capitalista que hoy, y bajo el “patrocinio” de la globalización, ha modificado totalmente el anterior rol del estado/nación, hasta posicionarlo como la nación/corporativa que opera en todo el mundo, hace impensable siquiera tener esperanzas, ilusiones o acciones con alguna perspectiva de participación en igualdad y equidad de condiciones, debido a la gran asimetría que existe entre la población, los gobernantes y las políticas empresariales. Es decir, bajo la fuerza que muestra el sistema capitalista, la creación de mecanismos efectivos de o para la consulta con los pueblos, aún sin que ello haya sucedido en la mayoría de las naciones, estos mecanismos ya se encuentran cuestionados, diezmados y otros, incluso en algunos países a pesar de estar agotados, se han impuesto como norma.

En este encuentro, se propone una revisión profunda de los efectos, ventajas y desventajas que hemos tenido en cada nación, tomando en cuenta la “diversidad” de formas en la implementación de procesos de consulta o de consentimiento que, de una u otra manera, hemos asumido en cada lucha dentro del contexto de quienes integramos el M4.

Objetivos

  •  Intercambiar experiencias e identificar los retos y desafíos que se presentan en el ejercicio del derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos que luchan en contra del Modelo Extractivo Minero en la región
  • Construir estrategias colectivas en función al ejercicio y respeto a los derechos fundamentales de los pueblos que luchan por la defensa de la vida y el territorio.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/encuentro-m4-la-manipulacion-de-la-consulta-y-consentimiento-a-favor-del-extractivismo-retos-y-desafios-de-los-pueblos/

Guatemala

Mina San Rafael: Industriales rechazan resolución de la CC y catalogan suspensión como arbitraria

Empresarios argumentan que convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no contempla la suspensión de actividades por falta de consulta, ni discrimina por tipo de proyecto.

En un comunicado difundido en medios impresos este jueves, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su “enérgico rechazo a una resolución que únicamente viene a destruir la ya debilitada certeza jurídica del país debido que a ninguna empresa que esté operando legalmente se le pueden suspender sus operaciones de manera arbitraria.

El pasado 3 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó una consulta a las comunidades indígenas cercanas a la Mina San Rafael, cuyo proyecto se ubica en el departamento de Santa Rosa como condición para que la minera pueda seguir operando.

Desde julio del 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera San Rafael.

Entre los argumentos de los demandantes estaba que la minera no había seguido los mecanismo legales para instalarse en el lugar, como el incumplimiento de la consulta a las comunidades aledañas, así como un estudio de impacto ambiental más profundo.

“Lamentable y decepcionante”

La CIG también indicó en su comunicado que “el actuar de los magistrados de la CC en este caso genera muchas dudas y más que despejar cualquier incertidumbre la resolución, se suma a la cantidad de irregularidades y anomalías que se han podido documentar desde que dio inicio el proceso”.

Añaden que “es inexplicable que esta misma corte, que hace un año emitió una resolución que supuestamente sentaba un precedente para futuras sentencias relacionadas a consultas del convenio 169 de la OIT, en esta haya decidido revertir su propio fallo”.

“Ante esta lamentable y decepcionante resolución, la Cámara de Industria de Guatemala se solidariza con todos los colaboradores y proveedores de Minera San Rafael, así como con los vecinos del lugar donde opera la empresa, ya que seguirán viéndose afectados por despidos, falta de empleo y ausencia de actividad económica, lo que generará mayor pobreza incrementará la migración” continúa el escrito.

El comunicado exige además a los magistrados de la CC “eliminar más atrasos y dejar en firme la sentencia, evitando retardos innecesarios a través del uso de medidas dilatorias, como lo son las solicitudes de aclaración interpuestas por algunos partes que únicamente buscan demorar el inicio del proceso de consulta”.

Los industriales hicieron también un llamado al Gobierno de la República para que, “de manera inmediata, inicie el proceso de consulta con el objeto de que minera San Rafael pueda continuar operando” y que “dicha consulta tiene que hacerse apegado al texto del convenio 169 de la OIT de forma independiente y sin influencia de terceros que desde ya están buscando atrasar el proceso”.

Esperan sentencia en firme

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fijó el pasado viernes 7 de septiembre su postura respecto la resolución de la CC por el caso de la Minera San Rafael, indicando que ya inició los preparativos para hacer la preconsulta y consulta, pero aún no pueden convocar porque no está firme el fallo 

Martín Guzmán, secretario de la CC, aseguró el pasado 3 de septiembre que el fallo responde a que se determinó la existencia de población xinca en el área de influencia de la mina, por medio de requerimientos de información a órganos técnicos especializados de las universidades San Carlos y Del Valle.

Refirió que el área de influencia  se determina según la zona de explotación que opera el proyecto El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.  “Se hace ver que, aun cuando no hubiera —población xinca—, de llegar a determinar que hay comunidades indígenas de otra etnia, de igual manera se debe llevar a cabo la consulta”, aseguró el secretario.

 

Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/mina-san-rafael-industriales-rechazan-resolucion-de-la-cc-y-catalogan-suspension-como-arbitraria

Guatemala

La Minera no lo tendrá fácil: la consulta a los xinkas es más compleja

El pueblo indígena xinka existe y tiene el derecho a ser consultado sobre los proyectos extractivos en su territorio. La Corte de Constitucionalidad resolvió ayer que para que uno de los proyectos de la Minera San Rafael siga operando deben preguntar a las comunidades en la zona si están de acuerdo. La decisión no será vinculante, pero si rechazan la mina el Estado tendrá que justificar si la empresa traerá beneficio para la población.

Cinco de siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la que tiene la última palabra en temas legales y políticos del país, resolvieron que El Escobal, uno de los proyectos de la Minera San Rafael podrá seguir operando solo si el Ministerio de Energía y Minas realiza una consulta comunitaria a la población xinka. El otro proyecto, Juan Bosco, se canceló de forma definitiva.

La sentencia, un documento de 554 páginas, reconoce que los xinkas existen, señala que el Ministerio de Energía y Minas cometió una ilegalidad al no consultarlos y establece condiciones para que varias instituciones del gobierno vigilen que la Minera San Rafael opere sin causar un impacto negativo en la comunidad y el ambiente. A continuación, los detalles.

1. Cómo reconocer un pueblo indígena

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) es un instrumento que le da a los pueblos indígenas el derecho de participar en la toma de decisiones estatales que puedan afectarles directamente; es, además, una herramienta de preservación de su identidad cultural.

El espíritu del convenio es que con la consulta los pueblos indígenas puedan ser parte del diseño e implementación de medidas de protección del medio ambiente, cuando hay proyectos que pueden impactar su entorno.

“Los pueblos indígenas tienen una forma particular de concebir su relación con el universo”, refiere la Corte de Constitucionalidad en su resolución del caso de la Mina San Rafael, y dentro de esa concepción un aspecto relevante es la relación especial que estos colectivos humanos poseen con la tierra.

En su fallo, la Corte recordó que no es un mito que la implementación de proyectos extractivos además de desarrollo, pueden provocar impactos negativos en el ambiente, generar explotación y violaciones a los derechos humanos. En la resolución se citan estudios del Banco Mundial que han observado cómo los proyectos mineros y energéticos ponen en riesgo y afectan las vidas, recursos y medios de vida de los pueblos indígenas.

“La tecnología moderna permite intervenciones en zonas hasta ahora remotas, provocando desplazamiento significativo y daños irreparables a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales”.

En este contexto, dice la sentencia de la Corte, aquellos pueblos que habitan en lugares remotos, son particularmente vulnerables, debido a su débil capacidad de negociación.

En el marco del respeto de los derechos de la comunidad indígena, la Corte señala que el Ministerio de Energía y Minas cometió una ilegalidad al no realizar el proceso de consulta con los xinkas.

El proceso de gestión de la licencia inició en 2011, cuando era ministro Carlos Meany, en el gobierno de Álvaro Colom; y terminó con Erick Archila, en 2012, en el gobierno de Otto Pérez Molina. Archila se encuentra prófugo de la justicia.

En el caso de la Minera San Rafael, el gobierno no hizo esa consulta bajo el argumento de que los xinkas no existen. Así impidió que pudieran opinar y decidir. Para eso se basó en un censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) elaborado en el año 2002, que reportó que 0.01% de la población se identificó como parte de ese pueblo y que en el Registro Nacional de Personas (Renap), no hay una sola persona registrada como parte de esa etnia.

Pero la existencia de un pueblo no puede ser dilucidada únicamente con base en el último censo poblacional que se ha realizado, dijeron los magistrados.

“Esta Corte estima que los censos efectuados por aquel ente estatal tienen su principal valor y utilidad en otro espectro de la realidad guatemalteca; pero no son, por sí solos, parámetros para la determinación de la existencia de pueblos indígenas (…) Si bien es cierto, los informes estadísticos o registrales podrían formar parte de un estudio integral y multidisciplinario, no pueden, por sí mismos, aportar todos los elementos que se requiere para esclarecer fundadamente, de modo fidedigno y concluyente la cuestión controvertida bajo referencia”.

Un ceso realizado por la iglesia católica ubicada en la zona de impacto de la mina reportó 32 mil personas que se identificaron como xinkas. Esa encuesta tampoco fue considerada como un referente idóneo por la Corte.

Para llegar a una conclusión fueron clave los estudios antropológicos que realizaron las universidades Del Valle y San Carlos. Los elementos descritos en ese documento fueron suficientes para que la Corte de Constitucionalidad pudiera establecer la existencia del pueblo indígena en los municipios de Mataquescuintla del departamento de Jalapa, así como en Nueva Santa Rosa y Casillas del departamento de Santa Rosa, y pese a que han perdido algunas de sus costumbres, la Corte enfatiza que existen esfuerzos de la misma población xinka para rescatar su historia y sus prácticas culturales.

2. La consulta no será vinculante, pero el consentimiento del pueblo xinka tendrá efectos

Al verificar su existencia, se confirma su derecho a pronunciarse. La condición para que la Minera San Rafael pueda seguir operando es que se realice una consulta comunitaria. Si finalizado ese proceso la respuesta de los xinkas es rechazar a la minera, el Estado deberá justificar si el proyecto tendrá algún beneficio para la población. El consentimiento de la población indígena tendrá peso.

– (si no se obtiene el conocimiento) el Estado tendría que determinar y justificar por qué el proyecto de extracción es necesario para lograr un objetivo legítimo y asegurar que su diseño es necesario y proporcional para lograr tal fin.

En su resolución, la Corte de Constitucionalidad definió de forma detallada cómo el Estado debe realizar la consulta popular para que se garantice que los xinkas sean escuchados en un proceso válido y no solo como parte de un trámite.

“La consulta debe ser un verdadero diálogo en el cual priven la buena fe, la comunicación constante, la transparencia, el entendimiento y el respeto mutuos –no se agota con la sola información– (…) La consulta no debe comprenderse como un mero trámite formal. Las actividades de simple información o de socialización de una medida administrativa, o la recolección del parecer que algunos pobladores puedan tener respecto de las decisiones gubernamentales susceptibles de afectarles, no son suficientes para dar por observado ese derecho que asiste a los pueblos indígenas”.

Los magistrados enfatizaron en que, para futuros casos de petición de licencias de explotación o exploración de recursos naturales, el Ministerio de Energía y Minas, “de manera fehaciente e inexcusable, antes de conferir la autorización que se solicita, deberá establecer si en el área de influencia del proyecto residen pueblos indígenas o tribales”.

La Corte de Constitucionalidad también recalca que la Ley de Minería se encuentra desactualizada y le da al Congreso un plazo de un año para que la reforme.

Lea: La CC preguntó a la UVG si hay xinkas para decidir sobre la Mina; esta fue la respuesta.

Lea: La CC preguntó a universidades si existían xinkas (por una mina): la USAC respondió así.

3. La actividad de la minera será evaluada

La sentencia de la Corte de Constitucionalidad busca que instituciones del Estado escarben en los efectos negativos que podría tener el trabajo de la Minera San Rafael.

Además de esa condición, la Corte también ordena al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que en los próximos días revise el área de influencia del proyecto, que le pida a la empresa que actualice su plan de gestión ambiental, que intensifique las medidas de mitigación ambiental y de reparación de los posibles daños ecológicos en el territorio xinka, que implemente medidas para evitar la contaminación del agua, y que ordene inspecciones en las instalaciones de la compañía, para verificar si sus actividades afectan las fuentes hídricas de la región. El Ministerio deberá presentarle informes a la Corte, que verificará que se cumpla con su sentencia.

Además, el Ministerio de Salud deberá realizar un estudio para verificar si la concurrencia de cierto tipo de enfermedades en esa zona, están vinculadas a la minera. También pide que realicen monitoreos trimestrales para verificar la salud de los pobladores y de los trabajadores de la mina, y sobre la calidad del agua para consumo humano.

“Deberá instruir a quien corresponda la eliminación de elementos como el arsénico, el cianuro y cualquier otro que, en niveles no permitidos, resulte nocivo para la salud de las personas, los animales y las plantas de la región”.

Los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, deberán crear comisiones de verificación de todas esas actividades, en las que tendrán que incluir a centros de estudios de las universidades del Valle y San Carlos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), deberá realizar estudios para establecer si la actividad de la Mina San Rafael provoca riesgos de desastres para las personas y sus viviendas.

Uno de los argumentos de la Corte para resolver que la minera podría seguir operando con la consulta a los xinkas, es la polarización en las comunidades en la zona de impacto de la mina. En la sentencia se lee que con su decisión buscan armonía.

“La ruptura del tejido social que ha acaecido en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, conduce a este Tribunal a optar por conferir a su fallo efectos que conlleven a la armonización de las posturas antagónicas que han surgido dentro del propio seno de la población”.

El lunes por la noche la Corte de Constitucionalidad dio a conocer que no otorgó amparo provisional en los recursos planteados por el Procurador de los Derechos Humanos, por Marco Vinicio García y por Alfonso Carrillo en relación al trámite de la visa de Iván Velásquez.

En esta fase los magistrados no ahondan en detalles. Votaron de forma unánime Bonerge Mejía, Henry Comte, José Francisco de Mata Vela, Neftaly Aldana y Gloria Porras.

Fuente:https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-minera-no-lo-tendra-facil-la-consulta-a-los-xinkas-es-mas-compleja/