Foros se cumplen antes de la presentación del borrador a la Asamblea
El debate del borrador y recepción de propuestas al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Minería inició ayer en Azuay y continúa hoy en El Oro y Zamora Chinchipe.
Lo organiza la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, de la Asamblea Nacional.
Ante unos cien mineros de Camilo Ponce Enríquez, la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional inició el proceso de socialización del proyecto de reformas a la Ley de Minería. Foto: MRNNR
Quito, 26 may (Andes).- Ante unos cien mineros del cantón Camilo Ponce Enríquez, perteneciente a la provincia del Azuay, los miembros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional iniciaron el proceso de socialización del proyecto de reformas a la Ley de Minería.
Los representantes de las comunidades indígenas y los colectivos ambientalistas piden ser incluidos en la discusión del proyecto de la Ley Minera. Hasta el momento, dicen, no han recibido una invitación para participar del debate de proyecto legal que se discute en la Comisión de lo Económico de la Asamblea.
Ello, a pesar de que esta semana se prevé hacer una última revisión y preparar el informe para el primer debate en el Pleno. La reforma fue enviada hace dos semanas por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. Es decir, que debe ser tratada en 30 días; caso contrario, entrará en vigencia por Ministerio de la Ley.
Mientras aún se discute si las reformas a la Ley Minera serán sometidas o no a la consulta prelegislativa; funcionarios del Ministerio de Minas, Secretaría de Planificación y el Servicio de Rentas Internas (SRI) intentaron explicar por qué la urgencia del proyecto del Ejecutivo.
El viceministro Federico Auquilla explicó que el proyecto se necesita de urgencia porque se debe atacar a la minería ilegal y atraer a la inversión extranjera lo antes posible.
Las sanciones a la minería ilegal, las concesiones a empresas estatales y las reformas tributarias se debatieron
La concesión directa de contratos mineros a empresas estatales fue uno de los puntos de la reforma a la Ley de Minería que fue argumentado ayer por delegados del Gobierno ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional.
Por: Bernardo Tobar Carrión
El proyecto de reforma a la Ley de Minería presentado la semana pasada por el Ejecutivo está en la línea de facilitar el desarrollo de una industria que no ha logrado despegar a pesar de su potencial. Uno de los cambios más interesantes está en la ampliación de los volúmenes de producción de la denominada pequeña minería, junto a la creación de la figura de la mediana minería, herramientas que han sido la base del crecimiento de esta industria en países vecinos. La combinación de estos regímenes especiales permitirá el desarrollo de proyectos de una dimensión relevante para la economía ecuatoriana sin necesidad de negociar contratos de explotación ni tener que lidiar con el peso del impuesto a los ingresos extraordinarios, el mayor obstáculo a la hora de cuadrar números y levantar capital.
Los nuevos asambleístas quieren socializar el texto de la reforma
La señalización aún tiene a Paco Velasco como presidente de la Comisión de lo Económico. No hay letreros con los nombres de los nuevos asambleístas y tampoco un secretario posesionado. Pese a esas limitaciones, la Comisión inició el trámite a la reforma a la Ley Minera. El proceso todavía es confuso y un tanto desordenado.
La normativa señala que el concesionario minero pagará al Estado utilidades equivalentes a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los secundarios no menor al 5% sobre las ventas
El Estado podrá acordar con los concesionarios mineros el pago de rentas y regalías generados por el aprovechamiento de minerales metálicos con el producto refinado de su explotación.
Así dicta uno de los artículos del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, respecto al tema de las regalías.
La inversión extranjera directa (IED) de América Latina y el Caribe en 2012 alcanzó los 173.361 millones de dólares, 6,7% más que en 2011, según lo detalla el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De esa manera, el año anterior la región captó flujos equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe, incidencia levemente mayor a la de 2011. En este contexto se destaca Chile, que en 2012 recibió montos de IED equivalentes al 11,3% de su PIB.
Cambios fueron elaborados por Kinross-Aurelian, revela asambleísta Jiménez
El proyecto de reformas a la Ley de Minería, presentado a la Asamblea Nacional, con el carácter de urgente por el Presidente Rafael Correa, responde a los intereses de las transnacionales: Kinross-Aurelian y Ecsa-Ecuacorriente, de aumentar sus ganancias en perjuicio del Estado ecuatoriano, sostiene el asambleísta de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez.