A partir del análisis de casos de líderes comunitarios procesados judicialmente por su oposición a proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos , la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) concluyó que en Ecuador recrudeció la criminalización de la protesta social frente a dichos proyectos.
Así lo dio a conocer el jueves durante la presentación del informe “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador”, que elaboró junto con sus organismos miembros en Ecuador: la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
El documento analiza los casos de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín -Íntag-; Pepe Acacho, dirigente de la nacionalidad indígena Shuar; y Manuel Trujillo, presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí.
Durante las últimas protestas llevadas a cabo por el movimiento indígena en el Ecuador, se demostró, una vez más, que existe un sistema represor proveniente del Estado ecuatoriano y que este a su vez ataca a las personas que deciden ejercer su derecho a resistirse contra políticas estatales que ponen en riesgo los derechos humanos.
La Nacionalidad Shuar, apegados a nuestros derechos consuetudinarios, ancestrales, y amparados en los pactos, convenios y los demás instrumentos internacionales y la misma Constitución de la República del Ecuador, en los art. 56 y 57, mantenemos nuestros legítimos derechos de posición ancestral de nuestros territorios, milenarias, y ejercemos nuestros propios usos y costumbres, de mantener nuestra selva, libre de todo tipo de contaminación ambiental, por ello nuestro rechazo categórico la presencia de la ecucorriente ecsa china, en nuestros territorios para realizar trabajos de minería a cielo abierto.
El gobierno mediante sus instituciones ha emitido varios pronunciamientos (
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos las agresiones de las que fueron víctimas el pasado 20 de octubre de 2015 varias mujeres integrantes del Frente de Mujeres defensoras de la Pachamama que se manifestaban de forma pacífica en contra del proyecto minero Río Blanco en el marco de la visita del Presidente Rafael Correa a la comunidad rural de Molleturo, en Cuenca, Ecuador.
Lina Solano Ortiz, en representación de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM y del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de Ecuador, fue una de las participantes en la Primera Audiencia Regional sobre Criminalización a Mujeres Defensoras de los Territorio y el Medio Ambiente en las Américas, solicitada por una coalición de organizaciones, que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el viernes 23 de octubre de 2015.
Unas 25 personas de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), parroquia Tundayme en Zamora Chinchipe, realizaron ayer un plantón en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para exigir la suspensión del proyecto Mirador, concesionado a la empresa EcuaCorriente S.A.
El encuentro no contó con la presencia de representantes del Ejecutivo y finalizó con un acuerdo para conformar un comité técnico que de seguimiento al tema.
Como integrantes de colectivos ecologistas nos dirigimos a ustedes con mucha preocupación frente los anuncios de avanzar hacia la explotación minera a gran escala en los proyectos de Kimsacocha (denominado Loma Larga) y Río Blanco en Molleturo. Ustedes como promotores, creadores y difusores de conocimiento relevante para el bienestar de la colectividad, tienen una gran responsabilidad que debe ser asumida en el marco del respeto a la norma Constitucional y de manera primordial a la vida de la población que se verá en inminente peligro en caso de afecciones al páramo, contaminación de fuentes de agua y perjuicios a las comunidades.