La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de la protección y promoción de los derechos de las personas que habitan en el país, ante lo sucedido a partir del 8 de mayo de 2018, en la comunidad de Río Blanco, ubicada en la parroquia Molleturo[i], cantón Cuenca, provincia del Azuay, manifiesta lo siguiente:

En la mencionada parroquia, se llevan adelante proyectos de explotación minera, y desde hace algunos años, personas que forman parte de las comunidades han denunciado diversas afectaciones a sus derechos, principalmente relacionadas a la inadecuada implementación de procesos de consulta previa libre e informada, consulta ambiental, y afectaciones a derechos laborales.

El día 8 de mayo de este año, se dio un operativo policial en la comunidad, como respuesta a una medida de protesta realizada por integrantes de la misma, en contra de la empresa minera. Como producto de este operativo se produjo la detención de 8 personas y se iniciaron procesos penales de investigación por sabotaje, ataque, terrorismo o resistencia en su contra.

Ante estos hechos y por la situación que se vive en la zona, la Defensoría del Pueblo ha llevado adelante procesos de investigación defensorial desde hace dos años, y ahora ha activado nuevamente una investigación y procesos de vigilancia procesal ante el operativo efectuado conforme a su mandato constitucional, con la finalidad de exigir la garantía y respeto de derechos humanos en la localidad.

Más allá de aquello, queremos recordar a las autoridades que el contexto en la zona se ha definido con posturas que no han garantizado un diálogo propositivo, incluyente y adecuado, generando como consecuencia, por un lado, la polarización de posturas entre representantes del Estado y las comunidades, e inclusive entre representantes de diversas comunidades de la zona; y por otro, la inconformidad ante la falta de respuestas claras, consultadas y propositivas por parte de Estado ante las diversas denuncias de vulneraciones a derechos humanos realizadas en todo este tiempo.

En ese sentido, recordamos enfáticamente que previo a cualquier intervención policial, se deben realizar procesos de diálogo adecuados entre todas las Instituciones competentes y las comunidades involucradas en el conflicto socio-ambiental, con la finalidad de que el mismo no se profundice. Así, recordamos que el procesamiento penal a dirigentes de comunidades, así como de defensoras y defensores de derechos humanos, debería ser una medida profundamente meditada y extraordinaria, siendo que los tipos penales que se utilizan tienen profunda gravedad, y el rol del Estado debe encaminarse, preferentemente, a la protección de los mismos más que a su criminalización. Para lo cual nos permitimos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Luna López vs Honduras ha manifestado que:

“222. A su vez, los Estados deben facilitar los medios necesarios para que las personas defensoras de derechos humanos o que cumplan una función pública respecto de la cual se encuentren amenazados o en situación de riesgo o denuncien violaciones a derechos humanos, puedan realizar «libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; generar las condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.”

Con lo dicho, exhortamos al Ministerio del Interior y a la Fiscalía que no utilicen el sistema penal como mecanismo para detener las acciones de protesta, pues elevan los niveles de conflictividad social. Adicionalmente, solicitamos que las denuncias presentadas por las y los defensores de derechos humanos, sean investigadas de manera objetiva, imparcial y adecuada.

Finalmente, exhortamos a la Función Ejecutiva, y en particular al Ministerio del Ambiente, SENAGUA, Ministerio del Trabajo y otras autoridades de control a que investiguen las denuncias que las comunidades en la parroquia Molleturo han realizado en los dos últimos años y que generen procesos efectivos y adecuados de diálogo que garanticen los derechos humanos de las comunidades de la zona y los derechos de la naturaleza, conforme a la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de protección.

Gina Benavides Llerena

DEFENSORA (E) DEL PUEBLO DE ECUADOR

[i] Este pronunciamiento ha sido preparado en base a la información verificada por la Coordinación General Zonal 6 durante las acciones oficiosas realizadas entre el 8 y el 22 de mayo de 2018.

Descargue el pronunciamiento AQUÍ

Fuente:http://www.accionecologica.org/component/content/article/2282-2018-05-30-22-04-10

Es hora de que la justicia esté de lado de las comunidades! Este jueves 31 se llevará a cabo la audiencia para evaluar el otorgamiento de medidas cautelares para suspender la explotación de #RíoBlanco hasta que se demuestre que se realizó la consulta previa, libre e informada.

Vamos todos/as a la Corte de Justicia (José Peralta y Cornelio Merchán), acompañemos este proceso en vigilia por una sentencia a favor de la naturaleza y los defensores/as de la vida.

#PáramosLibresDeMinería
#SOSRíoBlanco

El pasado 23 de mayo de 2018, por la noche y mientras el administrador y los visitantes dormían, personas ingresaron a la casa donde funciona la estación científica del Bosque Protector Los Cedros y sustrajeron una computadora y un teléfono celular.

Joséf Decoux, ciudadano norteamericano radicado en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura desde hace 30 años, se desempeña como administrador del Bosque Protector Los Cedros y por décadas ha defendido esta área protegida de la incursión de empresas madereras, invasiones promovidas por traficantes de tierra y mineras. Actualmente la canadiense Cornestone Resources Inc y ENAMI son cotitulares de las concesiones mineras Río Magdalena 1 y 2, que amenazan a ésta reserva natural.

Con un área superior a las seis mil hectáreas, el Bosque Protector Los Cedros constituye una de las zonas más biodiversas del Ecuador, donde se sobreponen los bosques húmedos del Chocó y la Cordillera de los Andes tropicales, es el hábitat 250 especies de aves, 198 especies de árboles, 400 tipos de orquídeas y es el refugio del Ateles fusciceps, especie de mono araña bracilargo de cabeza café, único primate ecuatoriano que se encuentra en peligro crítico de extinción.

La minería amenaza seriamente al equilibrio ecosistémico y afecta la integralidad de los ciclos hidrológicos, por lo tanto también amenaza a toda la flora y fauna del sector y viola los derechos de la naturaleza.

A partir de la alerta emitida por Joséf Decoux, funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Municipio de Cotacachi hicieron una inspección en la que se detectó la tala de árboles al interior del bosque para la posible instalación del campamento minero permanente, el robo de los equipos en la estación científica ocurre dos días después de la mencionada inspección.

CAMINANTES, espacio de articulación de luchas contra el Festín Minero, denuncia este ataque perpetrado contra un defensor vinculado a la lucha por la protección de los bosques, ya que consideramos que el robo está orientado a frenar la lucha de defensa que tanto el compañero Josef Decoux, como el personal de la estación científica, con quienes nos solidarizamos.

Por lo tanto solicitamos a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones pertinentes, y que se brinden medidas que protección urgentes a José Decoux, su familia y al personal de la Fundación.

También hacemos un llamado a la opinión pública y al gobierno, para que se anulen todos los permisos y otros documentos habilitantes que permiten realizar actividades mineras dentro de los bosques protectores del país.

De igual manera, responsabilizamos tanto a la empresa Corneston como a ENAMI, por posibles futuros ataques, por lo que estaremos vigilantes de la atención de nuestras demandas.

Yasunidos Guapondelig es una organización social comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza  que, desde sus inicios,  se ha caracterizado por emplear estrategias de acción no violenta para proteger los bienes comunes como el agua de los proyectos extractivistas, que amenazan con su privatización, extinción, contaminación y degradación.

Frente a los hechos sucedidos en las últimas semanas en la parroquia Molleturo, donde se asienta el proyecto de minería metálica “Río Blanco” y donde se encuentran las comunidades en resistencia, nuestra organización y quienes la integramos, así como organizaciones sociales que son compañeras en todo este proceso de resistencia, hemos sido objeto de distintos ataques por parte del gobierno central y la empresa minera que opera en el territorio.

Empezando por el comunicado público de la empresa Ecuagoldmining South America S.A. del 9 de mayo, así como por declaraciones públicas del Gobernador del Azuay, Xavier Enderica, que nos descalifica y señala como “agentes externos” a la situación, siendo que  el desarrollo de las políticas mineras en nuestros territorios nos competen a todas y todos quienes dependemos del agua que nace de los páramos en donde fueron dadas las concesiones y que nos amparamos en nuestro legítimo derecho estipulado en el Art. 83 de la Constitución, el cual  es muy claro en que uno de los deberes de las y los ecuatorianos es el cuidado de nuestros recursos naturales y la preservación de la naturaleza y el respeto de sus Derechos, estigmatizan nuestra presencia permanente y el accionar conjunto con las comunidades que hoy se resisten a un proyecto extractivista que, al incumplir con los parámetros técnicos y los mandatos de ley, se erige con violencia sobre estos territorios.

Denunciamos también los amedrentamientos personales, las llamadas amenazantes a nuestros teléfonos, los ataques en redes sociales con cuentas y páginas falsas, en donde se nos acusa de crímenes impensables para nuestras organizaciones, los hostigamientos, las desinformaciones e incriminaciones que se han hecho públicas y de las cuales, tanto la empresa minera, como el gobierno central, se han servido para alimentar un imaginario negativo hacia los/as defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza

Dejamos en claro que nosotros/as, a diferencia de la empresa minera, no necesitamos sobornar, amenazar o chantajear a las personas de las comunidades ni de otras organizaciones sociales para que exijan sus derechos y los de la Naturaleza.

Es por esto que repudiamos los intentos de pasar la responsabilidad real que tiene la empresa y el gobierno central sobre todo este conflicto hacia nuestras organizaciones.

De la misma forma, denunciamos el actuar de la Ministra de Minería, Rebeca Illescas, quien, en su visita a la provincia el 17 de mayo, se reunió solamente con el sector que apoya y trabaja para la empresa, a pesar de que hicimos presencia en la puerta de la Gobernación y solicitamos ser recibidos/as. Denunciamos sus declaraciones en dicha reunión en la que tildaba a los grupos defensores del agua como delincuentes, terroristas, acusándonos de haber robado cantidades grandes de dinamita de la empresa, ante lo cual alertamos a la ciudadanía en general sobre un posible inicio de “siembra de pruebas” con la cual buscan vincular y procesar a más dirigentes y defensores.

Estos intentos buscan ocultar que los hechos de violencia y los conflictos que se suscitan alrededor de la minería metálica surgen por la omisión de responsabilidades estatales (como garantizar el derecho a la consulta o invalidar el principio de precaución ambiental) y por responder irresponsablemente a procesos de resistencia pacíficos en función del derecho a la resistencia (Art. 98 CRE) con la utilización de fuerzas policiales y militares, a pesar de que hubo exhortación expresa por parte de la Defensoría del Pueblo en Quito, de construir primero vías de diálogo y mediación, siendo totalmente ignoradas y, después de la represión, sí convocar a procesos de diálogo.

Rechazamos de igual manera el uso del Derecho Penal como un medio de disuasión y de persecución a los procesos de resistencia. Exigimos un alto a la criminalización de la protesta social.

Seguimos exigiendo la desmilitarización de la zona, el cese de las actuaciones del cuerpo de inteligencia de la policía sobre organizaciones y dirigencias comunitarias, el cese de la criminalización y la salida de la empresa minera ante los hechos mencionados.

Cuenca, mayo 24 de 2018.

Para más información contactarse con:

David Fajardo Torres: 09870754152

Paola Granizo Riquetti: 0984399656

Lizbeth Zhingri: 0987067136

O al correo:

guapondeligyasunidos@gmail.com

Mujeres indígenas defienden sus territorios ante arremetida de mineras y petroleras que actúan bajo protección del Estado.

Eran las siete de la noche del 17 de diciembre del 2016 cuando decenas de militares incursionaron disparando a la comunidad shuar de Tsuntsuim, en el cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, en la Amazonia sur del Ecuador.

Mariana Nankameri, mujer shuar de 38 años, no lo pensó dos veces y salió de su casa con toda su familia. “Nos atacaron, no podíamos estar en la casa porque decían que a las mujeres les iban a violar y yo tengo una hija menor y otra estaba embarazada. Salimos con mi esposo, yerno e hijos y caminamos sin linterna, desde las siete hasta cuando amaneció. Los niños lloraban y yo lloraba. Mis hijos menores no podían caminar, mi esposo le cargó al uno y yo al otro. Esa noche mi hija de 15 años estaba embarazada de tres meses, pero como íbamos sin linterna, ella se había caído, se había rodado y tenía un golpe, a los dos días empezó con dolores. Le lleve al hospital, estaba muy mal y perdió el bebé”, relató Nankameri, quien junto a 30 familias caminaron 11 horas por los pantanos de la selva amazónica hasta llegar a Tink, comunidad que los acogió.

El éxodo de Tsuntsuim no fue el primero en esta región; meses antes corrieron la misma suerte las comunidades indígenas de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Rosario Wari, la abuela grande de los shuar con 107 años de edad, fue desalojada el 4 de febrero del 2016; la sacaron de su tierra y la abandonaron con sus escasas pertenencias en el parque de El Pangui. Con la expulsión de la abuela Rosario se iniciaron los desalojos en la parroquia Tundayme que afectó a más de 60 familias.

Claudia Chumpi, a sus 20 años de edad y con un niño de brazos debió enfrentarse sola a los militares que avanzaban a destruir la casa que había levantado con su joven esposo. Una retroexcavadora se situó frente a su casa y comenzó la destrucción.

“Se ubicaron en cada casa, rompían las puertas, botaban las cosas, cocinetas, cilindros. Yo me corrí con otras mujeres que estaban embarazadas, eran mis tías, eran las 5 de la tarde, nos corrimos a una montaña. Los militares disparaban, los niños lloraban, nosotros les cerrábamos la boca para que no griten, para que no nos sigan más, pero los militares nos habían seguido también hasta la montaña”, cuenta Chumpi sobre lo ocurrido el 11 de agosto del 2016, en el barrio San Marcos, de Tundayme. Como Chumpi, decenas de mujeres shuar con sus hijos en brazos cuentan la historia de sus propias expulsiones y sus ojos se llenan de lágrimas.

Desplazamientos forzados
Estos desplazamientos forzados tienen dos responsables directos, por un lado está el gobierno que dispone de los órganos armados estatales para dar protección y actuar en pro de los intereses del otro responsable: la minería a gran escala. Los proyectos mineros de San Carlos de Panatza, que afecta a las comunidades shuar de Nankints y Tsuntsuim, y el proyecto Cóndor Mirador, que afecta a la Cordillera de El Cóndor en la parroquia de Tundayme, son implementados por las mineras estatales chinas EcuaCorriente SA (ECSA) y ExplorCobres SA (EXSA).

“No entendemos como en el Ecuador se empieza a sentir el desplazamiento interno si supuestamente somos un territorio de paz, un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, intercultural, plurinacional. No comprendemos cómo la ambición de un gobierno y de determinadas empresas privadas en pro de un supuesto desarrollo económico deje a niños/as, mujeres, hombres, abuelos/as sin sus hogares, sin sus animales, sin sus espíritus, sin su naturaleza”, comenta Mónica Vera Puebla, presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organización que asumió la defensa legal de los pobladores de Tudayme en contra del Estado y de las empresas mineras.

Vera Puebla afirma que los derechos patrimoniales de las concesiones mineras, aun cuando sean anteriores a la Constitución del 2008, en la que se garantiza los derechos de la naturaleza, no pueden estar por sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas que ya estaban establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada, una obligación de los Estados que es generalmente incumplida.

Otros tratados, como los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generado por el desarrollo”, aprobados en el 2007 por Naciones Unidas, señalan que los desalojos “no deben realizarse con tiempo inclemente, por la noche, durante los festivales o las fiestas religiosas”, precisó Vera Puebla. Tanto en Tsuntsuim, como en Tundayme, los operativos contravinieron estos principios.

Pero hay principios que aún no están escritos, dice Vera Puebla, pues aún no se comprende ni se asume la vinculación de la mujer indígena con la tierra.

“Es una relación que va más allá de la mera sobrevivencia con la producción agrícola y se proyecta a la esencia de lo femenino”, explica. “Romper los lazos de la mujer con su tierra es romper un lazo de vida. Nada puede ser igual fuera de su tierra. Los desalojos mineros rompen con una parte de la esencia indígena mantenida y transmitida por las mujeres indígenas”.

Mujeres Defensoras de la Selva
La historia del pueblo originario Kichwa de Sarayaku tiene un punto de quiebre en el año 2002, cuando la prospección petrolera tocó sus tierras. Las mujeres de Sarayaku se enfrentaron a los trabajadores petroleros que colocaban explosivos en sus territorios y a los militares que los protegían. El resultado fue la expulsión de los petroleros y los militares y el inicio de un proceso de resistencia, conducido por las mujeres, que logró una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege sus derechos.

El ejemplo de las mujeres de Sarayaku ha sido replicado por mujeres indígenas que han sufrido el impacto de proyectos extractivos. Ejemplos que recoge la organización ambientalista Acción Ecológica al propiciar la creación de una red de mujeres de distintos pueblos indígenas, denominada Mujeres Defensoras de la Selva, a las que les une un solo objetivo: defender sus tierras frente a la arremetida de empresas mineras y petroleras que actúan con la anuencia del Estado.

El 28 de febrero del 2018, el gobierno nacional anunció la caducidad de 1,000 concesiones mineras, pero dejó vigentes las concesiones otorgadas a transnacionales, en especial chinas, por lo que el 12 de marzo unas 60 mujeres indígenas llegaron a Quito después de haber caminado cinco días desde la Amazonia. Pedían ser recibidas por el presidente Lenn Moreno para entregarle un manifiesto de 22 puntos en el que se pedía la protección de la tierra frente a la depredación de las empresas extractivas.

Al igual que con el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa (2007-2017), las mujeres no fueron recibidas por Moreno, pero entregaron su manifiesto en el que expresan su total rechazo a la política extractiva del actual gobierno.

“El poder de la acción de las mujeres es proporcional al sufrimiento que han visto en compañeras suyas que han sido desalojadas; sus lágrimas constituyen su fuerza y no hay duda que su reto a un gobierno depredador será escuchado”, afirmó Vera Pueblo. —

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/ecuador-mujeres-demandan-proteccion-frente-a-empresas-extractivas/

El extractivismo desde todo punto de vista es una agresión destructiva de los seres que habitan el planeta y un mal negocio para el Estado ecuatoriano, según advierten los expertos que siguen al paso el problema de impacto ambiental que causaría en los bosques primarios de Íntag un proyecto minero. “Que nadie dude que en territorio de Cotacachi, el impacto ambiental será el que jamás se haya visto alrededor del mundo”, advirtió un experto en temas ambientales.

Defensa de Conservación Ecológica de Íntag (Decoin) se creó en 1995 para enfrentar la degradación ambiental que varias comunidades predecían por la presencia de empresas extranjeras explotadoras de cobre, según informó Carlos Zorrilla, ecologista y dirigente de la zona.

En estos 23 años de existencia como organización, defienden el amplio territorio de Íntag, 42 comunidades, gobiernos locales y a la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas.

En este territorio se encuentran 41 reservas ecológicas y ambientales, en un área de 13.000 hectáreas.

“Nosotros como organización no tenemos ni un solo metro cuadrado, todo se ha entregado a las comunidades”, aclaró Zorrilla.

“Somos una organización de conservación, biodiversidad, agua y bosque. Cualquier actividad que amenace estos recursos naturales recibirá la oposición de la gente afectada, con la finalidad de buscar alternativas a la explotación de la minería a gran escala”, agregó.

Mencionó que se ha creado una asociación de turismo ecológico en Junín. “Estas tierras, de aproximadamente unas 1.420 hectáreas, entregadas a la comunidad, fueron invadidas por las empresas mineras, especialmente la Codelco chilena que con apoyo del Gobierno irrumpió a la fuerza y se quedó hasta hoy”.

“Aquí no había títulos de propiedad y se compró posesiones de forma legal, pero esta empresa extranjera no respetó nada y se metió utilizando medidas de presión”, refirió.

Lucha contra la minería

El 8 de mayo de 2014 es una fecha que llama a la indignación de los habitantes, porque ese día, según recuerda Zorrilla, mediante un operativo policial y militar, en el que participaron más de 350 efectivos, “impusieron sus reglas por encima de los derechos humanos de los comuneros”.

El activista respondió a Santiago Chamorro, subsecretario de Minería, quien dijo a La Hora que no han dividido a la comunidad ni han ingresado por la fuerza sino mediante el diálogo con los habitantes.

“Ese es un discurso que cae en la hipocresía de alto nivel, porque toda la gente y los informes oficiales son claros al respecto”, dijo Zorrilla.

“Yo le pregunto al señor Chamorro, cuándo ha pedido permiso al cantón Cotacachi y han respetado los planos de ordenamiento territorial y desarrollo parroquiales. Debe indicar en dónde y en qué plan de desarrollo dice que tenemos minería en Íntag”, agregó.

Llamó al pueblo “a que habrá sus ojos ante la imposición de un proyecto extractivo a gran escala que no es sostenible y atropella el derecho de las personas y la naturaleza”.

Pedido para que ingrese la prensa

“Quisiera que la prensa pueda entrar, ojalá la dejen, para que comprueben, porque desde el punto de vista de los gobiernos de turno nos han acusado que nosotros estamos manipulados, que mantenemos un discurso caduco de hace muchos años…”, agregó.

Advirtió que si no les permiten entrar, para que constaten la realidad, “enviaremos videos sobre la reserva comunitaria para que verifiquen cómo están destruyendo el bosque primario y el gobierno lo niega”.

Tala de bosque primario

Precisamente sobre el tema de la tala del bosque primario que se ubica en Íntag, los términos de referencia que se utilizan para hacer el estudio de impacto ambiental señalan que no se debe talar árboles de más de 10 centímetros, pero eso aparentemente no se ha cumplido.

“Este es un bosque precioso, es una joya que tiene el Ecuador, pero que lo están destruyendo. Pregunto: ¿de dónde sacan la madera para empalizar los senderos e ingresar herramientas de la empresa, comida…, y sacar material de muestra a lomo de mula? Son varios kilómetros que han cubierto el pantano con troncos y madera, sin embargo los animalitos entierran sus patas por las rendijas, se lesionan y fracturan las patas. Nosotros tenemos pruebas de la alteración y contaminación del bosque que se encuentra en la quebrada Fortuna”, dijo.

Proyecto minero en la actualidad

La fase de exploración avanzada está por terminar en Íntag, como parte del proyecto denominado Llurimagua.

Según Zorrilla, con esos datos preliminares, “ya dicen que hay 1.500 millones de toneladas de minas. De ahí se calcula que el 99.5% será deshecho, y solo el 5% sería cobre, lo cual es una baja rentabilidad para el Estado”.

“Imaginemos cómo remover esos miles de millones de toneladas de material en una zona de bosque primario, con cientos de especies. Eso llama a la reflexión. No hay tecnología de punta que evite la destrucción de la montaña y la contaminación del agua”, refiere.

“Con seguridad los ríos como el San Pedro, Chalguayacu, Junín, afluentes del río Íntag, morirán con el envenenamiento de químicos peligrosos para la vida humana y de las especies”, dice.

Impactos

Otro de los datos que más preocupan en la zona tiene que ver con el proceso para la extracción minera a gran escala y a menor escala.

Este proceso no puede hacerse sin utilizar gran cantidad de agua. Como ejemplo se puede referir al proyecto Mirador, en el sur del país, que es parecido al de Íntag, pero en esta zona hay más cobre. En Mirador tenían previsto utilizar 12 millones de litros de agua diarios.

En ese sentido, el hueco que cavarían se estima, según los expertos, sería de unos 15 kilómetros de diámetro para ingresar. En el fondo habría agua y tendrían que extraer las minas de cobre secas, pero todo ese proceso envenenaría las aguas subterráneas. (CHRW)

“Se hizo una consulta previa de acuerdo con los derechos humanos y de la naturaleza, pero hasta hoy ha sido burlada de forma permanente. Todo es una farsa grotesca y aín así se habla de minería responsable desde el oficialismo”

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/40694-cancer-anunciado-en-medio-ambiente-de-intag

La extracción de oro empobrece el agua y la contamina, se ven afectadas tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales, se produce sequía y se contaminan los suelos, sin contar que la biodiversidad propia del agua también se ve afectada por los residuos químicos.

Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Sus moradores son principalmente indígenas y campesinos. En la parte alta de Molleturo, se encuentra una zona de páramo, donde nacen varias fuentes de agua, con una biodiversidad única, que da sustento a las comunidades locales.

Esta zona no debe ser intervenida por la minería por la presencia pueblos indígenas y campesinos, de restos arqueológicos preincaicos, por sus bosques protectores y lagunas, por la creación en 1977 del Parque Nacional El Cajas, la categorización del área como sitio Ramsar en 2002, y por la declaración de la Reserva de Biosfera Macizo El Cajas en 2014.

La fiebre del oro, amenaza constante a Molleturo

Pese a la fragilidad e importancia ecológica de esta zona, varias empresas mineras han intentado explotar oro y plata de su subsuelo. En 1995, la empresa británica Río Tinto intentó explotar el yacimiento denominado Alejandra -hoy proyecto Río Blanco-, pero tuvo que abandonar sus planes al ser expulsada por los comuneros locales en respuesta a sus abusos, divisionismos y malas prácticas sociales.

A Río Tinto le siguieron otras mineras como San Luis /IMC (International Minerals Corporation), que activó el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental en el 2011, cuando su exgerente Federico Auquilla, era viceministro de Minas. IMC dejó el proyecto en noviembre del 2012, argumentando la postura antiminera de las comunidades, y porque “no hay antecedentes de que la minería a gran escala deje beneficios económicos para el Estado y la población ecuatoriana” (1).

Más recientemente, en 2013, la compañía privada china Junefiled compró dos proyectos a IMC, Gaby y Río Blanco, y creó la empresa EcuaGoldMining S.A. Junefield Mineral Resources Holdings Ltd.  como parte de su estrategia de invertir en minerales en Sudamérica, llegando a tener alrededor de 800 concesiones que abarcan un área de 6,420 kilómetros cuadrados.

Mandato incumplido

El 22 de abril de 2008 la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato Constituyente No. 6, o Mandato Minero, donde se declara la extinción de las concesiones otorgadas al interior de bosques protectores y áreas de amortiguamiento de parques, entre otros

“Se declara la extinción, sin compensación económica alguna, de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua” (Artículo 3) (2).

En aplicación de este mandato, las concesiones otorgadas para el proyecto Río Blanco fueron declaradas extintas por la Asamblea Constituyente. Consecuentemente, todos los actos jurídicos y administrativos realizados posteriormente, son nulos.

Un estudio realizado para el PNUMA (3) ratifica esta decisión, al recomendar que todas las actividades mineras en superficies de páramos en Ecuador deben prohibirse, por tratarse de ecosistemas protegidos de gran fragilidad y porque esta actividad pone en riesgo el equilibrio hídrico local; por lo tanto deben ser excluidas del Catastro Minero […], en aplicación estricta del Mandato minero y porque así lo dictaminan los preceptos constitucionales, que definen al páramo como ecosistema frágil que debe ser protegido y en consecuencia libre de actividades extractivas (Art. 406 y 407)”.

Los tormentos agobian a los comuneros de Molleturo

Los pobladores de Molleturo han denunciado desde hace décadas los efectos de la intervención minera en sus tierras. Han acudido a diversos mecanismos para ser atendidos, han realizado visitas a las instituciones vinculadas a la minería, enviaron oficios, quejas, escritos, denuncias, organizaron ruedas de prensa; y frente a una constante política de oídos sordos han realizado paros, reclamos y protestas, tanto ante la evidencia del desecamiento de ojos de agua de Targuapamba y de la laguna Cruz Loma, como por las divisiones y riñas internas provocas por la imposición del proyecto minero.

Representantes de la comunidad también han denunciado haber sido hostigados por el personal de la empresa de seguridad contratada por EcuaGoldMining S.A. en reiteradas ocasiones, y han alertado que, pese a las denuncias penales, la fuerza pública ha protegido a la empresa minera y no a la comunidad afectada.

Las comunidades afectadas por el proyecto Río Blanco saben que este es un proyecto que implica graves consecuencias sociales y ambientales, muchas de las cuales serán irreversibles. Por este motivo, lo ocurrido el 8 y 9 de mayo de este año sólo es la gota que derramó el vaso de la paciencia de los comuneros (4) ante la negativa de las autoridades y la empresa a escuchar su voz.

Sin consulta ni consentimiento alguno

Desde el inicio de la fase exploratoria del Proyecto Río Blanco se ha violado el derecho de las poblaciones afectadas a ser consultadas. La consulta debió haber ocurrido antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la fase de exploración, lo que no ocurrió.

Considerando que el Proyecto Río Blanco prevé impactos significativos sobre el ambiente y la calidad de vida de más de diez mil personas, es evidente que los procesos de consulta supuestamente llevados a cabo por las autoridades no cumplen con el más mínimo respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, ni a la consulta ambiental.

Por eso también, de acuerdo a lo que determinó el Artículo 1 del Mandato Minero, la falta de consulta previa en la fase de exploración implicó la extinción de todas las concesiones mineras que en la fase de exploración no habían realizado procesos de consulta previa. Las concesiones implicadas en el proyecto Río Blanco se encontraban precisamente en esa situación.

Luego de la Consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018, en la que la mayoría de los ecuatorianos manifestamos que se debe prohibir las actividades mineras en centros urbanos, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, estamos esperando que se apliquen los resultados, empezando por aquellos proyectos que causan situaciones de alta conflictividad y sufrimiento, como lo es el Proyecto Río Blanco.

El páramo de El Cajas, cuna del Pueblo Cañari, que lo ha cuidado, se encuentra amenazado por el interés de capitales mineros chinos por lo que urge que se tomen las medidas necesarias para traer la paz al pueblo de Molleturo, así como al agua y al páramo que tanto ha defendido.

ACCIÓN ECOLÓGICA
Más información: mineria@accionecologica.org
Quito, 15 de mayo de 2018

Fuente:http://www.accionecologica.org/editoriales/2280-2018-05-17-15-05-24

Ayer fueron liberados bajo

condiciones, 3 de 6 detenidos

que han dejado las protestas

antimineras en Río Blanco.

Fueron los comuneros de Molleturo y activistas antimineros de Azuay, quienes a inicios de este mes retomaron sus acciones de protesta en contra del proyecto minero Río Blanco, ubicado en la parroquia Molleturo, y en defensa del agua y la naturaleza, pero ahora ya se suman más voces, que temiendo posibles riesgos de contaminación del agua que consumen los pobladores, exigen un pare al extractivismo, al menos hasta hacer estudios que garanticen que no habrá afectación al líquido vital, es el caso del alcalde Marcelo Cabrera.

Producto de los incidentes registrados la noche del martes 8 de mayo en Río Blanco, donde resultó quemado parcialmente el campamento de la minera china, Junefield Resources Ecuador, Ecuagoldmining, además de una motocicleta, una retroexcavadora y una volqueta, de molleturenses contratados, se inició un proceso legal.

Detenidos

Tras los incidentes, el miércoles 9 de mayo fueron detenidos y permanecen con prisión preventiva 3 supuestos manifestantes, mientras que por investigaciones de agentes policiales, fueron detenidos este lunes 14 de mayo, 3 ciudadanos, Onías Lautaro Muevecela Muevecela, su hijo Eduardo Muevecela, y Raúl Galarza; y fue retenido el vehículo en el que se transportaban cuando fueron detenidos, de propiedad de Franco Sánchez, también de Molleturo.

Luego de una larga audiencia realizada este martes, los tres obtuvieron la libertad al sustuirse la prisión preventiva, a cambio de que a los dos primeros porten un grillete en su tobillo, mientras que el tercero esta prohibido de salir del país y debe presentarse los días martes y viernes ante la autoridad. Los 3 ciudadanos deberán comparecer a la audiencia preparatoria de juicio el 25 de mayo, así lo informó el abogado defensor y presidente de Ecuarunari, Yaku Pérez.

“Ellos estuvieron haciendo labores cotidianas en Cuenca, al ingresar a un restaurante en Capillapamba-Molleturo, aparecen policías, miran el carro y encuentran una caneca de 4 galones de gasolina que llevaban porque Eduardo Muevecela tiene una motocicleta, una motosierra y una rosadora; pero en base al informe de “inteligencia”, en el que incorporan una caneca más de cloro, lo cual no es verdad, y adicionan que estaban con 20 personas, que tampoco es cierto ya que los que estaban 20 eran los policías, se les acusan de ser sospechosos, que estarían llevando gasolina para quemar otra vez el campamento”, explicó Pérez.

Marcha

Hoy habrá una marcha en Cuenca que la convocan varios sectores antimineros, bajo la consigna “Marcha por los páramos libres de minería”, que iniciará en San Blas, hasta el parque Abdón Calderón.

Desde el gobierno, se afirma que no hay contaminación y que se realizan monitoreos semanales, mensuales y trimestrales del agua superficial y subterránea, y que no hay registro de alteración del agua. De detectarse cualquier alerta de afectación, se actúa inmediatamente, dijo Carolina Orosco, asesora ambiental del Ministerio del Ambiente.(AZD)-(I)

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MORATORIA

El alcalde Marcelo Cabrera, informó del diálogo mantenido este martes con la ministra de Minas, Rebeca Illescas, a quien le pidió se dé una moratoria por dos motivos. Primero, no se les permitió a los equipos técnicos universitarios, el ingreso al proyecto minero Río Blanco, en el marco del convenio firmado con el Municipio en el último trimestre de 2015, y sólo pudieron ingresar luego de la posesión del presidente Lenin Moreno, lo que retrasó el trabajo técnico científico que debían hacer.

Y segundo, el hecho de que no se haya socializado el proyecto con la gente, con las comunidades. La suspensión de la minería sería hasta tener los resultados de las investigaciones de las universidades y hasta que se haga la socialización. “Hemos dicho que no es correcto entrar con la fuerza pública sin antes conversar. La ministra se comprometió a estar pendiente del tema; nosotros no vamos a permitir que se atente contra el agua que es de Cuenca”, concluyó.

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AMISTAD

El prefecto Paúl Carrasco, sin precisar su posición actual sobre el tema Río Blanco, recordó que es defensor del agua y la naturaleza, lo que le llevó incluso a realizar hace tiempo una marcha que devino en un juicio en su contra.

Pese a reiterar que no tiene recursos para atender las demandas viales, y consciente de que hay comunidades, parroquias y cantones que piden la intervención desde hace meses y años, reconoció que ofreció inmediatamente después de las protestas, arreglar las vías San Pedro de Yumate-Cochaplamba-Río Blanco, y Migüir-Río Blanco, que conducen al proyecto minero, ésto porque ahora tiene buenas relaciones con el Gobierno Nacional y una gran amistad con el gobernador Xavier Enderica. Los trabajos por Migüir ya se ejecutan.

DETALLES

* Antimineros dicen que prefecto Paúl Carrasco debe atender a sectores de Molleturo, semi aislados por las pésimas vías, y abstenerse de intervenir en la vía Migüir que sirve al proyecto minero y no tiene licencia ambiental.

* Domingo 22 de enero de 2017, la Cámara Edilicia, declaró libre de minería metálica al cantón Cuenca. Azuay declarada provincia libre de minería metálica en páramos, el 22 de octubre-2017, la Cámara Provincial sesionó en Quimsacocha.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/05/17/recrudece-resistencia-a-la-mineria-en-paramos/

La ministra del Minas, Rebeca Illescas y el gobernador del Azuay, Xavier Enderica, se reunieron ayer con los habitantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero Río Blanco para dar una solución al conflicto social que se vive en esa zona.

Mientras se desarrollaba el encuentro, activistas y antimineros efectuaron un plantón, en la glorieta del parque Calderon, en rechazo a la explotación metálica por posibles afectaciones en el agua.

Illescas recalcó que hasta el momento no existe un estudio oficial que hable sobre los daños ambientales o afectación del recurso hídrico en el proyecto minero de la empresa Junefield Resources Ecuador.

Enderica mencionó que, con la activación del COE Provincial, hace una semana, los miembros de la fuerza pública dispusieron 20 días para recuperar la tranquilidad y reanudar las labores de la minera.

El Gobernador reiteró que los militares y policías continúan en la zona para precautelar la seguridad, y mencionó que las operaciones en el campamento están paralizadas, además que el lunes en la noche fueron detenidas tres personas más por alterar el orden público.

Hoy tiene prevista una reunión con el ministro del Interior, Mario Toscanini, y en las próximas semanas un encuentro con varios ministros, mineros y activistas de la provincia Azuay.
“Las familias están divididas, queremos soluciones ya”, expresó indignada Narcisa Chiqui, moradora de la parroquia Molleturo, quien con sus vecinos quieren restablecer la tranquilidad de su zona. (I)

Fuente:https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/autoridades-analizan-el-conflicto-minero