Hace exactamente un año, el domingo 28 de julio, los habitantes de Piedras fueron a las urnas para decidir si querían minería o no. Con un 99 por ciento de los votos, ganaron los piedrunos que querían frenar la posible ubicación en su municipio de parte del proceso industrial del proyecto aurífero de La Colosa, que tiene la minera sudafricana Anglogold Ashanti en Cajamarca.
Esta consulta popular -que legalmente aún sigue en veremos- es una prueba más de que el mayor problema que tiene la locomotora minera del presidente Juan Manuel Santos es que la tensión social se ha disparado en regiones de Santander, Tolima, Vaupés y Antioquia, por más que no hayan comenzado proyectos nuevos en dos décadas.
Esa bomba social se debe, en gran medida, a que no existen espacios de diálogo entre el Gobierno, las empresas y las comunidades locales, donde puedan conversar sus preocupaciones y evitar que la tensión escale hasta las vías de hecho o las consultas.
Como parte de la Acción Popular interpuesta por el senador Iván Cepeda y las organizaciones Tierra Digna, Censat, Pensamiento y Acción Social, Sembrar, Fedeagromisbol y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó a los accionantes a una audiencia este lunes 28 de julio.
La multinacional canadiense Eco Oro mantendrá sus exploraciones mineras en Santander a pesar de la incertidumbre que ha generado en la región la dilatada delimitación del páramo de Santurbán por parte del Gobierno Nacional. Así lo reveló el gerente de la empresa extranjera, Hernán Linares, durante la inauguración en California (Santander) de una planta de tratamiento de aguas residuales en la que se invirtieron más de 1.800 millones de pesos.
Miembros del movimiento pacifista holandés PAX visitaron por primera vez el departamento del Cesar en el año 2009. Durante este viaje, las profundas cicatrices que la violencia paramilitar en el período 1996-2006 había dejado entre la población local pronto se hicieron evidente. Algunos de los residentes de la región minera todavía no tienen la sensación de seguridad. Los grupos que parecen extremadamente vulnerables fueron los que se pusieron de pie por la justicia de las víctimas, de los derechos humanos y son los que han estado activos en los sindicatos y han reanimado la discusión acerca de las consecuencias negativas ambientales y sociales de la minería del carbón.
Ante la denuncia de un grupo de ambientalistas y al menos 20 comunidades del departamento de Cundinamarca sobre la posible intervención del Páramo de Sumapaz con fines mineros, el Ministerio de Minas y Energías negó explotación en la zona.
Este libro escrito por Rosa Bermúdez, Tatiana Roa y Karol Zambran, elaborado desde la mirada de las mujeres que habitan en los territorios vulnerables y vulnerados por la gran minería, se proponen interrogantes y ejercicios que constituyen guías temáticas y metodológicas para avanzar en el diagnóstico de los territorios. Se propone como un material de trabajo para utilizar en grupos y que sigue en construcción, como lo están las categorías, las propuestas y el conocimiento en materia de la relación mujer y minería.
En Cúcuta e Ibagué, capitales de Norte de Santander y Tolima, se realizaron las principales y multitudinarias marchas de la jornada nacional por el agua y la vida. 
Algunos medios de comunicación, diferentes gobiernos internacionales y aun el de Colombia han buscado de una u otra forma desvirtuar la minería ilegal, cosa que me parece interesante y por otro lado han buscado jurídicamente legitimar la minería, generando cortinas de humo por medios publicitarios amparados con posibles estudios científicos declarando que la minería legal no perjudicaal medio ambiente ni a los recursos naturales.
«La gran minería envenena, eres tú quien la frena» es el slogan con el que se intenta frenar a las empresas mineras como en el caso de Santurbán.
Dicen que la minería podría convertir Colombia en un país rico. Por ello, desde la creación del “Plan Nacional de Desarrollo, 2011-2014” por Juan Manuel Santos, los megaproyectos mineros han obtenido un apoyo gubernamental desproporcionado.