¿Pueden los municipios decidir si se hace o no explotación minera en su territorio? ¿Cómo conciliar los intereses de las autoridades nacionales con los de las territoriales a la hora hacer minería? Esas son algunas de las preguntas que desde hace más de un año no tenían una respuesta certera y hacían parte de lo que algunos expertos llamaron un limbo jurídico. Mientras unos municipios tomaban decisiones —como el de Piedras (Tolima), que convocó a una consulta popular en la que el 99% de los habitantes dijo no a la minería—, algunas normas (específicamente el decreto 934 de 2013) habían buscado frenar el interés ciudadano.
Esa es la vieja disputa que trató de zanjar el Minminas, junto a los ministerios de Ambiente, de Agricultura y de Interior, a finales de diciembre. El 23 de ese mes, y haciendo caso a una sentencia (la C-123) de la Corte Constitucional del año pasado, expidió un decreto con el propósito de ponerle punto final a la discusión y de dejar las reglas claras en materia de exploración y explotación. El alto tribunal había advertido la necesidad de que en el momento de autorizar actividades mineras haya un acuerdo entre las autoridades territoriales y las competentes a nivel nacional.
Mucho se ha escrito sobre Goldex, una empresa comercializadora de oro, que lideraba en Colombia John Hernández. Lo que pocos saben es que ese nombre esconde la fachada de la que podría ser la más grande operación de lavado de activos y minería ilegal, con tentáculos en Colombia y en el extranjero.
Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región.
La política minera viene ocasionando graves afectaciones ambientales, sociales, culturales y económicas, que en muchos casos resultan irreversibles para comunidades y sus territorios. Esta aplanadora no descansa, pues en plenas festividades navideñas sigue avanzando amenazante. Desde las tres de la mañana del viernes 26 de diciembre, un grupo aproximado de 40 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), comandados por el mayor Córdoba y el capitán Jara, acompañados por la personera de Landázuri, Eulalia Chacón, hicieron presencia en la zona de Río Blanco -municipio de Landázuri, provincia de Vélez en Santander- custodiando el ingreso de maquinaria pesada para la extracción de minerales en la zona.
La líder afrocolombiana Francia Márquez, que denunció en Bogotá la minería ilegal en el departamento del Cauca, huyó este lunes de su casa tras recibir amenazas de muerte por parte de hombres armados en su domicilio, dijo la víctima.
El defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otárola, sostuvo que cerca de 37 mil menores de edad se encuentran en condición de desnutrición en varios municipios del departamento de La Guajira, ubicado en el extremo norte del país.
Operaciones militares desarrolladas por la Tercera Brigada del Ejército Nacional en coordinación con el CTI, permitieron en las últimas horas golpear la minería ilegal en el norte del departamento del Cauca con la destrucción de una máquina retroexcavadora y la incautación de otras tres, dos motobombas y una trituradora clasificadora de oro.
La autoridad concluyó que en los últimos 19 años la minera ha estado pagando menos regalías de las que debía cancelar por el contrato 078 de 1988. La firma estadounidense pagó bajo protesta.
El ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, dará a conocer este viernes la delimitación en el páramo de Saturbán, para proteger zonas de cualquier tipo de minería, hecha con base en estudios realizados por técnicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Instituto Von Humboldt. La delimitación se dará a conocer en la CAR regional Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.