Colombia es un país con muchas riquezas tanto en biodiversidad como en minerales, es por eso que multinacionales han puesto sus ojos en el país.
En los últimos años el boom de la locomotora minera ha hecho que las solicitudes de concesiones se aumenten considerablemente debido a que la legislación ambiental es flexible y fácilmente se les estén otorgando licencias o títulos para que puedan extraer estas riquezas; sin perjuicio alguno de los daños que se le están ocasionando a la naturaleza.
En el Plan de Desarrollo de presidente Juan Manuel Santos se estipula:” minería pujante que respete el medio ambiente y las generaciones futuras”. Que bien suena pero la realidad es otra porque en vez de respetar el medio ambiente se está destruyendo. Que tristeza que esto se quede solo en el papel y no se lleve a la realidad ya que importa más el dinero que los mismos recursos naturales.
Los mismos organizadores de una movilización en la que 30.000 personas salieron hace cuatro años a las calles de Bucaramanga a protestar por la minería en Santurbán convocaron a la ciudadanía a una nueva marcha para el 24 de abril próximo porque consideran que la delimitación con la que el Gobierno ‘blindó’ 100.000 hectáreas del páramo, en Santander, no preserva, según ellos, plenamente el ecosistema.
Tras las reiteradas denuncias de habitantes del municipio cundinamarqués de Choachí acerca de las exploraciones mineras que adelanta la empresa Cosargo S.A.S. y que posiblemente afectan al páramo de Cruz Verde, la Agencia Nacional de Minería anunció que suspenderá este proyecto que está en etapa de exploración.
La década de los noventa fue de fundamental importancia para los territorios afrodescendientes y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fue marcada por dos hitos trascendentales: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre los derechos colectivos territoriales y culturales de las comunidades afrodescendientes. Coincide esto con el surgimiento de una conciencia del valor de la región Pacífica en términos de diversidad.
Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.
Susana Muhamad, secretaria Distrital de Ambiente, solicitó este martes al Gobierno Nacional que excluya las zonas compatibles con la minería en el Distrito Capital, tanto en las zonas urbanas como rural. Esto con el fin de que la minería quede absolutamente prohibida en Bogotá como actividad económica por el ente rector en materia ambiental de nuestro país.
Durante una visita de cuatro días a los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los estragos que sigue ocasionando la minería ilegal en esa región del país.
“Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó”,