La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Ambiente, hizo un llamado a la comunidad y las asociaciones ambientales para que trabajen en conjunto por un referendo o consulta popular para que se prohíba la minería en la capital del país, además de la conformación de la Mesa Ambiental de Ciudad Bolívar.
Esto con motivo de los hechos registrados el pasado fin de semana, en los que falleció una habitante de la localidad de Ciudad Bolívar debido a un accidente en el que estuvo involucrado un vehículo que transportaba arena y recebo proveniente de la zona minera, por lo que la comunidad presentó sus solicitudes a la autoridad ambiental de Bogotá sobre el tema.
Un decreto firmado el pasado martes por el ministro de Minas y Energía de Colombia, Tomás González Estrada, promete abrir una nueva polémica entre organizaciones ambientalistas y el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de la inclusión de dos conceptos en el Glosario Técnico Minero que, para el Ejecutivo, simplemente llenan un vacío en la regulación minera pero que, para los juristas expertos en el tema, constituyen un cheque en blanco para las grandes empresas del sector.
Colombia es un país con muchas riquezas tanto en biodiversidad como en minerales, es por eso que multinacionales han puesto sus ojos en el país.
Los mismos organizadores de una movilización en la que 30.000 personas salieron hace cuatro años a las calles de Bucaramanga a protestar por la minería en Santurbán convocaron a la ciudadanía a una nueva marcha para el 24 de abril próximo porque consideran que la delimitación con la que el Gobierno ‘blindó’ 100.000 hectáreas del páramo, en Santander, no preserva, según ellos, plenamente el ecosistema.
Tras las reiteradas denuncias de habitantes del municipio cundinamarqués de Choachí acerca de las exploraciones mineras que adelanta la empresa Cosargo S.A.S. y que posiblemente afectan al páramo de Cruz Verde, la Agencia Nacional de Minería anunció que suspenderá este proyecto que está en etapa de exploración.
La década de los noventa fue de fundamental importancia para los territorios afrodescendientes y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fue marcada por dos hitos trascendentales: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre los derechos colectivos territoriales y culturales de las comunidades afrodescendientes. Coincide esto con el surgimiento de una conciencia del valor de la región Pacífica en términos de diversidad.
Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.
Susana Muhamad, secretaria Distrital de Ambiente, solicitó este martes al Gobierno Nacional que excluya las zonas compatibles con la minería en el Distrito Capital, tanto en las zonas urbanas como rural. Esto con el fin de que la minería quede absolutamente prohibida en Bogotá como actividad económica por el ente rector en materia ambiental de nuestro país.
Durante una visita de cuatro días a los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los estragos que sigue ocasionando la minería ilegal en esa región del país.