Agencia Nacional de Minería dice que el alto tribunal está definiendo funciones y cambia de postura.
El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM), manifestó su preocupación porque la Corte Constitucional, a través del reciente fallo en el que señala que los municipios pueden oponerse a la ejecución de proyectos mineros, está definiendo aspectos que deben tramitarse por ley.
La presidente de la entidad, Silvana Habib Daza, señaló que si bien se respeta la decisión judicial, sobre la cual habrá acciones de la entidad, hay una preocupación por el cambio en la posición de la Corte Constitucional, toda vez que en fallos pasados había hecho un llamado a cumplir con los principios constitucionales de concurrencia, subsidiaridad y coordinación, pero ahora les está asignando competencias a los municipios a través de sus fallos, cuando estas deben tramitarse mediante leyes orgánicas.
El informe ‘La maldita tierra’ evidencia el saqueo de estos recursos gracias a la minería de carbón.
Los alcaldes del suroeste de Antioquia aplaudieron la tutela de la Corte Constitucional que le permite a los municipios y sus comunidades oponerse a los nuevos proyectos mineros porque consideran que son los mandatarios locales quienes conocen las implicaciones de estos proyectos, en su mayoría, desarrollados por grandes multinacionales.
Corte Constitucional autoriza a los municipios para prohibir la minería Para la Corte, los municipios son propietarios del subsuelo. En un fallo de tutela, el alto tribunal dio otro golpe a la locomotora minera del país. Para la Corte, los municipios son propietarios del subsuelo y por tanto pueden prohibir la minería.
Los habitantes de Ibagué, capital del departamento Tolima, habían sido convocados para decir sí o no a la minería en su municipio de más de quinientos mil habitantes el próximo 30 de octubre. El auto del magistrado Hugo Bastidas asegura que hasta tanto no se dicte una decisión de fondo sobre la tutela en estudio no podrá realizarse la consulta, toda vez que dentro de los argumentos del demandante Alberto Enrique Cruz Tello está la improcedencia de la pregunta que se formulará a los habitantes del municipio.
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La entidad aseguró que estas podrían suponer una “extralimitación de las funciones” de alcaldes y gobernadores. También criticó el gasto público que se requiere para realizarlas. A pesar de que la consulta popular que se realizará en Ibagué, Tolima, para que los ciudadanos decidan si quieren, o no, que haya minería en el territorio fue recibida con buenos ojos, la Procuraduría aseguró este jueves que “las entidades territoriales no son competentes para realizar consultas populares sobre actividades de la industria extractiva”. 
El conflicto minero en el área cabalga sobre ocho mil hectáreas tituladas o en solicitud. El más complejo frente de esa disputa lo protagonizan las comunidades indígenas Embera Karambá y Embera Chami en la vereda Miraflores, donde se ha solicitado una consulta previa a fin de impedir la exploración minera. Según las autoridades indígenas, Seafield tiene nexos con AGA.
Entrevista a Renzo Alexander García Parra, Biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué.
Los procesos extractivos arrasan con los derechos de los pueblos y la naturaleza.Entrevista a Renzo Alexander García Parra, biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué, capital del Departamento del Tolima en Colombia.